- El sureste mexicano, donde se desarrolla el Tren Maya, es hábitat de especies clave como el jaguar.
- La senadora aseguró que cualquier acción que implique sacrificio de jaguares, tapires o venados violaría el marco jurídico nacional e internacional que México ha suscrito.
Para garantizar la protección y el cuidado de la fauna ubicada en la zona donde se construye el Tren Maya, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que verifique el cumplimiento de las normas mexicanas e internacionales firmadas por nuestro país en materia de protección y bienestar animal.
La senadora exhortó también a la Secretaría de la Defensa Nacional a informar las especificaciones del contrato firmado por la empresa Susoma Soluciones Ambientales, S. de RL de CV, particularmente en el tratamiento que darán a la flora y fauna de esta zona, mediante el protocolo definido en la prestación de servicios.
Y es que en pasados días, trascendió en diversos medios de comunicación que la Secretaría de Defensa Nacional, y la empresa Tren Maya, S.A. de C.V., firmaron el contrato TM-CGRMSG-SVS-0200/204 con la empresa Susoma Soluciones Ambientales, S. de RL de CV, el cual destacaba el "servicio de manejo de fauna nociva para las operaciones ferroviarias del Tren Maya" con el objetivo de ahuyentarlas, capturarlas, removerlas de las cercanías del tren, e incluso sacrificarlas.
La legisladora subrayó que el sureste mexicano, donde se desarrolla el Tren Maya, es hábitat de especies clave como el jaguar, del cual, estudios recientes afirman que en la península de Yucatán habitan tan solo 750 ejemplares adultos; además de otras especies como el tapir y el venado, todos ellos clasificados como especies endémicas en peligro de extinción, pero que han sido consideradas "peligrosas para mantener los indicadores de seguridad y eficiencia del Tren Maya", de acuerdo con el contrato celebrado con la empresa Susoma.
Aseguró que cualquier acción que implique sacrificio de jaguares, tapires o venados violaría el marco jurídico nacional e internacional que México ha suscrito, como por ejemplo, la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece que la conservación de especies endémicas y en peligro de extinción debe ser prioritaria; mientras que la Ley General de Vida Silvestre subraya la responsabilidad de la SEMARNAT en la identificación, protección y recuperación de especies en riesgo.
Dijo que aunque la NOM-033-SAG/ZOO-2014 define la "matanza de control" como una medida para proteger áreas naturales o evitar riesgos graves para la vida humana, animal o medio ambiente, bajo circunstancias específicas, como jaurías o riesgo de ataque a personas o animales, éstas no sustentan la facultad de los prestadores de servicios para realizar matanzas en las circunstancias planeadas, por lo que la senadora consideró indispensable "analizar el contenido del contrato para efectuar la interpretación adecuada y coordinar con las autoridades responsables para evitar prácticas que pongan en riesgo el bienestar de la fauna", apuntó.
Finalmente, la senadora destacó la "urgente necesidad de implementar medidas estrictas de protección frente a cualquier proyecto de desarrollo, incluyendo al Tren Maya".
- Los animales de compañía no son objetos de temporada ni juguetes; son seres vivos que sienten y necesitan cuidados permanentes.
- En México, el 70% de los hogares tienen una o más mascotas; sin embargo, ocupamos el tercer lugar mundial en violencia animal.
En vísperas del Día de Reyes, las senadoras y los senadores del Partido Verde exhortaron a las familias mexicanas a reflexionar sobre la compra de mascotas como regalos, enfatizando que los animales no son juguetes, sino seres vivos que requieren cuidado, respeto y trato digno.
Este llamado busca crear conciencia sobre la responsabilidad que implica tener una mascota y promover una verdadera cultura de protección hacia los seres sintientes, debido a que México ocupa el tercer lugar mundial en maltrato animal y el primero en América Latina, con alrededor de 60 mil muertes de animales al año. Además, 27 millones de perros y gatos viven en las calles, y cada año medio millón de ellos son abandonados.
"Los animales de compañía no son objetos de temporada ni juguetes; son seres vivos que sienten y necesitan cuidados permanentes, como alimentación, hidratación y protección a lo largo de toda su vida", destacaron.
En ese sentido, los integrantes de la bancada ecologista recordaron que la reciente aprobación de la reforma que eleva a rango constitucional la protección y el cuidado animal representa un paso significativo en la lucha por la justicia y el bienestar de los seres sintientes.
Señalaron que ésta reforma no solo incorpora la protección animal en los planes y programas educativos, también otorga al Congreso la facultad para legislar en materia de bienestar animal, lo que contribuye a promover una sociedad más respetuosa y comprometida con los derechos de los animales.
"Con estas modificaciones a la Constitución, no solo abrimos el camino hacia leyes secundarias que eliminen las prácticas de crueldad, sino que también consolidamos el trato ético como principio fundamental", enfatizaron los ecologistas.
Según cifras del INEGI, en México, el 70 por ciento de los hogares cuenta con una o más mascotas. Sin embargo, el país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en violencia animal, lo que refleja una preocupante contradicción entre la tenencia y el bienestar de estas especies.
Finalmente, los legisladores reiteraron su compromiso con la promoción de iniciativas enfocadas en la protección animal, que forman parte de su agenda legislativa, contribuyendo a formar una sociedad más consciente y solidaria.
- Las políticas públicas deben impactar en la esperanza de vida de quienes habitan los estados del sur; la migración, la pobreza y la violencia no pueden seguir siendo ignorados.
La senadora Rocío Corona Nakamura del Partido Verde solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) un informe sobre las acciones implementadas en los últimos cinco años para mejorar las condiciones de vida en los estados de la frontera sur, así como los avances en materia de salud pública, protección a la infancia, sistemas educativos y control de la incidencia delictiva.
Corona Nakamura detalló que no sólo debe informar sobre las medidas adoptadas en esta región clave del país, sino también garantizar que dichas acciones se alineen con los objetivos establecidos en la Ley General de Población.
"Es fundamental garantizar que las políticas públicas realmente impacten en la esperanza de vida de la población que habita en los estados del sur, debido a que la migración, la pobreza y la violencia en esa región del país no pueden seguir siendo ignorados”, refirió la senadora.
Según datos del INEGI, entre 2015 y 2020, los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche presentaron un saldo migratorio negativo de 3.4, 2.1 y 1.9 por ciento, respectivamente. En cuanto a la esperanza de vida, estas entidades registraron niveles por debajo de la media nacional, siendo Chiapas el estado con el indicador más bajo, con 76.4 años, lo que representa 2.5 años menos que el promedio nacional.
Esta problemática se agrava con un aumento del 10.76 por ciento en la incidencia delictiva en los cuatro estados de esa región del país, siendo Campeche y Tabasco los más afectados con incrementos significativos del 43.77 por ciento y 24.98 por ciento, respectivamente.
Finalmente, la senadora Corona Nakamura enfatizó que los desafíos demográficos y de seguridad en la frontera sur deben abordarse de manera integral. Asimismo, destacó la importancia de establecer la colaboración conjunta por parte de las autoridades de los tres niveles para implementar estrategias que promuevan la justicia social y el bienestar no solo en esta región, sino en todo el país.
