- La legislación actual en nuestro país no reconoce de manera suficiente ni específica la dimensión del bienestar animal como fin legítimo del uso de medicamentos veterinarios.
- Médicos veterinarios zootecnistas enfrentan incertidumbre jurídica en su ejercicio profesional, y se restringe el acceso a intervenciones terapéuticas diseñadas para disminuir el dolor y el sufrimiento de los animales.
Con la finalidad de proteger a los animales, fortalecer el ejercicio profesional de los médicos veterinarios y elevar la calidad de los servicios de salud animal en México, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para que emitan criterios técnicos que promuevan la actualización de las Normas Oficiales Mexicanas, a fin de que el uso de medicamentos veterinarios con fines de bienestar animal sea reconocido, regulado y supervisado de manera efectiva.
Explicó que en nuestro país, la práctica veterinaria enfrenta una limitación normativa: el uso de medicamentos de la industria veterinaria se encuentra regulado principalmente con un enfoque de control sanitario, productivo y de inocuidad de los alimentos, pero no reconoce de manera suficiente ni específica la dimensión del bienestar animal como fin legítimo del uso de medicamentos veterinarios.
En este sentido, destacó que el reconocimiento normativo del uso de medicamentos veterinarios permitirá contar con reglas claras que respalden la labor profesional de los médicos veterinarios, otorguen certeza jurídica y promuevan una práctica clínica más ética, responsable y acorde con los estándares internacionales.
- La iniciativa garantiza libros de texto y materiales didácticos gratuitos para fortalecer la formación sostenible de niñas, niños y jóvenes.
- La educación ambiental debe dejar de ser un contenido transversal y convertirse en asignatura obligatoria.
Señalaron que su propuesta parte del reconocimiento de que la crisis ambiental actual, generada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, representa una amenaza directa para la salud, la economía y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
En este contexto, los legisladores subrayaron que la educación ambiental es una herramienta clave para transformar la relación de la sociedad con la naturaleza, fomentar el uso sustentable de los recursos y fortalecer la prevención de desastres.
La senadora Virginia Magaña hizo un llamado urgente al Congreso del Estado de Guanajuato para acelerar la armonización legislativa del Plan Integral contra el Abuso Sexual y dejar atrás el rezago que mantiene a la entidad entre las más atrasadas del país en la protección legal de las mujeres.
“Las iniciativas ya están sobre la mesa; ahora corresponde convertir los compromisos en leyes que protejan de verdad a las mujeres”, señaló la legisladora.
De acuerdo con el portal oficial de seguimiento de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México (monitoreo.mujeres.gob.mx), en el caso de Guanajuato únicamente aparece como cumplida la presentación de la iniciativa, sin avances sustantivos en su implementación legislativa.
La iniciativa fue presentada el 3 de diciembre de 2025 y pudo haberse discutido durante el periodo de la Comisión Permanente; sin embargo, no registra avances sustantivos. Aunque se encuentra dentro del plazo legal, no ha sido dictaminada, debatida ni votada, lo que evidencia un rezago preocupante en un tema urgente.
La senadora advirtió que esta falta de acción mantiene en vulnerabilidad a miles de niñas, adolescentes y mujeres frente a la violencia sexual.
“Este rezago ocurre a pesar de que Guanajuato firmó el Pacto de Xicoténcatl, un compromiso nacional para prevenir, investigar y sancionar la violencia sexual de manera coordinada y efectiva”, señaló.
La urgencia es evidente: en Guanajuato, 4 de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido violencia sexual en espacios públicos a lo largo de su vida, lo que refleja la magnitud del problema y la necesidad de contar con un marco jurídico sólido, actualizado y eficaz.
Además, recordó que desde la Comisión de Igualdad de Género del Senado se identificaron 12 reformas prioritarias que deben armonizarse para garantizar una protección integral a las mujeres. En Guanajuato, varias de ellas siguen pendientes, entre las que destacan:
- Ley Ácida
- Legítima defensa con perspectiva de género
- Investigación con perspectiva de género en todas las muertes violentas de mujeres
- Sanción a la violencia mediática en casos de feminicidio
- Actualización del delito de abuso sexual para cerrar vacíos legales que permiten la impunidad
- Reconocimiento de la violencia obstétrica
- Despenalización del aborto conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
“La armonización legislativa no es un trámite administrativo, es una obligación constitucional y una deuda con las mujeres de Guanajuato. Cada día que se retrasa, se prolonga la impunidad”, afirmó Magaña.
Finalmente, la senadora reiteró que Guanajuato debe acelerar su agenda legislativa en materia de igualdad y erradicación de la violencia, y pasar de los discursos a las reformas que garanticen derechos reales y protección efectiva para las mujeres.
