- El principal objetivo es erradicar prácticas abusivas y salvaguardar la privacidad de los usuarios
El diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con el objetivo de erradicar prácticas abusivas y salvaguardar la privacidad de los consumidores en el ámbito crediticio.
La propuesta presentada en la Cámara de Diputados el pasado 9 de abril, contempla excluir algunos servicios de las disposiciones de la ley, como servicios relacionados con el trabajo o empleo, servicios profesionales que no tengan fines comerciales, servicios proporcionados por sociedades de información crediticia, excepto cuando se trate de datos personales.
“El objetivo de esta medida es definir claramente qué servicios están sujetos a la ley y evitar confusiones y abusos. De esta manera, se busca proteger a los consumidores y garantizar que las normas se apliquen de manera justa y transparente”, afirmó el legislador.
Asimismo, la iniciativa establece que los reportes de crédito y reportes especiales no podrán ser utilizados como indicadores para evaluar capacidades laborales, necesidades médicas, de vivienda u otros propósitos ajenos al ámbito financiero. También aclara que la consulta o adquisición de estos reportes no deberá condicionar la inscripción al buró de crédito, lo cual protege a los consumidores de usos indebidos de su información.
Otra medida importante es la incorporación de disposiciones que obliguen a especificar y corregir errores contenidos en los reportes de crédito. Esta modificación busca garantizar que los datos reflejados sean precisos y que los usuarios cuenten con mecanismos efectivos para solicitar enmiendas en caso de inconsistencias, contribuyendo así a la transparencia y justicia en el historial crediticio.
El diputado Ricardo Astudillo señaló que la aprobación de esta iniciativa tendría un impacto positivo directo en los consumidores, ya que les proporciona un mayor control sobre su información personal y crediticia. Además, evitaría usos no autorizados de sus datos y contribuiría a proteger su reputación financiera frente a posibles errores o malentendidos en los reportes de crédito.
Finalmente, Astudillo Suárez subrayó la importancia de que estas reformas avancen, pues representan un paso significativo para reforzar los derechos de los consumidores mexicanos frente a prácticas crediticias inadecuadas y garantizar el respeto a su privacidad e integridad.
- Destacó que el pasado 9 de abril el Dip. Ricardo Astudillo presentó la propuesta ante el Congreso y ahora la Comisión Permanente será un espacio clave para su discusión.
El Partido Verde Ecologista de México señaló que insistirá en la propuesta de eliminar el Buró de Crédito en México, toda vez que éste puede generar impactos negativos en diversos aspectos de la vida de las personas.
Destacó que el pasado 9 de abril, el diputado federal por Querétaro e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, Ricardo Astudillo Suárez, presentó la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de protección al consumidor y de la Ley para regular las sociedades de información crediticia, misma que ya está publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Con dicha iniciativa, se busca que las sociedades de Información Crediticia queden obligadas a proteger específicamente la seguridad e integridad de los datos personales y crediticios de consumidores, lo cual actualmente no está suficientemente regulado.
Asimismo, habrá mayor transparencia en la gestión y acceso a información crediticia, reducción significativa de errores en historiales crediticios, protección efectiva contra discriminaciones injustificadas y exclusión financiera, reducción en costos excesivos para consumidores y fortalecimiento de la seguridad de datos personales y reducción de fraudes financieros relacionados con identidad.
El Partido Verde lamentó que el buró de crédito ha presentado numerosos excesos violatorios a los derechos de las personas, pues recopila y almacena información personal y financiera de los ciudadanos, sin su consentimiento explícito, e incluso, el Buró de Crédito Mexicano podría estar violando los derechos de ciertos grupos de personas, como los jóvenes, las mujeres y las personas con bajos ingresos, al negarles acceso a créditos y otros servicios financieros, especialmente cuando el reporte contiene información que podría ser malinterpretada o no refleja la verdadera capacidad financiera de la persona.
Precisó que esa puede ser también una forma de discriminación, ya que tiene varios puntos negativos como tasas de interés más altas y el acceso limitado a créditos y oportunidades laborales, ante lo cual, el Verde no bajará la guardia, pues todas las mexicanas y mexicanos deben contar con la certeza de que su información se maneja con responsabilidad y transparencia, y no como un arma en su contra.
- Se busca eliminar el límite de 12 años para castigar delitos ambientales y asegurar justicia incluso décadas después del daño causado.
- Tras nueve años del derrame tóxico de Grupo México en río Sonora, aún persiste la contaminación; limitar su persecución representa una grave omisión del Estado.
Para frenar la impunidad en los crímenes contra el medio ambiente, senadoras y senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa de reforma constitucional para establecer la imprescriptibilidad de los delitos ambientales, con el objetivo de garantizar que los responsables de ecocidios enfrenten la justicia, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que se cometieron los daños.
A nombre de la bancada ecologista, la senadora Maki Ortiz Domínguez comentó que su propuesta reforma el párrafo sexto del artículo 4º constitucional para eliminar el plazo actual de prescripción de 12 años, al reconocer que los efectos de los crímenes ambientales pueden manifestarse décadas después, por lo que limitar su persecución representa una grave omisión del Estado.
La legisladora recordó el caso del derrame tóxico de Grupo México en el Río Sonora, donde nueve años después aún persiste la presencia de contaminación en agua, aire, flora y fauna, lo que demuestra que los daños ambientales no prescriben con el tiempo.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2012 y 2023 se registraron 15 mil 749 delitos ambientales, concentrados en estados como Quintana Roo, Chiapas y el Estado de México.
La senadora comentó que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que más del 70 por ciento de los delitos no se denuncian, lo que evidencia una cifra negra alarmante y la urgente necesidad de brindar respaldo institucional a la ciudadanía para proteger su entorno.
“A pesar de estos datos, muchos delitos quedan impunes debido a la falta de denuncias, vacíos legales y plazos restrictivos, lo que ha dejado la mayoría de los casos impunes”, alertó Ortiz Domínguez.
Asimismo, señaló que países como Ecuador y Brasil ya reconocen la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, como un derecho humano fundamental, imprescriptible e intergeneracional.
“Esta reforma es un paso firme hacia la reparación real del daño y la protección efectiva de los derechos ambientales de las presentes y futuras generaciones”, concluyó la senadora ecologista.
