- Se busca establecer un marco legal que obligue a las compañías de telefonía a implementar sistemas de monitoreo y alertas para detectar actividades fraudulentas
Con el fin de reforzar la seguridad digital en México, la diputada Claudia Sánchez Juárez del Partido Verde, propuso reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal, para establecer como obligación de las empresas de telefonía móvil el implementar mecanismos que prevengan, detecten y colaboren en la persecución de ciberdelitos.
La diputada Sánchez Juárez, explicó que con su propuesta busca establecer un marco legal que obligue a las compañías de telefonía celular a implementar sistemas de monitoreo y alertas para detectar actividades fraudulentas en sus redes.
Además, propone que las compañías deberán cooperar de manera inmediata con las autoridades competentes, entregando información útil para la investigación de delitos cibernéticos en un plazo máximo de 48 horas.
La reforma también contempla establecer sanciones económicas y administrativas ejemplares, multas que puedan alcanzar hasta el 5 % de los ingresos anuales, suspensión de operaciones y, en casos graves de omisión reiterada, la revocación de concesiones.
Otra de las propuestas clave es la obligatoriedad de la geolocalización de dispositivos utilizados para cometer delitos cibernéticos, lo que facilitaría la identificación y persecución de los responsables. Además, se plantea garantizar la protección de los datos personales y financieros de los usuarios.
De igual forma, propone el lanzamiento de campañas de concientización en materia de ciberseguridad, en colaboración con el gobierno federal, para educar a la ciudadanía sobre los riesgos y las mejores prácticas para prevenir ataques cibernéticos.
"Es urgente que tomemos medidas para proteger a las y los mexicanos, pues es lamentable que los ciberdelincuentes utilicen las redes de telefonía móvil como plataformas para realizar fraudes, extorsiones y distribuir contenido ilícito, sin que exista un mecanismo eficiente de monitoreo ni respuesta inmediata por parte de las empresas de telecomunicaciones", subrayó Sánchez Juárez.
Asimismo, destacó que México ocupa el segundo lugar en América Latina en términos de ciberataques, solo por detrás de Brasil. Además, señaló que cada año se registran más de 80 mil millones de intentos de ataques cibernéticos en nuestro país.
“Con esta propuesta, en el Partido Verde, buscamos fortalecer la seguridad digital de los mexicanos, brindando herramientas legales y operativas a las autoridades para combatir los ciberdelitos, así como proteger la integridad y privacidad de los usuarios de telefonía móvil”, concluyó la legisladora.
- La alianza con ECOCE es clave para enfrentar el desafío ambiental y promover un país más sustentable.
- En México, se generan más de 39 millones de toneladas de residuos al año; solo el 13 por ciento se recicla.
Senadoras y senadores del Partido Verde reafirmaron su compromiso con el medio ambiente al consolidar una alianza estratégica con ECOCE, organización líder en el impulso del reciclaje en México. Destacaron la importancia de que, por tercera ocasión, la Cámara de Senadores firme este acuerdo, ratificando así su respaldo a favor de la economía circular y el reciclaje como pilares fundamentales para construir un país más limpio y saludable.
Durante un evento celebrado en la sede legislativa, en donde estuvieron presentes representantes de ECOCE, los legisladores alertaron sobre la crisis ambiental que enfrenta México, donde cada año se generan más de 39 millones de toneladas de residuos de los cuales solo el 13 por ciento se recicla, según datos de SEMARNAT.
Ante esta problemática, los legisladores destacaron la importancia de fortalecer alianzas entre el gobierno y la sociedad civil, impulsando acciones concretas que promuevan la economía circular y fomenten el reciclaje a nivel nacional.
Durante su participación, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín reiteró el compromiso con el medio ambiente, enfatizando que la economía circular y el reciclaje son clave para la sostenibilidad del país.
Reafirmó la colaboración del Senado con ECOCE, alianza que, en su tercera edición, ha logrado avances significativos en la gestión de plásticos reciclables. “El cambio es posible si sumamos esfuerzos entre gobierno, sociedad y sector privado”, destacó el legislador.
