- Dip. Rebeca Peralta propone modificar la Ley de Movilidad de la CDMX
- Bajo reglas que garanticen la seguridad, higiene, bienestar animal y operación del servicio
- Seis de cada 10 hogares tienen al menos un animal de compañía
La diputada del PVEM en el Congreso de la CDMX, Rebeca Peralta, presentó una iniciativa en la que propuso modificar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para que las personas que son responsables de animales de compañía puedan trasladarse en el transporte público con ellas.
En la Ciudad de México, 6 de cada 10 hogares tienen al menos un animal de compañía, por lo que su traslado es una necesidad para muchas familias, especialmente cuando requieren acudir al veterinario, recibir tratamiento, mudarse o atender una emergencia.
La legisladora recordó que actualmente la Ley de Movilidad de la Ciudad de México no reconoce de manera expresa el acceso de animales de compañía al transporte público.
Añadió que, si bien algunos sistemas de transporte cuentan con reglas o excepciones que permiten su ingreso, estas disposiciones no son uniformes y pueden variar dependiendo del medio de transporte, lo cual genera incertidumbre para las personas usuarias y para quienes prestan el servicio.
La iniciativa de la Diputada Peralta León propone que tanto Metro como Metrobús, RTP, Cablebús y demás servicios de transporte público, permitan el acceso de animales de compañía bajo reglas claras de seguridad, higiene y bienestar animal.
La diputada del Grupo parlamentario del PVEM apuntó que las condiciones específicas se establecerían en el Reglamento de la Ley de Movilidad.
Finalmente comentó que con esta propuesta se busca dar certeza a las personas usuarias y facilitar una movilidad más incluyente, sin afectar la seguridad ni la operación del transporte público.
- “La lucha contra el cambio climático debe ser una política pública integral, no un pretexto para recaudar sin resultados”, advirtió el senador ecologista.
La falta de un desarrollo sostenible ha contribuido al agravamiento del cambio climático, la degradación ambiental, la pobreza, el hambre, los conflictos y el incremento de las desigualdades sociales.
La senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en materia de Agenda del Desarrollo Sostenible, con el propósito de incorporar a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México en la planeación, ejecución y evaluación de políticas ambientales vinculadas con instrumentos internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La legisladora ecologista destacó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible implica mantener un equilibrio entre el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente, al considerar estos tres ejes como fundamentales para garantizar un mejor futuro.
Sin embargo, Guerra Mena advirtió que la falta de un desarrollo sostenible ha contribuido al agravamiento del cambio climático, la degradación ambiental, la pobreza, el hambre, los conflictos y el incremento de las desigualdades sociales.
Recordó que la Organización de las Naciones Unidas estableció en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, integrada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: economía, desarrollo social y medio ambiente.
En ese sentido, explicó que los gobiernos municipales desempeñan un papel fundamental para aterrizar estos objetivos mediante una planeación integral, mecanismos de participación ciudadana, financiamiento y herramientas de evaluación que permitan traducir los compromisos internacionales en acciones concretas para beneficio de las comunidades.
Destacó la importancia de incorporar, entre las facultades de los municipios, la alineación y transversalización de los instrumentos y las agendas globales de desarrollo sostenible. Asimismo, planteó integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la planeación, ejecución y evaluación de los programas ambientales municipales, así como establecer mecanismos de mejora de la gestión pública y de participación ciudadana.
Por ello, su propuesta busca crear la Sección I Bis "Del Desarrollo Sostenible de los Municipios", que establece como ejes rectores de la política ambiental municipal el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el respeto a los derechos humanos de las personas defensoras del medio ambiente, la implementación de mecanismos de mejora de la gestión pública.
Guerra Mena subrayó que los instrumentos rectores de política ambiental municipal deberán considerar el fortalecimiento institucional, la prestación eficiente de servicios públicos, la gestión racional de los recursos, el manejo adecuado de residuos, indicadores de eficacia y eficiencia, la transversalización de los (ODS), así como mecanismos de participación ciudadana, académica, social y ambientalista.
- Diversas Leyes fueron modificadas para armonizar y reconocer la nueva denominación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sin embargo, dichos cambios no fueron realizados en la legislación ambiental.
Las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para sustituir la denominación Secretaría de Comunicaciones y Transportes por Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y la Ley General de Cambio Climático.
Explicaron que en octubre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se modifican entre otros, la denominación de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la finalidad de reconocer que la política pública en materia de infraestructura había adquirido un carácter prioritario y transversal para el desarrollo nacional.
Agregaron que la inclusión del término “infraestructura” en la denominación de la Secretaría permitió el reconocimiento de la infraestructura como elemento articulador de políticas públicas en materia de movilidad, conectividad digital, desarrollo regional e integración económica.
Expusieron que ante estos cambios, diversas Leyes fueron modificadas para armonizar y reconocer la nueva denominación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sin embargo, dichos cambios no fueron realizados en la legislación ambiental, armonización que, aseguraron, es necesaria para el cabal cumplimiento de la norma.
Por ello, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Cambio Climático continúan haciendo referencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que, afirmaron, genera una disonancia normativa frente a la estructura vigente de la Administración Pública Federal.
Finalmente, recalcaron que esta modificación permitirá consolidar un marco normativo actualizado, funcional y acorde con los desafíos contemporáneos del desarrollo sostenible, asegurando que las disposiciones ambientales se apliquen con claridad y eficacia en beneficio del equilibrio ecológico y del bienestar de las generaciones presentes y futuras.
