- Foro impulsa una ruta integral para fortalecer la soberanía energética y mejorar la calidad del aire.
- México depende en más de 40% de gasolinas importadas y sólo usa 5.8% de etanol.
En el marco del Foro “Biocombustibles: componente estratégico para fortalecer la soberanía energética”, la senadora Maki Ortiz Domínguez subrayó la importancia de consolidar una política energética más limpia frente a la vulnerabilidad del país, marcada por la dependencia de gasolinas importadas y los retos en materia ambiental y de salud pública.
El encuentro, que contó con la participación de legisladores, autoridades, especialistas y representantes del sector energético, agrícola e industrial, Ortiz Domínguez subrayó que el sector energético requiere una visión integral que considere la experiencia internacional, como el caso de Brasil, país que ha impulsado el etanol desde los años 70 como estrategia de seguridad bioenergética, logrando en 2025 una mezcla obligatoria de 30% y una producción superior a 36 mil millones de litros en 2024.
Por otra parte, la legisladora ecologista advirtió que México enfrenta una dependencia energética de más del 40% en importación de gasolinas, lo que representa un riesgo en un contexto internacional marcado por volatilidad de precios e incertidumbre energética.
“Mientras otras naciones ya operan con mezclas cercanas al 30% y los precios de su gasolina representan la mitad de lo que pagamos en México, necesitamos incrementar el porcentaje de etanol de 5.8% que tenemos hoy, a niveles de 10 al 15% o más, si es posible”, indicó.
Dijo que a ello se suma un parque vehicular envejecido, donde más de la mitad de los autos supera los 10 años de antigüedad, lo que incrementa las emisiones contaminantes, particularmente en el Valle de México, donde las contingencias por ozono y partículas finas afectan la salud de millones de personas.
Ortiz Domínguez destacó que este tipo de encuentros permite analizar aspectos clave como la capacidad productiva del campo mexicano, la inversión necesaria, el papel de la industria y los ajustes regulatorios requeridos para aprovechar la ley de biocombustibles.
Finalmente, la legisladora subrayó la importancia de avanzar hacia una política energética más limpia, competitiva y soberana, considerando el bienestar de las familias, los costos de transporte y la calidad del aire.
- Impulsan marco regulatorio para cerrar la brecha financiera en comunidades rurales.
- Sólo el 6.3% de los productores rurales tiene acceso a crédito y apenas el 54.8% cuenta con ahorro formal.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín planteó la necesidad de construir un marco regulatorio adecuado para las Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCOS), al señalar que la falta de reglas claras limita el acceso al ahorro y al crédito en las zonas rurales del país, durante un encuentro realizado en el Senado de la República en el que participaron legisladores y representantes del sector.
Ramírez Marín señaló que esta propuesta surge de la necesidad de cerrar la brecha entre el sistema financiero tradicional y las realidades del entorno rural, donde, dijo, persisten condiciones que impiden el acceso efectivo al ahorro y al crédito.
Reconoció que su acercamiento al tema ha sido resultado de la interacción con especialistas, lo que le ha permitido dimensionar la falta de respuestas institucionales frente a esta problemática.
Asimismo, indicó que existe una desconexión entre el sistema financiero tradicional y las realidades de las comunidades rurales. Explicó que estas instituciones suelen ser tratadas como bancos, lo que genera dos obstáculos principales: la percepción de que no pueden operar en zonas marginadas y la exigencia de cumplir con regulaciones diseñadas para la banca convencional.
Dijo que el problema no radica únicamente en la falta de recursos económicos en el campo, sino en la ausencia de mecanismos que permitan retenerlos y transformarlos en oportunidades de financiamiento.
En este sentido, el legislador señaló que las SOFINCOS pueden convertirse en un instrumento clave para canalizar el ahorro y convertirlo en crédito, especialmente en comunidades donde el sistema financiero tradicional no tiene presencia efectiva.
Destacó que las cifras evidencian la urgencia de atender esta situación: sólo el 54.8 por ciento de la población rural cuenta con una cuenta de ahorro formal, frente al 71.2 por ciento a nivel nacional, y apenas el 6.3 por ciento de los productores rurales tiene acceso a crédito.
