- Las estaciones migratorias y las estancias provisionales deben ser una parada en el camino en donde las personas se sientan seguras y atendidas hasta que sea resuelta su situación migratoria en términos de la Ley.
Con la finalidad de que se garantice el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes extranjeras, independientemente de su estatus legal en el país, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elabore un diagnóstico anual sobre la situación que guardan las estaciones migratorias y las estancias provisionales ubicadas en la frontera sur de México.
Para ello busca reformar la fracción XII del Art. 6º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de que se realice un diagnóstico que deberán incluirse en las evaluaciones que la CNDH considere, así como los datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de denuncias, quejas, abusos y violaciones a derechos humanos cometidos contra las personas alojadas en estaciones migratorias y estancias provisionales.
Agregó que éste se deberá entregar a las dependencias federales y locales competentes para que se elaboren políticas tendientes a garantizar los derechos humanos de quienes ahí se alojan.
Corona Nakamura detalló que diariamente entran por la frontera sur de nuestro país alrededor de 7 mil migrantes irregulares, en su mayoría motivados por cuestiones económicas, como falta de empleo, bajos salarios o crisis económicas, además de situaciones como inseguridad y violencia, o incluso fenómenos como huracanes, sismos o sequías prolongadas, subrayó que se trata de una población con muchas necesidades, pero también con derechos y dignidad que se debe respetar.
Por ello, insistió que las estaciones migratorias y las estancias provisionales deben ser una parada en el camino en donde las personas se sientan seguras y atendidas hasta que sea resuelta su situación migratoria en términos de la Ley.
Explicó que las estancias provisionales son las instalaciones que el Instituto Nacional de Migración habilita para alojar de manera provisional a las personas extranjeras que no acreditan su situación migratoria regular mientras son trasladadas a una estación migratoria o se resuelve su situación migratoria; en tanto que en las estaciones migratorias permanecen aquellas personas extranjeras que, dadas sus condiciones y circunstancias, estarán alojadas hasta 15 días hábiles, y estos centros tienen la obligación de proporcionar asistencia médica, psicológica y jurídica, brindar alimentos, entre otros servicios.
Finalmente, la legisladora insistió en la necesidad de observar que las actividades en las estaciones migratorias y estancias provisionales estén dentro del más estricto respeto y protección a los derechos humanos de las personas extranjeras, además de que deben consolidarse como instrumentos eficaces que permitan garantizar la seguridad y la convivencia armónica, así como una estancia temporal a las personas extranjeras en tanto se resuelve su situación migratoria.
- El sector turístico representa el 10 por ciento del PIB mundial y genera uno de cada 11 empleos, según la Organización Mundial del Turismo (OMT).
- Con esta propuesta se busca que cada visitante reciba la protección que merece y posicionar a México como un referente en seguridad turística.
Con el objetivo de reforzar la seguridad y protección de los turistas nacionales y extranjeros, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó una iniciativa que adiciona la fracción XV a la Ley General de Turismo y expide la nueva Ley de Seguridad y Protección al Turista, que busca garantizar un entorno más seguro en todos los destinos turísticos y consolidar a México como un referente internacional en seguridad turística.
La nueva ley otorgará al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo, la facultad de formular y ejecutar políticas públicas en materia de seguridad y protección al turismo, en coordinación con instituciones de seguridad pública.
Según datos de la Organización Mundial del Turismo, esta actividad representa el 10 por ciento del PIB mundial y genera uno de cada 11 empleos. "La industria turística es clave para el progreso socioeconómico, por lo que implementar este sistema de seguridad permitirá a México garantizar a los visitantes derechos básicos como recibir protección, acceso a servicios de seguridad y atención consular sin condicionamientos", subrayó la senadora Guerra Mena.
Esta iniciativa también contempla la creación de un programa de certificación en seguridad turística, enfocado en capacitar a los cuerpos de seguridad en la atención y protección de turistas. La Guardia Nacional y las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno contarán con unidades especializadas en el resguardo turístico, asegurando que cada zona, región y destino cuente con el apoyo necesario para actuar de manera rápida y eficaz en situaciones de emergencia.
La senadora del Partido Verde dijo que la seguridad e integridad de todos los visitantes deben ser una prioridad. Además, destacó la importancia de garantizar un ambiente seguro en todos los destinos turísticos del país, con el objetivo de posicionar a México como un referente internacional en seguridad turística y asegurar que estos destinos continúen siendo generadores de bienestar y desarrollo económico.
- Para garantizar el respeto y la promoción de las lenguas indígenas en el ámbito legislativo, la diputada del Partido Verde, Ciria Yamile Salomón Durán, propuso que la tribuna de la Cámara de Diputados pueda ser utilizada por hablantes de lenguas maternas cuando sus intervenciones sean autorizadas por la Presidencia de la Mesa Directiva en acuerdo con la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
De acuerdo con la iniciativa que modifica el artículo 31 del Reglamento de la Cámara de Diputados, Salomón Durán detalló que cuando se realicen estas intervenciones en lenguas indígenas, se traducirán al español por medio de los recursos telemáticos correspondientes y se llevarán a cabo con respeto, cortesía y con apego a la normatividad parlamentaria.
La diputada ecologista subrayó la necesidad de crear un marco jurídico que facilite el uso de las lenguas indígenas en el ámbito legislativo. Añadió que el artículo 31 de la Cámara de Diputados establece las normas para el uso de la tribuna, y la adición que se propone pretende ampliar estas disposiciones para incluir el uso de lenguas indígenas.
Comentó que se trata de un proceso claro y reglamentado para que las intervenciones en lenguas indígenas se lleven a cabo de manera ordenada y comprensible, garantizando la participación plena de los hablantes de lenguas indígenas durante las sesiones plenarias, aclara la legisladora.
“Esta reforma no sólo fortalece los derechos de los pueblos indígenas, sino que también enriquece el proceso legislativo al incorporar la diversidad cultural de México, lo que constituye un paso importante hacia la construcción y consolidación de un país más inclusivo y democrático, donde todas las voces, en todas sus lenguas, puedan ser escuchadas y respetadas”, señaló.
Salomón Durán mencionó también que se busca fortalecer los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, de modo que esta modificación es un paso hacia la construcción de un México más justo, inclusivo y respetuoso de su diversidad, y es responsabilidad del Poder Legislativo asegurar que este paso se dé con firmeza y convicción.
Recordó que la iniciativa “Las Lenguas Toman la Tribuna”, llevada a cabo desde 2022, ha sido una gran herramienta para mostrar la riqueza lingüística de nuestro país y reivindicar el derecho de los pueblos indígenas a participar plenamente en la vida política del país. Sin embargo, para que esta iniciativa tenga un impacto duradero es fundamental que se institucionalice mediante la modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La legisladora recalcó que esta iniciativa también responde a los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, particularmente en el marco del Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas 2022-2032.
Asimismo, resaltó que se da un reconocimiento legal de las lenguas indígenas y su relevancia en la vida pública y política ha sido un proceso largo y complejo, marcado por la lucha de los pueblos indígenas por mantener y revitalizar sus lenguas en un contexto de constante discriminación y desplazamiento cultural.
