- No se debe escatimar en los esfuerzos para erradicar las fuentes de riesgo en torno al cáncer, una de las cuales es el asbesto.
Para reducir los peligros a la salud por la exposición al asbesto, además de atender las obligaciones constitucionales en torno a la garantía del derecho a la salud, la senadora Virginia Magaña Fonseca, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo de Guanajuato para que se realice un diagnóstico integral sobre la presencia y uso de asbesto en la entidad, además de que se elabore una estrategia progresiva de eliminación del uso de este mineral.
Explicó que el asbesto es popular por sus características de resistencia que permite aislar del ruido, el calor, la electricidad y químicos, además de que su procesamiento es económico y suele utilizarse para la construcción.
Sin embargo, resaltó que desde hace varios años la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Americana contra el Cáncer, han determinado el carácter cancerígeno del mineral cuando se encuentra disperso en el aire, lo cual sucede durante la extracción, procesamiento, o en caso de desgaste, rotura o reparación.
Agregó que de acuerdo con la OMS no existe un nivel de exposición al asbesto que sea seguro para la salud, sin embargo, se han descubierto enfermedades relacionadas con el asbesto en personas que estuvieron expuestas a él por períodos breves, por lo que enfatizó que este riesgo puede evitarse si se dejan de utilizar productos que lo contengan.
Dijo que de acuerdo con diversos estudios, las personas que enferman por exposición al asbesto no muestran síntomas de enfermedad sino hasta pasados varios años, por lo que insistió en que “es urgente tomar ahora mismo acciones encaminadas a la protección de la salud de las y los mexicanos”.
Destacó que el riesgo de la exposición al asbesto es tal, que tanto la OMS como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han promovido la prohibición de este mineral desde 1986 y más de 71 países ya lo han prohibido, sin embargo, en México no existe una prohibición total de su utilización. Destacó que la regulación de este mineral en el país se encuentra enfocada en el control de su uso y manejo a través de la NOM-125-SSA1-2016, la cual, aseguró que es insuficiente para garantizar la protección a la salud de la población en general y del medio ambiente, además de que actualmente tampoco existe algún programa de sustitución del asbesto, encaminado a eventualmente eliminar su uso.
Dijo que en el caso del estado de Guanajuato, los tumores malignos constituyen la tercera causa de muerte, según las Estadísticas de Defunciones Registradas, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que hizo énfasis en la urgencia de tomar acciones para prevenir este tipo de enfermedades, por lo que subrayó que no se debe escatimar en los esfuerzos para erradicar las fuentes de riesgo en torno al cáncer, una de las cuales es el asbesto.
- “Ante la falta de vigilancia en muchas de estas zonas, el respaldo de la Guardia Nacional será clave para fortalecer el trabajo de la CONANP”, destacó la senadora.
Para frenar los crecientes delitos ambientales y garantizar la preservación del patrimonio ecológico de México, la senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa para reformar el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, con el fin de que esta institución no solo salvaguarde los Parques Nacionales, sino todas las Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales del país.
Actualmente, la ley contempla únicamente la salvaguarda de los Parques Nacionales. No obstante, la legisladora argumentó que es urgente incluir a todas las zonas de alto valor ambiental como reservas de la biosfera, santuarios, monumentos naturales y áreas de protección de flora, fauna y recursos naturales, entre otras, debido a que estas zonas enfrentan graves amenazas como tala ilegal, tráfico de fauna silvestre, caza furtiva y cambio de uso de suelo.
“Las Áreas Naturales Protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad, garantizar el equilibrio ecológico y asegurar el desarrollo sostenible. Fortalecer su vigilancia y protección es una tarea impostergable”, afirmó la legisladora por Morelos.
Con el respaldo de su grupo parlamentario, Guerra Mena subrayó que muchas de estas áreas carecen de recursos suficientes para su vigilancia, por lo que el respaldo de la Guardia Nacional será vital para apoyar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en su labor diaria.
La reforma propone modificar el inciso c), fracción II del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, para que esta institución pueda actuar formalmente en la prevención de delitos dentro de todas las ANP federales, además de instalaciones hidráulicas y cauces de ríos.
Asimismo, recordó que las Áreas Naturales Protegidas no solo preservan la biodiversidad, sino que también aseguran servicios ecosistémicos estratégicos como el agua, los bosques y el equilibrio climático, fundamentales para el bienestar de las futuras generaciones.
“Con esta reforma el Partido Verde reafirma su compromiso con la protección ambiental, la seguridad ecológica del país y el desarrollo sostenible, mediante acciones concretas que fortalezcan el marco legal y la coordinación interinstitucional”, concluyó la senadora.
- La senadora Jasmine Bugarín propone brindar capacitación al personal no especializado, particularmente de instituciones educativas públicas y privadas, para desarrollar intervenciones psicológicas en forma simplificada o de baja intensidad.
Con la finalidad de atender los problemas de salud mental entre niñas, niños y adolescentes, particularmente depresión, ansiedad y estrés, la senadora Jasmine María Bugarín presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación para establecer la obligación de capacitar a personal no especializado en intervenciones psicológicas, a fin de que puedan brindar atención a personas expuestas a situaciones adversas.
La legisladora explicó que con la capacitación al personal no especializado, particularmente de instituciones educativas públicas y privadas, se podrán desarrollar intervenciones psicológicas en forma simplificada o de baja intensidad, ya que si bien existen profesionales de la salud mental, estos son escasos, por lo que no permite atender la demanda que actualmente vive nuestro país.
Agregó que aunque hay tratamientos conocidos y eficaces contra los trastornos mentales, más del 75 por ciento de las personas afectadas en los países de ingreso bajo o mediano no reciben tratamiento alguno.
Insistió en que diversos estudios demuestran que los programas de prevención reducen la depresión, por lo que subrayó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera necesario disponer de una variedad de recursos en salud mental, sin embargo, estas intervenciones raramente son accesibles para los que las necesitan.
Detalló que México actualmente enfrenta un gran número de situaciones que generan angustia en la población, pues enfrentan de manera cotidiana circunstancias extremadamente difíciles como violencia, pobreza, desaparición de personas, abusos, pérdidas graves, entre otros temas personales que los orillan al sufrimiento emocional que puede desencadenar en trastornos como la depresión, la ansiedad y el estrés, que en ocasiones pueden llevar al suicidio.
Destacó que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México las muertes por suicidio han aumentado, por ejemplo, en 2017, la tasa de suicidio fue de 5.3 por cada 100 mil habitantes; mientras que para el 2022, la cifra aumentó a 6.3 por cada 100 mil habitantes. En estas mismas cifras se descubrió que de las personas que no cuentan con redes de apoyo, el 25.8 por ciento se sintió con depresión más de la mitad de la semana anterior o casi todos los días, a diferencia de quienes cuentan con apoyo, entre las que el porcentaje disminuyó a 12.6 por ciento.
Por ello, insistió en la urgencia de aplicar intervenciones psicológicas de baja intensidad como la "Terapia Cognitiva Conductual (TCC)" o la "Psicoterapia Interpersonal (IPT)", las cuales se rigen bajo los estándares establecidos internacionalmente, como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
