- En nuestro país la población de esta especie no ha crecido al ritmo esperado, ni está alcanzando los objetivos de abundancia, liberación y traslocación.
- Hoy enfrenta una nueva amenaza, ya que el presidente de los Estados Unidos emitió una orden ejecutiva con el objeto de ayudar a los ganaderos a combatir la depredación de ganado por parte del lobo mexicano.
La senadora Karen Castrejón, Trujillo, del Partido Verde presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que realicen o refuercen las acciones de coordinación con el Gobierno de Estados Unidos de América, para continuar la protección del lobo mexicano entre ambos países y evitar el retroceso de los avances del Plan de Recuperación del Lobo Mexicano, además de que se emita al Senado de la República un informe sobre la situación de la población de lobo mexicano en nuestro país.
Explicó que el lobo mexicano (Canis lupus baileyi) es la subespecie de lobo gris más pequeña de Norteamérica, y se distribuía en ambientes relativamente húmedos y templados, preferentemente en los bosques templados y pastizales, donde tenían acceso a una mayor disponibilidad de presas.
La senadora ecologista lamentó que debido a acciones de protección de ganado en México y Estados Unidos, ambos países permitieron la cacería del lobo mexicano, el cual fue exterminado de vida libre alrededor de 1970 como resultado de estas campañas de erradicación. Agregó que para revertir el impacto negativo de estas acciones, fue necesario que ambos países integraran un comité de colaboración conjunta para la recuperación de las poblaciones silvestres.
Detalló que actualmente la estrategia de recuperación para el lobo mexicano consiste en establecer y mantener un mínimo de dos poblaciones resilientes y genéticamente diversas, distribuidas en áreas ecológica y geográficamente diversas dentro del área de distribución histórica de la subespecie en Estados Unidos y México, sin embargo, lamentó que en nuestro país la población de esta especie no ha crecido al ritmo esperado, ni está alcanzando los objetivos de abundancia, liberación y traslocación.
Agregó que el lobo mexicano hoy enfrenta una nueva amenaza, ya que el presidente de los Estados Unidos el pasado 4 de septiembre, emitió una orden ejecutiva con el objeto de ayudar a los ganaderos a combatir la depredación de ganado por parte del lobo mexicano.
Aseguró que con esta orden se ponen en riesgo los avances de la población de Lobo mexicano, tanto en territorio estadounidense como mexicano, por lo que aseguró que se debe prever un nuevo entorno a la protección del lobo mexicano y generar nuevas estrategias nacionales que protejan esta especie en nuestro territorio y promuevan su liberación y en su caso la traslocación.
- Los mercados municipales desempeñan una función esencial como espacios públicos destinados al intercambio de bienes, al fortalecimiento de las economías locales y a la generación de oportunidades para las familias que dependen de esta actividad.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a los 36 Ayuntamientos del estado de Morelos para que fortalezcan las acciones de regulación, ordenamiento y regularización del comercio no establecido, además de que implementen estrategias para fomentar el comercio formal y el aprovechamiento ordenado de los mercados municipales.
Explicó que los mercados municipales desempeñan una función esencial como espacios públicos destinados al intercambio de bienes, al fortalecimiento de las economías locales y a la generación de oportunidades para las familias que dependen de esta actividad, sin embargo, reconoció que en diversos municipios de Morelos se ha incrementado actividades comerciales fuera de los establecimientos formalmente autorizados, es decir, vía pública, calles, banquetas, accesos a mercados, espacios comunes y zonas aledañas a los centros de abasto.
Aseguró que cuando estas actividades se realizan sin contar con los permisos, licencias, empadronamientos o medidas de seguridad correspondientes, generan condiciones de competencia desigual frente a quienes cumplen con sus obligaciones administrativas, fiscales y regulatorias.
Señaló que de acuerdo con una nota periodística publicada en "El Diario de Morelos", los comerciantes formales han señalado que la proliferación de vendedores en la vía pública ahoga la economía interna de los centros de abastecimiento.
