- Foro impulsa una ruta integral para fortalecer la soberanía energética y mejorar la calidad del aire.
- México depende en más de 40% de gasolinas importadas y sólo usa 5.8% de etanol.
En el marco del Foro “Biocombustibles: componente estratégico para fortalecer la soberanía energética”, la senadora Maki Ortiz Domínguez subrayó la importancia de consolidar una política energética más limpia frente a la vulnerabilidad del país, marcada por la dependencia de gasolinas importadas y los retos en materia ambiental y de salud pública.
El encuentro, que contó con la participación de legisladores, autoridades, especialistas y representantes del sector energético, agrícola e industrial, Ortiz Domínguez subrayó que el sector energético requiere una visión integral que considere la experiencia internacional, como el caso de Brasil, país que ha impulsado el etanol desde los años 70 como estrategia de seguridad bioenergética, logrando en 2025 una mezcla obligatoria de 30% y una producción superior a 36 mil millones de litros en 2024.
Por otra parte, la legisladora ecologista advirtió que México enfrenta una dependencia energética de más del 40% en importación de gasolinas, lo que representa un riesgo en un contexto internacional marcado por volatilidad de precios e incertidumbre energética.
“Mientras otras naciones ya operan con mezclas cercanas al 30% y los precios de su gasolina representan la mitad de lo que pagamos en México, necesitamos incrementar el porcentaje de etanol de 5.8% que tenemos hoy, a niveles de 10 al 15% o más, si es posible”, indicó.
Dijo que a ello se suma un parque vehicular envejecido, donde más de la mitad de los autos supera los 10 años de antigüedad, lo que incrementa las emisiones contaminantes, particularmente en el Valle de México, donde las contingencias por ozono y partículas finas afectan la salud de millones de personas.
Ortiz Domínguez destacó que este tipo de encuentros permite analizar aspectos clave como la capacidad productiva del campo mexicano, la inversión necesaria, el papel de la industria y los ajustes regulatorios requeridos para aprovechar la ley de biocombustibles.
Finalmente, la legisladora subrayó la importancia de avanzar hacia una política energética más limpia, competitiva y soberana, considerando el bienestar de las familias, los costos de transporte y la calidad del aire.
- Impulsan marco regulatorio para cerrar la brecha financiera en comunidades rurales.
- Sólo el 6.3% de los productores rurales tiene acceso a crédito y apenas el 54.8% cuenta con ahorro formal.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín planteó la necesidad de construir un marco regulatorio adecuado para las Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCOS), al señalar que la falta de reglas claras limita el acceso al ahorro y al crédito en las zonas rurales del país, durante un encuentro realizado en el Senado de la República en el que participaron legisladores y representantes del sector.
Ramírez Marín señaló que esta propuesta surge de la necesidad de cerrar la brecha entre el sistema financiero tradicional y las realidades del entorno rural, donde, dijo, persisten condiciones que impiden el acceso efectivo al ahorro y al crédito.
Reconoció que su acercamiento al tema ha sido resultado de la interacción con especialistas, lo que le ha permitido dimensionar la falta de respuestas institucionales frente a esta problemática.
Asimismo, indicó que existe una desconexión entre el sistema financiero tradicional y las realidades de las comunidades rurales. Explicó que estas instituciones suelen ser tratadas como bancos, lo que genera dos obstáculos principales: la percepción de que no pueden operar en zonas marginadas y la exigencia de cumplir con regulaciones diseñadas para la banca convencional.
Dijo que el problema no radica únicamente en la falta de recursos económicos en el campo, sino en la ausencia de mecanismos que permitan retenerlos y transformarlos en oportunidades de financiamiento.
En este sentido, el legislador señaló que las SOFINCOS pueden convertirse en un instrumento clave para canalizar el ahorro y convertirlo en crédito, especialmente en comunidades donde el sistema financiero tradicional no tiene presencia efectiva.
Destacó que las cifras evidencian la urgencia de atender esta situación: sólo el 54.8 por ciento de la población rural cuenta con una cuenta de ahorro formal, frente al 71.2 por ciento a nivel nacional, y apenas el 6.3 por ciento de los productores rurales tiene acceso a crédito.
Ramírez Marín indicó que, pese a la llegada constante de remesas, estos recursos no logran consolidarse en las comunidades por la falta de instituciones que los capten y transformen en instrumentos financieros. Ejemplificó el caso de Oaxaca, donde más de mil socios lograron ahorrar 76 millones de pesos en una década, sin que estos recursos se traduzcan plenamente en crédito productivo.
Finalmente, el legislador ecologista subrayó que la intención es clara, debido a que se busca fortalecer el ahorro y el crédito en estas zonas, impulsar la economía rural y avanzar hacia una verdadera justicia social en México.
- Menores navegan por plataformas digitales sin supervisión
El uso sin control de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes a encendido las alarmas en el Congreso capitalino, por ello la diputada Elvia Estrada Barba subió a tribuna a presentar una iniciativa para solicitar la regulación al acceso a internet y proteger la seguridad de estos usuarios.
Hoy, miles de menores navegan todos los días en plataformas digitales sin filtros ni supervisión suficiente, lo que los deja expuestos a situaciones graves como ciberacoso, engaños por parte de adultos (grooming), robo de datos personales e incluso explotación en línea.
Ante este panorama la legisladora advirtió que no se trata de casos aislados. El problema existe y va en aumento, afectando la salud emocional, la seguridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
"Las redes sociales pueden ser una herramienta útil, pero también un espacio peligroso cuando no hay reglas claras", señaló Estrada Barba.
Actualmente, aunque existen leyes que reconocen el derecho de acceso a internet, no hay una regulación específica que obligue a las plataformas a proteger de manera efectiva a menores de edad.
Por ello, la propuesta plantea poner orden en el mundo digital con medidas concretas como: Control de acceso por edad, Mayor supervisión de madres y padres, Responsabilidad directa de las plataformas y Filtros de contenido más estrictos.
La legisladora insistió que no se trata de prohibir el uso de redes sociales, sino de hacerlas más seguras, "hoy no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestras niñas y niños están en riesgo frente a una pantalla".
Finalmente, hizo un llamado a actuar con urgencia para proteger a la niñez en el entorno digital, antes de que los daños sean mayores.
