- Apuntaron que un crecimiento desordenado del turismo o sin planeación y evaluación puede generar daños sociales, económicos y ambientales que afectan la sostenibilidad de los destinos.
Con la finalidad de promover un turismo sostenible e incluyente, que maximice sus beneficios económicos y sociales, pero que mitigue sus impactos negativos y garantice un desarrollo equilibrado y de largo plazo, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para facultar a la Secretaria de Turismo para que realice estudios y análisis para evaluar los efectos e impactos sociales, económicos y ambientales del turismo en las poblaciones o localidades donde se desarrolla esta actividad.
Destacaron que según cifras del el Barómetro ONU Turismo, México fue uno de los países que lideraron el crecimiento del turismo mundial entre los grandes destinos en la primera mitad de 2025, con un crecimiento del 7 por ciento.
Recalcaron que la contribución de este sector es altamente significativa en la generación de empleos, tanto directos como indirectos, además de que representa una fuente esencial de ingreso familiar y de divisas, fortalece la balanza de pagos y dinamiza las economías locales y regionales.
Sin embargo, reconocieron que el desarrollo turístico también plantea retos y externalidades negativas que deben ser atendidas de manera oportuna y responsable. Apuntaron que un crecimiento desordenado del turismo o sin planeación y evaluación puede generar daños sociales, económicos y ambientales que afectan la sostenibilidad de los destinos.
Entre estos problemas, destacan la presión sobre los recursos naturales, la contaminación, la degradación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, además de fenómenos sociales como la gentrificación, que precariza el trabajo, encarece los servicios, la vivienda y genera desplazamiento de las poblaciones originarias.
Añadieron que en los últimos años, la gentrificación de turistas incluso trasnacionales ha proliferado gracias a la utilización de plataformas digitales de hospedaje entre particulares, como Airbnb, fenómeno que aún no cuenta con estudios gubernamentales que evalúen de manera puntual sus impactos sociales y económicos.
Revelaron que en nuestro país existen tres observatorios de turismo en Guanajuato, Nuevo León y Tlaxcala, donde se integra información que permite el monitoreo y análisis de indicadores técnicos para el desarrollo de estrategias que contribuyan a mejorar la competitividad del estado destino y a la toma de decisiones, sin embargo, solamente un pequeño porcentaje de los datos es público en la plataforma web, mientras que el resto de los indicadores se mantienen a través de un registro de base de datos que no está disponible.
Destacaron que si bien han existido diversas estrategias y planes para el desarrollo de un turismo sustentable, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental (GTADA) siguen siendo altos, por ello insistieron en la necesidad de correlacionar los datos y necesidades a la política nacional de turismo para desarrollar acciones y estrategias que minimicen los impactos negativos de la actividad turística.
En este sentido, consideraron imprescindible que los programas sectorial, municipal y local de turismo cuenten con estudios y evaluaciones sobre los efectos e impactos sociales, económicos y ambientales en las poblaciones o localidades donde se desarrolla la actividad turística.
- Aseguró que si bien estos proyectos podrían contribuir con el crecimiento económico, podrían generar diversos impactos medioambientales a los que hay que poner atención.
Con la finalidad de proteger uno de los ecosistemas marinos más diversos y dinámicos del planeta y un punto estratégico de la región de América del Norte por su importancia en la conservación, la senadora Maki Ortiz Domínguez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), a la Secretaría de Turismo, al Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (IMIPAS) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para realizar acciones relacionadas con los proyectos de Plantas de Gas Natural licuado que pretenden instalarse en el Golfo de California.
Explicó que ha crecido el interés de diversas empresas extranjeras por desarrollar proyectos de plantas de licuefacción de gas natural extraído en Estados Unidos, en puertos ubicados en la costa noroeste del Pacífico Mexicano, entre los que se encuentran los proyectos "Terminal GNL de Sonora/ Saguaro Energía" (Saguaro), "American Mexican Integrated Gas Operations" (AMIGO), y "Vista Pacífico LNG (VPLNG)".
Sin embargo, declaró que dichos proyectos podrían afectar la zona del Golfo de California, en donde existen 25 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia federal, además de que alberga 900 especies de peces, de las cuales 90 por ciento son endémicas, así como el 39 por ciento de los mamíferos marinos del mundo, así como miles de especies de invertebrados marinos, macroinvertebrados, arrecifes de coral, algas microscópicas, macroalgas y manglares, entre otras especies.
Agregó que las aguas del Golfo de California son altamente productivas y una de las zonas de mayor pesca en el mundo y del país, aunado a que sostiene una de las economías de turismo de naturaleza más importantes de México, además de que los territorios aledaños son habitados por una diversidad de comunidades indígenas.
Aseguró que si bien estos proyectos podrían contribuir con el crecimiento económico, tanto habitantes de la región como representantes de organizaciones de la sociedad civil consideran que no deben ser autorizados ya que podrían generar diversos impactos medioambientales a los que hay que poner atención, además de que los consideran un retroceso a la ambición climática del país y alejan al Estado mexicano del cumplimiento de sus compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental.
