- Se propone crear programas específicos dirigidos a mujeres de comunidades rurales que se dedican a actividades agropecuarias, con el fin de fortalecer su desarrollo y participación en el sector agroalimentario
La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria aprobó una propuesta presentada por la diputada Fátima Cruz Peláez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, cuyo objetivo es fomentar y crear programas específicos para mujeres que habitan en comunidades rurales y se dedican a actividades agropecuarias, con el propósito de fortalecer su desarrollo, autonomía económica y participación en el sector agroalimentario.
La diputada señaló que esta propuesta reconoce la urgente necesidad de disminuir la brecha de género en el campo, donde históricamente las mujeres han sido desigualmente reconocidas como propietarias de la tierra por ejidos y comunidades. “Este rezago en la agenda pública ha limitado el papel de las mujeres rurales, impidiendo su acceso pleno a la tierra y a los recursos productivos, lo cual repercute en su bienestar y en el de sus comunidades”, afirmó.
Asimismo, Cruz Peláez destacó que estudios y experiencias demuestran que, cuando se les brinda oportunidad, las mujeres del campo se destacan como cuidadoras de la tierra. Gracias a sus conocimientos y habilidades, contribuyen significativamente a la protección y uso sostenible de los recursos naturales, desempeñando un papel clave en la conservación del medio ambiente y en la seguridad alimentaria.
Sin embargo, a pesar de su potencial, muchas mujeres rurales enfrentan múltiples barreras para participar plenamente en el sector agropecuario. Entre estas se encuentran prácticas discriminatorias, falta de acceso a créditos, salarios desiguales, un régimen de tenencia de tierra excluyente y limitada participación en la toma de decisiones. A ello se suma la persistencia de la violencia de género y sexual, que vulnera aún más sus derechos.
De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2022, existen 876,456 unidades de producción agropecuaria encabezadas por mujeres. Sin embargo, 689,698 de ellas enfrentaron desastres naturales como sequías, inundaciones, incendios, heladas y huracanes, lo que refleja la precariedad de su situación. Las pérdidas por factores climáticos representaron el 58% a nivel nacional, evidenciando la necesidad urgente de brindar apoyos específicos y sostenibles.
Por tal motivo, la legisladora resaltó la importancia de sumar esfuerzos para construir un futuro más igualitario, en el que las mujeres rurales cuenten con las herramientas y condiciones necesarias para convertirse en agentes de cambio.
“Su participación en los procesos de restauración de tierras y adaptación al cambio climático es esencial para aumentar la resiliencia de las comunidades frente a fenómenos como la sequía y fomentar entornos rurales más prósperos”, finalizó.
INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO LUIS MIRANDA DEL GPPVEM, EN LA COMISIÓN PERMANENTE, SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO QUE RATIFICA DIVERSOS NOMBRAMIENTOS
- Con dicha propuesta se busca brindar certeza jurídica y pensiones dignas a los trabajadores retirados
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) presentó una iniciativa para eliminar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como base para calcular las pensiones y jubilaciones en el país. La propuesta busca brindar certeza jurídica y pensiones dignas a los trabajadores retirados, así como garantizar su bienestar y el respeto a sus derechos laborales adquiridos tras años de servicio.
La iniciativa presentada por el diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas responde a la creciente inconformidad de los pensionados, quienes han visto una disminución considerable en sus ingresos desde que se adoptó la UMA como base de cálculo.
“Aunque la desindexación del salario mínimo se promovió para favorecer a los trabajadores en activo mediante su aumento progresivo, en el caso de los jubilados ha tenido el efecto contrario, generando reducciones en sus pensiones y afectando su calidad de vida”, explicó el legislador.
Por esta razón propuso que el criterio para eliminar la UMA en el cálculo de pensiones sea establecido directamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Esto permitiría una aplicación generalizada sin lugar a interpretaciones judiciales que continúen afectando los ingresos de los jubilados, quienes tienen el legítimo derecho a una pensión que les garantice una vida digna y segura en la etapa del retiro”, añadió.
Al comparar el comportamiento del salario mínimo con el de la UMA en los últimos siete años, se hace evidente la desventaja para los pensionados. Mientras el salario mínimo ha aumentado en 173.12 pesos, la UMA sólo ha crecido 30.50 pesos en el mismo periodo, lo que ha deteriorado el poder adquisitivo de los jubilados y demuestra la necesidad urgente de una reforma en este sentido.
Este desfase ha significado que los ingresos de los pensionados no sólo no crezcan al ritmo de la economía, sino que en muchos casos se reduzcan en términos reales, profundizando su vulnerabilidad y alejándolos del ideal de un retiro digno.
En suma, la iniciativa busca corregir una injusticia estructural que afecta a millones de jubilados en México y refrenda el compromiso del Partido Verde con la protección de los derechos de las y los adultos mayores, proponiendo que el cálculo de las pensiones se base nuevamente en el salario mínimo como medida de justicia, equidad y dignidad para quienes han entregado su esfuerzo al desarrollo del país.