- No se debe escatimar en los esfuerzos para erradicar las fuentes de riesgo en torno al cáncer, una de las cuales es el asbesto.
Para reducir los peligros a la salud por la exposición al asbesto, además de atender las obligaciones constitucionales en torno a la garantía del derecho a la salud, la senadora Virginia Magaña Fonseca, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo de Guanajuato para que se realice un diagnóstico integral sobre la presencia y uso de asbesto en la entidad, además de que se elabore una estrategia progresiva de eliminación del uso de este mineral.
Explicó que el asbesto es popular por sus características de resistencia que permite aislar del ruido, el calor, la electricidad y químicos, además de que su procesamiento es económico y suele utilizarse para la construcción.
Sin embargo, resaltó que desde hace varios años la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Americana contra el Cáncer, han determinado el carácter cancerígeno del mineral cuando se encuentra disperso en el aire, lo cual sucede durante la extracción, procesamiento, o en caso de desgaste, rotura o reparación.
Agregó que de acuerdo con la OMS no existe un nivel de exposición al asbesto que sea seguro para la salud, sin embargo, se han descubierto enfermedades relacionadas con el asbesto en personas que estuvieron expuestas a él por períodos breves, por lo que enfatizó que este riesgo puede evitarse si se dejan de utilizar productos que lo contengan.
Dijo que de acuerdo con diversos estudios, las personas que enferman por exposición al asbesto no muestran síntomas de enfermedad sino hasta pasados varios años, por lo que insistió en que “es urgente tomar ahora mismo acciones encaminadas a la protección de la salud de las y los mexicanos”.
Destacó que el riesgo de la exposición al asbesto es tal, que tanto la OMS como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han promovido la prohibición de este mineral desde 1986 y más de 71 países ya lo han prohibido, sin embargo, en México no existe una prohibición total de su utilización. Destacó que la regulación de este mineral en el país se encuentra enfocada en el control de su uso y manejo a través de la NOM-125-SSA1-2016, la cual, aseguró que es insuficiente para garantizar la protección a la salud de la población en general y del medio ambiente, además de que actualmente tampoco existe algún programa de sustitución del asbesto, encaminado a eventualmente eliminar su uso.
Dijo que en el caso del estado de Guanajuato, los tumores malignos constituyen la tercera causa de muerte, según las Estadísticas de Defunciones Registradas, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que hizo énfasis en la urgencia de tomar acciones para prevenir este tipo de enfermedades, por lo que subrayó que no se debe escatimar en los esfuerzos para erradicar las fuentes de riesgo en torno al cáncer, una de las cuales es el asbesto.
- Se propone crear programas específicos dirigidos a mujeres de comunidades rurales que se dedican a actividades agropecuarias, con el fin de fortalecer su desarrollo y participación en el sector agroalimentario
La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria aprobó una propuesta presentada por la diputada Fátima Cruz Peláez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, cuyo objetivo es fomentar y crear programas específicos para mujeres que habitan en comunidades rurales y se dedican a actividades agropecuarias, con el propósito de fortalecer su desarrollo, autonomía económica y participación en el sector agroalimentario.
La diputada señaló que esta propuesta reconoce la urgente necesidad de disminuir la brecha de género en el campo, donde históricamente las mujeres han sido desigualmente reconocidas como propietarias de la tierra por ejidos y comunidades. “Este rezago en la agenda pública ha limitado el papel de las mujeres rurales, impidiendo su acceso pleno a la tierra y a los recursos productivos, lo cual repercute en su bienestar y en el de sus comunidades”, afirmó.
Asimismo, Cruz Peláez destacó que estudios y experiencias demuestran que, cuando se les brinda oportunidad, las mujeres del campo se destacan como cuidadoras de la tierra. Gracias a sus conocimientos y habilidades, contribuyen significativamente a la protección y uso sostenible de los recursos naturales, desempeñando un papel clave en la conservación del medio ambiente y en la seguridad alimentaria.
Sin embargo, a pesar de su potencial, muchas mujeres rurales enfrentan múltiples barreras para participar plenamente en el sector agropecuario. Entre estas se encuentran prácticas discriminatorias, falta de acceso a créditos, salarios desiguales, un régimen de tenencia de tierra excluyente y limitada participación en la toma de decisiones. A ello se suma la persistencia de la violencia de género y sexual, que vulnera aún más sus derechos.
De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2022, existen 876,456 unidades de producción agropecuaria encabezadas por mujeres. Sin embargo, 689,698 de ellas enfrentaron desastres naturales como sequías, inundaciones, incendios, heladas y huracanes, lo que refleja la precariedad de su situación. Las pérdidas por factores climáticos representaron el 58% a nivel nacional, evidenciando la necesidad urgente de brindar apoyos específicos y sostenibles.
Por tal motivo, la legisladora resaltó la importancia de sumar esfuerzos para construir un futuro más igualitario, en el que las mujeres rurales cuenten con las herramientas y condiciones necesarias para convertirse en agentes de cambio.
“Su participación en los procesos de restauración de tierras y adaptación al cambio climático es esencial para aumentar la resiliencia de las comunidades frente a fenómenos como la sequía y fomentar entornos rurales más prósperos”, finalizó.
- “Si decimos que es tiempo de mujeres, que es tiempo de dignidad, es hora de demostrarlo con hechos, especialmente con nuestras mujeres más vulnerables”, dijo
La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la CDMX, diputada Rebeca Peralta León, solicitó al titular de la subsecretaría del Sistema Penitenciario, Andrés Ponce, así como a la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández que, de manera coordinada, se realicen recorridos sorpresivos y permanentes de supervisión en el Centro Femenil de Reinserción Social “Santa Martha Acatitla”.
El objetivo, indicó la legisladora de la bancada ecologista, es verificar y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad, así como investigar de manera exhaustiva sobre las distintas notas y publicaciones que desde el pasado 23 de junio y hasta la fecha, han realizado diversos medios de comunicación televisivos, escritos o plataformas digitales, en donde se han difundido noticias sobre denuncias de presunta extorsión y maltratos que sufren las mujeres en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
Lo anterior lo pidió mediante un punto de acuerdo que la congresista del Partido Verde, Peralta León presentó y en donde también solicitó poner especial atención a la situación en la que se encuentran las niñas y niños que viven con sus madres al interior del centro de internamiento y continuar asegurando su bienestar físico, de salud mental, así como de seguridad integral en un ambiente de dignidad y legalidad al interior del mismo.
En la tribuna del Recinto Legislativo de Donceles, la diputada Rebeca Peralta mencionó que la situación del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, según las internas, “es insostenible. Esos ecos de dolor y desesperación ahora se han convertido en denuncias públicas y virales. No podemos seguir cerrando los ojos a estas presuntas extorsiones sistemáticas, en donde, al parecer, a las internas se les obliga a pagar por lo más básico: un lugar donde dormir, una botella de agua, un simple pase y en donde se denuncian maltratos físicos y psicológicos”.
“Sabemos del compromiso de las autoridades capitalinas por solucionar la problemática en estos centros, pero la gran alarma en medio de todo esta situación y que no podemos ignorar, son los casi 40 pequeños que viven con sus madres en Santa Martha Acatitla, sus primeros años de vida, sus primeros pasos, sus primeras palabras, pueden ser marcados por la realidad de un centro penitenciario donde se denuncian presuntos abusos, extorsiones y crueldad. Y entonces, el interés superior de la niñez, ¿sólo es un discurso más?”, concluyó la diputada ambientalista.
El punto de acuerdo se consideró de urgente y obvia resolución pero fue desechado por las y los legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México durante la sesión de este miércoles.
