- Aseguró que, con su circulación, se pone en riesgo no sólo la integridad de las mercancías, sino la vida de los operadores y la vida de todos los usuarios de los caminos del país.
Con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios de carreteras federales, así como de los propios conductores de vehículos de autotransporte de carga con dos o más remolques o semirremolques, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una propuesta para prohibir el uso de éstos para la prestación de servicios de autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos.
Reconoció que si bien se trata de un sector imprescindible para el transporte de diversos materiales, así como para la economía del país, considerando que al cierre del año 2021, circulaban en nuestro país un millón 201 mil 53 vehículos al servicio del autotransporte de carga, no ha estado exento de sufrir carencias y pendientes.
Aseguró que estos pendientes no se han atendido debidamente o han sido pospuestos por diversos y condenables intereses, pero que su atención se ha convertido en urgente e incluso amenazante para la seguridad de los usuarios de carreteras y avenidas en todo el país.
Dijo que una de las omisiones que más controversia ha generado, además de que ha ocasionado accidentes desafortunados e incluso mortales, es el consentimiento o tolerancia de la circulación a lo largo y ancho de las vías generales de comunicación, de vehículos de autotransporte federal de carga llamados de doble remolque.
Explicó que si bien en el artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se establece la obligatoriedad de la verificación técnica de las condiciones físicas y mecánicas de las unidades de autotransporte federal, en muchos casos no cuentan con las condiciones físico-mecánicas requeridas para su circulación segura, siendo en muchas ocasiones vehículos en malas o deplorables condiciones, llegando incluso a obsoletas.
Agregó que se suma la antigüedad promedio de la flota vehicular de carga en nuestro país, que es de 19 años, pero hay registro de unidades con una antigüedad de entre 38 y 50 años, sin contar además el posible error humano de quienes conducen estas unidades.
Señaló además que México es uno de los países que permite los mayores límites máximos de carga, ya que de acuerdo a las últimas reformas realizadas a la NOM-012, se permite una carga máxima para los doble remolque de 66.5 toneladas de carga, misma que puede ser excedida hasta las 83.4 toneladas, únicamente del peso de la carga, ya que a esto se debe agregar un peso aproximado de 30.4 toneladas de peso de la unidad vehicular.
Insistió en que sumando todas estas omisiones se pone en riesgo no sólo la integridad de las mercancías, sino la vida de los operadores, además de la vida de todos los usuarios de los caminos del país.
Puso como ejemplo lo sucedido el pasado 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en donde una pipa que no era de doble remolque, pero con una capacidad de carga de 49 mil litros de gas, explotó después de volcarse sobre su costado, dejando hasta el 28 de septiembre, un total de 31 muertos, 13 hospitalizados y 40 personas lesionadas.
Por ello, finalmente insistió en que por cuestiones de seguridad para transportistas, los productos que llevan, además de las personas que transitan junto a estas unidades, el uso del doble remolque debe de estar prohibido en todo el país.
- Hasta 25 mil trabajadores de la salud laboran como suplentes sin seguridad social ni antigüedad.
- La ASF ha señalado que el ISSSTE enfrenta un déficit estructural de personal y una creciente dependencia de suplencias sin regulación, dejando a miles sin derechos.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la Mesa Directiva, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de reconocer legalmente a las y los trabajadores suplentes del sector salud del ISSSTE y garantizarles derechos básicos como seguridad social, antigüedad y vacaciones.
El legislador del Partido Verde señaló que durante la emergencia sanitaria por COVID-19, miles de médicas, médicos, enfermeras, camilleros, personal técnico, administrativo y de apoyo laboraron como suplentes en hospitales y clínicas del ISSSTE para cubrir ausencias, ampliar turnos y mantener operativas áreas críticas. Sin embargo, su contribución no se ha traducido en derechos laborales.
Explicó que esta problemática llegó a su oficina mediante una carta enviada por personal suplente del ISSSTE en Yucatán, en la que se describe la falta de seguridad social, antigüedad, vacaciones y estabilidad laboral, así como la incertidumbre permanente sobre la continuidad del empleo.
