- En el primer trimestre de 2025, se registraron 35 mil 200 millones de ciberataques contra sistemas que contienen información personal
Con el fin de evitar riesgos como ciberataques, fraudes, extorsiones, robo de identidad y manipulación indebida de información, el diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en materia de medidas de protección.
De acuerdo con la iniciativa de reforma y adición al artículo 18 de la citada ley, el legislador propone definir con claridad en qué consisten las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas que actualmente contempla la ley, y que deben cumplir los responsables, pues no se detalla su contenido ni establecen un estándar mínimo de cumplimiento, lo que ha generado un vacío legal que dificulta la supervisión por parte de la autoridad y permite que algunos particulares adopten medidas insuficientes, dejando desprotegidos los datos de millones de personas.
El legislador ecologista destaca que, en la actualidad, la información personal se ha convertido en un elemento central de la economía y sobre todo en el mundo digital. Es decir, que las empresas y organizaciones recopilan, procesan y almacenan grandes cantidades de información para ofrecer servicios personalizados, optimizar procesos y generar innovación. Sin embargo, este avance también ha incrementado la vulnerabilidad de la población frente a riesgos como ciberataques, fraudes, extorsiones, robo de identidad y manipulación indebida de información.
Resalta que, en México, los incidentes relacionados con la filtración de datos personales han aumentado de forma considerable. Según información reciente, durante el primer trimestre de 2025, se registraron 35 mil 200 millones de ciberataques contra sistemas que contienen información personal, por lo que la protección de datos, la validación de accesos y la seguridad en la nube no pueden depender únicamente de la tecnología, sino también de políticas claras, estructuras robustas y decisiones desde los niveles más altos de dirección.
Quiroga Treviño, señala que la carencia de medidas de seguridad en los datos personas afecta a las a las personas ciudadanas, quienes enfrentan consecuencias directas en su seguridad y privacidad pues la exposición indebida de bases de datos facilita la comisión de delitos como el robo de identidad, el fraude financiero, la extorsión y el acoso digital, generando un entorno de desconfianza hacia el uso de plataformas tecnológicas y reduciendo las posibilidades de inclusión digital.
Explica que, por ello, su propuesta busca precisar el alcance de las medidas de seguridad que ya contempla la ley, estableciendo definiciones claras y enumerando, de manera enunciativa pero no limitativa, las acciones mínimas que deben llevarse a cabo en cada ámbito. Con ello, se pretende fomentar una cultura de protección de datos que trascienda la mera formalidad administrativa y se base en la adopción de prácticas robustas y actualizadas frente a los retos tecnológicos actuales.
En ese sentido se establece que las medidas administrativas promoverán que las empresas cuenten con políticas internas, protocolos de actuación y programas de capacitación que fortalezcan la responsabilidad de su personal en la protección de datos, mientras que las medidas físicas estarán orientadas a garantizar la seguridad de los espacios y equipos donde se almacena la información, limitando accesos y previniendo daños o pérdidas.
Y, finalmente, las medidas técnicas establecerán la obligación de utilizar herramientas y tecnologías avanzadas para proteger entornos digitales, incluyendo esquemas de privilegios de usuarios, actualizaciones periódicas de software y la gestión segura de comunicaciones y almacenamiento.
- Detalló que existen zonas urbanas con infraestructura de primer nivel y regiones rurales o periurbanas donde la población solo tiene acceso a instalaciones improvisadas, deterioradas o inseguras.
Con la finalidad de fomentar la equidad, mejorar el rendimiento deportivo y promover la salud pública, así como asegurar que todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica, tengan acceso a instalaciones adecuadas para la práctica del deporte, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa para establecer un marco normativo que garantice la estandarización de las instalaciones deportivas en todo el país.
Aseguró que la falta de estandarización en las instalaciones deportivas a nivel nacional ha generado desigualdades en el acceso y la calidad de los espacios destinados a la práctica deportiva, lo que no solo afecta el rendimiento y la seguridad de los atletas, sino que limita el potencial de desarrollo de talentos deportivos y la promoción de un estilo de vida saludable entre la población.
