- Afirmaron que en materia de salud mental el enfoque preventivo siempre es el más efectivo y menos costoso.
Para facilitar la atención de trastornos como la depresión, ansiedad y otros en menores de edad, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para impulsar la creación de redes juveniles por la salud mental, es decir, grupos de apoyo en todos los planteles educativos y en Centros de Asistencia Social, entre niñas, niños y adolescentes, para intercambiar experiencias y ayudar en la prevención, detección y seguimiento de los trastornos de la salud mental y adicciones.
Explicaron que mantener una buena salud mental es importante para enfrentar el estrés de la vida cotidiana, tener relaciones interpersonales sanas, contribuir en forma significativa con la comunidad, trabajar productivamente y alcanzar nuestro máximo potencial, sin embargo, todas las personas son vulnerables a padecer trastornos mentales en algún momento de la vida, siendo la niñez y la adolescencia las etapas donde se puede ser más propensos a los trastornos mentales.
Hicieron énfasis en que es indispensable reconocer y tratar los trastornos mentales de las niñas y niños desde el comienzo, ya que una vez que el trastorno mental se desarrolla, se vuelve una parte habitual de la conducta, lo que lo hace más difícil de tratar, además de que quien padece un trastorno mental, sufre además exclusión social, discriminación, dificultades educativas, mala salud física y violaciones de los derechos humanos, y pueden ser víctimas de estigmatización, lo cual puede disuadirlos de buscar ayuda, e incurrir en conductas de riesgo como el consumo de sustancias o prácticas sexuales no seguras.
Destacaron que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada siete personas entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental; mientras que en nuestro país el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones revela que entre los trastornos que más afectan a las niñas, niños y adolescentes destacan: el trastorno de conducta, el trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), los trastornos del desarrollo intelectual, y el trastorno del espectro autista.
Además de que a raíz de la pandemia por COVID-19, las niñas, niños y adolescentes se enfrentaron a largos periodos de aislamiento social y sobreexposición a los dispositivos electrónicos, lo que se derivó en estados depresivos, trastornos alimentarios, ansiedad, consumo de sustancias psicoactivas, uso excesivo de internet, autolesiones e incluso suicidios.
Insistieron en que cuando no se trata oportunamente un trastorno de salud mental en niñas, niños y adolescentes, “sus consecuencias se extienden a la edad adulta, perjudican su salud física y mental, pudiendo llegar hasta el suicidio, o limitar sus posibilidades de llevar una vida plena”. Por ello, aseguraron que el enfoque preventivo siempre es el más efectivo y menos costoso.
Finalmente subrayaron que debido al tiempo que pasan en ellas, las escuelas y los centros de asistencia social se convierten en espacios ideales para crear estos grupos de apoyo que contribuyan a visibilizar y atender los trastornos de la salud mental y adicciones de los menores de edad, por lo que destacaron que con su propuesta, las autoridades educativas implementarán estas acciones bajo la normatividad que emita la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Salud.
- La medida será gradual y acorde al presupuesto, para fortalecer la salud pública, cuidar la economía familiar y asegurar atención médica a todos los infantes.
- Más del 67% de niñas y niños vulnerables quedarían protegidos con esta reforma.
Con el objeto de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y prevenir enfermedades tratables, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para ampliar de 5 a 12 años la exención del cobro de cuotas de recuperación por atención médica y medicamentos a menores de edad cuando no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social.
La legisladora destacó que la iniciativa, que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, busca ampliar la cobertura hasta los 12 años lo que permitiría proteger al 67.6 por ciento de las niñas y niños que actualmente quedan excluidos de este beneficio, pese a encontrarse en condiciones de marginación y sin acceso a servicios de salud públicos
Dijo que México cuenta con más de 42 millones de menores de edad, lo que representa el 33.8 por ciento de la población, muchos de ellos expuestos a condiciones de vulnerabilidad que se agravan cuando no tienen acceso oportuno a servicios médicos.
Recordó que en 2005 se avanzó de manera significativa al exentardel cobro de atención médica y medicamentos a niñas y niños de hasta cinco años que no fueran derechohabientes de alguna institución de salud.
