¡MUCHAS GRACIAS PRESIDENTE!
El senador del Partido Verde, Luis Alfonso Silva Romo, calificó como histórica la sesión del Senado de la República donde se declaró constitucional las reformas en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, así como la reforma en materia de Guardia Nacional, pues es la última sesión del Senado con el Presidente Andrés Manuel al frente del Poder Ejecutivo.
Ante este hecho histórico, le expresó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que el pueblo de México le agradece y le reconoce todo el gran esfuerzo que ha hecho por la dignidad de nuestra patria.
¡Gracias Presidente¡ exclamó al señalar los avances de este sexenio, enumerando el éxito de los programas sociales y en el combate a la corrupción , además de la construcción de infraestructura y obras emblemáticas.
"El presidente López Obrador también ha acercado los servicios financieros a todos los rincones del país, ha habido apoyo a productoras y productores del programa Sembrando Vida, ha demostrado que puede haber crecimiento en producción agropecuaria y pesquera y recientemente se ha demostrado que también han podido escapar de la terrible trampa de la pobreza, cerca de 10 millones de personas en nuestro país".
Finalmente dijo que el presidente López Obrador ha demostrado y ha dejado grandes reformas como la de la Guardia Nacional, la del Poder Judicial y la reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
En el marco del Día Internacional de la Limpieza de Playas, celebrada el pasado 21 de septiembre, el Grupo Parlamentario del Partido Verde expresó la necesidad de generar mesas de trabajo entre las 17 entidades de la República con litoral, con la necesidad de analizar el expedir una Ley General de Playas.
Recordaron que como Partido Verde, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de los Diputados, han presentado propuestas legislativas para expedir una Ley General de Playas con la finalidad de regular el uso turístico y ecológico, así como, la seguridad, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia de las playas.
"En esta sexagésima sexta Legislatura tenemos una nueva oportunidad para analizar esta propuesta y en conjunto con la ciudadanía elaborar una Legislación específica en la materia, en la que se aborden las diferentes problemáticas", refirieron.
Argumentaron que las playas son una piedra angular para el turismo y su mantenimiento es fundamental para preservar los ecosistemas y resguardar uno de los bienes de importancia económica para el país. Tan sólo, en el primer trimestre de este 2024, las visitas a los destinos de mar y arena alcanzaron el 71.1 por ciento de la ocupación hotelera, 20 puntos porcentuales más que los destinos de ciudad que registraron una ocupación de 51.7 por ciento.
"Estos datos, nos hablan de la necesidad de preservar en condiciones óptimas las playas para continuar con la derrama económica que representa para nuestro país".
Finalmente aseguraron que las senadoras y los senadores del Partido Verde tendrán una participación activa para lograr una legislación que permita el mantenimiento y conservación de las playas mexicanas.
Ejidatarios de la región fronteriza de Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, afectados por la crisis hídrica de la Cuenca del Río Colorado demandan una distribución justa y equitativa de los recursos del Programa de Conservación de Agua, acordado en marzo pasado, para solventar su situación económica con un programa de descanso de tierras e infraestructura hidroagrícola.
Representados por la diputada federal Ana Erika Santana González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, comisariados ejidales del Valle de Mexicali y usuarios del Distrito de Riego 014, expusieron que su situación es crítica y externaron la necesidad de contar con el 90 por ciento de los recursos disponibles, es decir 54 millones de dólares para un programa de descanso de tierras que beneficie directamente a los usuarios del riego afectados y, por otra parte, un 10 por ciento, seis millones de dólares, para infraestructura hidroagrícola, infraestructura y crisis hídrica.
La diputada por Baja California, explicó que la Cuenca del Río Colorado, abastece a más de 40 millones de personas, en siete estados de la Unión Americana, así como a la región fronteriza de Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora. Sin embargo, este río enfrenta una crisis hídrica sin precedentes, la mayor sequía en los últimos 100 años, acentuada desde finales de los años noventa.
Ante ello, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y su contraparte estadounidense, la IBWC, acordaron como medidas adicionales de emergencia, en el Acta 330, firmada el 21 de marzo de este año, un programa de conservación de agua, lo que implica que dejará de enviar a México, 493.4 millones de metros cúbicos en el inter de los años 2024, 2025 y 2026.
Así mismo, en el acta, se establecieron 65 millones de dólares como compensación por los recortes que afectan directamente a los derechos de riego de los usuarios y a partir de ello, se propuso por parte de los usuarios de riego, un pago de mil 250 dólares por hectárea que se decida voluntariamente poner en descanso.
Los comisariados ejidales precisaron que las tierras que se descansan, son las menos productivas, las que se irrigan con agua de gravedad y donde se siembran cultivos con precios deprimidos,
No obstante, señalan que la situación es crítica considerando las condiciones productivas de esas tierras, de esta manera, dicha compensación de CILA representa en la actualidad el único sustento de los agricultores.
Por otra parte, indican que la cantidad que sugiere la autoridad de agua, la Conagua y el DR 014, para el descanso de tierras, siete mil pesos por hectárea, no es suficiente para la supervivencia y recuperación económica de los agricultores, por lo que recibir dicha cantidad generaría graves problemas sociales y productivos.
La diputada ecologista, resaltó que es por esta razón que los usuarios proponen una distribución más justa, equitativa, transparente y humanitaria de los acuerdos y, además, proponen utilizar los recursos aún disponibles del orden de 21.5 millones de dólares, del Acta 323, firmada en el 2017, para ejercerlos en el desarrollo de infraestructura hidroagrícola.
