- En la práctica existe una falta de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas específicas para las empresas.
Con el propósito de fortalecer la transparencia, la responsabilidad corporativa y la confianza ciudadana, así como asegurar que las empresas que operan en México adopten prácticas sustentables, contribuyan a la mitigación de impactos ambientales y cumplan con las obligaciones establecidas en la ley, la senadora Juanita Guerra Mena propuso la creación de la Comisión Nacional de Supervisión y Rendición de Cuentas Ambientales.
Explicó que se trataría de un órgano especializado dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), cuya función principal sería supervisar a las empresas en materia ambiental, exigir informes periódicos, evaluar indicadores de cumplimiento, emitir recomendaciones sobre el uso de los recursos naturales, implementar prácticas sustentables y, establecer sanciones en caso de incumplimiento, todo esto en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Destacó que, si bien la LGEEPA constituye el marco normativo principal para la preservación y restauración del ambiente, en la práctica existe una falta de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas específicas para las empresas. Agregó que gran parte de las auditorías y evaluaciones dependen de inspecciones puntuales de la PROFEPA, las cuales resultan insuficientes.
Puntualizó que según diversas investigaciones académicas, entre los años 2012 y 2017 se registraron 560 conflictos ambientales en México, de los cuales 173 estuvieron vinculados a la minería, 86 al agua y 49 al desarrollo de megaproyectos turísticos.
Puso como ejemplo la industria cervecera en Monterrey, encabezada por la empresa Heineken, quien para producir un litro de cerveza requieren en promedio 3.6 litros de agua, lo que genera tensiones entre el uso industrial y el consumo humano.
Agregó que en el caso de la minería, en agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, provocó el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, con lo que se convirtió en el peor desastre ambiental minero en la historia del país, que afectó a ocho municipios y más de 22 mil habitantes, quienes vieron comprometido su acceso al agua potable, la viabilidad de la agricultura y la ganadería locales, así como su salud.
Detalló que mientras en México existen más de 26 mil concesiones mineras que cubren 30.6 millones de hectáreas, las autoridades solo realizan alrededor de 200 visitas de inspección al año, es decir, menos del uno por ciento de supervisión efectiva, lo que muestra que los marcos actuales son insuficientes para prevenir daños ambientales de gran escala.
Finalmente, insistió en la urgencia de un marco de supervisión y rendición de cuentas ambientales efectivo, ya que las empresas pueden ejercer presiones desproporcionadas sobre bienes comunes como el agua, el suelo y el paisaje, generando impactos sociales y económicos que profundizan las desigualdades regionales.
- La llegada de la primera mujer presidenta en 2024 marca un punto de partida para profundizar la agenda feminista y los derechos de las mujeres.
- Continuaremos promoviendo iniciativas en materia de cuidados, vida libre de violencias y autonomía económica, destaca la legisladora.
La senadora Virginia Magaña Fonseca respaldó el exhorto del Congreso de la Unión para impulsar diversas acciones de la agenda feminista y garantizar la igualdad sustantiva en todo el país, y reiteró que la llegada, en 2024, de la primera mujer presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, representa un hecho relevante por su legitimidad democrática y por el avance en la igualdad entre mujeres y hombres.
La legisladora del Partido Verde subrayó que este acontecimiento no es un logro individual ni fortuito, sino el resultado de una lucha firme y profundamente colectiva de miles de mujeres que, durante más de un siglo, se negaron a aceptar la exclusión. Feministas, maestras, obreras, campesinas e intelectuales abrieron camino enfrentando estigmas y resistencias profundas.
Magaña Fonseca recordó que uno de los momentos fundacionales del feminismo mexicano fue el primer Congreso Feminista de México, celebrado en Mérida, Yucatán, en 1916, con más de 600 participantes, donde se planteó una idea que sigue plenamente vigente: la igualdad reconocida en la ley es insuficiente si no se traduce en condiciones reales para ejercerla.
Desde entonces, cada avance ha sido conquistado de manera gradual, como el reconocimiento del voto femenino en 1953, la implementación de cuotas de género y las reformas constitucionales en materia de paridad. "La llegada de una mujer a la Presidencia representa un punto de partida y no de llegada", afirmó.
La senadora por Guanajuato señaló que persisten desigualdades estructurales que afectan a las mujeres, como la carga desproporcionada de los cuidados, las violencias de género, el acceso desigual a la justicia y la limitada autonomía económica. Por ello, enfatizó que la igualdad sustantiva debe asumirse como una obligación del Estado mexicano.
Magaña Fonseca reiteró que desde el Partido Verde continuarán promoviendo iniciativas en materia de cuidados, vida libre de violencias y autonomía económica.
"Honrar a las mujeres que nos antecedieron significa asumir con responsabilidad la agenda feminista. Una sociedad que garantiza la igualdad de género es una sociedad verdaderamente democrática. Esa es nuestra responsabilidad histórica y nuestro compromiso", concluyó.
La diputada del PVEM, Rebeca Peralta León solicitará a la Comisión Federal de Electricidad que, de forma coordinada con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y las 16 Alcaldías, realicen trabajos de poda de árboles que obstaculicen la vía pública o pongan en riesgo a la ciudadanía que transita por las calles de la capital del país.
Aunado a lo anterior, solicitará a las personas titulares de la Secretaría del Medio Ambiente, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; y de Obras y Servicios de la Ciudad de México; así como a las 16 Alcaldías, continúen con los trabajos de registro de arbolado urbano y la reforestación de especies endémicas en cada demarcación territorial.
La vicecoordinadora de la bancada ecologista del Congreso de la CDMX señaló que durante el mes de junio de 2025, derivado de los fuertes vientos y las lluvias torrenciales “que enfrentamos en la CDMX, se registraron alrededor de 500 árboles caídos. Esto no es una coincidencia, es una señal de alerta. Es una llamada a actuar con responsabilidad y con visión preventiva”.
“El punto de acuerdo que presentaremos tiene una doble función: prevenir y avanzar en las tareas previas a la temporada de lluvias 2026 mediante la identificación de aquellos ejemplares que presentan enfermedades, daños estructurales o condiciones de declive, para que puedan ser podados, saneados o sustituidos; y reforzar el trabajo que durante el año 2025 se realizó en materia de reforestación de especies endémicas en las 16 alcaldías de la capital del país”.
La legisladora del Partido Verde destacó la importante función ecológica que desempeña el arbolado de la capital del país, “ pero cuando no reciben el mantenimiento adecuado pueden transformarse en un riesgo latente para la población, por ello, estoy convencida de que cuidar el arbolado urbano es cuidar la vida, la seguridad y el futuro de nuestra ciudad. Debemos actuar con responsabilidad ambiental, ya que también implica actuar con responsabilidad social”.
