Con su venia, presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores:
Hoy me presento ante esta soberanía con la firme convicción de atender uno de los retos más urgentes de nuestras ciudades: la movilidad urbana, la seguridad vial y la necesidad de adaptar nuestro marco jurídico a las nuevas realidades del transporte en México.
La movilidad no es solamente trasladarse de un lugar a otro; es un derecho fundamental que impacta directamente en la calidad de vida, en la economía y en la sostenibilidad de nuestras ciudades. Diversos análisis internacionales señalan que aquellas ciudades que invierten en infraestructura, electrificación y transporte eficiente están mejor preparadas para enfrentar los retos del futuro.
Sin embargo, en nuestro país la realidad es distinta. El crecimiento acelerado de nuestras ciudades ha traído consigo un incremento desmedido en la demanda de transporte. Hoy enfrentamos problemas graves como el tráfico vehicular, que afecta particularmente a zonas metropolitanas como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, entre otras.
Tan solo en la Ciudad de México, las personas pierden más de 150 horas al año en el tráfico, lo que además genera emisiones contaminantes que impactan la salud pública y el medio ambiente. A esto se suma un dato contundente: en México circulan más de 58 millones de vehículos, una cifra que ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas.
Ante esta realidad, han surgido nuevas alternativas de movilidad, particularmente los vehículos de baja potencia, como los patines eléctricos y las motocicletas de baja velocidad. Estos medios representan una opción accesible, eficiente y, en muchos casos, más sustentable para millones de personas.
Pero aquí radica el problema central: hoy estos vehículos se encuentran en un vacío legal. No son plenamente considerados vehículos motorizados, pero tampoco pueden tratarse como no motorizados. Esta ambigüedad ha generado desorden, riesgos y, lamentablemente, accidentes.
El crecimiento de estos vehículos ha sido exponencial, especialmente a partir de la pandemia. Sin embargo, su uso ha crecido sin una regulación clara que garantice la seguridad de quienes los conducen y de quienes comparten el espacio público con ellos.
Las cifras son alarmantes. Durante 2025 se registró un aumento significativo en accidentes fatales de motocicletas, donde muchos conductores no cuentan con capacitación ni equipo adecuado de protección. Solo el 9% tiene una licencia formal, y se han documentado prácticas de alto riesgo, como el exceso de velocidad y la invasión de carriles.
Esto no es un tema menor. Estamos hablando de vidas humanas; de la seguridad de peatones, ciclistas, automovilistas y usuarios de estos nuevos medios de transporte.
Por ello, la iniciativa que hoy someto a su consideración tiene como objetivo actualizar nuestra legislación para reconocer y regular de manera adecuada los patines eléctricos y las motocicletas de baja potencia que pueden superar los 25 kilómetros por hora.
¿Qué propone esta iniciativa?
Primero, incluir a estos vehículos dentro de la categoría de vehículos motorizados cuando superen velocidades de 25 kilómetros por hora.
Segundo, establecer obligaciones claras de tránsito, incluyendo el uso obligatorio de casco para conductores y pasajeros.
Tercero, prohibir su circulación en banquetas, aceras y ciclovías, garantizando que transiten por carriles adecuados para evitar riesgos.
Cuarto, incorporarlos en políticas de educación vial, fomentando una cultura de respeto y responsabilidad en las vías públicas.
Compañeras y compañeros: Esta iniciativa no busca frenar la innovación ni limitar las nuevas formas de movilidad; al contrario, reconoce que estos medios llegaron para quedarse, que son parte de la solución a los problemas de transporte y que pueden contribuir a ciudades más sostenibles.
Pero también reconoce que, sin reglas claras, sin orden y sin responsabilidad, cualquier avance puede convertirse en un riesgo.
Hoy tenemos la oportunidad de legislar con visión de futuro, de construir ciudades más seguras, de proteger la vida de millones de mexicanas y mexicanos y de dar certeza jurídica a una realidad que ya está en nuestras calles.
Por ello, les invito a acompañar esta iniciativa, a analizarla con responsabilidad y a dar un paso firme hacia una movilidad más segura, ordenada y sostenible en nuestro país.
Es cuanto.
