- El INEGI asumiría funciones antes desempeñadas por el CONEVAL en medición de pobreza y evaluación de políticas sociales vinculadas con la niñez.
Las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de armonizar la legislación vigente con las reformas constitucionales y legales que transfirieron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las funciones anteriormente desempeñadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en materia de medición de la pobreza y evaluación de la política social vinculada con la niñez.
La propuesta impulsada por los legisladores ecologistas, encabezados por el coordinador Manuel Velasco Coello, subraya la necesidad de actualizar el marco jurídico para garantizar claridad y precisión en la aplicación de las normas relacionadas con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.
Recordaron que en 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, mediante la cual se extinguió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y sus funciones fueron reasignadas al INEGI.
Comentaron que, debido a estas modificaciones, resulta necesario actualizar las leyes que aún contemplan al CONEVAL como órgano autónomo encargado de la medición de la pobreza y de la evaluación de programas y acciones de desarrollo social.
Indicaron que dichas modificaciones respondieron a la necesidad de eficientizar el uso de los recursos públicos y mejorar los procesos relacionados con la medición de la pobreza y la evaluación integral de la política de desarrollo social.
Destacaron que las niñas, niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos humanos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, instrumento internacional ratificado por México en 1990 y que obligó al Estado mexicano a adoptar medidas administrativas y legislativas para garantizar la protección integral de este sector de la población.
Por ello, la iniciativa del Partido Verde propone reformar los artículos 4, 130, 132 y 134 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para sustituir las referencias al CONEVAL por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Entre los cambios planteados, se establece que corresponderá al INEGI evaluar las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de la niñez y adolescencia. Asimismo, se propone que el Sistema Nacional de Protección Integral proporcione al instituto la información necesaria para la evaluación de las políticas de desarrollo social relacionadas con la protección de este sector de la población.
Finalmente, los legisladores subrayaron que mantener actualizada la legislación fortalece el Estado de derecho y permite reforzar la capacidad institucional para garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes en México.
- La propuesta busca renombrar a las Cámaras del Congreso de la Unión, como "Cámara de Diputadas y Diputados" y "Cámara de Senadoras y Senadores", respectivamente.
- Propone también eliminar el masculino genérico para referirse a las personas legisladoras, reemplazando los términos "diputados" por "personas diputadas" y "senadores" por "personas senadoras".
A fin de promover la igualdad de género y reflejar la diversidad social, favoreciendo la representación equitativa y la igualdad de derechos, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para incorporar el lenguaje incluyente y no sexista en todos los aspectos del ámbito legislativo al renombrar oficialmente a las Cámaras del Congreso de Unión, así como dejar de utilizar el masculino genérico para referirse a las personas legisladoras.
Detallaron que su propuesta busca específicamente actualizar el texto constitucional, para renombrar a las Cámaras del Congreso de la Unión, como "Cámara de Diputadas y Diputados" y "Cámara de Senadoras y Senadores", respectivamente. De la misma forma, propone eliminar el masculino genérico para referirse a las personas legisladoras, reemplazando los términos "diputados" por "personas diputadas" y "senadores" por "personas senadoras".
Reconocieron que los componentes sociales del lenguaje han permitido crear y perpetuar ideologías, estereotipos y sesgos que sistemáticamente han excluido, minimizado o desvalorizado a diversos grupos. Sin embargo, celebraron que nuestro idioma ha ido evolucionando para incorporar nuevos términos y actualizar las formas de expresión, a fin de reflejar las realidades de la sociedad contemporánea.
Destacaron que uno de los cambios más importantes en este sentido es la incorporación del lenguaje inclusivo y no sexista en todo tipo de comunicación verbal y escrita, incluyendo la legislación, y apuntaron que este lenguaje con perspectiva de género es una herramienta fundamental para construir sociedades más inclusivas, justas y democráticas.
En este sentido, afirmaron que incorporar este tipo de lenguaje es necesario y relevante porque permite la visibilización, ya que lo que no se nombra no existe en el imaginario colectivo; ayuda a romper estereotipos y prejuicios arraigados; además de que es un acto de reconocimiento y respeto a la dignidad y la identidad de las personas.
Finalmente, las y los senadores del Partido Verde destacaron que “adoptar la perspectiva de género en nuestra comunicación y en la legislación permite derribar barreras simbólicas y construir un mundo donde todas las personas estén representadas, sean valoradas, y tengan acceso efectivo a todos sus derechos”.
- La finalidad es que los integrantes del Ayuntamiento cuenten con información financiera actualizada respecto de los ingresos, egresos, disponibilidades presupuestales, movimientos de recursos y situación general de la hacienda pública municipal.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las y los tesoreros municipales de los 36 ayuntamientos de Morelos, a presentar el corte de caja mensual para su aprobación por el Ayuntamiento y así se pueda contar oportunamente con información clara, completa y verificable sobre el estado que guarda cada hacienda pública municipal.
Explicó que la administración eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos es una de las principales obligaciones de las autoridades municipales, ya que los recursos que integran la hacienda pública sirven para atender las necesidades colectivas de la población y garantizar la prestación de los servicios públicos a cargo de los Ayuntamientos.
En este sentido, destacó que el artículo 82, fracción XI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece diversas obligaciones a cargo de las Tesorerías Municipales para garantizar el adecuado control, vigilancia y supervisión de los recursos públicos municipales, entre las que destaca presentar al Ayuntamiento, para su aprobación, dentro de los primeros diez días de cada mes, el corte de caja correspondiente al mes anterior.
Agregó que la finalidad de esta disposición es que los integrantes del Ayuntamiento cuenten con información financiera actualizada respecto de los ingresos, egresos, disponibilidades presupuestales, movimientos de recursos y situación general de la hacienda pública municipal, con lo cual pueden ejercer sus facultades de vigilancia, supervisión y control de los recursos públicos.
Destacó que la presentación oportuna de los cortes de caja permite conocer el estado que guarda la administración financiera municipal, identificar posibles irregularidades, corregir desviaciones administrativas y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos, además de que fortalece la toma de decisiones por parte de los Cabildos. brinda certeza sobre el ejercicio presupuestal y contribuye al cumplimiento de los principios de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera.
Finalmente, insistió en la pertinencia de su exhorto ya que la omisión o retraso en la presentación de los cortes de caja limita la capacidad de supervisión de los Ayuntamientos, dificulta el seguimiento del ejercicio del gasto público y debilita los mecanismos institucionales de control interno y rendición de cuentas.
