- Actualmente 29 de las 32 entidades federativas de la República Mexicana contemplan en sus ordenamientos jurídicos instrumentos para regular los plásticos de un solo uso. Sin embargo, la SCJN determinó que no pueden actuar sin que la LGPGIR se los autorice.
Para que las entidades federativas tengan la capacidad de regular los plásticos de un solo uso, el senador Virgilio Mendoza Amezcua presentó una iniciativa para reformar las fracciones XXI del artículo 5 y 11 del artículo 9; y adicionar la fracción XXI Bis al artículo 5 y una fracción al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).
Explicó que actualmente 29 de las 32 entidades federativas de la República Mexicana contemplan en sus ordenamientos jurídicos instrumentos para regular los plásticos de un solo uso. Sin embargo, estas regulaciones locales enfrentan un obstáculo constitucional, que es la ausencia de una habilitación expresa en la ley federal que les permita actuar, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no pueden actuar sin que la LGPGIR se los autorice explícitamente.
Aseguró que los estados tienen la voluntad política, los diagnósticos técnicos y la presión ciudadana para actuar frente a la contaminación por plásticos de un solo uso, pero la Federación no les ha dado la habilitación legal que la Corte les exige para actuar.
Afirmó que la habilitación que se propone en su iniciativa es de carácter ambiental, no comercial, y que no invade las facultades exclusivas de la Federación en materia de comercio, pero faculta a los estados para establecer medidas regulatorias orientadas a la prevención de la generación de residuos, lo que es materia ambiental concurrente.
Puntualizó que consta de cuatro modificaciones a la LGPGIR: Se amplía la definición vigente para incorporar a los envases PET de un solo uso y demás plásticos de uso frecuente no reutilizables como objetos de planes de manejo de observancia obligatoria; define en la LGPGIR la categoría de "plásticos de un solo uso" como aquellos productos plásticos diseñados para ser utilizados una sola vez antes de ser desechados.
También amplía la facultad de las entidades para expedir ordenamientos locales en materia de residuos, incorporando la habilitación para establecer medidas regulatorias orientadas a la prevención de la generación de residuos derivados de plásticos de un solo uso; y, por último, facultar a las entidades federativas para establecer instrumentos regulatorios que incentiven el uso de envases retornables y sistemas de depósito-devolución.
Finalmente, subrayó que, como se mencionó antes, la Corte no dijo que los estados no pueden regular plásticos, sin embargo, esta iniciativa contiene esa autorización expresa.
- Refrenda su compromiso con la protección ambiental y llama a fortalecer el marco legal para preservar los recursos naturales del país.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora este 5 de junio, la senadora Juanita Guerra Mena destacó la importancia de fortalecer las acciones y el marco legal para garantizar la protección de los recursos naturales del país, al señalar que el verdadero desafío ambiental radica en hacer efectiva la aplicación de las leyes y garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por México.
Recordó que el Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1972, durante la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano, como una fecha anual para reflexionar y actuar frente al deterioro ambiental.
Guerra Mena señaló que, en el caso de México, el avance legal en materia ambiental tuvo que ver con la publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en 1988, así como la reforma al artículo 4º constitucional en 2012, mediante la cual se reconoció el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano.
Asimismo, destacó que el Partido Verde ha impulsado diversas reformas en favor del medio ambiente y el bienestar animal. Entre ellas, destacó la expedición de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la prohibición de animales en circos y el fortalecimiento del principio de “el que contamina, paga”, para obligar a quienes generen daños a reparar los ecosistemas afectados.
La legisladora indicó que actualmente los retos ambientales exigen avanzar hacia una economía circular, fortalecer la transición energética con energías limpias y garantizar mayores recursos para las instituciones encargadas de la vigilancia y protección ambiental, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
Asimismo, señaló que los próximos retos ambientales para México incluyen la descarbonización de la economía para cumplir con las metas del Acuerdo de París, el fortalecimiento de la economía circular, mayores herramientas jurídicas para comunidades indígenas y rurales, y el endurecimiento de sanciones contra delitos ecológicos graves.
Finalmente, Guerra Mena reconoció el proyecto de iniciativa del Gobierno federal para expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, actualmente publicada en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria.
Por ello, aseguró que las y los legisladores ecologistas se encuentran listos para analizar, enriquecer y aprobar esta reforma, al considerar que la protección, cuidado y conservación del medio ambiente constituyen el pilar central de su movimiento político.
Ante parlamentarias, lideresas políticas y representantes de organismos internacionales de distintas regiones del mundo, señaló que una de las principales brechas se mantiene en el ámbito municipal, donde apenas el 22.9 % de las alcaldías del país son encabezadas por mujeres. La cifra contrasta con la amplia participación femenina en regidurías y sindicaturas, evidenciando que las mujeres siguen enfrentando mayores obstáculos para ocupar los cargos de mayor jerarquía política.
Durante los trabajos de la Conferencia en Belgrado, Serbia, cuyo tema central fue “Avanzar hacia la paridad: derribar las barreras de los estereotipos de género y las normas sociales negativas”, Virginia Magaña compartió que México ha alcanzado importantes avances, entre ellos la integración paritaria del Congreso de la Unión, con 250 diputadas y 250 diputados, así como 64 senadoras y 64 senadores, además de la elección de la primera mujer presidenta de la República en la historia del país.
“La paridad no puede medirse únicamente en números; también debe reflejar la diversidad de las mujeres que integran nuestras sociedades, porque una democracia más fuerte no solo requiere más mujeres en la política, sino que todas las mujeres tengan la oportunidad de participar, representar y liderar”, señaló.
Asimismo, destacó que las mujeres indígenas, jóvenes, con discapacidad, afromexicanas y pertenecientes a otros grupos históricamente discriminados enfrentan barreras adicionales para acceder a los espacios de representación y toma de decisiones.
“En México hemos impulsado acciones afirmativas para garantizar la participación política de grupos históricamente excluidos, incorporando cuotas para personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y jóvenes. Estas acciones nos han permitido que más voces lleguen a los espacios de representación, aunque todavía tenemos mucho por hacer para alcanzar una igualdad verdaderamente sustantiva”, indicó.
La legisladora también alertó sobre el crecimiento de la violencia política y digital contra las mujeres. Expuso que siete de cada diez candidatas mexicanas han sido víctimas de ataques en línea durante procesos electorales y que el 43 % ha recibido amenazas de muerte o violencia sexual a través de medios digitales, fenómenos que buscan desacreditar su liderazgo y limitar su participación en la vida pública.
Sin embargo, sostuvo que el principal desafío ya no es únicamente garantizar la presencia de las mujeres en los cargos públicos, sino asegurar que puedan ejercer plenamente el liderazgo, influir en la toma de decisiones y desarrollar su actividad política libres de violencia, discriminación y estereotipos de género.
