- PVEM señalan que recuperar una vivienda despojada es un acto de justicia social
- Propone medidas rápidas para que víctimas vuelvan a ocupar sus casas mientras avanza el juicio
El problema de los despojos en la Ciudad de México sigue creciendo y miles de familias viven con miedo de perder el patrimonio que construyeron durante años. Ante esta situación, el diputado Jesús Sesma Suárez del PVEM hizo un llamado para atender con urgencia este problema que afecta directamente la tranquilidad y seguridad de las personas.
Desde tribuna, denunció que actualmente las víctimas enfrentan procesos lentos, burocráticos y desgastantes para recuperar su patrimonio, mientras quienes invaden inmuebles permanecen dentro del mismo durante meses o incluso años.
“Perder una casa no es solo perder paredes, es perder tranquilidad, seguridad y el esfuerzo de toda una vida”, señaló el legislador.
La propuesta plantea que las personas afectadas puedan recuperar provisionalmente la ocupación de su inmueble mientras se desarrolla el juicio, siempre que acrediten ser propietarias. Además, se busca que jueces resuelvan estas solicitudes en un máximo de 30 días hábiles para evitar que las víctimas sigan esperando durante años.
De acuerdo con cifras nacionales, entre enero y marzo de este año se registraron más de 6 mil 700 denuncias por despojo en el país.
La Ciudad de México se encuentra entre las entidades con más casos, lo que ha generado preocupación entre familias que temen perder su patrimonio, “esto no es un tema técnico, es un acto de justicia social”, señaló Sesma Suárez.
• Propone crear un Consejo Nacional y un sistema de monitoreo ambiental obligatorio para reducir riesgos en la industria.
• Eventos en México y el mundo han afectado instalaciones, trabajadores y ecosistemas; urge fortalecer mecanismos de prevención y atención.
Ante los riesgos que representa el sector hidrocarburos en el país, la senadora Karen Castrejón Trujillo, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Sector Hidrocarburos, enfocada en la prevención y atención de contingencias ambientales derivadas por las actividades de este sector, considerado altamente riesgoso para las personas, el medio ambiente y las instalaciones.
Señaló que el sector hidrocarburos es un motor relevante para el desarrollo nacional, ya que sus productos y subproductos son insumo para múltiples actividades productivas, como el transporte, la industria y la agricultura. Sin embargo, sus procesos son altamente especializados y conllevan riesgos que pueden provocar daños a la población, el entorno natural y la infraestructura.
Castrejón Trujillo advirtió que eventos registrados a lo largo de la historia, tanto en México como a nivel internacional, han afectado instalaciones, trabajadores, comunidades y ecosistemas, lo que confirma la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y respuesta ante contingencias ambientales.
En este contexto, su iniciativa busca fortalecer el marco legal vigente mediante la incorporación de una regulación específica enfocada en la prevención de contingencias ambientales, alineada con el principio constitucional de sustentabilidad y el derecho humano a un medio ambiente sano.
Asimismo, plantea la creación de un Sistema de Monitoreo de Desempeño Ambiental obligatorio para asignatarios, contratistas, autorizados y permisionarios, el cual deberá ser reportado trimestralmente a la autoridad competente, con el fin de contar con información continua y actualizada sobre el desempeño ambiental de las actividades del sector.
Castrejón Trujillo también indicó que se propone la creación del Consejo Nacional para la Atención de Contingencias Ambientales del Sector Hidrocarburos, como un órgano plural y multidisciplinario encargado de analizar impactos, coordinar acciones y atender emergencias ambientales, con participación de dependencias federales, Petróleos Mexicanos y organizaciones de la sociedad civil.
Agregó que se debe garantizar la denuncia de infracciones ambientales, estableciendo la obligación de reportar posibles actos u omisiones que generen daños al ambiente, así como responsabilidades en caso de incumplimiento.
Finalmente, Castrejón Trujillo destacó que estas reformas buscan fortalecer la capacidad del Estado mexicano para prevenir contingencias, proteger el entorno natural y garantizar la seguridad de la población, a partir de las lecciones que ha dejado eventos recientes en el sector hidrocarburos.
- Se busca incorporar el “trato digno y respetuoso a los animales” dentro de los contenidos ecológicos y formativos en todos los ciclos escolares, particularmente en el nivel básico.
Frente al avance de la crisis ambiental y la pérdida de vida silvestre, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para incorporar en la educación básica contenidos relacionados con el trato digno y respetuoso hacia los animales, así como en la formación cultural de niñas, niños y jóvenes.
Corona Nakamura señaló que su propuesta plantea que las autoridades competentes promuevan la incorporación de contenidos ecológicos, desarrollo sustentable, mitigación y adaptación al cambio climático, protección ambiental y respeto hacia los animales en los diversos ciclos educativos.
Destacó que, según el World Wildlife Fund, desde 1970 ha desaparecido al menos el 70 por ciento de la fauna silvestre. Asimismo, señaló que, en materia de contaminación ambiental, una de las consecuencias más graves ha sido el calentamiento global, el cual, de acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, ha provocado un aumento de1.1 grados centígrados en la temperatura global respecto a la era preindustrial.
La senadora ecologista advirtió que México también enfrenta severas afectaciones ambientales derivadas de elevados índices de contaminación, emisiones de gases contaminantes, deforestación y deterioro del agua.
Dijo que de acuerdo a cifras del INEGI hasta 2018, al menos el 47 por ciento del agua disponible para consumo humano presentaba algún grado de contaminación. Además, se indica que en 2020 el país generó diariamente más de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos.
Comentó que la educación debe convertirse en el principal mecanismo para transformar la relación de la sociedad con el medio ambiente y los animales, por lo que su iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente busca incorporar el “trato digno y respetuoso a los animales” dentro de los contenidos ecológicos y formativos en todos los ciclos escolares, particularmente en el nivel básico.
Expuso que actualmente la Ley General de Educación ya contempla principios relacionados con sostenibilidad, ciencias ambientales y combate al cambio climático, pero consideró necesario reforzar la enseñanza sobre protección animal desde las aulas.
Asimismo, recordó que en 2024 se aprobó una reforma constitucional en materia de protección y cuidado animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de ese año, la cual establece que queda prohibido el maltrato animal y obliga al Estado mexicano a garantizar su protección y cuidado.
En ese contexto Corona Nakamura afirmó que el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de fortalecer el marco legal y fomentar una cultura de respeto hacia los animales desde la educación y la conciencia social de niñas, niños y adolescentes.
