- Con esta propuesta el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano contará con la base legal para influir a través de sus programas y lineamientos internos en la erradicación de la violencia digital y mediática contra las mujeres y las niñas.
Con la finalidad de coadyuvar en la erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres y las niñas, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, así como evitar la violencia digital y mediática como principio rector del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Explicaron que con esta propuesta el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano contará con la base legal para influir a través de sus programas y lineamientos internos en la erradicación de la violencia digital y mediática contra las mujeres y las niñas.
Detallaron que si bien hay grandes avances en el país para lograr la igualdad sustantiva de mujeres y niñas, aún hay camino por recorrer para erradicar las violencias contra las mujeres, y puntualizaron que uno de los aspectos en los que es necesario avanzar es el tema de la violencia mediática y digital.
Aseguraron que “este tipo de violencia cobra relevancia ya que los medios de comunicación y los medios digitales ejercen una poderosa influencia en la sociedad, a tal grado, que pueden llegar a determinar en los receptores y usuarios comportamientos y uso del lenguaje que puede llegar a ser ofensivo, discriminatorio e incluso violento”.
Destacaron que según un informe de la Alianza Global sobre Medios de Comunicación y Género, los medios de comunicación aún presentan a las mujeres con estereotipos sexistas, lo que propicia la violencia contra ellas y contribuye a la normalización de esta situación, además de que violenta sus derechos humanos.
De acuerdo con este mismo informe “en una semana son representados alrededor de 10 mil tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en los contenidos de radio y televisión, así como de la prensa escrita y las revistas de mayor cobertura y consumo a nivel nacional” entre los que se incluyen violencia física, sexual, psicológica, económica y feminicida, en los ámbitos familiar, laboral, educativo, institucional y comunitario.
Por otro lado, señalaron que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano cuenta con una red conformada por Canal Catorce y retransmite las señales de Canal Once, Canal 22, TV UNAM, TV Educativa y Canal del Congreso; además de que también opera la Red Altavoz Radio que tiene 13 estaciones en frecuencia FM y una en internet denominada SPR Informa, por lo que insistieron en la pertinencia de su propuesta ya que este sistema provee el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, lo que asegura el acceso de más personas a una mayor oferta de contenidos plurales y diversos de radio y televisión digital, los cuales deben estar libres de todo tipo de violencia digital y mediática contra niñas y mujeres.
- “Se busca brindar a las personas más vulnerables un espacio digno para recrearse y desarrollarse, porque el deporte debe ser un derecho real y efectivo, no un privilegio”: Corona Nakamura
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el artículo 90 de la Ley de Cultura Física y Deporte, con el propósito de garantizar que albergues, refugios, centros de asistencia social, estaciones migratorias y estancias provisionales cuenten con espacios adecuados para la práctica de actividades físicas y deportivas.
La propuesta legislativa subraya que la cultura física y el deporte son derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución mexicana como en tratados internacionales. En ese sentido, la reforma establece la obligación del Estado de asegurar que estas instalaciones públicas ofrezcan a las personas en situación de vulnerabilidad la posibilidad de ejercitarse, convivir y encontrar un espacio de recreación que contribuya a su inclusión social y bienestar integral.
La senadora por Jalisco recordó que la práctica deportiva no debe verse como un privilegio, sino como una herramienta de apoyo psicológico, físico y social para quienes atraviesan realidades complejas. “Más allá del ejercicio, se trata de brindar un entorno seguro donde las personas puedan sanar, desarrollar habilidades y prepararse para una mejor calidad de vida”, puntualizó.
Corona Nakamura explicó que, de aprobarse, la reforma obligará a las autoridades competentes a habilitar y mantener áreas deportivas en las instalaciones que atienden a grupos de atención prioritaria. Este cambio, dijo, permitirá avanzar hacia una política pública que no solo garantice derechos, sino que también elimine la exclusión y la marginación que aún enfrentan miles de personas en contextos de movilidad o asistencia social
Finalmente, la legisladora del Partido Verde subrayó que esta reforma representa un paso firme para transformar los espacios de asistencia social en lugares donde también se fomente la salud, la resiliencia y la esperanza.
“Se busca brindar a las personas más vulnerables un espacio digno para recrearse y desarrollarse, porque el deporte debe ser un derecho real y efectivo, no un privilegio”, concluyó Rocío Corona Nakamura.
- Más de 40% crecieron los homicidios dolosos cometidos por menores desde 2019.
- No se busca criminalizar a la juventud, sino otorgar al Estado de los instrumentos necesarios ante delitos de extrema violencia.
Ante el creciente número de delitos cometidos por adolescentes y la urgencia de cerrar vacíos legales que frenan la respuesta del Estado, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín propuso reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de crear un mecanismo excepcional que permita a los jueces, en casos de adolescentes de 16 y 17 años involucrados en delitos dolosos de extrema gravedad, ordenar que la sanción se ejecute bajo el régimen penal ordinario una vez alcanzada la mayoría de edad.
El senador señaló que el sistema de justicia penal para adolescentes fue diseñado con fines educativos y de reinserción. Sin embargo, la realidad actual muestra que grupos criminales reclutan a adolescentes para participar en homicidios dolosos, secuestros, violaciones agravadas o portación de armas de fuego, fenómeno que se ha extendido en entidades como Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Chihuahua y la Ciudad de México, donde ya constituye un problema estructural.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las carpetas de investigación por homicidio doloso cometidos por menores crecieron más del 40 por ciento entre 2019 y 2024. En la Ciudad de México, se duplicaron los casos de adolescentes de 14 a 17 años detenidos por homicidio y portación de armas, muchos de ellos reclutados desde los 12 años.
Por otra parte, organizaciones como Reinserta A.C. han advertido que más de 250 mil menores están en riesgo de ser cooptados, y que factores como la pobreza, la desintegración familiar y la sensación de impunidad favorecen esta dinámica.
Asimismo, casos recientes, como los asesinatos del empresario Samuel Cohen Gindi, en la colonia Anzures, y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo -ambos cometidos, según las investigaciones, con participación directa de adolescentes de 16 y 17 años- ejemplifican una tendencia en la que jóvenes asumen responsabilidades letales dentro de grupos delictivos.
En ese sentido, el senador Ramírez Marín destacó que su propuesta no busca criminalizar a la juventud, sino dotar al Estado de instrumentos proporcionales y garantistas ante delitos de extrema violencia, protegiendo a las víctimas sin renunciar al enfoque humanista del sistema juvenil.
Además, incorpora un nuevo Título VII Bis a la legislación especializada, donde se fijan criterios, plazos y procedimientos claros para garantizar que cualquier decisión judicial se base en evidencia técnica y en la protección de los derechos humanos.
Finalmente, el legislador del Partido Verde destacó que esta iniciativa busca cerrar vacíos legales, fortalecer la seguridad pública y restituir la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para responder con firmeza y proporcionalidad ante los desafíos que plantea la creciente violencia juvenil en el país.
