- La senadora destacó que en San Luis Potosí ya funciona un modelo exitoso que podría replicarse a nivel nacional.
La senadora Ruth González Silva presentó en el Senado de la República una iniciativa para crear un seguro escolar obligatorio frente a accidentes para todas y todos los alumnos de educación básica en escuelas públicas del país.
De acuerdo con la legisladora, los planteles educativos fueron en 2022 el tercer lugar con mayor incidencia de percances en menores de 0 a 9 años, lo que evidencia la necesidad de garantizar atención médica inmediata y gratuita en caso de emergencias.
“Las familias no deben endeudarse ni vivir con incertidumbre cuando ocurre un accidente escolar. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a la niñez”, señaló González Silva.
La senadora recordó que en San Luis Potosí ya existe un programa de seguro escolar que brinda cobertura médica a estudiantes en caso de accidentes, el cual ha demostrado ser exitoso y replicable a nivel nacional.
La propuesta busca la creación de un Sistema Nacional de Aseguramiento Escolar, que permita atención médica oportuna en todo el país, con lineamientos emitidos por la autoridad educativa federal y cobertura sin importar el estado de residencia.
“Este seguro no es un gasto, sino una inversión en prevención, equidad y bienestar”, afirmó González Silva.
- México avanza con una perspectiva feminista que atiende las causas profundas de la desigualdad social y la seguridad ciudadana: Magaña Fonseca.
- “Hoy, la Secretaría de Gobernación ya no es un órgano de imposición autoritaria, sino una institución que construye consensos”: Silva Romo.
Durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, senadoras y senadores del Partido Verde destacaron los avances en materia de gobernabilidad, igualdad sustantiva y derechos humanos alcanzados en este primer año de gestión.
La senadora Virginia Magaña Fonseca subrayó que el trabajo de la presidenta ha estado marcado por la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el diálogo con actores sociales y la participación creciente de las mujeres en espacios de decisión.
“México avanza con una perspectiva feminista que atiende las causas profundas de la desigualdad social y la seguridad ciudadana”, afirmó.
En su intervención, resaltó la política migratoria humanista, que ha permitido dejar atrás las escenas de caravanas desordenadas gracias a la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración, gobiernos locales y fuerzas de seguridad.
Asimismo, Magaña Fonseca reconoció los avances en la reestructuración del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con más de 400 millones de pesos destinados, tres mil 700 solicitudes biométricas procesadas y la capacitación de dos mil funcionarios en protocolos homologados.
Por su parte, el senador Luis Alfonso Silva Romo destacó que México atraviesa un momento histórico bajo el liderazgo de la primera presidenta, Claudia Sheinbaum, cuya aprobación ciudadana alcanza el 73 por ciento, de acuerdo con encuestas recientes.
"Esto demuestra que no vivimos en un país polarizado, sino en una nación que cada vez más confía en su gobierno, un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo", afirmó.
El legislador puntualizó que las reformas impulsadas desde el Senado y la Presidencia reflejan la realidad nacional y fortalecen la democracia. En este sentido, recalcó que la Secretaría de Gobernación ya no es un órgano de imposición autoritaria, sino una institución mediadora que construye consensos y garantiza derechos.
Asimismo, enfatizó que 13 millones de mexicanos han salido de la pobreza, un logro que marca un avance sustantivo en la lucha contra la desigualdad y la construcción de paz. Asimismo, indicó que aún hay retos en materia de seguridad pero que se está trabajando con la ley en la mano.
"Hoy, la secretaría de Gobernación ya no es un órgano de posición autoritaria sino un órgano que construye consensos", enfatizó el senador por Oaxaca.
- La propuesta busca frenar la explotación de menores y mujeres en su propio entorno familiar.
- En México, casi 50% de los casos de trata infantil inicia en el entorno familiar; senadora exige castigo ejemplar.
La senadora Juanita Guerra Mena, integrante de la bancada del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el fin de aumentar las penas de 10 a 20 años de prisión cuando el delito sea cometido por un familiar de la víctima.
Guerra Mena dijo que la trata de personas es la “esclavitud moderna” y uno de los delitos más crueles que priva de su dignidad a millones de víctimas en el mundo, quienes son explotadas con fines sexuales, laborales, mendicidad forzada, servidumbre doméstica o extracción de órganos.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, más de 40 millones de personas fueron víctimas de esclavitud moderna en 2016, de las cuales 24.9 millones se encontraban en situación de trabajo forzoso y 15.4 millones en matrimonio forzado.
En el caso de México, la senadora comentó que la ONU ha documentado que casi el 50 por ciento de los casos de trata de menores inicia en el propio entorno familiar, lo que agrava el impacto psicológico y social de las víctimas, pues quienes deberían protegerlos terminan siendo sus victimarios.
Por su parte, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República reporta que en nuestro país, el 93 por ciento de las víctimas de trata son mujeres y 26 por ciento son menores de edad. Además, el 45 por ciento son captadas por conocidos, lo que refleja la gravedad del problema cuando el círculo familiar se convierte en el primer eslabón de la explotación.
La legisladora advirtió que este fenómeno ha proliferado en municipios con altos niveles de pobreza, donde prácticas como la venta de niñas para matrimonios forzados o explotación sexual aún se mantienen. Asimismo, destacó que Guerrero es uno de los estados con mayor incidencia en turismo sexual infantil, lo que evidencia la urgencia de reforzar el marco jurídico.
Frente a esta situación, la ecologista subrayó que su iniciativa plantea que, además de las sanciones ya previstas en la ley, cuando exista vínculo de parentesco entre el agresor y la víctima, la pena se eleve a un rango de 10 a 20 años de prisión y multas de hasta 30 mil días.
Guerra Mena dijo que la medida busca reforzar el marco legal frente a un delito que se ha convertido en el segundo negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo después del narcotráfico. “Con esta propuesta, el Partido Verde reafirma su compromiso de combatir la esclavitud del siglo XXI y proteger a las víctimas, especialmente a las más vulnerables”, indicó la senadora.
