- Al no existir las siete declaratorias ni el órgano administrativo federal, ya no tiene ningún alcance o efecto legal para que de manera operativa cumpla los objetivos de inversión, empleo y reducción del rezago previstos en la propia ley.
Ante una nueva etapa del país en la que ha habido diversos cambios profundos en la vida pública y de sus instituciones, las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una iniciativa para abrogar la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016.
Reconocieron que si bien se han tenido históricos avances, aún hay grandes rezagos y desigualdades socioeconómicas que buscan reducirse mediante políticas de corto, mediano y largo plazo, como es el caso del Plan México y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.
Explicaron que en 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar para reducir las desigualdades económicas, promover infraestructura y desarrollos industriales, generar empleo y vincular las vocaciones productivas locales con inversión nacional e internacional alienados con el Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Los legisladores ecologistas afirmaron que este plan integral para reducir las desiguales regionales dejó sin efectos el fallido proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de 2015, que tenía por objeto “impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población”.
Agregaron que ante la falta de consolidación de esta política pública, en 2019 el Ejecutivo en turno eliminó las declaratorias de las siete ZEE (Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas-La Unión, Progreso, Salina Cruz, Campeche y Tabasco), además de que a finales de ese mismo año se reformó el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y extinguió la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), órgano encargado de funciones de planeación, promoción, regulación, supervisión y verificación en esta materia.
Los senadores consideraron que al no existir las siete declaratorias ni el órgano administrativo federal, ya no tiene ningún alcance o efecto legal para que de manera operativa cumpla los objetivos de inversión, empleo y reducción del rezago previstos en la propia ley.
Por ello, insistieron en que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales debe ser abrogada y fortalecer mediante otras modificaciones al marco jurídico nacional en la materia para favorecer los grandes objetivos del Plan México, los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 para reducir las desigualdades regionales que vive el pueblo mexicano y seguir consolidando la ruta del desarrollo con bienestar y la prosperidad compartida.