Y es que aseguró que además de los efectos generados por las emisiones de gases de efecto invernadero, existen otros impactos como el que las plantas de licuefacción de gas emplean grandes cantidades de agua para enfriar el compuesto y condensarlo para volverlo líquido, además de que se liberan sustancias químicas al mar que podrían afectar la calidad de agua, al medio marino, y las especies que lo habitan.
Añadió que también se ha alertado sobre el aumento del estrés inducido por el ruido, que puede hacer que los animales sean más susceptibles a infecciones y dificultades físicas. Otro impacto es el relativo a potenciales colisiones de embarcaciones con animales marinos, lo cual genera una gran incertidumbre sobre los riesgos que pudiera tener esta actividad en las poblaciones de mamíferos marinos, especialmente ballenas y otras especies como tiburón ballena y tortugas marinas.
En este sentido, detalló que, entre las propuestas de su Punto de Acuerdo, se encuentran solicitar al INECC que lleve a cabo un estudio técnico y científico sobre los impactos de sus emisiones, directas, indirectas y fugitivas, de gases y compuestos de efecto invernadero, considerando las plantas, toda la infraestructura asociada a ellas y los procesos de licuefacción. Asimismo, que la SEMARNAT solicite al Consejo de Cambio Climático que emita una recomendación sobre la alineación y la congruencia de estos proyectos con relación a la política nacional de cambio climático.
Además de que la ASEA revise los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los tres proyectos, así como las autorizaciones que ya fueron otorgadas, cuidando que los sistemas ambientales hayan sido delimitados considerando tanto su zona de influencia directa, como las zonas de influencia indirecta que podrían verse afectadas por el conjunto de obras y actividades que pretendan llevarse a cabo, como las interacciones con los diferentes componentes ambientales regionales.
- La medida busca garantizar empleo, protección y condiciones dignas en el trabajo.
- Casi 40% de mujeres en México han vivido violencia de pareja y más del 63% ocurre en el hogar.
La senadora Virginia Magaña Fonseca, integrante del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo para incorporar medidas que protejan a personas trabajadoras, víctimas de violencia doméstica, con el objetivo de garantizar la continuidad en el empleo, mitigar sus efectos en el ámbito laboral y dar cumplimiento al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México en 2022.
Explicó que la reforma prohíbe expresamente despedir, sancionar o discriminar a las personas trabajadoras por ser víctimas de violencia doméstica, cuando dicha condición haya sido debidamente acreditada.
También incorpora nuevas obligaciones para las personas empleadoras, como proporcionar información clara y accesible sobre la violencia doméstica y sus efectos en el entorno laboral, así como difundir periódicamente los servicios disponibles para atención, protección y denuncia, garantizando en todo momento la confidencialidad y la no revictimización.
Magaña Fonseca subrayó que la violencia doméstica agrava ladesigualdad económica, especialmente para las mujeres, quienes enfrentan una brecha salarial del 6% y destinan el doble de tiempo al trabajo de cuidados no remunerados.
Señaló que este fenómeno trasciende el ámbito privado y tiene consecuencias directas en el empleo, la productividad, la salud y la seguridad laboral; además, alertó que la pérdida de ingresos puede limitar su autonomía y dificultar la salida de entornos de violencia.
De acuerdo a cifras oficiales, a nivel nacional cerca del 40% de las mujeres ha experimentado violencia de pareja y más del 11% ha sufrido violencia familiar, siendo el hogar el principal espacio donde ocurren estos actos.
Por ello, destacó que su propuesta busca armonizar el marco legal para atender esta problemática mediante medidas concretas como la flexibilización temporal de la jornada laboral, la protección contra el despido y la implementación de mecanismos de información y apoyo dentro de los centros de trabajo.
Además, de garantizar la continuidad del empleo, mitigar los efectos de la violencia en el ámbito laboral y fortalecer los derechos laborales con perspectiva de género y justicia social.
Magaña Fonseca explicó que las personas trabajadoras víctimas de violencia doméstica podrán solicitar medidas de protección laboral de manera confidencial, acreditando su situación mediante documentos expedidos por autoridades competentes, instituciones de salud o instancias de apoyo, sin necesidad de contar con una resolución judicial definitiva.
La legisladora subrayó que su propuesta, busca reconocer la violencia doméstica como un problema estructural que impacta el desarrollo económico y social, así como avanzar hacia entornos laborales dignos, libres de violencia y con condiciones que permitan a las personas trabajadoras mantener su autonomía, seguridad y proyecto de vida.
Finalmente, afirmó que garantizar el empleo en estos contextos es fundamental para fortalecer la independencia económica, la dignidad y la seguridad de las personas trabajadoras, al tiempo que reafirma el compromiso del Estado mexicano con la construcción de espacios laborales libres de violencia, con perspectiva de género, igualdad y justicia social.
