- La CONDUSEF ha señalado la importancia de revisar las condiciones generales antes de firmar contrato, ya que las reclamaciones surgen principalmente por "falta de claridad o información insuficiente del producto contratado".
Con la finalidad de brindar protección, transparencia y seguridad jurídica a las familias mexicanas y sus patrimonios, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar la Ley Sobre el Contrato de Seguro para establecer de manera expresa que se incluyan las condiciones generales en la póliza del contratante como una obligación de la aseguradora.
Explicaron que el seguro es un contrato mediante el cual se ofrece la prestación de un servicio para resarcir un daño o pagar una suma de dinero, a cambio de una prima, en el caso de una eventualidad prevista en el contrato, y representa la suma de voluntades entre la aseguradora y el asegurado, en el que se acuerdan los términos y condiciones sobre la cobertura de lo asegurado.
Por otro lado, apuntaron que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), ha señalado la importancia de revisar las condiciones generales antes de firmar contrato, ya que las reclamaciones surgen principalmente por "falta de claridad o información insuficiente del producto contratado".
Además, declararon que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha manifestado que representa una obligación por parte de las aseguradoras, la entrega de las condiciones generales a la persona asegurada, y que, pese a los avances tecnológicos, debe dejarse constancia de que el usuario tuvo acceso efectivo y completo al contenido del contrato, incluyendo las condiciones generales.
En este sentido, reconocieron que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's), han generado nuevos problemas ante la falta de una regulación adecuada que proteja al usuario, sobre todo cuando se trata de dar información clara y precisa de un producto.
Los legisladores ecologistas recalcaron que los seguros representan una protección para los usuarios, pero aún existen problemas que no han sido atendidos como bien lo manifiesta la SCJN y la CONDUSEF, por lo que insistieron en que resulta necesario garantizar una verdadera certeza jurídica para las personas contratantes de seguros en cuanto a la cobertura de los riesgos previstos por las condiciones generales.
- Al no existir las siete declaratorias ni el órgano administrativo federal, ya no tiene ningún alcance o efecto legal para que de manera operativa cumpla los objetivos de inversión, empleo y reducción del rezago previstos en la propia ley.
Ante una nueva etapa del país en la que ha habido diversos cambios profundos en la vida pública y de sus instituciones, las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una iniciativa para abrogar la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016.
Reconocieron que si bien se han tenido históricos avances, aún hay grandes rezagos y desigualdades socioeconómicas que buscan reducirse mediante políticas de corto, mediano y largo plazo, como es el caso del Plan México y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.
Explicaron que en 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar para reducir las desigualdades económicas, promover infraestructura y desarrollos industriales, generar empleo y vincular las vocaciones productivas locales con inversión nacional e internacional alienados con el Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Los legisladores ecologistas afirmaron que este plan integral para reducir las desiguales regionales dejó sin efectos el fallido proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de 2015, que tenía por objeto “impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población”.
Agregaron que ante la falta de consolidación de esta política pública, en 2019 el Ejecutivo en turno eliminó las declaratorias de las siete ZEE (Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas-La Unión, Progreso, Salina Cruz, Campeche y Tabasco), además de que a finales de ese mismo año se reformó el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y extinguió la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), órgano encargado de funciones de planeación, promoción, regulación, supervisión y verificación en esta materia.
Los senadores consideraron que al no existir las siete declaratorias ni el órgano administrativo federal, ya no tiene ningún alcance o efecto legal para que de manera operativa cumpla los objetivos de inversión, empleo y reducción del rezago previstos en la propia ley.
Por ello, insistieron en que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales debe ser abrogada y fortalecer mediante otras modificaciones al marco jurídico nacional en la materia para favorecer los grandes objetivos del Plan México, los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 para reducir las desigualdades regionales que vive el pueblo mexicano y seguir consolidando la ruta del desarrollo con bienestar y la prosperidad compartida.
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Diputado Manuel Talayero Pariente propone crear un indicador para detectar dónde y quiénes están más expuestos a la contaminación del aire.
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La propuesta daría atención prioritaria a niñas, niños, adultos mayores y personas vulnerables, además de impulsar acciones para reducir los riesgos a la salud.
La contaminación del aire en la Ciudad de México no da tregua y representa una amenaza para la salud de quienes todos los días respiran sustancias contaminantes al salir de casa, ir a la escuela, trabajar o trasladarse por las calles de la capital.
Ante esta problemática, el Diputado Manuel Talayero Pariente, coordinador de la bancada del Verde en el Congreso Capitalino presentó una iniciativa para reformar la Ley Ambiental de la Ciudad de México y crear un Indicador de Exposición Poblacional a la Contaminación Atmosférica, que permita identificar las zonas donde más personas están expuestas al aire contaminado y requieren atención urgente.
La propuesta, busca cambiar la manera en que se atiende este problema: no solamente medir cuánto contaminante existe en el aire, sino conocer cuántas personas están respirándolo, dónde se encuentran y cuáles son las condiciones de riesgo que enfrentan.
El objetivo es poner en el centro la salud de las personas, especialmente quienes son más vulnerables a los efectos de la contaminación, como niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y quienes tienen condiciones que los hacen más susceptibles.
La iniciativa plantea que la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) desarrolle y actualice este indicador, cuya metodología y resultados deberán ser públicos para que la ciudadanía pueda conocer las zonas prioritarias y las autoridades tengan mejores herramientas para tomar decisiones.
Talayero Pariente dijo que esta propuesta “no se queda solamente en identificar los puntos de mayor riesgo, también contempla impulsar acciones para reducir la exposición de la población, como controlar las emisiones contaminantes, fortalecer el monitoreo del aire, recuperar y mejorar las áreas verdes, reducir la contaminación provocada por los vehículos y realizar acciones especiales alrededor de escuelas, hospitales y centros de atención”.
El legislador del Verde aclaró que este indicador complementará las mediciones y normas ambientales existentes, sin sustituirlas ni reducir los niveles de protección que actualmente establece la ley. Además, los resultados deberán incorporarse al Programa de Gestión de Calidad del Aire, para que las autoridades establezcan objetivos y acciones que permitan disminuir progresivamente la exposición de la población.
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