Lamentó que México no cuente con un marco normativo que asegure la estandarización nacional de las instalaciones deportivas, lo que ha detonado graves asimetrías entre entidades federativas y municipios. En este sentido, detalló que existen zonas urbanas con infraestructura de primer nivel y regiones rurales o periurbanas donde la población solotiene acceso a instalaciones improvisadas, deterioradas o inseguras.
Por ello, en su iniciativa propone la creación del Plan Nacional de Estandarización de Instalaciones Deportivas 2025–2035 (PNEID 2025), que busca, entre otras cosas, homologar el diseño y construcción de instalaciones deportivas; reducir desigualdades entre regiones; fomentar mejores prácticas de ingeniera, arquitectura y planeación urbana; evitar duplicidades o inversiones sin impacto; y generar infraestructura segura, accesible y sustentable.
Además, el PNEID 2025 pretende dar respuesta a la necesidad de contar un cuerpo normativo sobre la construcción y mantenimiento de las instalaciones deportivas de México en todos los niveles de gobierno, y para todas las vertientes del deporte: recreación, salud y práctica, alto rendimiento y deporte espectáculo.
Agregó que se asignaría a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) la rectoría normativa, lo que permitirá integrar las instalaciones deportivas a planes urbanos y de movilidad, garantizar estándares técnicos adecuados en diseño y construcción, supervisar infraestructura de forma profesional y con equipos especializados, evitar improvisaciones o instalaciones construidas sin criterios de seguridad, así como vincular el deporte con la regeneración urbana y la cohesión social.
Finalmente, subrayó que su propuesta busca colocar al deporte en el centro de una política pública integral, urbana, social y humana, que reconozca que una instalación deportiva digna no es un lujo, sino un componente fundamental del bienestar y un derecho de todas y todos.
- La propuesta promueve una educación basada en el uso ético y responsable de las herramientas tecnológicas
La diputada Maricela Silva Andraca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, con el objetivo de fomentar el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) dentro del Sistema Educativo Nacional.
La propuesta establece que se promoverá una educación basada en el uso ético y responsable de las herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial, orientada a fortalecer el bienestar de las sociedades, el respeto a las libertades y derechos fundamentales de todas las personas, así como la dignidad humana.
Asimismo, se plantea que la orientación integral en la formación educativa considere de manera expresa el conocimiento tecnológico, mediante el empleo responsable de las tecnologías de la información, reconociendo su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Entre los puntos centrales de la iniciativa se encuentra la incorporación, en los planes y programas de estudio que imparte el Estado, de la enseñanza de la inteligencia artificial, con el fin de que los educandos adquieran conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y competencias profesionales, así como los valores necesarios para su uso responsable.
De igual manera, se propone que la Secretaría de Educación Pública establezca de manera progresiva una Agenda Digital Educativa, la cual orientará modelos, planes, programas, iniciativas, acciones y proyectos pedagógicos y educativos, para el aprovechamiento de las tecnologías de la información, la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje digital, tanto para estudiantes como para docentes.
La diputada Maricela Silva subrayó que si bien el uso responsable de la inteligencia artificial ofrece numerosos beneficios y un impacto positivo en el desarrollo del entorno social, también existen riesgos que deben prevenirse, como la posible transgresión de los derechos y libertades fundamentales, por lo que el sistema educativo mexicano tiene un papel trascendental en la formación de una convivencia armónica, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social, la responsabilidad ciudadana, el pensamiento crítico y el cuidado del medio ambiente.
Finalmente, Silva Andraca destacó que esta iniciativa busca adaptar al país a las nuevas realidades tecnológicas e inculcar en las nuevas generaciones una enseñanza de la inteligencia artificial alineada con el desarrollo humano integral, como lo establece la Ley General de Educación.
