- Los "jammers" son utilizados para bloquear comunicaciones y facilitar delitos de alto impacto; su fabricación, comercialización y uso están prohibidos por la legislación federal.
La senadora Juanita Guerra Mena presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Guardia Nacional y a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de vigilancia, investigación, monitoreo y denuncia contra la comercialización, distribución y oferta ilícita de equipos inhibidores de señales de telecomunicaciones, conocidos como "jammers", que continúan ofertándose a través de plataformas digitales, redes sociales y sitios de comercio electrónico.
Señaló que las telecomunicaciones constituyen un servicio público de interés general y un elemento estratégico para el funcionamiento del Estado mexicano, ya que garantizan el ejercicio de derechos fundamentales, la atención de emergencias, la protección civil y la seguridad pública.
En ese contexto, la legisladora del Partido Verde advirtió que cualquier interferencia indebida en las redes de comunicación representa un riesgo para la población y para la operación de las instituciones encargadas de la seguridad.
Explicó que los “jammers” son dispositivos electrónicos diseñados para generar interferencias intencionales en las frecuencias utilizadas por las redes de telecomunicaciones, impidiendo la transmisión y recepción de señales de telefonía móvil, internet inalámbrico, sistemas de posicionamiento global y radiocomunicación.
La legisladora advirtió que su uso puede interrumpir llamadas de emergencia, obstaculizar operaciones de rescate, afectar sistemas de localización y comprometer la coordinación institucional en situaciones de riesgo.
Recordó que el artículo 168 Ter del Código Penal Federal establece penas de 12 a 15 años de prisión para quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos e imagen.
Asimismo, destacó que el 24 de enero de 2024 entró en vigor la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y al Código Penal Federal, mediante la cual quedó prohibida la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de estos dispositivos, con excepción de las autoridades facultadas por la legislación vigente.
Sin embargo, advirtió que, pese a la prohibición legal, existen plataformas digitales y sitios de comercio electrónico donde estos equipos continúan ofreciéndose al público, situación que facilita su adquisición y uso indebido para la comisión de delitos y la afectación de servicios estratégicos del Estado.
Por ello, la senadora ecologista propuso exhortar a la Guardia Nacional a fortalecer las acciones de vigilancia, investigación y verificación sobre la comercialización y distribución de estos equipos, así como a presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad ministerial competente.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades estatales responsables de la seguridad pública, particularmente a sus unidades de policía cibernética, para que investiguen, monitoreen, denuncien y coadyuven en el combate a la comercialización ilícita de estos dispositivos, a fin de prevenir su adquisición y uso indebido.
- Telefonía móvil e internet, entre las empresas más denunciadas ante PROFECO en 2025 por cobros indebidos, fallas y mala atención.
- Las y los usuarios merecen contratar servicios sin imposiciones ni cargos adicionales no solicitados.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de evitar que empresas de telecomunicaciones obliguen a las y los usuarios a contratar seguros, suscripciones o membresías como requisito para acceder a un servicio.
La legisladora señaló que los servicios de telefonía móvil y telecomunicaciones se han convertido en una herramienta indispensable para la comunicación, el trabajo, el acceso a la información y conectividad, además de representar uno de los sectores con mayor crecimiento en el país.
Sin embargo, advirtió que, pese al crecimiento del sector, persisten prácticas abusivas contra usuarios de servicios de telecomunicaciones, particularmente al obligarlos a contratar seguros, membresías o suscripciones para acceder a un servicio principal de telefonía o internet.
Indicó que, en muchos casos, estos cargos adicionales se renuevan automáticamente y generan gastos no previstos para las familias mexicanas.
De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para marzo de 2025 México registró 142.3 millones de líneas activas de telefonía móvil y 130.5 millones de accesos activos a internet móvil en México.
Asimismo, destacó que la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023 reportó que 97 millones de personas utilizan internet en México, equivalente al 81.2% de la población de seis años o más. El grupo de entre 12 y 17 años registró una participación de 92.4% en el uso de internet.
