- Más de 40% crecieron los homicidios dolosos cometidos por menores desde 2019.
- No se busca criminalizar a la juventud, sino otorgar al Estado de los instrumentos necesarios ante delitos de extrema violencia.
Ante el creciente número de delitos cometidos por adolescentes y la urgencia de cerrar vacíos legales que frenan la respuesta del Estado, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín propuso reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de crear un mecanismo excepcional que permita a los jueces, en casos de adolescentes de 16 y 17 años involucrados en delitos dolosos de extrema gravedad, ordenar que la sanción se ejecute bajo el régimen penal ordinario una vez alcanzada la mayoría de edad.
El senador señaló que el sistema de justicia penal para adolescentes fue diseñado con fines educativos y de reinserción. Sin embargo, la realidad actual muestra que grupos criminales reclutan a adolescentes para participar en homicidios dolosos, secuestros, violaciones agravadas o portación de armas de fuego, fenómeno que se ha extendido en entidades como Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Chihuahua y la Ciudad de México, donde ya constituye un problema estructural.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las carpetas de investigación por homicidio doloso cometidos por menores crecieron más del 40 por ciento entre 2019 y 2024. En la Ciudad de México, se duplicaron los casos de adolescentes de 14 a 17 años detenidos por homicidio y portación de armas, muchos de ellos reclutados desde los 12 años.
Por otra parte, organizaciones como Reinserta A.C. han advertido que más de 250 mil menores están en riesgo de ser cooptados, y que factores como la pobreza, la desintegración familiar y la sensación de impunidad favorecen esta dinámica.
Asimismo, casos recientes, como los asesinatos del empresario Samuel Cohen Gindi, en la colonia Anzures, y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo -ambos cometidos, según las investigaciones, con participación directa de adolescentes de 16 y 17 años- ejemplifican una tendencia en la que jóvenes asumen responsabilidades letales dentro de grupos delictivos.
En ese sentido, el senador Ramírez Marín destacó que su propuesta no busca criminalizar a la juventud, sino dotar al Estado de instrumentos proporcionales y garantistas ante delitos de extrema violencia, protegiendo a las víctimas sin renunciar al enfoque humanista del sistema juvenil.
Además, incorpora un nuevo Título VII Bis a la legislación especializada, donde se fijan criterios, plazos y procedimientos claros para garantizar que cualquier decisión judicial se base en evidencia técnica y en la protección de los derechos humanos.
Finalmente, el legislador del Partido Verde destacó que esta iniciativa busca cerrar vacíos legales, fortalecer la seguridad pública y restituir la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para responder con firmeza y proporcionalidad ante los desafíos que plantea la creciente violencia juvenil en el país.
- El turismo comunitario representa una opción para el desarrollo económico y social de las zonas rurales de México habitadas por pueblos indígenas.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa que busca incorporar en la Ley General de Turismo, el concepto de "Turismo Comunitario", con el propósito de diversificar la actividad turística, preservar los recursos naturales, garantizar los beneficios económicos, sociales y culturales del turismo, así como diseñar, implementar y evaluar programas enfocados al desarrollo integral de este turismo, asegurando la distribución equitativa de beneficios, la preservación de la cultura y la conservación de los recursos naturales locales.
Explicó que si bien el turismo es una actividad clave en muchos países, como es el caso de México, que de acuerdo con ONU Turismo fue el sexto país más visitado del mundo en 2024, convirtiéndose en una actividad económica importante con grandes contribuciones al empleo, al PIB y a la generación de divisas, además de que los servicios relacionados con el turismo hacen uso intensivo de la mano de obra y mantienen vínculos con otros segmentos de la economía, como servicios de transporte, culturales y creativos, entre otros.
Agregó que los diversos tipos de turismo, como de la salud, alternativo, gastronómico, de negocios, ecoturismo, entre otros, tienen un gran impacto en la economía, generan trabajo, inversión, mejoras urbanas y la conservación del patrimonio.
Por otro lado, explicó que el turismo comunitario es gestionado por las propias comunidades, quienes deben tomar las decisiones sobre los usos de sus patrimonios y deben ser las primeras beneficiadas. Agregó que en su oferta turística integran su identidad y tradiciones locales, gastronomía y costumbres, patrimonio histórico, natural y biocultural, actividades productivas y modos de vida.
Aseguró que el turismo comunitario representa una opción para el desarrollo económico y social de las zonas rurales de México habitadas por pueblos indígenas, genera impacto sobre las familias que viven en la comunidad, el desarrollo de la región y su estilo de vida, además de que contribuye a preservar la identidad étnica, y valorar y transmitir el patrimonio cultural.
En este sentido, destacó que su propuesta busca robustecer el marco jurídico y brindar mayor seguridad a las personas, familias y grupos que se dedican a ofrecer diferentes formas de turismo en sus comunidades, diversificando las opciones de turismo y generando beneficios a las localidades y comunidades anfitrionas, procurando además una distribución más equitativa de los beneficios del turismo, proteger el patrimonio cultural, fomentar la participación de las comunidades en la planeación y gestión de proyectos turísticos.
- Se busca que el abandono a un adulto mayor no sea un acto recurrente, impune y sin una sanción ejemplar.
Lamentó que los adultos mayores sean un sector de la población que se ha quedado rezagado e incluso, hasta olvidado tanto por la sociedad, los gobiernos, e incluso, por la familia misma. Agregó que históricamente ha sido un sector objeto de una serie de delitos menores o graves, sin la menor protección social ni institucional requerida.
Destacó que incluso en la legislación mexicana, este grupo de la población está muy rezagado, ya que "nuestro único ordenamiento específico para los adultos mayores en nuestro país fue promulgado hace poco más de 23 años", es decir, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Señaló que según cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO 2025), en nuestro país hay 17 millones 121 mil 580 personas de 60 años o más, y se prevé que para el año 2030 haya un 14.96 por ciento más de adultos mayores que de jóvenes en nuestro territorio.
Resaltó que desde principios de esta década, al menos a 1 millón 746 mil 125 adultos mayores estaban viviendo solos, además de que, del total de adultos mayores en nuestro país, solo 4 de cada 10 son económicamente activos, y 7 de cada 10, padecen o presentan algún tipo de discapacidad, además de que a menudo los aquejan padecimientos como hipertensión, diabetes y artritis, lo que potencializa su vulnerabilidad.
Destacó que además, los adultos mayores en nuestro país a menudo son víctimas de violencia, fraude, extorsión, despojo patrimonial, entre otros delitos, como el abandono y la omisión de cuidados.
La senadora lamentó que poco o nada se ha hecho para castigar el abandono, por lo que afirmó que "tenemos sin duda alguna grandes pendientes y retos en todo nuestro país en materia de atención, procuración, protección y cuidado de nuestros adultos mayores".
Aseguró que su iniciativa es un acto de justicia hacia ellos y de protección a su vida y a su integridad, y que busca que el abandono a un adulto mayor no sea un acto recurrente, impune y sin una sanción ejemplar, que deje de ser una práctica invisible ante las leyes y que se le investigue y castigue.
