- Con un total de 134 propuestas presentadas en sus primeros dos años de ejercicio, la legisladora potosina supera históricamente el desempeño de sus antecesores en el Senado de la República.
- El informe destaca una agenda legislativa enfocada en salud, bienestar animal, derechos laborales, protección a la niñez y una defensa firme de la proveeduría y el empleo local frente al T-MEC.
Al rendir su Segundo Informe Legislativo en el Teatro de la Paz ante autoridades estatales, federales y ciudadanía, la senadora Ruth González Silva reafirmó su compromiso de mantener una cercanía constante con las familias potosinas y de convertir las necesidades sociales en propuestas concretas de ley, marcando un hito cuantitativo e histórico sin precedentes para San Luis Potosí.
Durante su segundo año impulsó 91 iniciativas, de las cuales 34 fueron individuales y 57 en conjunto con el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Al sumar ambos años, acumula 134 propuestas, cifra que supera por más del doble el récord histórico previo de 66 conjuntas en un periodo similar, mientras que sus propuestas individuales superan en un 53 por ciento el registro más alto anterior, que era de treinta.
En el terreno de los temas prioritarios, la labor política y social de la senadora abarcó iniciativas fundamentales para el desarrollo de San Luis Potosí. En salud y bienestar, impulsó la incorporación de la salud hormonal como parte de la atención integral, propuso tasa cero de IVA en equipos de medición de glucosa y presión arterial, actualizó el marco jurídico del cáncer infantil y promovió espacios recreativos para adultos mayores.
Asimismo, respaldó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales para sancionar la reincidencia en maltrato y gestionó miles de árboles para la reforestación en Ciudad Valles y Tamuín.
En el ámbito educativo, laboral y de igualdad, impulsó un seguro médico escolar contra accidentes, propuso llevar la educación cívica a los entornos digitales y planteó estímulos fiscales para el primer empleo juvenil mediante procesos de contratación sin sesgos.
Desde comisiones, participó en la aprobación de la reducción gradual de la jornada laboral a cuarenta horas semanales hacia el año 2030 sin afectar salarios, la certificación agroexportadora, la protección contra burós laborales injustificados y la salvaguarda de la voz e imagen de artistas frente a la inteligencia artificial.
De igual forma, propuso mecanismos judiciales para garantizar pensiones alimenticias en casos de desempleo, logró la aprobación de la perspectiva de género en la atención del autismo, impulsó el reconocimiento legal de las violencias contra las mujeres en plural y promovió medidas para reducir la brecha salarial y facilitar el reingreso laboral tras periodos de cuidados.
Finalmente, como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, desempeñó un rol clave en la revisión del T-MEC mediante un diálogo constante con cámaras empresariales, sindicatos y legisladores de México, Estados Unidos y Canadá. Su gestión ha defendido los empleos locales, la proveeduría de más de ciento trece mil micro, pequeñas y medianas empresas potosinas y los derechos de los trabajadores migrantes.
Con una constante difusión de su labor a través de columnas semanales y la promoción de la cultura estatal en el plano nacional, la senadora reafirmó su compromiso de continuar trabajando con firmeza y cercanía para responder a la confianza de las y los potosinos.
La lista de personalidades que acompañaron a la senadora Ruth González Silva en su informe la encabezó el Gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona; además, destacadas figuras de los tres poderes de Gobierno y diversos partidos políticos, alcaldes, legisladores locales y magistrados. A nivel federal destacaron líderes del PVEM como Karen Castrejón, Manuel Velasco, Carlos Puente, Arturo Escobar, Francisco Elizondo y Juan Ignacio Segura, junto al diputado Raúl Bolaños Cacho Cué.
Asistieron numerosos senadores de distintas bancadas, entre ellos Ignacio Mier, Emmanuel Reyes, Guadalupe Chavira y Cuauhtémoc Ochoa, de Morena; Jorge Carlos Ramírez Marín, Juanita Guerra, Virginia Magaña, Luis Armando Melgar y Gilberto Hernández, del Partido Verde Ecologista de México; Alejandra Barrales y Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano, Enrique Vargas, de Acción Nacional y Pablo Angulo, del Revolucionario Institucional.
- A través de una iniciativa busca evitar que el llamado “derecho al olvido” se utilice para desaparecer información de interés público en internet.
¿Qué pasa con la información que una persona deja en internet cuando muere? ¿Puede borrarse todo por decisión de sus familiares o por instrucciones que haya dejado en vida? El Partido Verde busca poner límites para evitar que información importante para la sociedad desaparezca sin considerar el interés público.
El diputado Manuel Talayero apuntó que la propuesta plantea reformar el Código Civil para el Distrito Federal y la legislación capitalina en materia de protección de datos personales, con el objetivo de establecer reglas más claras sobre el llamado “derecho al olvido” después de la muerte.
“El problema, advirtió el congresista, es que eliminar o bloquear información de manera automática podría afectar contenidos periodísticos, documentos históricos, investigaciones académicas y otros materiales que ayudan a conocer hechos relevantes para la sociedad”.
Por ello, la iniciativa busca que las decisiones sobre la información digital de una persona fallecida no se tomen sin considerar otros derechos, como la libertad de expresión y el acceso a la información.
La propuesta también contempla que, si una persona no dejó instrucciones sobre el manejo de sus datos digitales, esto no signifique que toda la información relacionada con ella deba eliminarse automáticamente.
Talayero Pariente subrayó que proteger la privacidad no debe convertirse en una vía para borrar información de interés público. La intención no es dejar desprotegidos los datos personales, sino encontrar un equilibrio entre la vida privada y el derecho de la sociedad a conocer hechos relevantes.
En pocas palabras, se trata de establecer límites para que la información digital no desaparezca sin valorar sus consecuencias para el periodismo, la investigación y la memoria colectiva.
- Su propuesta plantea que la difusión de la Alerta AMBER alcance todos los medios posibles, incluyendo medios de comunicación, instituciones públicas, operadores de transporte, administraciones de terminales, carreteras y otros entes con capacidad de transmitir mensajes masivos.
Explicó que su propuesta plantea la emisión de alertas de búsqueda mediante mensajes masivos enviados a teléfonos celulares a través del sistema CBS, (por sus siglas en inglés, Cell Broadcast System o Servicio de Radiodifusión Celular), que es la misma tecnología utilizada para la difusión de alertas sísmicas, agregó que esta herramienta se enfoca en ampliar la difusión de la Alerta AMBER para que la información llegue de manera oportuna e inmediata al mayor número de personas posibles.
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