- La reforma aprobada permitirá homologar la tipificación del delito, sancionar con prisión preventiva y facultar al Congreso a coordinar acciones nacionales: senadores del Partido Verde.
Las senadoras y los senadores del Partido Verde en el Senado de la República respaldaron con su voto la reforma al artículo 73 constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra la Extorsión. Esta medida busca homologar criterios en todo el país y cerrar vacíos legales que han permitido la impunidad en este delito.
La senadora Juanita Guerra Mena recordó que desde la LXV Legislatura impulsó esta iniciativa, y destacó que hoy, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad, se impulsa una Ley General contra la Extorsión que homologará criterios y cerrará vacíos legales en todo el país.
Señaló que de acuerdo con cifras oficiales, en 2024 se registraron más de 10 mil 500 denuncias y entre enero y julio de 2025, Cuautla, Morelos, encabezó los reportes a nivel nacional. Ante esta situación, llamó a la ciudadanía a utilizar la línea 089 para denunciar de manera anónima. “Ya no más extorsión en Morelos, ya no más extorsión en Cuautla, ya no más extorsión en México”, enfatizó.
Por su parte, el senador Luis Alfonso Silva Romo dijo que la extorsión no solo se manifiesta de forma violenta, sino también mediante intimidación psicológica, llamadas telefónicas o el uso de tecnologías de la información, prácticas que mantienen a miles de víctimas en la impunidad. “Legislar en materia de extorsión no es solo un acto jurídico, es un compromiso con la seguridad y la dignidad de las familias mexicanas”, subrayó.
En este mismo sentido, el senador Luis Armando Melgar afirmó que la reforma para legislar en materia de extorsión es una respuesta urgente ante uno de los delitos que más lastima a la sociedad mexicana, afectando tanto a familias como al desarrollo económico del país.
“Esta ley no es un capricho legislativo, es una respuesta urgente a una crisis que afecta a todos los mexicanos. Legislar contra la extorsión es devolverle la confianza al pueblo de México. Nuestro voto será a favor de la paz y de un México seguro”.
Rocío Corona Nakamura, senadora por Jalisco, destacó que la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch es un paso firme, pero insistió en la importancia de homologar las sanciones: “No puede ser que en Guerrero se impongan hasta 30 años de cárcel y en Jalisco solo uno. Ya basta de extorsión, ya basta de miedo”.
Por su parte, la senadora Maki Ortiz Domínguez alertó que este delito representa una amenaza directa contra la tranquilidad de las familias y la viabilidad de miles de negocios en el país. En el caso de Tamaulipas, su estado natal, las extorsiones crecieron 148 por ciento en el primer semestre de 2025, lo que ha obligado a pequeños empresarios a pagar en promedio dos mil 500 pesos mensuales para proteger su vida y patrimonio.
“Esta reforma aprobada permitirá homologar la tipificación del delito, sancionar con prisión preventiva y facultar al Congreso para coordinar acciones federales y estatales. Queremos que las familias vivan con justicia y en paz”, concluyó la legisladora.
- Se propone establecer lineamientos claros y estrictos para la realización de procedimientos de cirugía plástica o estética en menores de 18 años
Con el compromiso de garantizar el interés superior de la niñez y la adolescencia, el diputado Gerardo Villarreal Solís, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso adicionar el artículo 272 Bis I a la Ley General de Salud, a fin de establecer lineamientos claros y estrictos para la realización de procedimientos de cirugía plástica o estética en menores de 18 años.
Durante la presentación de la propuesta, el legislador destacó que la presente reforma busca establecer candados legales claros, y que las normas oficiales mexicanas ofrezcan una regulación técnica que garantice que únicamente se lleven acabo aquellos procedimientos que, tras evaluaciones médicas, respaldadas por filtros legales, clínicos, sanitarios y psicológicos adecuados, entre otros, respondan de manera efectiva al bienestar de la niñez y la adolescencia.
Asimismo señaló que tan solo en 2023, la Asociación Internacional de Cirugía Plástica Estética reportó casi 35 millones de procedimientos realizados. En América Latina, la tendencia también ha ido en aumento, impulsada por estereotipos difundidos en redes sociales, presión social y una creciente falta de información adecuada sobre los riesgos que implica someterse a este tipo de intervenciones a edades tempranas.
“Un caso reciente que detonó esta iniciativa fue el de una adolescente en Durango, quien lamentablemente perdió la vida tras someterse a una cirugía estética sin el consentimiento de su padre. Este y otros casos similares ponen en evidencia la urgente necesidad de establecer un marco legal más riguroso que garantice la seguridad, salud e integridad de los menores de edad”, resaltó.
De igual forma, mencionó que, el incremento en la demanda de procedimientos estéticos ha ocasionado un crecimiento preocupante de la oferta irregular por parte de personas que se ostentan como cirujanos plásticos, sin contar con la especialidad, la cédula profesional o la certificación correspondiente.
En su propuesta el legislador explicó que no se propone una prohibición absoluta, porque ello podría impedir procedimientos necesarios en beneficio de la salud que con base en dictámenes médicos y psicológico resultan importantes para proteger la integridad física o emocional del menor de edad. “Se busca un equilibrio, cerrar la puerta a intervenciones estéticas que no se recomiendan por la edad y que resulta evidente y totalmente contrarias a su desarrollo”, afirmó.
Finalmente, mencionó la importancia de dejar claro que, tratándose de procedimientos de cirugía plástica y estética en menores de edad, debe prevalecer en todo momento el interés superior de la niñez y se deja excluidas de este marco, las cirugías reconstructivas cuyo propósito terapéutico responde a necesidades de salud y rehabilitación plenamente reconocidas.
- “El gobierno debe alinearse con las mejores prácticas internacionales para consolidar un gobierno digital más eficiente, transparente y confiable”: Silva Romo.
Con el fin de garantizar mayor seguridad, eficiencia y transparencia en el manejo de datos públicos, el senador Luis Alfonso Silva Romo presentó una iniciativa para incorporar la tecnología de cadena de bloques (blockchain) en los procesos de interoperabilidad de los sistemas de información gubernamentales.
La propuesta, que reforma el inciso e) de la fracción II del artículo 42 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, plantea que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones utilice la cadena de bloques para el manejo de bases de datos y trámites públicos, con excepción de la información en materia de seguridad nacional.
Además, se suma a los esfuerzos institucionales que ya se han implementado en México, como la creación de la Agencia de Transformación Digital en 2024 y la reciente Estrategia Nacional Digital.
“El Estado mexicano debe alinearse con las mejores prácticas internacionales para consolidar un gobierno digital más eficiente, transparente y confiable”, señaló Silva Romo.
En ese sentido, Silva Romo enfatizó que el uso de blockchain no solo permitirá garantizar la integridad de los datos, sino que también contribuirá a combatir la corrupción, optimizar los servicios públicos y reducir la carga regulatoria para ciudadanos y empresas.
El senador afirmó que la Cuarta Revolución Industrial ha colocado a las tecnologías de la información, la inteligencia artificial y el blockchain en el centro de la transformación social y económica global. Señaló que países de la Unión Europea ya aplican esta tecnología en procesos como la verificación de identidad digital, certificación de diplomas, intercambio seguro de datos y hasta en sistemas de votación, lo que ha permitido mejorar la confianza y reducir costos operativos.
"Con esta propuesta se busca fortalecer la política digital del Estado mexicano y avanzar hacía un gobierno más moderno y transparente", concluyó el legislador ecologista.
