- Elevar la calidad en las instituciones de seguridad pública es crucial para la efectividad de estas organizaciones y la confianza que la ciudadanía deposita en ellas.
Para que las instituciones de seguridad pública y las dependencias de las Entidades Federativas de nuestro país puedan mejorar su desempeño y responder de manera más efectiva a las necesidades de la población, la senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa para que éstas implementen Sistemas de Gestión de Calidad tendientes a la mejora de sus procesos, políticas y actuaciones, certificadas por medio de estándares de calidad.
Explicó que la seguridad pública en nuestro país y en varios países de Latinoamérica atraviesa una crisis marcada por una compleja interacción entre problemas estructurales y culturales que afectan su efectividad.
Agregó que uno de los aspectos más críticos es la falta de capacitación profesional de los cuerpos de seguridad, particularmente de las policías estatales y municipales, quienes a menudo no cuentan con las habilidades necesarias para enfrentar situaciones complejas y de alto riesgo, lo que se traduce en un servicio de baja calidad que no responde a las necesidades de la sociedad y genera desconfianza y frustración.
Además, afirmó que cuando las instituciones son percibidas como opacas, la población adopta una actitud de desconfianza hacia ellas, lo que puede llevar a desobedecer la ley o a colaborar con el crimen, por lo que aseguró que la rendición de cuentas es un pilar fundamental en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.
En este sentido, insistió en que es indispensable crear canales de comunicación abiertos y efectivos, donde la población pueda expresar sus inquietudes y participar en la toma de decisiones, como herramienta esencial para modificar esta percepción.
Explicó que diversas organizaciones internacionales han propuesto lineamientos que, si son adoptados, podrían contribuir a la profesionalización y dignificación de los cuerpos policiales, así como a la mejora de la seguridad pública en México.
“Elevar la calidad en las instituciones de seguridad pública es crucial para la efectividad de estas organizaciones y la confianza que la ciudadanía deposita en ellas”, subrayó la senadora, y agregó que es indispensable “desarrollar estrategias integrales que incluyan la educación y sensibilización de los agentes sobre la importancia de la calidad, así como la creación de espacios de diálogo que permitan a los diferentes actores involucrados participar en la transformación del sistema de seguridad”.
Finalmente, Guerra Mena señaló que “la certificación de calidad no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como un camino hacia la mejora continua de las instituciones de seguridad pública”.
- Si bien en la ley ya se contempla el tamiz auditivo, sólo está dirigido a aquellos bebés que hayan nacido de forma prematura.
Para garantizar la detección temprana de malformaciones que puedan causar pérdida de audición o en su caso, detectar sordera, los senadores Juanita Guerra, Karen Castrejón, Waldo Fernández, Ruth González, Luis Armando Melgar, Virgilio Mendoza, Jorge Carlos Ramírez y Manuel Velasco, presentaron una iniciativa para que se incluya en la Ley General de Salud la realización del tamiz auditivo al prematuro y al recién nacido a la cuarta semana del nacimiento.
Destacaron que, si bien en la ley ya se contempla el tamiz auditivo, sólo está dirigido a aquellos bebés que hayan nacido de forma prematura, por lo que recalcaron que es indispensable que se realice a todos los recién nacidos, ya que un diagnóstico temprano puede facilitar la intervención oportuna y mejorar los pronósticos a largo plazo para infantes afectados.
Agregaron que su propuesta también tiene beneficios en materia de salud pública al reducir la necesidad de tratamientos más complejos o rehabilitaciones intensivas en etapas posteriores y permitirá fortalecer el sistema de salud “al alinear las prácticas médicas con los estándares internacionales de atención neonatal y procurar a mejorar de calidad de vida de los ciudadanos desde inicio de su vida”, expresaron.
Señalaron que según los expertos, el 60 por ciento de los casos de sordera en la niñez, son casos que pudieron prevenirse, por lo que en los últimos años la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha instado a que los Estados promuevan programas de detección temprana.
Los legisladores informaron que según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existen cerca de 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva en nuestro país, de las cuales el 34.4 por ciento tiene entre 30 y 59 años, el 47.4 por ciento son mayores de 60 años, y el resto considera a edades de 0 a 29 años.
Explicaron que el tamiz auditivo neonatal es una herramienta de evaluación e intervención temprana para detectar una discapacidad auditiva, e insistieron en que de acuerdo con los avances de la ciencia y en materia de salud, muchas de las discapacidades se pueden prevenir en los bebés si existe una atención médica previa, por lo que hicieron énfasis en la importancia de que este procedimiento se aplique a todos los bebés recién nacidos de nuestro país.
- Las sanciones se agravarán en caso de que dichas llamadas generen movilizaciones de cuerpos de emergencia.
- Llamadas de broma saturan líneas de emergencia; más de 640 mil fueron realizadas por menores de edad.
Ante el alarmante número de llamadas falsas que saturan el sistema de emergencias 911 y ponen en riesgo la vida de miles de personas, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, propuso reformar el Código Penal Federal y sancionar el uso indebido de los sistemas de respuesta de emergencia con penas de hasta 7 años de prisión y multas de hasta 400 días de salario para quienes hagan un uso indebido del sistema.
Guerra Mena detalló que, tan solo en marzo de 2025, se registraron 13.3 millones de llamadas al 911, de las cuales 9.6 millones fueron improcedentes. De éstas, más de 640 mil fueron realizadas por niños como una broma, mientras que otras 410 mil provinieron de jóvenes o adultos que llamaron por juego.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada llamada falsa al 911 cuesta en promedio 31 pesos, lo que representa un gasto superior a 4 millones de pesos diarios y un promedio de 140 mil llamadas improcedentes cada día.
“Estas acciones provocan saturación de líneas, retrasos en la atención, desgaste del personal y pérdida de confianza ciudadana en el servicio”, alertó.
Ante el alarmante incremento de más de 42 millones de llamadas improcedentes en 2024 —lo que representa casi el 74 por ciento deltotal nacional—, la senadora Guerra Mena señaló que su propuesta adiciona un Capítulo V Bis al Código Penal, con el fin de incrementar las penas y multas para quienes hagan un uso indebido del sistema. Las sanciones se agravarán en caso de que dichas llamadas generen movilizaciones de cuerpos de emergencia o provoquen daños derivados.
“Lamentablemente esta conducta irresponsable pone en riesgo vidas, bloquea el acceso a quienes realmente lo necesitan y desvía recursos vitales destinados para la atención de emergencias reales”, sentenció la legisladora.
Finalmente, Guerra Mena subrayó que algunos estados como Puebla, Querétaro o Aguascalientes ya aplican sanciones penales, pero el marco federal carece de una regulación específica. Por ello, busca armonizar la legislación nacional y fortalecer la estrategia para prevenir, mitigar y sancionar el mal uso del 911.