La senadora del Partido Verde mencionó que, según reportes de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), las empresas de telefonía móvil e internet figuraron entre las que más quejas recibieron en 2025, debido a problemas relacionados con mala atención, fallas del servicio y cobros de servicios adicionales no requeridos por los usuarios.
En ese sentido, Corona Nakamura indicó que su propuesta, que reforma los artículos 102, 185 y 186 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estableció que ninguna empresa podrá condicionar la contratación de servicios de telecomunicaciones a la compra obligatoria, temporal o permanente, de seguros, suscripciones o membresías, además de reconocer el derecho de los usuarios a no aceptar servicios adicionales distintos al solicitado originalmente.
- Las severas condiciones laborales de despliegue, la privación crónica del sueño y la exposición recurrente a la violencia extrema pueden desencadenar una crisis silenciosa pero devastadora de salud mental entre las filas de la Guardia Nacional: Guerra Mena.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, en coordinación con el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, presentaron una iniciativa para reformar la reformar la Ley de la Guardia Nacional, esto con la finalidad de incorporar el bienestar emocional y el manejo del estrés en los programas de formación, capacitación y profesionalización del personal de este cuerpo de seguridad, mediante la reforma al artículo 27.
La senadora ecologista agregó que esta propuesta busca también adicionar un artículo 48 Bis que obligue a la Guardia Nacional a garantizar a su personal programas permanentes de atención a la salud mental y bienestar, los cuales incluirán evaluaciones periódicas de salud mental, atención psicológica profesional, actividades de bienestar emocional y resiliencia, protocolos de intervención inmediata en crisis psicológicas, apoyo psicológico a familiares y programas de bienestar familiar, incluidas estancias de bienestar infantil.
Guerra Mena lamentó que en nuestro país las condiciones laborales de los cuerpos de seguridad han estado marcadas por precariedad estructural, abandono institucional y rezago histórico en materia de bienestar, lo cual, aseguró, afecta la calidad de vida de quienes prestan el servicio, su desempeño y la capacidad del Estado para garantizar la paz y el orden público.
Agregó que la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional buscó fortalecer la seguridad del país, sin embargo, afirmó que aún se cuenta con rezago en materia de bienestar de los elementos. Recalcó que la violencia extrema, la precariedad laboral, la falta de protección efectiva y los riesgos crecientes son realidades que el Estado debe atender.
La legisladora explicó que las severas condiciones laborales de despliegue, la privación crónica del sueño y la exposición recurrente a la violencia extrema han desencadenado una crisis silenciosa pero devastadora de salud mental entre las filas de la Guardia Nacional.
Dijo que en los propios manuales de salud de esta corporación, se reconoce que la realidad delictiva y las exigencias institucionales propician niveles severos de agotamiento físico y mental, que pueden derivar en desestabilización emocional, trastornos alimentarios, adicciones y afecciones cardiovasculares crónicas.
Sin embargo, en la práctica, el marco regulatorio utiliza su estado de salud física y mental como un criterio estrictamente punitivo y de control para la promoción y el ascenso de grados, en lugar de constituir la base de un sistema integral de prevención y tratamiento clínico.
Agregó que incluso hay casos en que el personal que experimenta síntomas de depresión, trastorno de pánico o trastorno de estrés postraumático, prefiere ocultar su condición por temor a sufrir represalias laborales, además de que cuando un elemento es identificado con riesgo de salud mental, el protocolo militar estándar dicta su desarme preventivo inmediato, pero no va acompañado de un tratamiento de contención clínica ni de apoyo socioemocional formal.
Finalmente, aseguró que en países en los que se ha invertido en programas integrales de bienestar para su personal de seguridad registran mejoras en la moral, en la reducción del absentismo, en el desempeño operativo y en la confianza ciudadana, por lo que insistió en la urgencia poner en marcha su propuesta.
