- La propuesta busca frenar la explotación de menores y mujeres en su propio entorno familiar.
- En México, casi 50% de los casos de trata infantil inicia en el entorno familiar; senadora exige castigo ejemplar.
La senadora Juanita Guerra Mena, integrante de la bancada del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el fin de aumentar las penas de 10 a 20 años de prisión cuando el delito sea cometido por un familiar de la víctima.
Guerra Mena dijo que la trata de personas es la “esclavitud moderna” y uno de los delitos más crueles que priva de su dignidad a millones de víctimas en el mundo, quienes son explotadas con fines sexuales, laborales, mendicidad forzada, servidumbre doméstica o extracción de órganos.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, más de 40 millones de personas fueron víctimas de esclavitud moderna en 2016, de las cuales 24.9 millones se encontraban en situación de trabajo forzoso y 15.4 millones en matrimonio forzado.
En el caso de México, la senadora comentó que la ONU ha documentado que casi el 50 por ciento de los casos de trata de menores inicia en el propio entorno familiar, lo que agrava el impacto psicológico y social de las víctimas, pues quienes deberían protegerlos terminan siendo sus victimarios.
Por su parte, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República reporta que en nuestro país, el 93 por ciento de las víctimas de trata son mujeres y 26 por ciento son menores de edad. Además, el 45 por ciento son captadas por conocidos, lo que refleja la gravedad del problema cuando el círculo familiar se convierte en el primer eslabón de la explotación.
La legisladora advirtió que este fenómeno ha proliferado en municipios con altos niveles de pobreza, donde prácticas como la venta de niñas para matrimonios forzados o explotación sexual aún se mantienen. Asimismo, destacó que Guerrero es uno de los estados con mayor incidencia en turismo sexual infantil, lo que evidencia la urgencia de reforzar el marco jurídico.
Frente a esta situación, la ecologista subrayó que su iniciativa plantea que, además de las sanciones ya previstas en la ley, cuando exista vínculo de parentesco entre el agresor y la víctima, la pena se eleve a un rango de 10 a 20 años de prisión y multas de hasta 30 mil días.
Guerra Mena dijo que la medida busca reforzar el marco legal frente a un delito que se ha convertido en el segundo negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo después del narcotráfico. “Con esta propuesta, el Partido Verde reafirma su compromiso de combatir la esclavitud del siglo XXI y proteger a las víctimas, especialmente a las más vulnerables”, indicó la senadora.
- Además de respaldar el ejercicio de la profesión veterinaria, se busca que ésta pueda desarrollarse efectivamente, contando con todas las herramientas disponibles.
Para atender una parte prioritaria del bienestar animal, que es el cuidado y protección de su salud, así como para garantizar que los médicos veterinarios cuenten con las herramientas y el respaldo necesarios para ejercer de manera eficiente su profesión, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, presentó diversas propuestas en esta materia.
Aseguró que además de respaldar el ejercicio de la profesión veterinaria, se busca que ésta pueda desarrollarse efectivamente, contando con todas las herramientas disponibles.
En el caso del uso de medicamentos veterinarios para atender la salud animal, el legislador exhortó a la COFEPRIS, al Servicio Nacional. de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y a la Secretaría de Salud a revisar y, en su caso, modificar los lineamientos regulatorios que restringen el uso de medicamentos de la industria farmacológica humana en medicina veterinaria, ya que aseguró que a menudo los veterinarios consideran necesario emplear medicamentos de uso humano en animales, pero se ven restringidos por las autoridades de salud.
En este mismo sentido, destacó que es indispensable que las autoridades responsables emitan criterios técnicos que promuevan la actualización de las Normas Oficiales Mexicanas, para que el uso de medicamentos veterinarios con fines de bienestar animal sea reconocido, regulado y supervisado de manera efectiva, esto debido a que el uso de medicamentos veterinarios está regulado con un enfoque de control sanitario, productivo y de inocuidad de los alimentos, pero no reconoce la dimensión del bienestar animal como fin legítimo del uso de éstos.
