PARTIDO VERDE RESPALDA A JASMINE BUGARÍN EN NUEVA ETAPA DE TRABAJO POLÍTICO EN NAYARIT

El Partido Verde Ecologista de México reiteró su respaldo total a la legisladora Jasmine Bugarín, quien se convirtió en la primera senadora de este instituto político en solicitar licencia para separarse de su cargo en el Senado de la República, con el objetivo de emprender una nueva etapa de trabajo político en Nayarit.

La Familia Verde expresa su acompañamiento pleno ante esta decisión, al considerar que responde a su compromiso con las causas de las y los nayaritas y a su convicción de seguir sirviendo a la ciudadanía desde el territorio.

Jasmine Bugarín ha demostrado ser una mujer de resultados, con experiencia, sensibilidad social y una trayectoria construida con trabajo constante. Su cercanía con la gente, su capacidad de gestión y su compromiso con Nayarit la consolidan como un perfil altamente competitivo y con amplio respaldo dentro del Verde.

Para el Verde, esta nueva etapa representa una oportunidad para fortalecer el proyecto verde en la entidad, con una visión de unidad, responsabilidad y servicio público. Jasmine Bugarín cuenta con el respaldo de la militancia, liderazgos y estructuras de este instituto político, que reconocen en ella a una mujer preparada para asumir los retos que vienen.

En el Verde continuaremos impulsando perfiles comprometidos con el bienestar de la gente, con el desarrollo de cada entidad y con la construcción de un futuro de mayores oportunidades para todas y todos.

Estamos convencidos de que lo mejor para Nayarit está por venir.


PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
PIDE JUANITA GUERRA AUMENTAR PRESENCIA POLICIAL EN MORELOS PARA FRENAR LA INSEGURIDAD

  • La entidad se encuentra 40% por debajo del número de policías recomendado a nivel nacional.
  • Se requiere de agentes mejor capacitados, con condiciones laborales dignas y respeto a los derechos humanos.

La senadora Juanita Guerra Mena exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos y a los 36 municipios de la entidad a implementar acciones y estrategias para incrementar el número de elementos policiales, y mejorar la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad pública.

La legisladora afirmó que la insuficiencia de policías limita las tareas de prevención, vigilancia y reacción ante hechos delictivos, además de afectar la percepción de seguridad de la población.

Advirtió que Morelos enfrenta desde hace varios años una problemática persistente en materia de seguridad, marcada por delitos de alto impacto, violencia comunitaria y una constante percepción de inseguridad entre la ciudadanía.

En este contexto, Guerra Mena sostuvo que uno de los principales retos es el déficit de elementos policiales tanto a nivel estatal como municipal, situación que reduce la capacidad de proximidad social y patrullaje, especialmente en zonas con alta densidad poblacional o mayor incidencia delictiva.

De acuerdo con información obtenida a través del Portal de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, la Dirección General de Unidades Especiales cuenta con 352 elementos y la Dirección General de la Policía Preventiva Estatal con 385 elementos distribuidos en la entidad. Además, los municipios reportan un total de mil 482 policías municipales.

La legisladora destacó que, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, Morelos cuenta con una población de un millón 971 mil 520 personas. Sin embargo, la entidad tiene únicamente 1.08 policías por cada mil habitantes, mientras que el Modelo Óptimo de Función Policial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recomienda 1.8 policías por cada mil habitantes.

Explicó que estas cifras representan un déficit de 0.72 policías por cada mil habitantes y una brecha de 40 por ciento respecto al estándar recomendado.

Guerra Mena subrayó que fortalecer la seguridad pública no sólo requiere de una coordinación interinstitucional o del uso de tecnología, sino también de más policías debidamente capacitados, certificados, con condiciones laborales dignas, y respeto irrestricto a los derechos humanos, priorizando las zonas y municipios con mayor incidencia delictiva o mayor déficit de personal policial.