- La iniciativa plantea establecer obligaciones específicas para los fabricantes, ampliar las garantías de los productos electrónicos y electrodomésticos, y asegurar la disponibilidad de partes, refacciones y servicios de reparación durante un periodo determinado.
Con la finalidad de fortalecer la protección de los consumidores, así como desalentar a fabricantes de prácticas destinadas a reducir deliberadamente la vida útil de los productos y favorecer su reparación y aprovechamiento, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor para prohibir la obsolescencia programada.
La senadora explicó que actualmente artículos como teléfonos celulares, computadoras y electrodomésticos forman parte de las necesidades de los hogares mexicanos, por lo que su adquisición representa no solamente una decisión de consumo, sino también una inversión económica que las familias realizan con esfuerzo y con la expectativa de aprovechar estos bienes durante varios años.
Sin embargo, esa expectativa puede verse frustrada cuando un aparato presenta fallas poco después de concluir su garantía, las refacciones necesarias dejan de estar disponibles o el costo de reparación resulta elevado. Todo esto a menudo puede ser ocasionado por decisiones deliberadas que limitan la duración de los productos y colocan a los consumidores en una posición de desventaja.
Lo anterior, explicó la senadora, es conocido como obsolescencia programada, que, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), consiste en diseñar productos con una vida útil limitada que quedan en desuso con rapidez, propiciando que los consumidores deban reemplazarlos por versiones más nuevas.
Además, la senadora explicó que la obsolescencia programada también tiene implicaciones ambientales por su relación con la generación de residuos electrónicos, ya que de acuerdo con la PROFECO en 2015 nuestro país se encontraba entre los principales generadores de estos residuos en América Latina, con aproximadamente 1.2 millones de toneladas métricas.
Por ello, la legisladora ecologista dijo que resulta necesario fortalecer la protección de los consumidores mediante disposiciones que no se limiten a atender las fallas durante el periodo de garantía, sino que favorezcan la reparación y el aprovechamiento de los bienes a lo largo de su vida útil, por lo que su iniciativa plantea establecer obligaciones específicas para los fabricantes, ampliar las garantías de los productos electrónicos y electrodomésticos, y asegurar la disponibilidad de partes, refacciones y servicios de reparación durante un periodo determinado.
