- Urge fortalecer las políticas públicas integrales, bajo un enfoque preventivo y de derechos, que garanticen el acceso a información y servicios de salud para niñas y adolescentes, a fin de reducir las brechas y atender los factores estructurales que perpetúan el embarazo en edades tempranas.
Con la finalidad de atender una de las problemáticas que aún afecta a nuestra sociedad, especialmente a un gran número de niñas y adolescentes de nuestro país, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para brindar acompañamiento integral durante el embarazo, parto y puerperio a niñas y adolescentes de manera oportuna y efectiva, asegurando su atención médica, protección jurídica, apoyo psicosocial y el pleno ejercicio de sus derechos.
Explicaron que el embarazo adolescente es un problema que aqueja a todo el mundo, y que exige soluciones integrales a largo plazo. Destacaron que según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2019 se registraron alrededor de 21 millones de embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años en países de ingreso mediano; mientras que en América Latina y el Caribe, la Organización de Naciones Unidas (ONU), estima que alrededor de 1.6 millones de adolescentes dan a luz cada año.
Particularmente en nuestro país, subrayaron que, de acuerdo con la UNAM, las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 14.6 y 15.5 años, además de que según el INEGI, en el año 2021 ocurrieron 147 mil 279 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años; y 3 mil 19 nacimientos en niñas menores a 15 años.
Destacaron que estos datos evidencian la urgencia de fortalecer las políticas públicas integrales, bajo un enfoque preventivo y de derechos, que garanticen el acceso a información y servicios de salud para niñas y adolescentes, a fin de reducir las brechas y atender los factores estructurales que perpetúan el embarazo en edades tempranas.
Hicieron énfasis en que el embarazo de niñas y adolescentes es un problema de salud pública con consecuencias sociales y económicas graves, entre ellas: perpetúa la desigualdad, ya que agudiza el ciclo de pobreza y limita las oportunidades socioeconómicas para las mujeres adolescentes, y sus entornos familiares en comparación con las mujeres que fueron madres adultas.
Agregaron que los embarazos no deseados en adolescentes también representan otro reto persistente: a menudo deriva en el abandono de recién nacidos. En este sentido apuntaron que la falta de madurez emocional, el acceso limitado a recursos económicos, la carencia de redes de apoyo y la ausencia de orientación adecuada dificultan la toma de decisiones informadas y la capacidad de asumir la responsabilidad que implica la crianza.
Afirmaron que otro factor que incide directamente en el embarazo de niñas y adolescentes es la violencia física, la violencia sexual y el abuso dentro del entorno familiar, hasta la coacción ejercida por personas cercanas o conocidas, por lo que insistieron en que “atender los desafíos relacionados con la salud sexual y reproductiva, implica abordar, de igual forma factores de violencia, barreras de acceso a los servicios y proporcionar información y consejería”.
Finalmente, subrayaron que su propuesta busca garantizar la coordinación de autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para garantizar el acompañamiento integral de niñas y adolescentes embarazadas desde el primer contacto institucional.
- No son recursos de libre disposición: se administrarán con un mecanismo plural para invertir en mitigación ambiental, equipamiento urbano y seguridad con total transparencia.
El senador Virgilio Mendoza Amezcua presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos y crear el Fondo para Municipios Portuarios, con el propósito de establecer un derecho especial de 30 pesos por tonelada importada en los puertos del país, a fin de generar recursos que permitan a los gobiernos locales atender los impactos urbanos, ambientales y sociales derivados de la actividad portuaria.
El legislador del Partido Verde dijo que México es una nación marítima con más de 11 mil kilómetros de litoral y 27 puertos estratégicos que conectan al país con las principales rutas comerciales del mundo.
“Esta infraestructura moviliza mercancías, impulsa el comercio global y local y contribuye directamente al crecimiento económico nacional; sin embargo, los municipios portuarios asumen costos que no son compensados adecuadamente”, agregó.
Mendoza Amezcua señaló que el incremento del tráfico pesado, el desgaste acelerado de la infraestructura, el deterioro ambiental y la presión sobre los servicios públicos recaen directamente en los gobiernos locales, sin que exista un mecanismo federal de redistribución justo y proporcional al impacto generado.
Recordó su experiencia como alcalde de Manzanillo y destacó que este puerto, que cuenta con la principal aduana marítima del país y la segunda a nivel nacional, movilizó en 2024 un total de 3.5 millones de TEU’s (unidad de medida estándar para la capacidad de los contenedores de transporte marítimo), además de registrar un crecimiento récord durante el primer trimestre de 2025.
El legislador explicó que los ingresos generados por las ASIPONAS (Administración del Sistema Portuario Nacional) y las aduanas se concentran en las arcas nacionales, por lo que la propuesta busca crear un mecanismo legal que permita a los municipios portuarios contar con recursos para hacer frente a las demandas que surgen del crecimiento portuario.
Dijo que el derecho especial de 30 pesos por tonelada importada se tributaría a la federación y, se entregaría a los municipios. “No se trata de recursos de libre disposición, sino que serían administrados mediante un mecanismo plural con participación de la comunidad portuaria, la federación, el gobierno estatal y el municipio, destinándose a mitigación ambiental, equipamiento urbano y seguridad”, indicó.
El senador ecologista afirmó que la medida tendría un impacto mínimo en el costo final de los productos, pero representaría un apoyo significativo para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar las condiciones del comercio en los municipios portuarios del país.
- Se busca incentivar el voluntariado ambiental de personas de 18 a 29 años con beneficios de movilidad sin costo.
- 258.6 millones usaron transporte urbano en septiembre de 2025; jóvenes gastan más del 19% de sus ingresos en movilidad, alerta INEGI.
El senador Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde, presentó una iniciativa para otorgar beneficios de transporte público gratuito a jóvenes de entre 18 y 29 años que participen en actividades ambientales certificadas, con el objetivo de incentivar su compromiso con el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente.
La iniciativa propone adicionar una fracción XI al artículo 31 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para impulsar programas que promuevan la participación voluntaria de personas jóvenes en acciones de conservación, preservación y restauración del equilibrio ecológico, otorgando beneficios de transporte público.
Melgar Bravo destacó que actualmente, muchos jóvenes destinan recursos propios para trasladarse a brigadas, escuelas o zonas de voluntariado, lo que limita su participación y profundiza desigualdades. La propuesta busca que el transporte gratuito funcione como un incentivo legítimo para fortalecer el liderazgo juvenil y la participación ciudadana frente a la emergencia climática.
De acuerdo con el INEGI, en septiembre de 2025 más de 258.6 millones de personas utilizaron los sistemas de transporte urbano en México; mientras que las juventudes destinan más del 19 por ciento de sus ingresos a este rubro, por lo que la movilidad representa uno de los principales gastos para los hogares.
Frente a estas cifras, Melgar Bravo comentó que su iniciativa establece que la implementación del programa podrá realizarse mediante convenios interinstitucionales entre autoridades de juventud, medio ambiente y transporte, así como con gobiernos estatales y municipales, sin generar nuevas cargas estructurales al sistema de transporte público.
La propuesta se sustenta en el artículo 4º constitucional, que garantiza el derecho a un medio ambiente sano y a la movilidad, así como en el artículo 3º, que establece que la educación debe fomentar el respeto al entorno y la solidaridad social.
El senador por Chiapas destacó que México tiene la oportunidad de convertirse en referente internacional al vincular la movilidad gratuita con la acción climática juvenil, fortaleciendo el liderazgo juvenil, la participación ciudadana y la respuesta frente al cambio climático.
