- Se propone establecer la obligación del personal de los centros educativos de denunciar los hechos, indicios o sospechas de cualquier forma de violencia
Con el fin de proteger a las niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual en entornos escolares, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso modificaciones a diversos artículos de la Ley General de Educación para establecer la obligación del personal de los centros educativos de denunciar los hechos, indicios o sospechas de cualquier forma de violencia.
Delgado Carrillo, propone que el Estado deberá dar publicidad a las técnicas, medidas y conductas que constituyan violaciones contra la protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual en entornos escolares, con el fin de prevenir, detectar y sancionar oportunamente tales actos.
El planteamiento también incluye la obligación del personal directivo, docente y administrativo de los centros educativos de cualquier nivel que integran el Sistema Educativo Nacional, así como quienes presten servicios en planteles con autorización o reconocimiento de validez oficial, de denunciar de inmediato cualquier acto de violencia que tengan de conocimiento ante el Ministerio Público.
Otro de los puntos relevantes es que establece como infracción el omitir realizar la denuncia inmediata ante las autoridades. La multa, para quienes incumplan, irá de mil a siete mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en la fecha en que se cometa la infracción.
“Esta iniciativa pretende eliminar los vacíos legales y brindar la certeza jurídica al personal educativo para actuar de manera inmediata, porque las y los maestros pueden ser la solución, quienes tomen la bandera, detecten las señales, escuchen, acompañen, y que también el Estado los proteja, les dé la voz y les dé los cauces para que ellos puedan encontrar la vía de la denuncia y, sobre todo, un compromiso moral con sus educandos”, finalizó el legislador.
- Se busca poner fin a este abuso desde la raíz
Hay una realidad que indigna y que pocas veces se dice, en México miles de personas indígenasaceptan trabajos sin entender lo que firman.
En un país con más de 7 millones de personas hablantes de lenguas indígenas, casi 866 mil no hablan español. Esto las deja prácticamente indefensas al momento de conseguir empleo, porque los contratos laborales están escritos en un idioma que no comprenden.
Y aunque algunas personas sí hablan español, eso no significa que entiendan los términos legales de un contrato. Palabras técnicas, condiciones complejas y letras pequeñas terminan por convertirse en una trampa.
Ante esta situación, la diputada Paula Pérez Córdova impulsa una iniciativa que busca poner fin a este abuso desde la raíz y que las personas empleadoras estén obligadas a entregar los contratos laborales en la lengua indígena de cada trabajador.
Con esta medida se busca algo básico pero poderoso, que todas las personas entiendan sus derechos antes de aceptar un empleo.
Esta propuesta pone sobre la mesa una deuda histórica con los pueblos indígenas y lanza un mensaje claro, ya no más simulación, ya no más discursos vacíos. Es momento de garantizar justicia laboral para todas y todos, sin importar el idioma que hablen.
- Con el fin de reconocer, visibilizar y preservar el sistema chinanpero
La vicecoordinadora del PVEM en la CDMX propuso el día de hoy establecer el día 30 de noviembre de cada año como el "Día del Chinampero en la Ciudad de México", a fin de reconocer, visibilizar y preservar el sistema chinampero como patrimonio cultural, ambiental y productivo, así como la labor histórica de las comunidades que lo mantienen vivo.
Subrayó que la labor de las y los chinamperos representa mucho más que la producción agrícola, es la preservación de una herencia milenaria que forma parte de la identidad de la ciudad y de sus pueblos originarios.
A través del trabajo en chinampas, varias generaciones han mantenido vivo un sistema sustentable que respeta los ciclos naturales, protege el equilibrio ecológico y fortalece el vínculo entre la tierra, el agua y la comunidad.
Reconocidos a nivel internacional por su valor ambiental, no solo provee alimentos frescos como lechuga, epazote, cilantro y verdolaga, sino que también conserva conocimientos tradicionales y prácticas agrícolas que han perdurado por siglos.
Actualmente, las y los chinamperos trabajan en condiciones adversas, con acceso limitado a apoyos institucionales y con escaso reconocimiento a su contribución alimentaria y a la conservación ambiental de la Ciudad de México.
A pesar de que su actividad beneficia directamente a la población urbana, existen aún rezagos en materia de financiamiento, capacitación, comercialización y protección del territorio.
En este contexto, urge reconocer formalmente la labor chinampera como actividad estratégica, impulsar apoyos económicos y para su desarrollo, proteger las zonas chinamperas frente al crecimiento urbano y
promover el consumo local y sustentable.
Respaldar a las y los chinamperos no solo es una acción en favor del campo, sino una apuesta por la sostenibilidad, la cultura y el futuro de la ciudad, finalizó.
