- La senadora del Partido Verde presentó un exhorto para investigar posibles conflictos de interés y evitar el uso electoral de los recursos públicos.
La legisladora señaló que investigaciones periodísticas recientes identificaron al menos ocho organizaciones vinculadas con funcionarios o exfuncionarios del PAN que solicitan recursos para distribuir despensas, tinacos, calentadores solares y otros apoyos durante 2027, cuando se celebrarán elecciones en Guanajuato.
“No estamos afirmando que ya se haya cometido un delito, pero sí hay suficientes elementos para exigir explicaciones. Lo que no podemos permitir es que la necesidad de la gente se convierta en una oportunidad para obtener ventajas políticas”, sostuvo.
La senadora cuestionó que, tras las investigaciones periodísticas, la administración estatal anunciara modificaciones a Tocando Corazones para 2027, sin precisar medidas específicas para atender los señalamientos de la convocatoria vigente, cuyos resultados se publicarán el próximo 20 de noviembre.
“Está bien que quieran mejorar las reglas para 2027, pero ¿qué va a pasar con los más de 536 millones de pesos que están por asignarse este año? Si el gobierno asegura que todo es transparente, que demuestre cómo está revisando los posibles conflictos de interés antes de entregar el dinero”, expresó.
Finalmente, recordó que el Gobierno del Estado decidió extinguir el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato (FIDESSEG) bajo el argumento de combatir la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos.
“Estos recursos no son de un partido ni de una administración. Son recursos públicos que deben servir a la gente. Desaparecieron el FIDESSEG prometiendo mayor transparencia y hoy vuelven a surgir cuestionamientos sobre el destino del dinero. De nada sirve cambiarle el nombre al programa si no cambian las prácticas”, concluyó.
- Uno de los mayores obstáculos que enfrentan las personas trans es el reconocimiento de su identidad de género en los documentos oficiales, para realizar el cambio de nombre y sexo.
Con la finalidad de garantizar un justo reconocimiento al derecho a la identidad de género en los documentos oficiales, las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para reconocer la identidad de género autopercibida e impulsar el desarrollo de políticas contra la transfobia.
Los legisladores ecologistas explicaron que, si bien una persona puede nacer con un sexo biológico determinado, su identidad de género puede variar, en función de cómo se siente y experimenta a sí misma, respecto a las normas y categorías de la sociedad, las cuales pueden o no coincidir con su sexo asignado al nacer, y agregaron que existen diversas identidades de género, que muestran la dimensión espectral de las subjetividades dentro del marco de identidad.
Detallaron que las personas trans a menudo enfrentan barreras estructurales significativas que afectan su bienestar integral, como dificultades en el acceso a la salud, la educación; también sufren a menudo discriminación, violencia, exclusión laboral y económica, rechazo social o familiar, y obstáculos burocráticos en trámites legales.
En este último punto, subrayaron que uno de los mayores obstáculos que enfrentan las personas trans es el reconocimiento de su identidad de género en los documentos oficiales, para realizar el cambio de nombre y sexo. Explicaron que muchas personas trans que se encuentran en proceso, o que han concluido su tratamiento médico para la reasignación sexogenérica o afirmación de género, solicitan que se modifique su acta de nacimiento en los campos de nombre y sexo o género, pero en algunos casos, se enfrentan a negativas u obstáculos de las autoridades para llevar a cabo estos cambios.
Los senadores del Partido Verde recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoce el derecho a la identidad de género como elemento necesario para hacer efectivos otros derechos humanos, por lo que el reconocimiento de la identidad de género en los documentos oficiales es esencial para lograr el acceso a todos ellos.
Reconocieron que a fin de avanzar en este reconocimiento, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó que, a partir de junio de 2026, en la Credencial para Votar se podrá incluir la identidad de género autopercibida, sin embargo, dijeron que no es suficiente con que las instituciones establezcan procedimientos internos para reconocer la identidad de género autopercibida y los derechos de las personas trans, sino que esto debe traducirse en reformas legislativas.
