• Sólo el 5 por ciento de los residuos recolectados en México se separan adecuadamente.
• La propuesta no solo busca actualizar el marco legal, sino también promover un modelo de economía circular a nivel nacional.
Con el objeto de enfrentar de raíz el problema que representa la gestión de residuos en los municipios y alcaldías del país, la senadora Maki Ortiz Domínguez del Partido Verde presentó una iniciativa para impulsar la separación de estos desechos, promoviendo con ello su reducción, reutilización y reciclaje.
La senadora señaló que la iniciativa busca reformar los artículos 115 y 122 de la Constitución en materia de gestión de residuos, y plantea medidas concretas para que los municipios implementen procesos de recolección selectiva, lo cual facilitaría el reciclaje y compostaje, por lo que su propuesta, no solo busca actualizar el marco legal, sino también promover un modelo de economía circular en todo el país.
Según el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), solo el 5 por ciento de los residuos recolectados en México se separan adecuadamente, lo cual representa aproximadamente 5 mil 281 toneladas diarias.
Asimismo, en 144 municipios de 24 estados se lleva a cabo la recolección selectiva, mientras que entidades como Aguascalientes, Baja California, y Sinaloa aún no implementan este proceso. La Ciudad de México destaca como el caso más avanzado, con mil 587 rutas de recolección selectiva que atienden mil 849 colonias y alcanzan una eficiencia de separación del 46 por ciento.
"Se requiere un cambio estructural en la recolección de residuos sólidos urbanos (RSU), un servicio que actualmente presenta un rezago significativo. La falta de renovación del parque vehicular, escasez de centros de acopio y la infraestructura deficiente en muchos sitios de disposición final han llevado la situación a un punto crítico", subrayó Ortiz Domínguez.
"Ante el contexto de crisis ambiental a nivel global, esta propuesta se presenta como una solución viable para enfrentar el desafío de los residuos en México, y permitirá a nuestro país cumplir con los compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre producción y consumo responsables", concluyó la senadora del Partido Verde.
- La propuesta, de reforma al Código Penal Federal, también incluye a las personas que cuentan con alguna discapacidad
Con el objetivo de proteger el patrimonio de los adultos mayores y garantizar que sus bienes sean valorados y respetados, el diputado del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, propuso reformar el Código Penal Federal para incrementar la pena de robo y de despojo, hasta en un tercio, cuando la víctima sea una persona de la tercera edad o que cuente con alguna discapacidad.
Núñez Aguilar señaló que el principal objetivo de la propuesta es que la pena se ajuste a la gravedad y trascendencia que para la sociedad tiene el hecho, según los grados de afectación y, sobre todo, que la norma se encuentre armonizada con la realidad que viven muchas personas en la vejez y con discapacidad.
"Es claro que todas las personas que han sido víctimas del delito de robo, tienen dificultades para hacerse, nuevamente, de sus objetos. Aunque es todavía más complicado cuando la víctima es un adulto mayor, pues muchas veces, este sector de la población, ya no está en condiciones de realizar el esfuerzo para reponer sus pertenencias", apuntó.
El legislador explicó que en nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2018 había cerca de 15.4 millones de personas de 60 años o más, de los cuales 1.7 millones vivían solos y poco más del 69 por ciento presentaban algún tipo de discapacidad o limitación, situación que los hace más vulnerables a ser víctimas del delito.
También, resaltó la importancia de educar a las nuevas generaciones sobre el rol que juegan los adultos mayores en el país y se les transmita la relevancia de respetar y proteger lo que los adultos mayores han construido. "Esto no solo fomenta un sentido de responsabilidad, sino que también fortalece los lazos familiares y comunitarios", mencionó.
El diputado ecologista apuntó que cuidar los bienes de los adultos mayores es una tarea que les concierne a todos. "Es un acto de respeto y gratitud hacia aquellos que nos han dado tanto. Sigamos trabajando juntos para garantizar que sus bienes sean valorados y que su legado perdure en el tiempo", finalizó.
- Las estaciones migratorias y las estancias provisionales deben ser una parada en el camino en donde las personas se sientan seguras y atendidas hasta que sea resuelta su situación migratoria en términos de la Ley.
Con la finalidad de que se garantice el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes extranjeras, independientemente de su estatus legal en el país, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elabore un diagnóstico anual sobre la situación que guardan las estaciones migratorias y las estancias provisionales ubicadas en la frontera sur de México.
Para ello busca reformar la fracción XII del Art. 6º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de que se realice un diagnóstico que deberán incluirse en las evaluaciones que la CNDH considere, así como los datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de denuncias, quejas, abusos y violaciones a derechos humanos cometidos contra las personas alojadas en estaciones migratorias y estancias provisionales.
Agregó que éste se deberá entregar a las dependencias federales y locales competentes para que se elaboren políticas tendientes a garantizar los derechos humanos de quienes ahí se alojan.
Corona Nakamura detalló que diariamente entran por la frontera sur de nuestro país alrededor de 7 mil migrantes irregulares, en su mayoría motivados por cuestiones económicas, como falta de empleo, bajos salarios o crisis económicas, además de situaciones como inseguridad y violencia, o incluso fenómenos como huracanes, sismos o sequías prolongadas, subrayó que se trata de una población con muchas necesidades, pero también con derechos y dignidad que se debe respetar.
Por ello, insistió que las estaciones migratorias y las estancias provisionales deben ser una parada en el camino en donde las personas se sientan seguras y atendidas hasta que sea resuelta su situación migratoria en términos de la Ley.
Explicó que las estancias provisionales son las instalaciones que el Instituto Nacional de Migración habilita para alojar de manera provisional a las personas extranjeras que no acreditan su situación migratoria regular mientras son trasladadas a una estación migratoria o se resuelve su situación migratoria; en tanto que en las estaciones migratorias permanecen aquellas personas extranjeras que, dadas sus condiciones y circunstancias, estarán alojadas hasta 15 días hábiles, y estos centros tienen la obligación de proporcionar asistencia médica, psicológica y jurídica, brindar alimentos, entre otros servicios.
Finalmente, la legisladora insistió en la necesidad de observar que las actividades en las estaciones migratorias y estancias provisionales estén dentro del más estricto respeto y protección a los derechos humanos de las personas extranjeras, además de que deben consolidarse como instrumentos eficaces que permitan garantizar la seguridad y la convivencia armónica, así como una estancia temporal a las personas extranjeras en tanto se resuelve su situación migratoria.
