- La propuesta establece medidas claras para los casos en que se expidan boletos en exceso a la capacidad disponible de una aeronave
Con el propósito de regular la sobreventa de boletos en el transporte aéreo comercial y fortalecer la protección de los derechos de las y los pasajeros, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.
El diputado Ricardo Madrid Pérez explicó que su propuesta establece medidas claras para los casos en que se expidan boletos en exceso a la capacidad disponible de una aeronave, situación que puede derivar en la denegación del embarque; por ello, propone que el pasajero afectado tenga derecho a elegir entre tres opciones compensatorias.
La primera opción consiste en el reembolso total del precio del boleto o de la parte proporcional no utilizada del viaje, además de una indemnización equivalente al 100 por ciento del costo del mismo, con el objetivo de resarcir de manera justa el perjuicio ocasionado.
Como tercera opción, la iniciativa propone que, el pasajero pueda ser transportado en una fecha posterior que le resulte conveniente hacia su destino original, acompañada también de una indemnización adicional equivalente al 100 por ciento del costo del boleto, reforzando así el derecho de elección del usuario.
Asimismo, el legislador destacó que la propuesta contempla que la autoridad competente debe imponer multas proporcionales al número de pasajeros afectados en cada incidente de sobreventa. "Estas sanciones deberán superar el beneficio económico obtenido por las aerolíneas mediante esta práctica, con el fin de asegurar su efecto disuasorio", resaltó el diputado.
Finalmente, Madrid Pérez subrayó que los concesionarios o permisionarios estarán obligados a reportar públicamente las incidencias de negativa de embarque. Esta medida busca fortalecer la transparencia, permitir el monitoreo de patrones de conducta y generar incentivos reputacionales que promuevan el cumplimiento de la normativa vigente.
- Solo 2 de cada 10 refugios aceptan animales
- Muchas víctimas prefieren quedarse con su agresor antes que abandonarlos
En la Ciudad de México, escapar de la violencia no siempre es una opción y más cuando eso significa dejar a quien más aman: sus mascotas.
Por ello, la diputada Yolanda García lanzó una propuesta urgente que pone sobre la mesa una realidad que duele,
mujeres, niñas y niños siguen atrapados en círculos de violencia por no poder llevar consigo a sus animales de compañía.
Y es que las cifras estremecen, menos del 20% de los refugiosen nuestro país aceptan mascotas, el 48% de las víctimas retrasa su salida con el fin de no abandonarlas y es que enmás del 70% de los casos, los agresores amenazan o lastiman a los animales para controlar a la víctima.
En la capital del país, el panorama no es menor. Tan solo en 2024 se registraron 71 feminicidios, y para finales de 2025 ya se contaban al menos 30 más. Una crisis que no distingue colonias ni niveles sociales.
Frente a este panorama se encendieron las alertas:
ningún refugio público en la ciudad cuenta con los protocolos adecuados para recibir a mujeres con sus mascotas.
Sí, aunque existan espacios de protección, hay puertas que siguen cerradas, por eso, la propuesta es clara:
modificar las reglas de refugios, casas de emergencia y espacios de atención para que las víctimas puedan ingresar con sus animales de compañía.
Esta iniciativa busca sumar a la Ciudad de México a un movimiento internacional que ya está cambiando vidas: "Collar Púrpura", cuyo objetivo es que ninguna mujer tenga que elegir entre su seguridad y el vínculo con su mascota.
Porque no se trata de un detalle menor.
Se trata de una decisión que puede salvar vidas.
Hoy, el mensaje es contundente:
cuando una mujer huye de la violencia, lo hace con miedo y urgencia
y obligarla a abandonar a su mascota es dejarla sola otra vez.
La exigencia está sobre la mesa:
una ciudad que protege de verdad no deja a nadie atrás.
- Aseguró que si bien estos proyectos podrían contribuir con el crecimiento económico, podrían generar diversos impactos medioambientales a los que hay que poner atención.
Con la finalidad de proteger uno de los ecosistemas marinos más diversos y dinámicos del planeta y un punto estratégico de la región de América del Norte por su importancia en la conservación, la senadora Maki Ortiz Domínguez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), a la Secretaría de Turismo, al Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (IMIPAS) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para realizar acciones relacionadas con los proyectos de Plantas de Gas Natural licuado que pretenden instalarse en el Golfo de California.
Explicó que ha crecido el interés de diversas empresas extranjeras por desarrollar proyectos de plantas de licuefacción de gas natural extraído en Estados Unidos, en puertos ubicados en la costa noroeste del Pacífico Mexicano, entre los que se encuentran los proyectos "Terminal GNL de Sonora/ Saguaro Energía" (Saguaro), "American Mexican Integrated Gas Operations" (AMIGO), y "Vista Pacífico LNG (VPLNG)".
Sin embargo, declaró que dichos proyectos podrían afectar la zona del Golfo de California, en donde existen 25 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia federal, además de que alberga 900 especies de peces, de las cuales 90 por ciento son endémicas, así como el 39 por ciento de los mamíferos marinos del mundo, así como miles de especies de invertebrados marinos, macroinvertebrados, arrecifes de coral, algas microscópicas, macroalgas y manglares, entre otras especies.
Agregó que las aguas del Golfo de California son altamente productivas y una de las zonas de mayor pesca en el mundo y del país, aunado a que sostiene una de las economías de turismo de naturaleza más importantes de México, además de que los territorios aledaños son habitados por una diversidad de comunidades indígenas.
Aseguró que si bien estos proyectos podrían contribuir con el crecimiento económico, tanto habitantes de la región como representantes de organizaciones de la sociedad civil consideran que no deben ser autorizados ya que podrían generar diversos impactos medioambientales a los que hay que poner atención, además de que los consideran un retroceso a la ambición climática del país y alejan al Estado mexicano del cumplimiento de sus compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental.
Y es que aseguró que además de los efectos generados por las emisiones de gases de efecto invernadero, existen otros impactos como el que las plantas de licuefacción de gas emplean grandes cantidades de agua para enfriar el compuesto y condensarlo para volverlo líquido, además de que se liberan sustancias químicas al mar que podrían afectar la calidad de agua, al medio marino, y las especies que lo habitan.
Añadió que también se ha alertado sobre el aumento del estrés inducido por el ruido, que puede hacer que los animales sean más susceptibles a infecciones y dificultades físicas. Otro impacto es el relativo a potenciales colisiones de embarcaciones con animales marinos, lo cual genera una gran incertidumbre sobre los riesgos que pudiera tener esta actividad en las poblaciones de mamíferos marinos, especialmente ballenas y otras especies como tiburón ballena y tortugas marinas.
En este sentido, detalló que, entre las propuestas de su Punto de Acuerdo, se encuentran solicitar al INECC que lleve a cabo un estudio técnico y científico sobre los impactos de sus emisiones, directas, indirectas y fugitivas, de gases y compuestos de efecto invernadero, considerando las plantas, toda la infraestructura asociada a ellas y los procesos de licuefacción. Asimismo, que la SEMARNAT solicite al Consejo de Cambio Climático que emita una recomendación sobre la alineación y la congruencia de estos proyectos con relación a la política nacional de cambio climático.
Además de que la ASEA revise los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los tres proyectos, así como las autorizaciones que ya fueron otorgadas, cuidando que los sistemas ambientales hayan sido delimitados considerando tanto su zona de influencia directa, como las zonas de influencia indirecta que podrían verse afectadas por el conjunto de obras y actividades que pretendan llevarse a cabo, como las interacciones con los diferentes componentes ambientales regionales.