El también vicepresidente de la Mesa Directiva hizo un llamado a reforzar acciones concretas que protejan el medio ambiente y la salud de los ciudadanos. Subrayó la importancia de rediseñar, reutilizar y reciclar para reducir la generación de residuos y construir un México más sustentable.
Por su parte, la senadora Maki Ortiz Domínguez también destacó la importancia de fortalecer alianzas entre el gobierno y la sociedad civil, y anunció la consolidación de un acuerdo estratégico con ECOCE, con el objetivo de reducir la contaminación y fomentar un modelo de producción y consumo más sostenible.
La también presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático adelantó que el Senado trabajará en conjunto con la Cámara de Diputados para fortalecer la legislación en esta materia. "Las alianzas entre sociedad y gobierno son fundamentales para lograr un verdadero cambio en favor del medio ambiente”, afirmó.
A nivel global, se estima que para 2050 la producción de residuos sólidos alcanzará los 3.4 mil millones de toneladas, representando una grave amenaza para los ecosistemas y la salud pública. Según la Fundación Ellen MacArthur, la implementación de la economía circular podría reducir las emisiones globales de gases contaminantes en un 39 por ciento para 2030 y generar hasta 4.5 billones de dólares en beneficios económicos.
Ortiz Domínguez hizo un llamado a los municipios y gobiernos locales a implementar estrategias de reciclaje y reutilización desde la base, tal como lo establece el artículo 115 constitucional. "Si no comenzamos desde lo local, no lograremos enfrentar esta crisis ambiental", afirmó.
Finalmente, la senadora aseguró que desde la Cámara Alta se trabaja en iniciativas legislativas que fomenten la circularidad y la responsabilidad compartida en el manejo de residuos.
- Plantea incorporar su función en la Ley de la FGR para darle el carácter institucional que merece y pueda operar con mayores garantías de estabilidad y eficacia
Ante la urgente necesidad de contar con una estructura institucional sólida y eficaz para atender los delitos que atentan contra el medio ambiente en México, el diputado Fausto Gallardo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde (GPPVEM), propuso incluir dentro de la estructura de la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.
Lo anterior, mediante su incorporación en los artículos 11 y 13 de la Ley de la Fiscalía General de la República. De esta forma, explicó el legislador, su función no sólo quedará claramente delimitada en la norma, sino que se le otorgará el rango institucional que merece, permitiéndole operar con mayores garantías de estabilidad y eficacia.
Gallardo García explicó que actualmente, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en leyes especiales se encarga de estas tareas dentro de la FGR, sin embargo, su existencia no está contemplada en la Ley de la Fiscalía General de la República, sino únicamente en un acuerdo administrativo que carece de la fuerza jurídica de una ley, lo que implica que la fiscalía puede ser modificada o eliminada a discreción del fiscal general, sin necesidad de que el Congreso de la Unión intervenga.
Por ello, dijo "contar con una Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales con sustento legal fortalecerá las capacidades del Estado mexicano para investigar y sancionar delitos que afectan directamente a los ecosistemas y a la biodiversidad. Además, permitirá una mejor coordinación con dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Guardia Nacional, lo que optimizará la respuesta institucional ante casos de daños ecológicos".
De acuerdo con la propuesta, corresponde a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, la investigación, prevención y persecución de los delitos contra el ambiente, incluyendo aquellos tipificados en el Código Penal Federal, así como en leyes especiales en materia ambiental y cualquier otro ordenamiento aplicable.
Su competencia abarca los delitos relacionados con la contaminación de cuerpos de agua, suelos y atmósfera; la gestión de residuos y sustancias peligrosas; el manejo inadecuado de actividades tecnológicas de alto riesgo; la afectación de áreas naturales protegidas; la deforestación y aprovechamiento ilícito de recursos forestales; el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre; la bioseguridad y la alteración de ecosistemas, entre otros.
Para el ejercicio de sus funciones, la fiscalía podrá actuar de oficio o a petición de parte, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, garantizando la protección del derecho humano a un medio ambiente sano conforme al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los compromisos internacionales en la materia.
