Asimismo, se establece que los proveedores que operen mediante plataformas de comercio electrónico, deberán informar de forma clara, destacada y accesible, antes de la compra, los términos y condiciones aplicables al procedimiento de devolución, incluyendo plazos, formas de reembolso y requisitos específicos.

Sánchez Juárez explicó que, en la actualidad, el comercio minorista, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales, ha adoptado prácticas que limitan injustificadamente los derechos de las y los consumidores en México.

Una de las más comunes y recurrentes es la devolución del dinero a través de “tarjetas de regalo”, “monederos electrónicos” o “vales digitales”, en lugar de restituir los recursos mediante el mismo medio de pago que fue utilizado originalmente por el usuario.

Indicó que algunos ejemplos son tiendas como Liverpool, Sears, Sanborns y tiendas de conveniencia digitales como Amazon México, Shein y Temu que ofrecen el reembolso en forma de créditos digitales que solo pueden ser utilizados dentro de la misma tienda o plataforma, lo que obliga al consumidor a realizar otra compra, impidiéndole disponer libremente de su dinero y restringiendo su capacidad de elección.

Ante ello, subrayó que establecer en la ley la devolución del dinero en su firma original de pago, es una garantía fundamental de comercio justo y de la protección efectiva del consumidor.

“Obligar al comprador a aceptar una tarjeta de regalo es, en los hechos, obligarlo a renunciar a su libertad de consumo, lo cual contraviene el espíritu de la legislación vigente”, subrayó.

• También busca la creación y correcta implementación de protocolos de actuación con perspectiva de derechos humanos, que incluyan medidas de protección y acompañamiento

El diputado Felipe Miguel Degado Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso incorporar de manera expresa en la Ley General de Educación la obligación del personal de los centros educativos de denunciar, sin dilación y de manera directa ante el Ministerio Público, cualquier hecho, indicio o sospecha de violencia sexual, maltrato o cualquier otra forma de violencia en perjuicio de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa plantea reformar los artículos 74, 170 y 171, así como adicionar un artículo 74 Bis a la Ley General de Educación, con el objeto de precisar la obligación legal de la denuncia y establecer sanciones administrativas y pecuniarias para quienes incurran en conductas omisivas frente a hechos de violencia contra personas menores de edad.

El legislador indicó que también se busca garantizar la creación y correcta implementación de protocolos de actuación con perspectiva de derechos humanos, que incluyan medidas de protección, acompañamiento y reserva. “Estos protocolos pretenden conjugar la diligencia que exige la investigación penal con la protección psicosocial de las víctimas, evitando que la actuación institucional genere nuevas vulneraciones o procesos de revictimización”, apuntó.

Asimismo, el diputado Delgado Carrillo resaltó que la escuela no es únicamente un espacio de instrucción académica, sino un ámbito formativo fundamental para el desarrollo emocional, social y moral de niñas, niños y adolescentes. Por tal motivo, la exposición a situaciones de violencia en el contexto escolar puede generar efectos duraderos e incluso irreparables en la salud mental y en el proyecto de vida de las víctimas.

Por ello, la iniciativa enfatiza que corresponde a toda la comunidad educativa asumir un papel activo de contención y protección, y a las autoridades promover una cultura de responsabilidad que rompa silencios cómplices, prevenga la impunidad y restituya la confianza social.