- Quienes se dedican a las actividades agrícolas enfrentan diversas necesidades relacionadas con la infraestructura para desarrollar sus actividades.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la titular del ejecutivo del estado de Morelos, a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de Morelos para que, en el marco de la elaboración y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2027, se considere la creación y asignación de una partida presupuestaria destinada a la atención, rehabilitación, mantenimiento y construcción de infraestructura rural y productiva en los municipios del estado, priorizando a aquellos cuya actividad económica principal se encuentre vinculada con la agricultura.
La senadora ecologista destacó que la actividad agrícola es una de las principales actividades productivas de diversas comunidades y municipios de Morelos, que representa una fuente de ingresos para las familias del campo, así como una actividad fundamental para la economía local, la seguridad alimentaria y el aprovechamiento productivo de las tierras.
Sin embargo, apuntó que quienes se dedican a las actividades agrícolas enfrentan diversas necesidades relacionadas con la infraestructura para desarrollar sus actividades, particularmente en materia de limpieza, desazolve y rehabilitación de canales de riego y conducción de agua, rehabilitación y mantenimiento de caminos ejidales y rurales, nivelación y revestimiento de caminos, reparación de accesos a parcelas, así como la ejecución de obras hidráulicas y complementarias que permitan mejorar las condiciones de producción y movilidad en las zonas agrícolas.
Destacó que si bien el Presupuesto de Egresos Federal contempla recursos y programas vinculados con el desarrollo rural sustentable, agricultura y caminos, es indispensable recalcar la importancia de que los distintos órdenes de gobierno articulen esfuerzos y recursos para atender las necesidades de las comunidades rurales.
Por ello, recalcó que su propuesta busca que, en el proceso de integración del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2027, se contemple una partida presupuestaria específica que permita canalizar recursos y establecer mecanismos de coordinación con los municipios, las comunidades agrarias, ejidos y demás organizaciones del sector rural.
Señaló que la asignación de recursos deberá considerar criterios objetivos de priorización, tomando en cuenta, entre otros factores, la superficie agrícola, el número de productores beneficiados, la importancia de la actividad agrícola para la economía municipal, las condiciones de marginación y rezago de las comunidades, la urgencia de las obras y el impacto productivo y social que representen.
Finalmente, insistió en que las necesidades de las actividades agrícolas son una problemática que se presenta en distintas regiones de Morelos y que requiere de una respuesta institucional que permita atenderlas de manera ordenada, progresiva y con criterios de prioridad, evitando que las comunidades rurales tengan que gestionar de manera aislada recursos para obras que resultan indispensables para mantener y fortalecer sus actividades productivas.
- Se debe identificar, priorizar, estructurar y promover el financiamiento y la asistencia técnica de proyectos prioritarios de seguridad hídrica, recuperación de volúmenes, rehabilitación de infraestructura, tratamiento y reúso del agua.
El senador Carlos Humberto Suárez Flores, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional del Agua para que, en coordinación con el Banco de Desarrollo de América del Norte, fortalezcan un esquema de coordinación técnica para identificar, priorizar, estructurar y promover el financiamiento y la asistencia técnica de proyectos prioritarios de seguridad hídrica, recuperación de volúmenes, rehabilitación de infraestructura, tratamiento y reúso del agua.
El legislador explicó que el agua es indispensable para la vida, la salud, la seguridad alimentaria, la protección de los ecosistemas y el desarrollo económico, pero su disponibilidad efectiva no depende exclusivamente de la existencia del recurso, sino también de la capacidad de los sistemas hidráulicos para captarlo, almacenarlo, conducirlo, distribuirlo, tratarlo, reutilizarlo y aprovecharlo.
Agregó que una parte de la solución a los actuales desafíos hídricos consiste en recuperar el agua que se pierde, reutilizar la que puede ser tratada y aprovechar de manera más eficiente la que se encuentra disponible, por lo que es necesario identificar pérdidas físicas y operativas, cuantificar volúmenes potencialmente recuperables y priorizar acciones de mantenimiento, rehabilitación, sustitución y modernización de infraestructura.
Dijo que se deben transformar las necesidades identificadas por autoridades en proyectos técnica, financiera y jurídicamente estructurados y susceptibles de acceder a mecanismos de asistencia técnica o financiamiento, pero muchos gobiernos locales y organismos operadores enfrentan limitaciones para realizar estudios de factibilidad, proyectos ejecutivos, diagnósticos técnicos, análisis financieros, modelos tarifarios, esquemas de recuperación de costos y demás elementos necesarios para estructurar proyectos, lo cual puede atenderse mediante acompañamiento técnico y coordinación institucional.
Por ello, insistió en la pertinencia de fortalecer la vinculación entre la planeación y gestión hídrica nacional, la cooperación internacional y los instrumentos de asistencia técnica y financiamientos disponibles.
Finalmente, recalcó que la coordinación entre estas capacidades puede facilitar que proyectos prioritarios lleguen a una etapa de estructuración que les permita ser evaluados conforme a los instrumentos y criterios para integrar una cartera de proyectos prioritarios de seguridad hídrica.
- Se plantea que las opiniones, observaciones y propuestas formuladas durante la consulta pública sean analizadas y consideradas por la autoridad, y cuenten con una respuesta fundada y motivada.
Con la finalidad de fortalecer la confianza pública en las instituciones ambientales, así como dotar de mayor claridad, transparencia y trazabilidad a los mecanismos de participación ciudadana en las evaluaciones de impacto ambiental, el senador Gilberto Hernández Villafuerte, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar los artículos 34, 35 Bis, 157 y 159 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El senador explicó que, en materia de protección al ambiente, la participación ciudadana puede enriquecer la información disponible para las autoridades, aportar conocimientos locales e incluso ayudar a identificar riesgos que podrían no advertirse durante una evaluación exclusivamente técnica.
Detalló que si bien nuestra legislación permite que, durante la evaluación ambiental de determinadas obras o actividades, las personas puedan acceder a la información, solicitar consultas públicas, participar en reuniones públicas, formular observaciones y proponer medidas adicionales de prevención y mitigación, "existe una diferencia importante entre tener una posibilidad de participar y saber qué ocurrió con nuestra participación".
Por ello, explicó que su iniciativa busca fortalecer la gobernanza ambiental y la participación ciudadana, para lo cual se plantea que las opiniones, observaciones y propuestas formuladas durante la consulta pública sean analizadas y consideradas por la autoridad, y cuenten con una respuesta fundada y motivada.
Además, se busca que estas aportaciones y sus respuestas sean públicas y accesibles, y que al concluir una evaluación exista claridad sobre cómo fueron consideradas, y en su caso, cómo se incorporaron a las medidas destinadas a prevenir, mitigar y compensar posibles impactos ambientales.
Finalmente, recalcó que el propósito de la reforma no es que toda opinión ciudadana determine la decisión de la autoridad, sino garantizar que la participación tenga una consideración institucional efectiva, transparente y verificable, y que la ciudadanía pueda acceder a la información, formular observaciones y propuestas, conocer la valoración realizada por la autoridad y contar con decisiones debidamente justificadas.
Más contenidos
Otros artículos:
