- Se busca robustecer el marco jurídico y brindar mayor seguridad a las personas, familias y grupos en situación de vulnerabilidad, exclusión, discriminación, desplazamiento y movilidad que no se les discrimine una vez estando en suelo mexicano.
Señaló que en nuestro país se reconocen derechos sociales y humanos, incluyendo la libertad de tránsito, la no discriminación, la protección de la unidad familiar, acceso a la justicia, a la salud y a la educación, entre otros, sin embargo, las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad han sufrido exclusión, discriminación, marginación, movilidad o el desplazamiento, por lo que requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar.
Subrayó que uno de los grupos más vulnerables y discriminados son las personas migrantes en tránsito irregular por el territorio, así como las personas migrantes en retorno desde Estados Unidos, además de que, en ambos casos, las niñas, niños y adolescentes no acompañados son los más vulnerables.
- Actualmente la menstruación sigue siendo un tema lleno de estigmas, tabús y prejuicios, y marcadamente sigue siendo entre nuestra sociedad motivo de burla o vergüenza.
A fin de garantizar la salud menstrual como derecho humano, así como fomentar entornos escolares informados, respetuosos, y libres de estigmas, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General de Educación, con el propósito de promover el acceso de las mujeres y las niñas a información y educación adecuadas y accesibles sobre la higiene menstrual.
Lamentó que actualmente la menstruación sigue siendo un tema lleno de estigmas, tabús y prejuicios, y marcadamente sigue siendo entre nuestra sociedad motivo de burla o vergüenza.
“No es posible que como sociedad, sigamos señalando a la menstruación como algo “malo”, como el “castigo por ser mujer”, como el pretexto favorito de chistes y burlas, de segregación y discriminación, como algo “sucio” y “deplorable””, reprochó la senadora.
Agregó que además, es un tema del que sigue habiendo una gran falta de información, ante lo que señaló que en una encuesta realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 69 por ciento de las adolescentes, mujeres y personas menstruantes encuestadas, tenía poca o nada de información cuando les llegó su primer período.
Ante este panorama, recordó que en el año 2023, UNICEF México resaltó la importancia de brindar herramientas e información adecuadas para que las niñas, adolescentes y personas que menstrúan puedan vivirla de una manera sana y digna, así como contribuir en la construcción de entornos libres de acoso y discriminación.
Por ello, la legisladora recalcó que la educación en salud menstrual debe incorporarse en la formación de niñas, niños y adolescentes, además de que hizo énfasis en que debe implementarse en espacios donde se sientan seguros y cómodos de participar.
Y es que aseguró que no solo las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes deben contar con información sobre esta etapa, sino también hombres, personal escolar y personas facilitadoras del saneamiento deben contar con las herramientas necesarias, esto con la finalidad de hacer una sociedad más empática y consciente de la naturaleza del cuerpo humano.
La senadora reconoció que en nuestro país “no hemos sido capaces de ofrecer esos entornos libres de acoso y discriminación que nos permitan vivir una menstruación sana y digna”, por ello, explicó que su propuesta busca, entre otras acciones, facultar a las autoridades educativas a promover programas de educación y sensibilización en salud menstrual, orientados al bienestar físico, mental y social; incorporar en los contenidos de los planes y programas de estudio, educación que incluya la salud menstrual desde un enfoque científico, de igualdad y respeto; y facultar a las autoridades educativas a facilitar el acceso gratuito a productos de salud menstrual en los planteles educativos.
- La reforma busca garantizar que cualquier acto de violencia sexual contra menores sea atendido de manera inmediata y con pleno respeto a sus derechos
La diputada Celia Esther Fonseca Galicia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia sexual, sin excepción por el ámbito donde ocurra ni por la investidura de quien la cometa.
Durante la presentación de su iniciativa, Fonseca Galicia, destacó que la propuesta parte de un principio fundamental, ningún espacio está por encima de la ley y ningún derecho puede ser utilizado como escudo para tolerar o encubrir delitos contra la niñez. En ese sentido, la reforma busca garantizar que cualquier acto de violencia sexual contra menores sea atendido de manera inmediata y con pleno respeto a sus derechos.
La propuesta establece la obligación expresa de notificar de forma inmediata a las autoridades competentes, tanto en materia de procuración de justicia como de protección de la niñez, cuando exista conocimiento de delitos cometidos contra niñas, niños o adolescentes.
Asimismo, se aborda de manera directa el tema del consentimiento, al dejar claro que en ningún caso el supuesto consentimiento de una persona menor de edad exime de responsabilidad penal, administrativa o civil a quien cometa un delito en su contra. La legisladora explicó que dicho consentimiento carece de validez jurídica cuando existe una relación de poder, autoridad o influencia moral o espiritual.
Durante su intervención, la legisladora subrayó que la violencia sexual infantil es una problemática que no admite ambigüedades ni silencios, y recordó que la mayoría de estos delitos se cometen por personas cercanas y de confianza, incluyendo entornos familiares, sociales, deportivos y también religiosos. Señaló que, pese a los avances legislativos, persiste una deuda histórica con la niñez que exige acciones firmes y claras.
La diputada Fonseca puntualizó que esta reforma no criminaliza creencias ni persigue instituciones religiosas, sino que protege personas y fortalece la legalidad, estableciendo responsabilidades claras para prevenir y sancionar la violencia sexual infantil, sin estigmatizaciones ni excepciones.
Finalmente, hizo un llamado a las y los legisladores a asumir la responsabilidad colectiva que implica legislar en favor de la niñez, recordando que cada caso no denunciado y cada agresor que evade la justicia representa una herida profunda para la sociedad.
