- Desde San Lázaro, hicieron un llamado a la Secretaría de Agricultura y al gobierno federal para atender el abandono en que se encuentra la producción de sorgo, maíz y trigo en la entidad.
Encabezados por la diputada Casandra de los Santos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, agricultores de diversos municipios del estado de Tamaulipas, urgieron a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), atención inmediata a la crisis que padecen por falta de atención a la producción de maíz, trigo y sobre todo de sorgo, que representa el 80 por ciento de la producción en el estado.
En conferencia de prensa, la legisladora ecologista denunció que, pese a que durante años Tamaulipas ha sido un referente nacional en la producción de sorgo rojo, ocupando el primer lugar a nivel nacional y el tercero a nivel internacional, en los últimos años esta actividad se ve amenazada por el abandono de tierras y a la caída progresiva de los rendimientos.
Detalló que la crisis que enfrentan los productores se debe a la sequía prolongada ya que durante tres años consecutivos no ha llovido de manera suficiente en la entidad, pero, además, por los altos costos de producción, precios de referencia desfavorables, falta de infraestructura hidroagrícola y de almacenamiento y la inseguridad en las zonas rurales.
Resaltó que este escenario no solo compromete la viabilidad económica de los productores tamaulipecos sino de sus familias y de todas las personas que dependen del campo. Por lo que el llamado es a que se atiendan de manera emergente sus demandas.
Dijo que, para ello, ya se tenía agendada una reunión con la SADER, misma que se re-agendó argumentando que aún están estudiando las soluciones. “Yo les digo: ya no hay tiempo que estudiar, hay que actuar. Y no voy a quitar el dedo del renglón hasta que se les dé una solución real, digna y viable a nuestros productores”, afirmó.
A nombre de los agricultores, encabezados por Guillermo Aguilar, presidente del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, Casandra de los Santos pidió a la SADER considerar las demandas de los agricultores entre ellas el establecimiento de precios de garantía justos, considerando el precio del sorgo a seis mil pesos por tonelada; el maíz a siete mil 500 pesos y el trigo cristalino en seis mil pesos.
Asimismo, eliminar el IEPS al diésel para maquinaria, construcción y mantenimiento de infraestructura hidroagrícola, compensaciones directas y agricultura por contrato; revisión de los mecanismos de importación y la reactivación de créditos seguros y subsidios al campo.
En su oportunidad Guillermo Aguilar dijo que es urgente el llamado a las instituciones correspondientes para buscar una solución de emergencia a la caída en la producción de sorgo, terminar con la competencia desleal y se atienda el tema de la importación desmedida de granos.
“A la producción interna ni la voltean a ver y el campo está en total abandono. No hay control en las importaciones y eso es lo que nos está ahogando”, advirtió, por lo que pidió condicionar a los industriales la compra de un 30 o 40 por ciento de la producción nacional, lo que aliviaría su situación.
- A partir de mañana, quien adultere o dope una bebida, irá a prisión, dijo Chucho Sesma
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, celebró la aprobación de su propuesta legislativa para castigar con cárcel el delito de sumisión química a quien adultere o dope una bebida, por lo que agradeció a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina haber incorporado en su iniciativa de pinchazos en el Metro, dicha propuesta legislativa del verde.
En tribuna, Chucho Sesma subrayó que esta reforma da respuesta a las más de cien denuncias ciudadanas y miles de víctimas que han sufrido ataques contra su integridad física y autonomía mediante la administración engañosa de sustancias en las bebidas.
“Más allá de las cifras, lo que está en juego es la vida de seres humanos. Esta iniciativa reafirma el profundo compromiso del Gobierno de la Ciudad con los derechos humanos y con una capital más segura para todas y todos”, destacó el líder parlamentario.
Sesma Suárez señaló que estas prácticas delictivas no son hechos aislados, sino que siempre están ligadas a delitos de alto impacto como el abuso sexual, la trata de personas, el feminicidio y el homicidio, por lo que destacó la urgencia de sancionar esta conducta con todo el peso de la Ley.
“Nadie droga a otra persona solo por drogarla . Es para robar, violar o matar, y tiene que sancionarse cada delito”, finalizó el congresista local en la máxima tribuna de la capital del país, Chucho Sesma.
- “No se trata de debilitar al sector, sino de fortalecerlo con reglas claras, competitivas y humanas. Un seguro justo no es un privilegio, es un derecho”, afirmó.
- Solo el 10% de los mexicanos cuenta con seguro médico; el resto enfrenta altos costos de salud con su propio bolsillo.
Frente al alza desmedida en los seguros médicos y la falta de transparencia en sus condiciones, la senadora Maki Ortiz Domínguez, del Partido Verde, propuso reformar la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para frenar los abusos en la fijación de primas, exigir claridad en los contratos y garantizar que los asegurados puedan cambiar de compañía sin perder derechos adquiridos.
Ortiz Domínguez expuso que actualmente solo el 10 por ciento de la población en México cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, mientras que el resto enfrenta los altos costos de salud con recursos propios.
La falta de competencia ha permitido que sólo cuatro compañías controlen el 75 por ciento del mercado, limitando opciones y elevando precios sin justificación técnica, de acuerdo con el estudio de Comisión Federal de Competencia (Cofece).
Ante esta situación, la legisladora señaló que su iniciativa plantea la adición de los artículos 200 Bis, Ter, Quáter y Quintus, así como un nuevo inciso al artículo 485, con el propósito de frenar las prácticas abusivas de las aseguradoras que hoy mantienen cautivos a sus clientes mediante contratos restrictivos.
Además, busca garantizar el derecho de portabilidad, que permitirá cambiar de aseguradora sin perder antigüedad, cobertura o beneficios adquiridos; el retorno a un plan superior sin penalizaciones para quienes hayan reducido temporalmente su cobertura; y la creación de un bono sin reclamo para premiar la prevención y la permanencia en el sistema.
De acuerdo con el Informe de tendencias de tasas médicas globales de 2025 emitido por AON, mientras en América Latina y el Caribe la inflación médica disminuye, en México se proyecta un aumento del 11.2 por ciento, reflejo de un mercado sin regulación efectiva ni transparencia. Esta situación se agrava por la falta de regulación efectiva, el uso de cláusulas abusivas y la exclusión de personas mayores o con enfermedades preexistentes.
En ese sentido, Ortiz Domínguez también propuso que las aseguradoras estén obligadas a proporcionar información clara y accesible sobre sus pólizas y justificaciones técnicas de los incrementos. Asimismo, plantea proteger a adultos mayores que han mantenido una póliza activa durante más de 10 años, limitando el incremento de sus primas.
“Proteger su derecho a regresar a una mejor cobertura sin castigo fortalece la dimensión social del seguro, lo convierte en un mecanismo solidario y no solo financiero”, enfatizó.
Finalmente, la senadora ecologista dijo que esta reforma representa un acto de justicia para millones de familias mexicanas que han sido víctimas de un sistema opaco y desequilibrado. “No se trata de debilitar al sector asegurador, sino de fortalecerlo con reglas claras, competitivas y humanas. Un seguro justo no es un privilegio, es un derecho”, enfatizó.
