- Cuatro de cada 10 capitalinos no saben qué es la infraestructura verde
El coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM el Congreso de la Ciudad de México, Manuel Talayero señaló que miles de capitalinos desconocen qué es la infraestructura verde y cómo pueden participar en las decisiones para mejorar los espacios públicos de sus comunidades.
Durante la presentación de un punto de acuerdo, la legisladora apuntó que una consulta realizada por el Partido Verde reveló que el 41 por ciento de las personas no sabe qué es la infraestructura verde, mientras que otro 32 por ciento no está seguro de conocer el concepto. Además, 58 por ciento considera que en su colonia no existen suficientes áreas verdes.
Ante este panorama, Talayero Pariente exhortó a las secretarías de Medio Ambiente; Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana; Atención y Participación Ciudadana; al Instituto Electoral de la Ciudad de México y a las 16 alcaldías a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para que las y los vecinos intervengan en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos relacionados con el aumento, mejoramiento y conservación de la infraestructura verde.
El legislador recordó que el Programa Especial de la Red de Infraestructura Verde de la Ciudad de México establece estrategias para consolidar una ciudad más estable, resiliente y conectada, pero subrayó que estos esfuerzos deben ir acompañados de una mayor participación social.
Finalmente, Manuel Talayero sostuvo que proteger las áreas verdes no es únicamente una responsabilidad del gobierno, sino una tarea compartida entre autoridades y ciudadanía para construir una capital con mejor calidad de vida y un entorno urbano más saludable.
- En muchas ocasiones los adolescentes que trabajan están obligados a cumplir con periodos laborales extraordinarios, lo que afecta sus estudios y su salud.
- El matrimonio infantil sigue estando presente en muchas regiones de nuestro país como una práctica común y aceptada, pero tolerada a pesar del daño que hace.
Con la finalidad de garantizar el interés superior de la niñez y atender los peligros a los que se enfrentan en edades tempranas, la senadora Rocío Corona Nakamura propuso establecer la prohibición de laborar tiempo extraordinario a adolescentes que tienen la necesidad e trabajar, así como prohibir no solo el matrimonio infantil sino también el concubinato o institución equivalente o similar, más allá de los usos, costumbres o prácticas culturales.
En su propuesta, la senadora propone reformar los artículos 45 y 47 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para atender algunas de las amenazas que atentan contra niños y adolescentes, que en ocasiones tienen daños irreversibles.
En primer lugar, se refirió al trabajo infantil, que de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puede ocasionar afectaciones físicas y mentales tanto en esta etapa como en la edad adulta, además de que a quienes trabajan desde temprana edad, aunado a una baja escolaridad, a veces se les dificulta encontrar trabajos que no sean de tipo manual, de comercio o de servicio.
Agregó que en nuestro país la edad mínima legal para trabajar es de 15 años, y en muchas ocasiones los adolescentes que trabajan, a pesar de ser aún menores de edad, están obligados a cumplir con periodos laborales extraordinarios, lo que afecta sus estudios y su salud.
Explicó que si bien, en el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, se prohíben las horas extraordinarias de trabajo para menores de 18 años, es necesario reforzar esta medida mediante su inclusión en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para coadyuvar en el propósito de que las autoridades tomen medidas para atender, prevenir y sancionar los casos en que adolescentes trabajen tiempo extraordinario.
Por otro lado, lamentó que el matrimonio infantil sigue estando presente en muchas regiones de nuestro país como una práctica común y aceptada, pero tolerada a pesar del daño que hace.
Agregó que a pesar de que esta práctica está prohibida en todo el país, las uniones tempranas continúan ocurriendo, particularmente en zonas rurales o de alta marginación, principalmente “disfrazadas” de otras formas de institución similar al matrimonio o concubinato, es decir, las “uniones informales o de hecho”, creando un vacío legal que permite eludir la prohibición y la responsabilidad en la que se incurre con el matrimonio infantil.
Finalmente, insistió en que se debe seguir trabajando en garantizar el interés supremo de la niñez, en cuidarlos, protegerlos y brindarles el apoyo necesario, por lo que se debe consolidar lo que se ha avanzado en áreas de erradicación del trabajo y el matrimonio infantil, plasmándolo en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, “para seguir robusteciéndola, enriqueciéndola, consolidando y también actualizándola”, recalcó
- El INEGI asumiría funciones antes desempeñadas por el CONEVAL en medición de pobreza y evaluación de políticas sociales vinculadas con la niñez.
Las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de armonizar la legislación vigente con las reformas constitucionales y legales que transfirieron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las funciones anteriormente desempeñadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en materia de medición de la pobreza y evaluación de la política social vinculada con la niñez.
La propuesta impulsada por los legisladores ecologistas, encabezados por el coordinador Manuel Velasco Coello, subraya la necesidad de actualizar el marco jurídico para garantizar claridad y precisión en la aplicación de las normas relacionadas con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.
Recordaron que en 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, mediante la cual se extinguió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y sus funciones fueron reasignadas al INEGI.
Comentaron que, debido a estas modificaciones, resulta necesario actualizar las leyes que aún contemplan al CONEVAL como órgano autónomo encargado de la medición de la pobreza y de la evaluación de programas y acciones de desarrollo social.
Indicaron que dichas modificaciones respondieron a la necesidad de eficientizar el uso de los recursos públicos y mejorar los procesos relacionados con la medición de la pobreza y la evaluación integral de la política de desarrollo social.
Destacaron que las niñas, niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos humanos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, instrumento internacional ratificado por México en 1990 y que obligó al Estado mexicano a adoptar medidas administrativas y legislativas para garantizar la protección integral de este sector de la población.
Por ello, la iniciativa del Partido Verde propone reformar los artículos 4, 130, 132 y 134 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para sustituir las referencias al CONEVAL por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Entre los cambios planteados, se establece que corresponderá al INEGI evaluar las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de la niñez y adolescencia. Asimismo, se propone que el Sistema Nacional de Protección Integral proporcione al instituto la información necesaria para la evaluación de las políticas de desarrollo social relacionadas con la protección de este sector de la población.
Finalmente, los legisladores subrayaron que mantener actualizada la legislación fortalece el Estado de derecho y permite reforzar la capacidad institucional para garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes en México.
