- A través de una iniciativa busca evitar que el llamado “derecho al olvido” se utilice para desaparecer información de interés público en internet.
¿Qué pasa con la información que una persona deja en internet cuando muere? ¿Puede borrarse todo por decisión de sus familiares o por instrucciones que haya dejado en vida? El Partido Verde busca poner límites para evitar que información importante para la sociedad desaparezca sin considerar el interés público.
El diputado Manuel Talayero apuntó que la propuesta plantea reformar el Código Civil para el Distrito Federal y la legislación capitalina en materia de protección de datos personales, con el objetivo de establecer reglas más claras sobre el llamado “derecho al olvido” después de la muerte.
“El problema, advirtió el congresista, es que eliminar o bloquear información de manera automática podría afectar contenidos periodísticos, documentos históricos, investigaciones académicas y otros materiales que ayudan a conocer hechos relevantes para la sociedad”.
Por ello, la iniciativa busca que las decisiones sobre la información digital de una persona fallecida no se tomen sin considerar otros derechos, como la libertad de expresión y el acceso a la información.
La propuesta también contempla que, si una persona no dejó instrucciones sobre el manejo de sus datos digitales, esto no signifique que toda la información relacionada con ella deba eliminarse automáticamente.
Talayero Pariente subrayó que proteger la privacidad no debe convertirse en una vía para borrar información de interés público. La intención no es dejar desprotegidos los datos personales, sino encontrar un equilibrio entre la vida privada y el derecho de la sociedad a conocer hechos relevantes.
En pocas palabras, se trata de establecer límites para que la información digital no desaparezca sin valorar sus consecuencias para el periodismo, la investigación y la memoria colectiva.
- Su propuesta plantea que la difusión de la Alerta AMBER alcance todos los medios posibles, incluyendo medios de comunicación, instituciones públicas, operadores de transporte, administraciones de terminales, carreteras y otros entes con capacidad de transmitir mensajes masivos.
Explicó que su propuesta plantea la emisión de alertas de búsqueda mediante mensajes masivos enviados a teléfonos celulares a través del sistema CBS, (por sus siglas en inglés, Cell Broadcast System o Servicio de Radiodifusión Celular), que es la misma tecnología utilizada para la difusión de alertas sísmicas, agregó que esta herramienta se enfoca en ampliar la difusión de la Alerta AMBER para que la información llegue de manera oportuna e inmediata al mayor número de personas posibles.
- Nueve de cada diez personas que visitan las cárceles de la Ciudad de México son mujeres
La prisión no solo afecta a quien pierde su libertad, también golpea a las mujeres y familias que, desde afuera, tienen que cargar con los gastos, cuidar a niñas y niños, realizar trámites y enfrentar solas una enorme responsabilidad que pocas veces es reconocida.
Ante esta realidad, la diputada Rebeca Peralta del Partido Verde impulsa una iniciativa para reconocer legalmente a las personas que cuidan y sostienen a sus familiares o seres queridos mientras su familiar no està en libertad.
La propuesta busca reformar la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México para visibilizar una realidad que muchas familias enfrentan en silencio y es que mientras una persona está en prisión, alguien más debe hacerse cargo de sus necesidades, de sus hijos y, en muchos casos mantener a toda la familia.
“La cárcel no termina en los muros del penal, sus consecuencias también las viven quienes se quedan afuera”, reconoció la legisladora, quien busca incorporar la figura de las personas cuidadoras por vínculo penitenciario.
Actualmente la legislación reconoce la atención a las personas privadas de la libertad, pero no contempla de manera expresa a quienes, desde el exterior, asumen las responsabilidades que deja su encarcelamiento.
Por ello, León Peralta propone que estas personas sean consideradas grupos de atención prioritaria y puedan acceder, sin discriminación, a los servicios y programas del Sistema de Cuidados.
La propuesta también busca abrir la puerta a acciones de orientación jurídica, apoyo psicosocial, capacitación y vinculación con servicios de cuidado infantil, de acuerdo con las necesidades de las familias.
De acuerdo con la iniciativa, nueve de cada diez personas que visitan los centros penitenciarios de la capital son mujeres, lo que evidencia la importancia de reconocer las cargas familiares y de cuidado que muchas de ellas asumen.
La legisladora subrayó que reconocer a quienes cuidan también puede contribuir a preservar los vínculos familiares y favorecer los procesos de reinserción social.
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