No obstante, la legisladora advirtió que la realidad actual ha rebasado ese límite de edad, ya que hoy se registra un aumento significativo de padecimientos prevenibles y tratables en niñas y niños mayores de cinco años, los cuales, sin atención oportuna, pueden derivar en complicaciones graves o incluso en la muerte
Corona Nakamura destacó que padecimientos como la obesidad, las infecciones respiratorias, el asma, la gastritis y las enfermedades intestinales han aumentado de forma alarmante entre la población de 5 a 14 años. Asimismo, alertó que los tumores malignos ya son la segunda causa de muerte en menores de ese rango de edad, pese a que muchos casos son tratables si se detectan oportunamente.
Finalmente, la legisladora ecologista comentó que la iniciativa propone ampliar la exención del cobro hasta los 12 años de edad, en concordancia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y prevé una aplicación gradual, sujeta a la disponibilidad presupuestaria, con el fin de fortalecer la salud pública, proteger las finanzas familiares y garantizar que ninguna niña o niño quede sin atención médica por falta de recursos económicos.
- Si estos incendios dañan elementos naturales como la flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente, es imperativo que quienes los provoquen deban ser castigados acorde a su falta.
A fin de inhibir la acción de provocar incendios forestales, y con ello proteger los ecosistemas forestales del país, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para establecer un tipo penal específico adicionando un artículo 420 bis, para incrementar las penas en cuatro a doce años de prisión y una multa de 600 a seis mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) contra quien cometa este delito.
Explicaron que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que la superficie forestal de México asciende a 138.7 millones de hectáreas, es decir, el 70.6 por ciento del territorio nacional. Agregaron que esta superficie es hábitat de una gran cantidad de especies de plantas y animales, además de que, gracias a nuestros bosques y selvas, México tiene un notable desarrollo en la industria forestal que va desde el aprovechamiento sustentable hasta la transformación y la comercialización de los recursos forestales.
Subrayaron que los ecosistemas forestales proporcionan múltiples servicios ambientales, entre ellos, mantener la provisión de agua en calidad y cantidad; generar oxígeno; controlar la erosión, así como la generación, conservación y recuperación del suelo; coadyuvar en la captura de carbono y la asimilación de diversos contaminantes; proteger la biodiversidad, de los ecosistemas y las formas de vida; propiciar y permitir la polinización de plantas y el control biológico de plagas; además de que son el espacio en donde se lleva a cabo la degradación y el reciclaje de desechos orgánicos; permiten la apreciación del paisaje y la recreación.
Asimismo, los bosques y selvas suministran recursos naturales como como agua, madera, combustible, medicinas y alimentos; son hogar de pueblos originarios y un elemento esencial de su cultura; además, las actividades forestales generan empleo local y oportunidades de desarrollo en las comunidades cercanas.
Sin embargo, lamentaron que pese a su importancia social, ambiental y económica, los bosques mexicanos enfrentan múltiples amenazas, entre las que destacan el cambio climático, la fragmentación del hábitat, la degradación del suelo, las plagas, los cambios de uso de suelo y, particularmente los incendios forestales, que se han convertido en una de las principales causas de pérdida de ecosistemas y biodiversidad.
Detallaron que algunas de las consecuencias de los incendios forestales son el deterioro del ecosistema y la pérdida de calidad ambiental, la afectación indirecta a la salud humana, el desplazamiento, muerte de aves y animales silvestres, y la pérdida de la cobertura vegetal.
Reconocieron que solo el 0.94 por ciento de los incendios forestales es originado por causas naturales, mientras que el resto pueden ser identificadas por alguna actividad humana, entre ellos el 23.47por ciento son ocasionados de forma intencional, el 17.83 por actividades agrícolas, y de un 29.87 se desconocen las causas.
Ante este panorama, insistieron en que si estos incendios dañan elementos naturales como la flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente, es imperativo que quienes los provoquen deban ser castigados acorde a su falta, es decir, remitidos al Ministerio Público para determinar el posible delito ambiental.
Resaltaron que actualmente, el delito de incendio forestal se sanciona con una pena mínima de dos años y máxima de diez años de prisión, y cuando ocurre en Área Natural Protegida, la sanción puede alcanzar doce años. Sin embargo, dijeron que estas penas resultan insuficientes frente a la magnitud del daño ocasionado a la humanidad y a la riqueza ecológica del país.