La nota señala además que de acuerdo con registros municipales, existen más de mil 604 comercios semifijos con padrón oficial en el territorio capitalino, pero existe una cifra similar de vendedores informales sin permiso operando en las calles.
La senadora recalcó que la problemática no debe abordarse desde una perspectiva exclusivamente sancionadora, sino que las autoridades municipales deben impulsar políticas públicas que permitan transitar progresivamente hacia la formalidad, mediante procesos accesibles de regularización, orientación, empadronamiento, capacitación y acompañamiento a las personas comerciantes.
Insistió en que son los gobiernos municipales quienes deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que los mercados públicos funcionen de manera ordenada, segura, accesible y eficiente, procurando que dichos espacios cumplan con su función social y económica en beneficio tanto de las personas comerciantes como de quienes acuden a realizar sus compras.
Finalmente, agregó que no se trata de desconocer la importancia económica del comercio en vía pública para numerosas familias, sino de generar mecanismos que permitan ordenar dicha actividad, identificar a quienes la ejercen, establecer zonas y horarios permitidos, verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y facilitar su incorporación gradual a esquemas de formalidad.
- Es necesaria una política de largo plazo que dé certidumbre a este sector tan vulnerable y que coadyuve al cumplimiento de grandes objetivos del plan de desarrollo para volver al campo mexicano un motor de crecimiento regional.
Con la finalidad de fortalecer el campo mexicano, así como dotarlo de mayor certeza jurídica, la senadora Angélica Montes Rentería, del Partido Verde, presentó una iniciativa para que el programa de precios de garantía a productos alimentarios básicos sea una política permanente, para lo cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La senadora explicó que una de las problemáticas más complejas que enfrenta el campo mexicano es la concentración de los mercados, los canales de comercialización y los intermediarios que dejan en segundo plano a los productores con pérdidas y ganancias mínimas.
Además de que las principales barreras para vender sus productos son la dificultad para comercializarlos, debido a la intermediación excesiva o al coyotaje, la falta de transporte y almacenamiento, la falta de información de precio de los productos, la falta de capacitación y asistencia técnica, la poca organización de la producción y la inseguridad.
Agregó que estos factores, aunado al restringido acceso a los servicios financieros limitan el potencial económico de este sector, desaprovechando las vocaciones productivas y ventajas competitivas que tiene nuestro país en diversas regiones.
Ante este panorama, Montes Rentería recalcó que es “necesaria una política de largo plazo que dé certidumbre a este sector tan vulnerable y que coadyuve al cumplimiento de grandes objetivos del plan de desarrollo para volver al campo mexicano un motor de crecimiento regional”.
La senadora recordó que en el Programa Nacional de Desarrollo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2025, se encuentra el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para el ejercicio fiscal 2025, sin embargo, este acuerdo únicamente tenía vigencia durante el año 2025, por lo que insistió en que es necesario que los apoyos planteados en esta propuesta y en otros documentos oficiales, sean reconocidos en la normatividad nacional.
Por ello, explicó que su propuesta busca que el programa de precios de garantía a productos alimentarios básicos sea una política permanente, y detalló que perseguirá los siguientes objetivos: Que los apoyos definidos a los productores nunca estén por debajo de los costos de producción agrícola, considerando el producto, la región y la zona; proporcionar a los pequeños y medianos productores de granos básicos y de leche la certidumbre de contar con complemento a sus ingresos a través de la implementación de precios de garantía; facultar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para estimar los costos de producción agrícola a fin de determinar los montos de los apoyos; y que los programas de apoyo directo a productores en condiciones de pobreza nunca estén por debajo de los costos de producción agrícola.
“Durante muchos años las comunidades rurales fueron vistas únicamente como beneficiarias de programas; hoy debemos reconocerlas como protagonistas de desarrollo nacional”; finalizó.
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