- Afirmó que es necesario establecer mecanismos eficientes y eficaces que garanticen el cumplimiento de la obligación alimentaria con nuestros menores de edad.
Con la finalidad de garantizar que se cumpla con el principio del interés superior de la niñez, así como evitar una forma de violencia contra las mujeres como es la económica, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para elevar las penas a quien abandone a sus hijos o a su cónyuge y los deje sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, así como elevar penas y multas a quien dolosamente se coloque en estado de insolvencia para no cumplir con las obligaciones alimentarias que la ley determina.
La senadora apuntó que en nuestro país “son múltiples y muy diversas las amenazas que atentan en contra de las mujeres que habitamos este país, donde a veces parecen infinitas las formas de violencia que nos afectan no solo a nosotras sino también incluso a nuestras hijas e hijos por igual”, como es el caso del abandono de cónyuge y/o de sus hijos.
Explicó que la obligación que los padres asumen con un hijo es a partir del nacimiento, y que se encuentra plasmada en nuestro Código Civil Federal, en donde se detalla que se comprende la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, así como los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión.
Sin embargo, lamentó que a pesar de ser un derecho para toda hija e hijo plasmado en nuestras leyes, “hay situaciones cada vez más recurrentes en las cuales, muchos de nuestros menores de edad no reciben esos recursos necesarios, y es precisamente ese pendiente que no podemos posponer más”, enfatizó.
Reconoció que cada vez hay más casos en los cuales el padre se desentiende de la obligación alimentaria que tienen con sus hijas o hijos, ya sea de manera completa o parcial y muchas veces contraviniendo incluso, un mandato judicial, lo cual además sucede con total impunidad y sin ninguna consecuencia por la falta cometida.
Y es que, explicó que solo se castiga la ausencia total del padre, pero nada explícito y concreto sobre el desentendimiento del pago de la pensión alimentaria, por lo que los vacíos legales en nuestros ordenamientos, “permiten se dañe no solo a nuestros menores de edad sino también a sus madres”, aseguró, ya que dan pauta a que mañosamente los padres tengan muchas formas de evadir esta obligación, convirtiendo este acto, en una forma más de violencia en contra de sus hijas o hijos y a su vez de la madre de ellos.
Por ello, insistió en que es “necesario establecer mecanismos eficientes y eficaces que garanticen el cumplimiento de esa obligación alimentaria con nuestros menores de edad y proveer de certeza jurídica y los mecanismos legales, necesarios y contundentes, para sancionar con ejemplaridad esos casos de incumplimiento”.
- Senado aprueba iniciativa de Melgar contra el greenwashing
Con un fuerte mensaje de justicia ambiental, la Comisión de Defensa de los Consumidores del Senado de la República aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por el senador Luis Armando Melgar, que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor para frenar el uso de publicidad engañosa con supuestas cualidades ecológicas, conocida como greenwashing.
Esta iniciativa representa un paso clave para proteger a las y los consumidores frente a campañas que simulan un compromiso ambiental sin sustento. La reforma establece que cualquier afirmación sobre sustentabilidad o responsabilidad ambiental deberá contar con respaldo científico y evidencia objetiva. De lo contrario, estará prohibido su uso en publicidad, etiquetado o promoción de productos y servicios.
“En Chiapas y en México el respeto al planeta no es un discurso es un acto de conciencia. Esta iniciativa es un llamado a la honestidad ambiental y una señal de que no permitiremos más abusos. México no puede ni debe ser el basurero del mundo”, subrayó Melgar.
El senador explicó que la práctica del greenwashing genera un daño profundo al medio ambiente y a la confianza de las personas consumidoras. “Hay empresas que cumplen normas en sus países de origen, pero aquí hacen lo contrario. Queremos una cancha pareja, donde las reglas se respeten y los compromisos sean reales”, expresó.
La reforma al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que toda referencia a características ecológicas deberá contar con documentación técnica debidamente sustentada. “Se trata de legislar por un futuro más limpio, más justo y verdaderamente sostenible”, destacó.
El senador comentó que esta propuesta también da un plazo de 180 días a la PROFECO y a la SEMARNAT para que emitan los lineamientos correspondientes que regulen estos conceptos y garanticen su correcta aplicación en el mercado.
“En la Nueva ERA de Chiapas y de todo México estamos dando resultados. Cada palabra, cada etiqueta que promete cuidar al planeta, deberá demostrarlo con pruebas. Porque cuidar la tierra y el medio ambiente es también cuidar a nuestra gente”, concluyó Melgar.
- Invisibilizar los tipos y modalidades de violencias en contra de las mujeres, es permitir que continúen sucediendo, apuntó.
Con la finalidad de visibilizar y poder atender los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una vida Libre de Violencia, para que sean nombradas “violencias”, en plural y no en singular, como se encuentra actualmente en dicha legislación.
Explicó que esta reforma ya es derecho vigente en nuestra Constitución, en donde se consagra el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias, sin embargo, considera pertinente que la legislación secundaria en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia modifique su denominación para que mencione las violencias, con lo que será consistente con las últimas reformas constitucionales.
Detalló que, se propone reformar la actual denominación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que se denomine como “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias”, así como modificar el nombre de diversos capítulos de dicha ley, con la misma finalidad.
Aseguró que, aunque pareciera que modificar solo una palabra al título de la ley es una cuestión menor, se tiene que tomar en cuenta que para poder eliminar todo tipo de violencias contra la mujer, necesariamente deben ser expresadas en plural, y añadió que “hay muchos tipos de violencias que sufren las mujeres en nuestro país y no podemos dejar de nombrarlas, pues de lo contrario, se estaría generando un efecto invisibilizador y normalizador de estas conductas”.
La senadora apuntó que "el reconocimiento de las violencias contra las mujeres ha hecho posible advertir la complejidad del problema, la pluralidad de los tipos de violencias y los ámbitos en los que éstas se suscitan", y agregó que gracias a esto, se han visibilizado formas de violencia que estaban socialmente aceptadas o no se identificaban como tal, como son las microagresiones, violencia simbólica, patriarcal, económica, vicaria, obstétrica, reproductiva, sexual, digital, hasta la violencia feminicida.
Además, explicó que su propuesta pretende adecuar el texto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias con la Ley Orgánica de la Administración Pública, facultando a la Secretaría de las Mujeres en las acciones de prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, atribuciones que eran atendidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres.
Finalmente, la senadora González Silva insistió en que invisibilizar los tipos y modalidades de violencias en contra de las mujeres, es permitir que continúen sucediendo.
