La senadora Virginia "Kikis" Magaña presentó Mujeres que Nutren, una estrategia que llegará a los 46 municipios de Guanajuato para impulsar la alimentación saludable, el autocuidado y el bienestar de las mujeres a través de la formación de liderazgos comunitarios.
El programa brindará herramientas prácticas sobre alimentación saludable, autocuidado y bienestar mediante un modelo de capacitación y réplica comunitaria. A diferencia de un taller tradicional de nutrición, Mujeres que Nutren no busca prescribir dietas, contar calorías ni centrarse en el peso corporal; su propósito es promover una relación más consciente con la alimentación y fortalecer el bienestar integral de las mujeres desde una perspectiva preventiva y comunitaria.
"Mujeres que Nutren nace de escuchar a las mujeres en el territorio, conocer sus necesidades y entender que cuidar de la familia también implica aprender a cuidar de una misma", expresó la senadora.
La estrategia se fundamenta en las Guías Alimentarias para la Población Mexicana y busca impulsar pequeños cambios sostenibles que contribuyan a mejorar la salud y la calidad de vida de las mujeres y sus familias.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), siete de cada diez personas adultas en Guanajuato viven con sobrepeso u obesidad, una condición estrechamente relacionada con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Ante este panorama, Mujeres que Nutren apuesta por la prevención y la educación comunitaria como herramientas para transformar hábitos desde lo cotidiano.
Virginia "Kikis" Magaña destacó que el programa reconoce el papel que desempeñan las mujeres en la organización de la alimentación familiar, pero también busca fortalecer su propio bienestar.
"Cuando una mujer fortalece su salud y transforma sus hábitos, ese cambio trasciende. Llega a su familia, a su comunidad y genera un impacto positivo que se multiplica", señaló.
Con esta estrategia, el Senado impulsa una agenda preventiva que pone en el centro el bienestar de las mujeres, promoviendo el acceso a información práctica, el autocuidado y la construcción de comunidades más saludables.
- La iniciativa propone establecer que los trabajadores que acrediten estar inscritos en instituciones de educación media superior o superior puedan convenir con el patrón una jornada compatible con sus horarios escolares.
- Dicha jornada no podrá ser objeto de represalias, reducciones salariales desproporcionadas ni condicionada al abandono de los estudios.
Con la finalidad de que los estudiantes que trabajan puedan continuar con su desarrollo académico y conservar su empleo, el senador Virgilio Mendoza propuso una iniciativa en materia de compatibilidad entre el trabajo y los estudios de nivel medio superior y superior.
Explicó que su propuesta busca atender una problemática real que afecta a jóvenes estudiantes que además trabajan, y es que la legislación actual no reconoce la condición de trabajador estudiante ni la protege, lo que ocasiona que millones de jóvenes deban elegir entre trabajar o estudiar, ocasionando deserción escolar.
Para ello, su iniciativa propone diversas medidas: Reformar el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo incorporar en la definición de trabajo digno la compatibilidad entre trabajo y desarrollo educativo; reformar al artículo 59 para reconocer que los trabajadores inscritos en instituciones de educación media superior o superior pueden convenir con el patrón una jornada compatible con sus horarios escolares; reformar al artículo 63 para flexibilizar la distribución del tiempo de descanso dentro de la jornada para que el trabajador-estudiante pueda atender obligaciones académicas.
Por otro lado, también se busca que el patrón esté obligado a respetar y facilitar la jornada estudiantil convenida, además de que se le prohíba al patrón y a la empresa la rescisión, sanción o cualquier medida que afecte al trabajador con motivo de su condición de estudiante, asistencia a clases, presentación de exámenes o cualquier actividad académica.
Detalló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2024), en México existen aproximadamente 9.8 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años que trabajan y estudian simultáneamente, quienes a menudo ven sus actividades escolares afectadas debido a que el patrón no tiene la obligación de adaptar el horario de trabajo al horario escolar, además de que les puede asignar tiempo extraordinario aunque interfiera con los exámenes o actividades académicas, y puede rescindir la relación de trabajo sin que la condición de estudiante del trabajador genere protección alguna.
Explicó que según la Encuesta Nacional sobre Deserción en la Educación Media Superior (SEP 2023), el 39.4 por ciento de estudiantes que abandonan la preparatoria lo hacen por necesidades económicas ligadas al trabajo; mientras que el Estudio de Trayectorias Educativas y Laborales (INEE, 2022) señala que la incompatibilidad de horarios entre el trabajo y la escuela es la segunda causa de abandono escolar en el nivel medio superior.
Ante este panorama, el senador ecologista insistió en la pertinencia de incluir en nuestra legislación el reconocimiento expreso de la jornada estudiantil compatible mediante convenio, tope protector de seis horas, flexibilidad de descanso, obligación patronal de respetar el horario escolar y prohibición expresa de represalias por condición de estudiante.
- Si bien, diversas disposiciones transitorias permiten dar continuidad administrativa y jurídica al hacer referencia que las menciones a la Secretaría de la Función Pública se entenderán como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, es conveniente realizar adecuaciones para brindar mayor certeza jurídica.
Con el objetivo de facilitar la correcta aplicación de las normas vinculadas con los mecanismos de control, responsabilidad administrativa para el acceso de la justicia administrativa, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para armonizar la legislación de la “Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”.
Explicaron que con su propuesta se busca armonizar la legislación con la reforma a la fracción I del párrafo séptimo del artículo 1º y el primer párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y el párrafo cuarto del artículo 69-C de la Ley Federal Procedimiento Administrativo las cuales prevén mecanismos para la aplicación de la impartición justicia administrativa.
Recordaron que uno de los esquemas primordiales en la agenda pública del actual gobierno ha sido el combate a la corrupción, por lo que se ha buscado al interior gubernamental la erradicación de prácticas corruptas, con estructuras administrativas más transparentes y responsables, pero que estén sujetas a mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Agregaron que la confianza sobre el actuar público del Estado corresponde en un adecuado funcionamiento dentro de las instituciones democráticas, por lo que recordaron que el actual gobierno federal presentó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se realizaron diversas modificaciones a la estructura de la Administración Pública Federal, entre las que destaca el cambio de denominación de la Secretaría de la Función Pública por el de “Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, con la finalidad de realizar una redefinición del servicio público que se requiere para que sea aplicado con integridad, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Detallaron que si bien, diversas disposiciones transitorias permiten dar continuidad administrativa y jurídica al hacer referencia que las menciones a la Secretaría de la Función pública se entenderán como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, recalcaron que es conveniente realizar adecuaciones para brindar mayor certeza jurídica y avanzar en el proceso de armonización legislativa para que en cada una de las normas se refleje la nueva estructura orgánica del Estado.
Finalmente, reiteraron que su propuesta es coincidente con las políticas enfocadas a la transformación, además de que se encuentra apegada a la congruencia Legislativa entre la legislación vigente y la organización que tiene actualmente el Estado en las leyes que prevén mecanismos para la aplicación de la impartición justicia administrativa.
