• Los huertos escolares son el mejor modelo de enseñanza para aprender sobre el cuidado ambiental, la formación de hábitos alimenticios y nutricionales, conocer el papel de cada elemento involucrado en el cultivo de alimentos de consumo humano, así como en el cultivo de flores y la crianza de animales.

La senadora Jasmine Bugarín, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación con el propósito de fomentar la implementación de huertos escolares o pedagógicos, vistos como herramientas para el aprendizaje práctico del cuidado ambiental, la alimentación nutritiva y la valorización de los saberes tradicionales relacionados con el cultivo sostenible de alimentos.

Explicó que de acuerdo con la Secretaría de Bienestar, los huertos pedagógicos son zonas cultivadas en torno a las escuelas o cerca de ellas, bajo el cuidado de las y los alumnos, y suelen producir vegetales, frutas, plantas medicinales, flores y en algunos casos se crían animales pequeños como gallinas, conejos, cabras e incluso peces.

Agregó que según esta dependencia estos huertos escolares son el mejor modelo de enseñanza para aprender sobre el cuidado ambiental, la formación de hábitos alimenticios y nutricionales, conocer el papel de cada elemento involucrado en el cultivo de alimentos de consumo humano, así como en el cultivo de flores y la crianza de animales.

Insistió en su importancia en la educación ambiental y las ciencias naturales, pero destacó que su función va más allá, al permitir a los estudiantes aprender a cultivar, cosechar, conservar, preparar alimentos, comer frutas y verduras frescas, además de adquirir conocimientos sobre los ecosistemas.

Declaró que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los huertos escolares están adquiriendo importancia a nivel mundial, ya que fomentan la promoción de una buena alimentación, la educación nutricional y el fomento de técnicas de subsistencia; impulsan la posibilidad de ampliar las diversas maneras de aprendizaje más allá de la propia escuela; contribuyen a largo plazo a la salud y la seguridad alimentaria nacional.

Agregó que los huertos escolares pueden implementarse con pertinencia cultural y lingüística, rescatando conocimientos tradicionales y fortaleciendo la identidad cultural de las comunidades.

Finalmente, destacó la importancia de su propuesta debido a que mantiene congruencia “con los mandatos constitucionales y legales que garantizan el derecho a la educación de calidad, la alimentación nutritiva, la protección ambiental y el desarrollo sostenible”, siendo una herramienta que puede ayudar a formar ciudadanos más conscientes, saludables y comprometidos con su entorno natural y social.

• Ampliar la cobertura del "Operativo Enjambre" en los 36 municipios prioritarios con altos índices delictivos permitiría consolidar una estrategia nacional integral, homogénea y eficaz, orientada a prevenir y erradicar la corrupción en las corporaciones de seguridad pública.

Con la finalidad de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y posibles vínculos con la delincuencia organizada por parte de autoridades municipales, la senadora Juanita Guerra Mena presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Fiscalía General de la República, para que amplíen la implementación del "operativo enjambre" en los 36 municipios prioritarios con altos índices delictivos.

Por ello, el Gobierno Federal implementó estrategias para combatir estos fenómenos, como es el caso del "Operativo Enjambre", que ha demostrado ser un mecanismo eficaz de coordinación entre fuerzas de seguridad y de inteligencia para detectar, investigar y desarticular redes de corrupción dentro de gobiernos municipales.

Explicó que la Operación Enjambre es una estrategia coordinada entre fuerzas federales y fiscalías estatales cuyo objetivo es desarticular redes criminales incrustadas en gobiernos locales, priorizando municipios con alta actividad económica estratégica, donde funcionarios presuntamente utilizan el poder público para extorsionar a empresarios o favorecer a grupos delictivos.

Detalló que en dicho operativo participan instancias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, lo que permite una actuación integral basada en labores de inteligencia, investigación y operativos tácticos.

Sin embargo, reconoció que su implementación no ha sido homogénea en todo el territorio nacional, lo que genera brechas en la capacidad del Estado para prevenir y sancionar actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada a nivel local. 

Apuntó que en el ámbito municipal convergen muchos factores de riesgo, como son limitaciones institucionales, debilidad en los controles internos, y en algunos casos, presiones directas del crimen organizado. 

Aseguró que ampliar la cobertura del "Operativo Enjambre" en los 36 municipios prioritarios con altos índices delictivos permitiría consolidar una estrategia nacional integral, homogénea y eficaz, orientada a prevenir y erradicar la corrupción en las corporaciones de seguridad pública, lo cual contribuiría a fortalecer los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas, así como restablecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Asimismo, destacó que facilitaría la estandarización de protocolos de actuación, la profesionalización de los cuerpos policiales y la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, al mismo tiempo que contribuiría a prevenir la captura de los gobiernos municipales por intereses criminales, al fortalecer los mecanismos de vigilancia, control interno y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Finalmente, afirmó que implementar este operativo en los 36 municipios con mayores índices delictivos incidiría directamente en la protección de los derechos fundamentales de la población, al garantizar que las instituciones de seguridad actúen bajo principios de legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos.