- Llaman senadores ecologistas a reforzar la colaboración entre gobierno, academia, sector privado y sociedad civil en la búsqueda de soluciones duraderas para la conservación del suelo.
En el marco del Día Internacional de la Conservación de Suelos que se conmemora cada 7 de julio, las y los senadores del Partido Verde reafirmaron su compromiso con un futuro en el que los suelos saludables sean la base de ecosistemas resilientes y sociedades prósperas.
Recalcaron que esta fecha más que una efeméride es un llamado constante a la acción, ya que no se debe olvidar que se trata de un recurso finito, no renovable y que su degradación compromete no sólo la capacidad de producir alimentos, sino que además exacerba el cambio climático, reduce la biodiversidad y amenaza la seguridad hídrica.
Destacaron que la conservación del suelo ha sido una preocupación prioritaria en nuestro país debido a factores como las condiciones topográficas, climáticas y de uso de suelo que prevalecen en diversas regiones, por lo que aplaudieron la labor de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), quien a través de programas de restauración forestal y reconversión productiva, ha promovido la conservación y restauración de suelos, especialmente en zonas forestales y agrícolas.
Agregaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en coordinación con otras dependencias, impulsa políticas públicas para el manejo integral de cuencas, la prevención de la erosión y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, además de que diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales realizan en esta fecha diversas actividades de concientización, talleres y proyectos para visibilizar la problemática y proponer soluciones.
Lamentaron que una parte considerable del territorio nacional enfrenta problemas de degradación por erosión hídrica y eólica, salinización y pérdida de materia orgánica, lo que impacta la productividad agrícola y la disponibilidad de servicios ecosistémicos esenciales, por lo que hicieron un llamado para reforzar la colaboración entre gobierno, academia, sector privado y sociedad civil en la búsqueda de soluciones duraderas.
En este sentido, insistieron en que se debe fomentar la concientización sobre la importancia de la conservación del suelo e integrar este importante tema en las políticas públicas, prácticas agrícolas y decisiones cotidianas, por lo que insistieron en la urgencia de fomentar la investigación, implementar tecnologías sostenibles, promover la educación ambiental y fortalecer los marcos legales que protejan este invaluable recurso.
- Criminales se hacen pasar por personal de CFE, Pemex, Cruz Roja o cuerpos policiacos, para acceder sin violencia a los domicilios y cometer delitos.
Para cerrar el paso a delincuentes que se hacen pasar por funcionarios o empleados de servicios para robar, extorsionar o secuestrar, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para castigar con mayor severidad la venta ilegal de uniformes e insignias de instituciones públicas y privadas. La propuesta reforma el Código Penal Federal y busca frenar una práctica cada vez más frecuente utilizada por bandas criminales para ingresar a hogares y operar con total impunidad.
La legisladora advirtió que cada vez más grupos delictivos se hacen pasar por personal de empresas de servicios como CFE, Pemex, Telmex o de instituciones públicas como la Cruz Roja o cuerpos policiacos, para acceder sin violencia a los domicilios y cometer delitos.
“Estamos hablando de delincuentes que, por menos de dos mil pesos, pueden adquirir un uniforme y hacerse pasar por empleados de empresas como CFE, Telmex o cuerpos policiacos, generando un clima de vulnerabilidad e indefensión social”, enfatizó.
De acuerdo con cifras oficiales, tan sólo en 2023 se reportaron mil 694 robos a casa habitación en la Ciudad de México, de los cuales el 92 por ciento se cometieron sin violencia, aprovechando engaños como el uso de uniformes falsos. Además, este tipo de robo aumentó 9 por cientoen la capital y 6 por ciento en el Estado de México en el primer semestre del año pasado.
La iniciativa de la senadora Corona contempla reformas a los artículos 250, 250 Bis 1 y la adición del artículo 250 Bis 2 del Código Penal Federal, para imponer penas de hasta 12 años de prisión a quien comercialice, sin autorización, uniformes, insignias, gafetes o elementos que simulen pertenecer a cuerpos de seguridad o empresas prestadoras de servicios.
“Esta medida es urgente y necesaria para proteger a las familias mexicanas y cerrar el paso a un delito cada vez más frecuente y peligroso. No podemos permitir que el crimen organizado se aproveche de vacíos legales y de la venta libre de uniformes para delinquir con total impunidad”, subrayó la legisladora ecologista.
- La iniciativa busca homologar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
Con el fin de visibilizar y atender la violencia que sufren las mujeres en el espacio público y que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, garanticen la erradicación de la misma, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM).
De acuerdo con la diputada ecologista, Mayra Espino Suárez, promoverte de la iniciativa, que se aprobó con 26 votos a favor en dicho grupo de trabajo, la reforma tiene como propósito, homologar este ordenamiento con lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que permite incorporar la perspectiva de género en la movilidad.
Otro de los objetivos, dijo, es que se visibilice la violencia de género y sus repercusiones en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas.
Al exponer los motivos de su propuesta, Espino Suárez resaltó que en 2020, México hizo derecho humano la movilidad por lo que, “ahora estamos ciertos de la importancia de incluir la erradicación de la violencia contra las mujeres, armonizando esto con la movilidad”
Añadió que “todas las mujeres, todos en general, pero en especial las mujeres, hacemos largos recorridos por motivos de cuidados a otras personas, trabajo, asuntos domésticos de la casa, todas las labores que implican movilidad y no hay nada más importante que asegurar que los tres órdenes de gobierno estén encargados de garantizar la erradicación de la violencia en estos trayectos que hacemos día con el día las mujeres”
La propuesta, que se turnó a la Mesa Directiva para su trámite legislativo, busca reformar el título del Capítulo III que dice: “De La Violencia en la Comunidad” para quedar “De la Violencia en la Comunidad y en el Espacio Público”.
Asimismo adiciona el artículo 17 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para añadir el concepto de “violencia en el espacio público”, el cual se define como los actos individuales o colectivos que generan violencia en razón de género y transgreden la integridad, dignidad y libertad de las mujeres al hacer uso de las vías y el espacio público, limitando su derecho a la movilidad”.
En tanto, la adición al artículo 17 Ter, establece que “Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán a las mujeres la erradicación de la violencia en el espacio público”.