Asimismo propuso la creación de la figura del tutor responsable de animales de compañía en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, esto con la finalidad de establecer quién es el responsable y cuáles son sus obligaciones frente a los animales de compañía, además de que plantea la creación del Registro Nacional de Tutores Responsables.
Subrayó que es indispensable proteger la noble labor de los médicos veterinarios, así como garantizar la confianza de la sociedad sobre esta profesión, por lo que busca prevenir la usurpación de la profesión veterinaria, a través de que los establecimientos cuenten con un responsable sanitario titulado y con cédula profesional como médico veterinario zootecnista visible al público; así como prohibir que pasantes, estudiantes o personas no tituladas realicen actos médicos veterinarios.
Resalta también la urgencia de proteger a los médicos veterinarios zootecnistas de casos de difamación y violencia digital, por lo que exhortó a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y a las fiscalías estatales a impulsar acciones para prevenir y atender estos casos; además de exhortar a las principales plataformas digitales que operan en México a robustecer sus protocolos de denuncia y respuesta para atender esta problemática.
Lamentó que hoy los médicos veterinarios sean objeto de acoso, objeto de amenaza, objeto de presión. "Hay casos de homicidio de médicos veterinarios. Pero quizá es más grave que haya casos de suicidio de médicos veterinarios ante la falta de apoyo de la sociedad y la incomprensión del tamaño de su responsabilidad".
Finalmente, apuntó que propone la creación de la Comisión de Medicina Veterinaria Forense, que busca ser el equivalente a la Comisión de Arbitraje Médico, para garantizar que exista una comisión neutral que pueda resolver un conflicto entre el tutor o propietario del animal y el médico veterinario y que diga si hubo un caso de negligencia, y no sean las redes sociales quienes resuelvan estos conflictos.
- Se impondrán hasta 14 años de prisión a quienes realicen traslados médicos ilegales.
- La reforma no sólo endurece sanciones, sino que envía un mensaje contundente de “cero tolerancia” a quienes lucran con la salud.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para tipificar como delito el uso de vehículos en traslados médicos ilegales, conocidos popularmente como “ambulancias pirata”. La propuesta busca sancionar con penas de cinco a catorce años de prisión y hasta 120 días de multa a quienes ofrezcan este tipo de servicios sin autorización oficial.
Explicó que estas unidades representan un grave riesgo para la salud pública, ya que operan fuera de la ley, sin personal capacitado ni el equipo médico necesario para la atención de emergencias. “Las llamadas ambulancias pirata no solo engañan a los ciudadanos imitando la apariencia de las certificadas, sino que también ponen en peligro la vida de pacientes vulnerables que requieren traslados inmediatos”, señaló.
La senadora advirtió que estas unidades operan al margen de la ley, pues simulan ser ambulancias certificadas sin cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-1994, que regula los servicios de emergencia en el país, lo que representa un riesgo inminente al no contar con personal capacitado ni protocolos de atención adecuados.
En ese sentido, Guerra Mena destacó que la proliferación de estas unidades responde a la falta de regulación eficaz y a la alta demanda de servicios médicos de emergencia, especialmente en comunidades con recursos limitados.
La iniciativa destaca testimonios de pacientes que han sufrido complicaciones durante traslados en ambulancias no certificadas, que van desde el agravamiento de infartos hasta crisis respiratorias mal atendidas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, más del 30 por ciento de los pacientes transportados en estos servicios ilegales enfrentaron complicaciones que pudieron evitarse con atención en unidades autorizadas.
Guerra Mena puntualizó que su propuesta no sólo endurece sanciones, sino que envía un mensaje contundente de “cero tolerancia” a quienes lucran con la salud. Asimismo, confió en que esta medida contribuirá a fortalecer la regulación, a restaurar la confianza ciudadana y a garantizar que la atención médica de emergencia sea un derecho seguro y confiable para todas y todos.
“No podemos permitir que la salud de los mexicanos se ponga en riesgo por servicios irregulares; esta reforma busca salvar vidas y cerrar la puerta a la impunidad”, subrayó la senadora por Morelos.