Ramírez Marín indicó que, pese a la llegada constante de remesas, estos recursos no logran consolidarse en las comunidades por la falta de instituciones que los capten y transformen en instrumentos financieros. Ejemplificó el caso de Oaxaca, donde más de mil socios lograron ahorrar 76 millones de pesos en una década, sin que estos recursos se traduzcan plenamente en crédito productivo.
Finalmente, el legislador ecologista subrayó que la intención es clara, debido a que se busca fortalecer el ahorro y el crédito en estas zonas, impulsar la economía rural y avanzar hacia una verdadera justicia social en México.
MÉXICO ENTRA A NUEVA ETAPA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA CON PLAN 2026-2029 DE LA FGR: PARTIDO VERDE
- Desde diciembre de 2025, la fiscal impulsa una gestión humanista que pone a las víctimas en el centro de la acción institucional: Luis Alfonso Silva Romo.
- El plan impulsa una reestructuración institucional, priorización de delitos y atención a víctimas: Rocío Corona.
Luego de la entrega del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 en la Cámara Alta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde, aseguró que México se encuentra en una nueva etapa en la procuración de justicia a nivel federal, al destacar la sensibilidad de la institución encabezada por Ernestina Godoy.
Dijo que este ejercicio permite conocer la situación que guarda la procuración de justicia en el país y las estrategias para mejorar su impartición, en un contexto donde la sociedad demanda resultados en seguridad, justicia y paz.
Silva Romo afirmó que la presencia de la fiscal refleja un ejercicio democrático donde el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas son fundamentales para el funcionamiento del Estado, por lo que aseguró que el informe presentado permite conocer de manera directa tanto los avances como las estrategias orientadas a mejorar la impartición de justicia.
También, reconoció los avances en materia de seguridad y persecución de los delitos, al señalar que la disminución en los índices de incidencia delictiva es resultado de la coordinación institucional, la planeación estratégica y la voluntad política.
No obstante, subrayó que los retos persisten y que la exigencia social se mantiene firme en la búsqueda de justicia y en la erradicación de la violencia y el crimen.
Añadió que el plan estratégico presentado constituye una hoja de ruta basada en un nuevo modelo de investigación e inteligencia, sustentado en el uso de la tecnología y la ciencia para anticipar fenómenos delictivos y desarticular estructuras criminales desde su origen.
Luis Alfonso Silva Romo aseguró que, desde el nombramiento de la fiscal en diciembre de 2025 por el Senado, su gestión se ha caracterizado por un enfoque humanista y de servicio al pueblo, colocando a las víctimas en el centro de la actuación institucional.
Dijo que la reestructuración de la Fiscalía busca consolidar una institución más eficiente, transparente y profesional, con un enfoque en la inteligencia criminal y el fortalecimiento del capital humano, así como en el uso racional de los recursos financieros.
Sin embargo, destacó la necesidad de continuar fortaleciendo la institución mediante procesos claros, indicadores verificables y resultados medibles que permitan evaluar su impacto real y garantizar el acceso efectivo a la justicia. Por ello, reiteró el respaldo del Partido Verde para impulsar reformas legales que fortalezcan la procuración de justicia y el Estado de derecho en beneficio de la población.
Por su parte, la senadora Rocío Corona Nakamura aseguró que la procuración de justicia es un objetivo fundamental para garantizar la seguridad jurídica, la paz y el respeto a los derechos humanos en el país.
Dijo que el Plan Estratégico, presentado por la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, reconoce avances y define prioridades ante una realidad donde, según el INEGI, más del 90% de los delitos no se denuncian o no derivan en investigación, y que menos del 2% concluyen en sentencia condenatoria, lo que evidencia una brecha estructural.
En tribuna la legisladora indicó que el plan contempla reestructuración institucional, un nuevo modelo de investigación con tecnología y priorización de delitos, fortaleciendo la coordinación y la atención a víctimas.
