- Propone penas que van de los siete a los doce años de prisión y multas de hasta dos mil quinientos días para quienes incorporen a personas a organizaciones delictivas
Con el objetivo de enfrentar de manera más efectiva a la delincuencia organizada en nuestro país, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, propuso reformar el Código Penal Federal para tipificar como delito el reclutamiento criminal, con penas que van de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil quinientos días multa para quienes incorporen, de manera voluntaria o involuntaria, a personas a pandillas u organizaciones delictivas.
Núñez Aguilar explicó que el impacto de la delincuencia organizada afecta gravemente la economía, la seguridad pública y el tejido social del país, generando miedo y desconfianza entre los ciudadanos. Este ambiente hostil puede incluso obstaculizar el desarrollo económico y político de distintas regiones del país.
Asimismo, apuntó que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los grupos criminales suelen operar como estructuras organizadas, integradas por tres o más personas que buscan obtener beneficios económicos mediante actividades ilegales. Muchos de estos delitos, como el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y la trata de personas, se han convertido en verdaderos modelos de negocio para dichas organizaciones.
“Ante este panorama, los grupos delictivos se esfuerzan por expandir su presencia territorial, aumentar sus ingresos y fortalecer su control. Para lograrlo, recurren al reclutamiento de personas en situación de vulnerabilidad, incluidas menores de edad, personas adultas mayores o personas sin capacidad de comprender o resistir. Esto les permite mantener su operatividad sin enfrentar mayores consecuencias legales, ya que actualmente esta práctica no está tipificada como delito”, explicó el legislador.
Abundó que el reclutamiento criminal, a diferencia del secuestro, implica incorporar personas a una estructura delictiva con fines específicos. A pesar de ser una práctica ampliamente conocida y utilizada por los grupos delictivos, no existen consecuencias penales directas por llevarla a cabo, lo que genera un vacío legal aprovechado por las organizaciones criminales.
Por lo anterior, la iniciativa plantea no solo establecer el delito de reclutamiento criminal, sino también endurecer las penas cuando las víctimas sean menores de edad, personas mayores de sesenta años o individuos que no puedan comprender o resistir el hecho delictivo. Con esto, se pretende proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y debilitar una de las principales estrategias de expansión del crimen organizado.
- Necesario avanzar hacia fórmulas de coordinación más eficaces, involucrando a los tres ámbitos de gobierno: Guevara Garza
Sanciones más severas incluso la "pena de muerte empresarial", para las organizaciones que lucren a costa del ambiente, poniendo en riesgo el bienestar colectivo y el equilibrio ecológico, propuso el diputado por el Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Guevara Garza.
Lo anterior ante la necesidad de actualizar la legislación vigente para incorporar sanciones significativas para aquellos particulares que afecten el equilibrio ecológico, ya sea en el territorio nacional, en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, o en aquellas áreas cuyo impacto se origine en el territorio o en zonas bajo la soberanía o jurisdicción de otros Estados, así como en espacios más allá de la jurisdicción de cualquier Estado.
La propuesta del legislador ecologista plantea adicionar la fracción VI al artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para especificar que dentro de las sanciones que se aplicarán como producto de las violaciones a dicha ley, está, "en el caso de personas jurídicas privadas, la disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una falta administrativa prevista en esta ley".
Esto se suma a las sanciones ya previstas que contemplan en decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente ley, así como la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes.
Guevara Garza explicó que el objetivo de su propuesta está en el reconocimiento de la necesidad de vincular la política de aprovechamiento de recursos naturales con el principio de desarrollo sustentable, partiendo de la premisa de que la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes no puede ignorar las de las generaciones futuras.
Con ello, se busca avanzar de una visión sectorial de las acciones gubernamentales en esta materia hacia fórmulas de coordinación más eficaces, involucrando a los tres ámbitos de gobierno y promoviendo la participación de la sociedad.
Resaltó que México ha acumulado por décadas experiencias de pérdida, deterioro y afectaciones negativas de sus elementos naturales, hábitat y ecosistemas, así como de afectación a la salud e integridad de las personas, atribuidas a sujetos y empresas individualmente determinados, suficientes para afirmar la necesidad de un régimen jurídico de corresponsabilidad del sector privado.
Añadió que, aunque la ley vigente ya contempla sanciones ejemplares en esta materia, en la actualidad, debido a los cambios sociales, las crecientes necesidades de la colectividad y la participación del sector privado en materia de equilibrio ecológico, resulta indispensable incorporar sanciones significativas para aquellos particulares que afecten el equilibrio ecológico.
"El daño ocasionado por algunas empresas privadas a la colectividad puede alcanzar tal magnitud que sea necesaria su disolución, ya que permitir su operación podría generar afectaciones irreparables a la sociedad y al entorno ecológico. Por esta razón, se considera indispensable establecer sanciones severas, incluso la "pena de muerte empresarial", para las organizaciones que lucren a costa del ambiente, poniendo en riesgo el bienestar colectivo y el equilibrio ecológico", subrayó.
- A fin de erradicar prácticas abusivas y proteger la privacidad de los consumidores
El diputado Ricardo Astudillo Suárez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con el objetivo de erradicar prácticas abusivas y salvaguardar la privacidad de los consumidores en el ámbito crediticio.
En conferencia de prensa, el diputado Astudillo Suárez señaló que no se trata de borrar todo el historial del pasado, se trata de corregir el presente y devolver oportunidades a millones de mexicanos que por una deuda muy pequeña han sido condenados. Apuntó que en la actualidad cerca del 50 por ciento de la población está fuera del sistema bancario, muchos por deudas que ya pagaron o deudas que tenían con empresas que ya dejaron de existir.
“Actualmente, el historial crediticio se conserva hasta por seis años, independientemente de qué ya hayas pagado la deuda. Lo que queremos con esta propuesta es que se reduzca a máximo 24 meses, es decir, de 72 meses a 24 meses”, explicó el legislador.
Además, expuso, hoy la ley marca que las deudas menores de 25 UDIS, es decir, 241 pesos, quedan en el buró de crédito y las deudas que son mayores de 1,000 UDIS, es decir de 8410 pesos, quedan marcadas hasta por seis años. “Nuestra propuesta es que sea por debajo de los 8410 pesos”, apuntó.
De igual forma, plantea que los reportes del buró de crédito no deban ser usados para juzgar la capacidad laboral de las personas. “Estos reportes no pueden ser utilizados como una herramienta para discriminar o limitar las oportunidades de las personas”, explicó.
También incluye que la protección estricta de los datos personales y corrección obligatoria de errores no sea mayor de 15 días, es decir, si existe un error en el buró de crédito de una persona que ya pagó o que no tenía por qué estar ahí, en 15 días que sea solventado.
“Con esta reforma proponemos impedir que el buró de crédito sea una herramienta que limite el crecimiento, que no perjudique a las mexicanas y mexicanos, que sea una herramienta de apoyo, que trabaje con transparencia como trabajan todas las instituciones de nuestro país y que los ciudadanos estemos seguros de qué forma estamos siendo evaluados”, finalizó el legislador.