- Proponen incorporar la enseñanza de lengua de señas, Braille y recursos visuales en todos los niveles educativos.
- Más de 8.8 millones de personas con discapacidad podrían beneficiarse de esta medida.
Con el propósito de garantizar una educación inclusiva que elimine barreras de comunicación y fomente la empatía entre estudiantes, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para que en los planes y programas de estudio se incluyan contenidos que promuevan el aprendizaje básico de la Lengua de Señas Mexicana, el sistema Braille y otros recursos visuales.
"De esta forma, las y los alumnos podrán desarrollar habilidades de comunicación que faciliten la convivencia con personas que enfrentan barreras auditivas, visuales o del habla", indicaron.
Explicaron que la propuesta, de reforma a la Ley General de Educación, busca fortalecer la inclusión y la empatía en el sistema educativo nacional, mediante la enseñanza de herramientas básicas de comunicación.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 la población de cinco años y más con alguna discapacidad fue de 8.8 millones de personas, de las cuales el 53.5 por ciento son mujeres y el 46.5 por ciento hombres.
Frente a esta realidad, los legisladores sostienen que el sistema educativo debe brindar las herramientas necesarias para eliminar barreras físicas, pedagógicas y sociales, así como promover una convivencia basada en el respeto y la igualdad.
Recordaron que el artículo 3° constitucional garantiza el derecho de toda persona a una educación integral, de calidad e inclusiva, lo que implica no sólo acceso, sino también condiciones de equidad y participación.
Con esta reforma, las y los legisladores del Verde reafirman su compromiso con la educación inclusiva, convencidos de que la empatía y el respeto se aprenden desde la escuela y son fundamentales para construir un país donde la diversidad sea motivo de unión y no de exclusión. “Formar una niñez empática es el primer paso para una sociedad verdaderamente incluyente”, concluyeron.
- Las comisiones bancarias en México son hasta seis veces más altas que en Europa
- Buscar su regulación no es ir contra las instituciones financieras, sino hacer justicia para millones de familias mexicanas.
Con el propósito de proteger la economía de millones de usuarios, fomentar la inclusión financiera y fortalecer la competencia en el sistema bancario, las senadoras y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para fortalecer las atribuciones del Banco de México en materia de regulación de comisiones bancarias y promover un sistema financiero más justo, competitivo e incluyente.
De acuerdo con los senadores ecologistas, ocho bancos concentran casi el 85 por ciento de las ganancias del sector, y las comisiones cobradas en el país son hasta seis veces superiores a las de Europa. Esta situación, aseguraron, “demuestra la urgencia de generar mejores condiciones de competencia y evitar prácticas monopólicas que afectan directamente el bolsillo de millones de usuarios”.
Recordaron que, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el 30 por ciento de los ingresos de la banca en México provienen del cobro de comisiones, y en algunos casos, este porcentaje llega al 39 por ciento, lo que limita la inclusión financiera y afecta la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa también actualiza la legislación para incorporar a la Comisión Nacional Antimonopolio, organismo creado recientemente en sustitución de la extinta COFECE, con el objetivo de garantizar la libre competencia y prevenir acuerdos o prácticas que distorsionen el mercado financiero.
La propuesta, que reforma Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, busca frenar los cobros excesivos y las prácticas monopólicas de las instituciones financieras, así como recuperar el sentido social del sistema bancario, el cual debe servir al desarrollo nacional, fomentar la inversión y garantizar condiciones de equidad en el acceso al crédito.
Finalmente, destacaron que esta propuesta se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que promueve una economía con bienestar y humanismo, donde el sistema financiero contribuya al desarrollo nacional, fomente la inversión y garantice condiciones equitativas para todas y todos los mexicanos.
- El daño ambiental costó 1.3 billones de pesos en 2023 (4.2% del PIB), mientras la protección ambiental recibió solo 0.7% del gasto nacional.
Las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para establecer de manera explícita la responsabilidad ambiental como eje rector del desarrollo económico nacional, mediante la modificación del párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución.
La propuesta busca que todos los sectores productivos —público, social y privado— asuman de forma obligatoria su corresponsabilidad en la protección del medio ambiente, ante la crisis climática, la degradación de los ecosistemas y los altos costos económicos que estos daños ya generan en el país.
La iniciativa parte del reconocimiento de que el actual modelo de producción y consumo ha provocado impactos ambientales severos que comprometen el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
De acuerdo con cifras del INEGI, en 2023 los costos por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 1.3 billones de pesos, equivalentes al 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que el gasto público en protección ambiental representó apenas el 0.7 por ciento del PIB.
Ante este escenario, las y los senadores del PVEM consideran urgente que la Constitución establezca con claridad que el desarrollo económico debe observar criterios de responsabilidad social y ambiental.
Destacaron que el Estado mexicano ya reconoce el derecho a un medio ambiente sano; sin embargo, considera indispensable vincular de manera directa la política económica con la responsabilidad ambiental, para que este principio deje de ser optativo y se convierta en un mandato constitucional que oriente todas las decisiones de desarrollo.
Las y los legisladores advirtieron que, desde hace más de cinco décadas, la comunidad internacional ha alertado sobre la insostenibilidad del modelo económico actual, por lo que subrayaron la urgencia de que México transite hacia un nuevo paradigma de desarrollo, donde el crecimiento económico no se construya al margen de los límites ecológicos.
Finalmente, los legisladores señalaron que a pesar de los acuerdos multilaterales, como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el avance global ha sido insuficiente, lo que obliga a fortalecer los marcos jurídicos nacionales.
