• Debemos seguir avanzando en la equidad salarial, especialmente para los servidores públicos como maestros, médicos y personal militar: Fernández González.
• La política de aumentar los salarios mínimos no es oportunista ni electoral, sino un compromiso a largo plazo: Ramírez Marín
El Partido Verde reafirmó su compromiso con los millones de trabajadoras y trabajadores del país al respaldar la reforma al Artículo 123 de la Constitución Mexicana, que establece un salario mínimo siempre por encima de la inflación, garantizando mejores condiciones a los empleados, además de que representa un paso clave para continuar con los avances logrados en la Cuarta Transformación, enfocados en la justicia social y la dignidad de la clase trabajadora.
El senador Waldo Fernández González subrayó que esta reforma derrumba mitos arraigados en la política y la economía mexicana. "Durante años, se nos dijo que no era posible aumentar el salario mínimo sin causar inflación. Hoy, con un incremento del 12 por ciento proyectado para 2025, demostramos que es factible mejorar las condiciones de vida de los trabajadores sin afectar la estabilidad económica", explicó.
El legislador también recordó los logros obtenidos desde 2018, cuando la política de salarios mínimos impulsada por el gobierno federal duplicó el salario mínimo real. Fernández destacó que este aumento ha sacado a millones de personas de la pobreza laboral y ha fortalecido la economía interna, particularmente en regiones clave como la Zona Libre de la Frontera Norte.
El senador por Nuevo León enfatizó la importancia de seguir avanzando en la equidad salarial, especialmente para los servidores públicos como maestros, médicos y personal militar. "Hoy tenemos la oportunidad de transformar el rumbo de nuestro país. Sigamos avanzando hacia una sociedad más justa", agregó.
En este sentido, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín hizo énfasis en que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de aumentar el salario mínimo, fue clave para la recuperación económica del país, y que esta recuperación no sólo ha impactado la economía personal, sino que ha sido un pilar para la recuperación de familias, comunidades y regiones enteras.
"La política de aumentar los salarios mínimos no es oportunista ni electoral, sino un compromiso a largo plazo. El gobierno ha asegurado que el salario nunca estará por debajo de la inflación, y la meta es alcanzar para 2030, una canasta mínima de bienestar que garantice dignidad a todas las familias mexicanas", enfatizó.
Dijo que a pesar de las comparaciones con países como Estados Unidos, nuestro país está cada vez más cerca de alcanzar los salarios de otras naciones desarrolladas, y lo más importante es que se está dando resultados, por lo que el nuevo gobierno debe seguir la misma ruta que la administración anterior.
En su oportunidad, la senadora Juanita Guerra Mena destacó que desde 2018, bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, México experimentó un cambio de paradigma en su forma de gobernar, enfocado en la justicia social, por lo que invitó a los congresos locales a seguir este ejemplo y trabajar en la protección de los derechos laborales en todo el país.
"Desde el Senado de la República estamos haciendo lo que nos corresponde para cuidar a quienes nos protegen", afirmó, refiriéndose a los sectores esenciales como maestros, policías, elementos de la Guardia Nacional y personal médico, quienes recibirán una remuneración más justa acorde con el promedio de cotización del IMSS.
Finalmente, los legisladores del Partido Verde destacaron que el salario mínimo no es solo un indicador económico, sino un reflejo del compromiso con la dignidad humana y la equidad social. "Estamos construyendo un México más justo, donde el trabajo sea reconocido y recompensado con un salario digno", concluyeron.
Durante la discusión sobre el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos que busca reformar y adicionar diversas propuestas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. El Senador de Nuevo León, Waldo Fernández, denunció que la Suprema Corte de Justicia tiene más de dos años sin resolver la controversia en la designación del Fiscal General de Justicia del Estado. Por ello, dijo, es fundamental transformar ese poder de la unión, que tiene doscientos años sin ser actualizado, por lo que ha perdido el contacto con la ciudadanía.
"En esta oportunidad les digo que tenemos un país en marcha y en evolución permanente después de muchos años de aletargamiento, concretamente con este poder (judicial). Nos encontramos en un punto de inflexión para consolidar los avances democráticos y de justicia social que durante muchos años quedaron postergados" aseguró Fernández.
Por ello, dijo el Senador, "México necesita un Poder Judicial que esté al servicio de la gente, que no se aleje de la problemática social ni se encierre en altas torres de privilegio...La reforma que tenemos en nuestras manos le pone rostro a la justicia. Si bien la justicia es ciega no tiene por qué no tener rostro, no tiene por qué no tiene que haber vinculación de un juez o un magistrado con su comunidad, o un ministro con su país".
En el caso de Nuevo León, Fernández destacó que, siendo una entidad sumergida en una crisis de inseguridad "tenemos dos años sin que la Corte pueda dirimir un asunto de la mayor importancia como es la pertinencia de un Fiscal autónomo. Dos años lleva un estado como Nuevo León, pujante, que hace su aportación, sin poder determinar la elegibilidad de un fiscal, porque en el arduo trabajo de la Corte pareciera que resolver la controversia sobre la persona encargada de procuración de justicia de un estado, puede tardar más ¡así la indolencia con la que se trata un estado! ¡Así la indolencia con ciudadanos y ciudadanas que viven una crisis de inseguridad!".
"Al ser elegidos popularmente, los jueces tendrán un mandato más enfocado en servir a la sociedad, lo que reduce las presiones políticas o económicas externas y favorece un sistema judicial más imparcial. Estamos ante un hecho histórico que permitirá a las y los ciudadanos elegir con su voto a quienes tendrán la noble tarea de impartir justicia" aseguró el Senador.
"Con esta reforma, damos pasos firmes hacia la transparencia y la legitimidad de una institución que es vital para contribuir al desarrollo de nuestro país" añadió.
• Crear espacios laborales libres de acoso y discriminación, no solo protege la salud de los empleados, también mejora su calidad de vida y su productividad.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre de cada año, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República, reafirmó su compromiso con el bienestar mental de las y los trabajadores mexicanos, haciendo un llamado a priorizar la salud mental en los centros laborales del país.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el lema de este año: "Es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo", destaca la importancia de crear entornos laborales seguros y saludables que protejan la salud mental de los trabajadores.
En ese sentido, el Partido Verde subrayó que la salud mental es un derecho humano fundamental y un pilar esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico, por lo que reiteró su compromiso para apoyar políticas públicas que promuevan la prevención de adicciones, el acceso a servicios de salud mental y la atención oportuna de trastornos psicológicos, particularmente ante el impacto negativo que dejó la pandemia de COVID-19 en la salud mental de la población.
"El bienestar mental de las y los trabajadores no debe ser una cuestión secundaria, es necesario crear espacios de trabajo que estén libres de acoso, discriminación y estigmas, no solo para proteger la salud de los empleados, también para mejorar su calidad de vida y su productividad", agregó.
Asimismo, señaló que la salud mental es un componente fundamental del bienestar integral, ya que contribuye a mejorar tanto la calidad de vida como la productividad de las y los trabajadores.
Ante este panorama, el Partido Verde en el Senado de la República reiteró su compromiso para fortalecer las políticas públicas vigentes en materia de salud mental, y enfatizó que continuará trabajando en la creación de leyes que prioricen entornos laborales seguros y libres de riesgos psicológicos.
