- Iniciativa vincula el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias con la Ley de Migración para garantizar el cumplimiento de pensiones.
- En 2024 se registraron más de 28 mil denuncias por incumplimiento alimentario y sólo 38.6% de los divorcios se otorgó pensión.
Las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para impedir la salida del país a personas deudoras alimentarias inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el fin de asegurar que quienes incumplan con el pago de alimentos no puedan salir del territorio nacional, para proteger el derecho a alimentos de niñas, niños y adolescentes y asegurar su bienestar y sustento.
La propuesta, busca vincular el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) con la Ley de Migración para asegurar que el bienestar y el sustento de este sector poblacional se cubra de forma prioritaria y garantizar el acceso a una pensión alimenticia que cubra necesidades básicas como comida, vivienda, educación y salud.
Explicaron que las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, por incumplir con el pago de pensión, no puedan salir del territorio nacional, fortaleciendo así la coordinación entre autoridades y evitando vacíos legales.
Los legisladores señalaron que el derecho a alimentos es uno de los más vulnerados, ya sea por evasión de responsabilidades o por debilidad en los mecanismos de cumplimiento, lo que obliga a madres o personas cuidadoras a asumir la carga económica, profundizando condiciones de desigualdad.
Destacaron que la pensión alimenticia no es una prestación común, sino una medida de protección urgente que garantiza la supervivencia y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
En México, durante 2024 se registraron 28,148 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Ese mismo año, sólo en el 38.6% de los divorcios se otorgó pensión alimenticia, lo que evidencia una problemática persistente que afecta directamente a niñas, niños y adolescentes.
Aunado a ello, existen millones de mujeres que enfrentan la maternidad en condiciones de desventaja, muchas como jefas de familia.
Subrayaron que la iniciativa, que reforma la fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración, no vulnera derechos de terceros, sino que constituye una acción legítima para garantizar el bienestar de la infancia, romper ciclos de pobreza y fortalecer la corresponsabilidad parental.
Asimismo, destacaron la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades para cerrar vacíos legales y agilizar el intercambio de información, lo que permitiría una gestión más eficiente en el cumplimiento de obligaciones alimentarias.
Finalmente, las y los legisladores ecologistas urgieron a garantizar el interés superior de la niñez y evitar que el incumplimiento de obligaciones alimentarias siga afectando a millones de familias en el país.
- La accesibilidad debe ser efectiva y sostenida, y este dictamen garantiza dignidad, inclusión y derechos: Virginia Magaña.
- En México viven más de 9.5 millones de personas con discapacidad, quienes enfrentan diariamente obstáculos en su entorno inmediato: Rocío Corona.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República respaldó la reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para establecer verificaciones periódicas a condiciones de accesibilidad en espacios públicos, al considerar que es una medida necesaria ante barreras persistentes que enfrentan millones de personas en México.
La legisladora Virginia Magaña Fonseca señaló que construir rampas no es suficiente si nadie verifica que funcionen, por lo que esta reforma permitirá pasar del acto de inaugurar al compromiso de mantener.
Advirtió que la exclusión no solo es física, sino que limita el acceso a la escuela, al trabajo, al médico y al voto.
Dijo que en México más de 9 millones de personas viven con discapacidad y que, de acuerdo con el INEGI, una de cada tres identifica como principal obstáculo las condiciones del entorno. Subrayó que la discapacidad no reside en las personas, sino en las barreras sociales.
Explicó que la reforma al artículo 17 obliga a supervisar y mantener adecuaciones, alineándose con criterios nacionales e internacionales. Asimismo, indicó que la accesibilidad debe ser efectiva y sostenida, y que este dictamen garantiza dignidad, inclusión y derechos.
La senadora Rocío Corona Nakamura destacó que en México viven más de 9.5 millones de personas con discapacidad, equivalentes al 7.3% de la población, quienes enfrentan diariamente obstáculos en su entorno inmediato.
Señaló que las banquetas dañadas, las rampas inadecuadas y el transporte inaccesible evidencian que el problema va más allá de la norma; por ello, afirmó que no basta con inaugurar obras si no se les brinda mantenimiento, seguimiento y supervisión.
Corona Nakamura afirmó que este dictamen atiende esa omisión y refuerza políticas públicas de inclusión, alineadas con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso efectivo a los derechos.
- La reforma incorpora un enfoque de inclusión, al establecer la obligación de ofrecer subtitulaje autodescriptivo y herramientas tecnológicas para personas con discapacidad auditiva o visual.
El Partido Verde respaldó la aprobación de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, encaminada a fomentar y regular la producción, distribución, difusión, promoción, comercialización, circulación, exhibición y preservación de obras cinematográficas y audiovisuales.
El senador Gilberto Hernández Villafuerte, destacó que esta reforma representa una oportunidad histórica para actualizar el marco jurídico en materia cinematográfica, garantizar el acceso a la cultura y fortalecer la presencia del cine mexicano ante los cambios tecnológicos y el crecimiento de plataformas digitales.
Explicó que la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum responde a la necesidad de modernizar la legislación, al considerar que la Ley Federal de Cinematografía quedó rebasada por la nueva realidad tecnológica.
Asimismo, indicó que la nueva ley garantiza el derecho humano de acceso a la cultura, en pleno respeto de la libertad creativa, y coloca a las personas en el centro de la política pública cultural.
Destacó que el Estado mexicano asume con mayor firmeza su responsabilidad de promover la diversidad de contenidos y generar condiciones para que el cine nacional tenga una presencia real en la vida cotidiana.
Hernández Villafuerte señaló que las plataformas digitales deberán contar con secciones destacadas para producciones mexicanas, garantizando visibilidad frente a contenidos extranjeros.
El senador ecologista resaltó que la ley incorpora un enfoque de inclusión, al establecer la obligación de ofrecer subtitulaje autodescriptivo y herramientas tecnológicas para personas con discapacidad auditiva o visual.
Además, reafirma el respeto a la composición pluricultural del país, al promover el doblaje y la difusión en lenguas indígenas.
Finalmente, subrayó que esta reforma fomenta la libertad creativa, la descentralización cultural y la preservación del patrimonio audiovisual, y subrayó la necesidad de revalorar el cine mexicano como el séptimo arte que proyecta cultura, conocimiento y tradiciones.