Finalmente, las y los senadores del Verde insistieron en la urgencia de visibilizar y garantizar los derechos de las personas trans, que son las más vulnerables dentro de la comunidad LGBTIQ+, por lo que dijeron que es pertinente actualizar la legislación en materia de identidad de género autopercibida y derechos de las personas trans.
- Es indispensable la previsión, ya que la incorporación de una persona a una institución policial no ocurre de manera inmediata.
- También busca que se considere la asignación de una partida presupuestaria destinada a fortalecer los mecanismos de jubilación y retiro del personal policial.
- Además, se deben revisar las remuneraciones y contemplar ajustes salariales progresivos al personal policial.
A fin de que las autoridades competentes puedan iniciar oportunamente los procesos necesarios para formar a quienes habrán de incorporarse a las instituciones policiales, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos, para que realice y remita un diagnóstico sobre las bajas previsibles de elementos policiales por jubilación, retiro, separación o cualquier otra causa, y establezca las acciones de planeación, reclutamiento, formación y certificación necesarias para garantizar la renovación oportuna del estado de fuerza policial en la entidad.
También busca exhortar al Congreso del Estado de Morelos para que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2027, considere la asignación de una partida presupuestaria destinada a fortalecer los mecanismos de jubilación y retiro del personal policial, así como el reclutamiento, selección, formación y contratación de nuevos elementos, a fin de garantizar condiciones dignas para quienes concluyen su servicio, favorecer el relevo generacional y fortalecer el estado de fuerza de las corporaciones de seguridad pública en la entidad.
Por otro lado, la legisladora por Morelos exhortó a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y a las y los 36 presidentes municipales de la entidad para que revisen las remuneraciones y contemplen ajustes salariales progresivos del personal policial tomando como referencia los parámetros nacionales de salario digno policial.
La senadora recalcó que la renovación del estado de fuerza policial debe ser entendida como un proceso permanente de planeación institucional; aseguró que la jubilación, el retiro, la separación del servicio, las bajas administrativas y otras causas de conclusión de la relación de servicio constituyen circunstancias que pueden modificar de manera gradual la capacidad operativa de una corporación.
Recordó que recientemente se han difundido notas informativas en las que se advierte sobre un posible déficit de elementos policiales en el estado de Morelos, así como la preocupación por el personal que se encuentra próximo a cumplir los requisitos para su jubilación, en este contexto dijo que es necesario contar con información actualizada sobre el estado de fuerza policial, el número de elementos próximos a retirarse y las previsiones institucionales para garantizar su reemplazo oportuno, a fin de evitar una disminución en la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad pública.
Apuntó que de acuerdo con un informe del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, Yautepec es el municipio con menos policías por cada mil habitantes con una media de 0.4 con 43 elementos; por su parte, Cuernavaca, pasó de tener 794 policías a contar con 361 al corte del 2025, lo que representa una reducción del 43 por ciento.
La senadora explicó que las y los policías desempeñan una labor fundamental en la prevención del delito, la preservación del orden público, la protección de la integridad y el patrimonio de las personas, así como en la construcción de entornos seguros para las familias, y a menudo arriesgan su integridad física e incluso su vida en el cumplimiento de su deber, por lo que garantizar remuneraciones dignas y prestaciones adecuadas no debe considerarse únicamente una cuestión administrativa o presupuestaria, sino un componente relevante de la profesionalización y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
Finalmente, la senadora ecologista dijo que no se trata solamente de contratar más elementos, sino garantizar que la renovación del personal policial se realice de manera ordenada, gradual y anticipada, evitando periodos en los que las corporaciones enfrenten vacantes que pudieron haber sido previstas con suficiente antelación, además de que la remuneración del personal policial ser proporcional con la naturaleza de sus funciones, el nivel de responsabilidad, los riesgos inherentes al servicio y las necesidades económicas que enfrentan.
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