- La accesibilidad debe ser efectiva y sostenida, y este dictamen garantiza dignidad, inclusión y derechos: Virginia Magaña.
- En México viven más de 9.5 millones de personas con discapacidad, quienes enfrentan diariamente obstáculos en su entorno inmediato: Rocío Corona.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República respaldó la reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para establecer verificaciones periódicas a condiciones de accesibilidad en espacios públicos, al considerar que es una medida necesaria ante barreras persistentes que enfrentan millones de personas en México.
La legisladora Virginia Magaña Fonseca señaló que construir rampas no es suficiente si nadie verifica que funcionen, por lo que esta reforma permitirá pasar del acto de inaugurar al compromiso de mantener.
Advirtió que la exclusión no solo es física, sino que limita el acceso a la escuela, al trabajo, al médico y al voto.
Dijo que en México más de 9 millones de personas viven con discapacidad y que, de acuerdo con el INEGI, una de cada tres identifica como principal obstáculo las condiciones del entorno. Subrayó que la discapacidad no reside en las personas, sino en las barreras sociales.
Explicó que la reforma al artículo 17 obliga a supervisar y mantener adecuaciones, alineándose con criterios nacionales e internacionales. Asimismo, indicó que la accesibilidad debe ser efectiva y sostenida, y que este dictamen garantiza dignidad, inclusión y derechos.
La senadora Rocío Corona Nakamura destacó que en México viven más de 9.5 millones de personas con discapacidad, equivalentes al 7.3% de la población, quienes enfrentan diariamente obstáculos en su entorno inmediato.
Señaló que las banquetas dañadas, las rampas inadecuadas y el transporte inaccesible evidencian que el problema va más allá de la norma; por ello, afirmó que no basta con inaugurar obras si no se les brinda mantenimiento, seguimiento y supervisión.
Corona Nakamura afirmó que este dictamen atiende esa omisión y refuerza políticas públicas de inclusión, alineadas con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso efectivo a los derechos.
- La reforma incorpora un enfoque de inclusión, al establecer la obligación de ofrecer subtitulaje autodescriptivo y herramientas tecnológicas para personas con discapacidad auditiva o visual.
El Partido Verde respaldó la aprobación de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, encaminada a fomentar y regular la producción, distribución, difusión, promoción, comercialización, circulación, exhibición y preservación de obras cinematográficas y audiovisuales.
El senador Gilberto Hernández Villafuerte, destacó que esta reforma representa una oportunidad histórica para actualizar el marco jurídico en materia cinematográfica, garantizar el acceso a la cultura y fortalecer la presencia del cine mexicano ante los cambios tecnológicos y el crecimiento de plataformas digitales.
Explicó que la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum responde a la necesidad de modernizar la legislación, al considerar que la Ley Federal de Cinematografía quedó rebasada por la nueva realidad tecnológica.
Asimismo, indicó que la nueva ley garantiza el derecho humano de acceso a la cultura, en pleno respeto de la libertad creativa, y coloca a las personas en el centro de la política pública cultural.
Destacó que el Estado mexicano asume con mayor firmeza su responsabilidad de promover la diversidad de contenidos y generar condiciones para que el cine nacional tenga una presencia real en la vida cotidiana.
Hernández Villafuerte señaló que las plataformas digitales deberán contar con secciones destacadas para producciones mexicanas, garantizando visibilidad frente a contenidos extranjeros.
El senador ecologista resaltó que la ley incorpora un enfoque de inclusión, al establecer la obligación de ofrecer subtitulaje autodescriptivo y herramientas tecnológicas para personas con discapacidad auditiva o visual.
Además, reafirma el respeto a la composición pluricultural del país, al promover el doblaje y la difusión en lenguas indígenas.
Finalmente, subrayó que esta reforma fomenta la libertad creativa, la descentralización cultural y la preservación del patrimonio audiovisual, y subrayó la necesidad de revalorar el cine mexicano como el séptimo arte que proyecta cultura, conocimiento y tradiciones.
- Buscan cerrar brechas en la atención institucional a mujeres.
- Una administración pública capacitada permite mejorar la calidad de los servicios, reducir la discrecionalidad y avanzar hacia un modelo institucional más sólido.
La senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Capacitación en materia de Igualdad Sustantiva, Perspectiva de Género y Derechos de las Mujeres, con el objetivo de fortalecer la actuación del Estado y garantizar una atención institucional con enfoque de derechos.
La legisladora por San Luis Potosí señaló que el principal desafío no es la falta de leyes, sino la manera en que estas se aplican, ya que persisten brechas en la atención pública derivadas de la falta de formación homogénea en el servicio público.
“La igualdad debe reflejarse en cada decisión del Estado. No puede depender de criterios individuales, sino de instituciones capacitadas y con reglas claras”, sostuvo.
La propuesta establece la capacitación obligatoria en los tres poderes y órdenes de gobierno, como un mecanismo para profesionalizar la función pública, prevenir prácticas discriminatorias y fortalecer la confianza ciudadana.
González Silva subrayó que esta reforma responde a una demanda social y a compromisos internacionales asumidos por México, al tiempo que busca cerrar vacíos que hoy generan desigualdad en la atención y en el acceso a derechos.
Asimismo, destacó que una administración pública capacitada permite mejorar la calidad de los servicios, reducir la discrecionalidad y avanzar hacia un modelo institucional más sólido, transparente y eficaz.
Llamó a respaldar esta iniciativa como parte de un proceso de transformación del Estado, donde la igualdad sustantiva deje de ser un principio declarativo y se convierta en una práctica cotidiana en la vida pública.
“Una mujer no puede depender de la suerte para recibir justicia. Necesita instituciones que sepan, que entiendan y que actúen”, finalizó.