Ramírez Marín subrayó que no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno nacional derivado de un vacío legal. Aunque el ISSSTE cuenta con alrededor de 110 mil trabajadores de la salud, se estima que entre 18 mil y 25 mil laboran como suplentes bajo esquemas no regulados.
Recordó que esta situación ha sido señalada incluso por la Auditoría Superior de la Federación (ASF, Cuenta Pública 2019–2022), que señala que el ISSSTE enfrenta un déficit estructural de personal y una creciente dependencia de suplencias. Sin embargo, esta figura no está regulada en la LFTSE, por lo que miles de personas realizan funciones permanentes sin recibir derechos permanentes.
En ese sentido, destacó que la reforma propone adicionar los artículos 12 Bis, 12 Ter y 34 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para reconocer formalmente la figura del trabajador suplente y establecer un piso mínimo de derechos.
Agregó que, entre los beneficios que contempla su iniciativa se prevé la inscripción al ISSSTE tras acumular quince días laborados en un mes; el reconocimiento de antigüedad por cada día trabajado; vacaciones y prima vacacional proporcionales; así como el acceso a licencias médicas y de maternidad o paternidad, entre otros.
Además, se fija un límite de 24 meses para permanecer como suplente, obligando a la institución a regularizar a quienes hayan acumulado ese tiempo de servicio.
Finalmente, Ramírez Marín subrayó que la reforma no solo corrige una injusticia laboral, sino que fortalece al ISSSTE al reducir la rotación y preservar personal capacitado. “Quienes cuidan la salud de México merecen que México cuide la suya”, concluyó.
- Las mujeres duplican los diagnósticos de depresión que los hombres, no por causas biológicas, sino por violencia y precariedad laboral.
- Más de 5 mil casos de depresión en 2025 colocan a Guanajuato entre los 10 estados más afectados.
La senadora Virginia Magaña Fonseca subrayó la urgencia de reconocer la salud mental como un derecho humano y una condición indispensable para la justicia social, al subrayar la urgencia de atender una problemática que afecta a millones de personas en México y que, en Guanajuato, mantiene cifras preocupantes.
En el marco de la reciente conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la legisladora del Partido Verde afirmó que la depresión es un problema de salud pública que no siempre es visible, pero que afecta de manera profunda la forma en que una persona piensa, siente y vive. Sus consecuencias trascienden el ámbito individual y alcanzan a familias, comunidades y entornos laborales, convirtiéndose en un desafío colectivo que exige atención prioritaria.
Dijo que en México, casi el 50 por ciento de las personas adultas han presentado síntomas depresivos. La senadora enfatizó que las mujeres son diagnosticadas con depresión en una proporción dos veces mayor que los hombres, no por causas biológicas, sino por factores estructurales como la violencia, la precarización laboral, el trabajo de cuidados no remunerado y la falta de redes de apoyo.
Magaña Fonseca afirmó que, en Guanajuato, su estado natal, la situación resulta especialmente preocupante. Tan solo en 2025 se registraron más de 5 mil casos de depresión, lo que coloca a la entidad entre las 10 con mayor número de casos a nivel nacional.
"Nos preocupa que muchas personas que viven con depresión enfrenten obstáculos para recibir la atención que necesitan. El estigma sigue siendo una barrera relevante, pero no es la única", alertó la legisladora.
Señaló que la insuficiencia de servicios especializados, la concentración de recursos en zonas urbanas y la limitada cobertura en comunidades rurales, son condiciones que dejan a miles de familias guanajuatenses sin alternativas efectivas de diagnóstico, atención y tratamiento.
Ante este panorama, la legisladora reiteró que es indispensable fortalecer de manera sostenida la infraestructura de salud mental en todo el país, erradicar el estigma desde las propias instituciones y reconocer que la depresión está vinculada a contextos estructurales de desigualdad.
Finalmente, Magaña Fonseca refrendó su acompañamiento y solidaridad con quienes viven con depresión y el compromiso de seguir impulsando políticas públicas que garanticen una atención oportuna, digna y accesible para todas y todos.
