- Los mercados municipales desempeñan una función esencial como espacios públicos destinados al intercambio de bienes, al fortalecimiento de las economías locales y a la generación de oportunidades para las familias que dependen de esta actividad.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a los 36 Ayuntamientos del estado de Morelos para que fortalezcan las acciones de regulación, ordenamiento y regularización del comercio no establecido, además de que implementen estrategias para fomentar el comercio formal y el aprovechamiento ordenado de los mercados municipales.
Explicó que los mercados municipales desempeñan una función esencial como espacios públicos destinados al intercambio de bienes, al fortalecimiento de las economías locales y a la generación de oportunidades para las familias que dependen de esta actividad, sin embargo, reconoció que en diversos municipios de Morelos se ha incrementado actividades comerciales fuera de los establecimientos formalmente autorizados, es decir, vía pública, calles, banquetas, accesos a mercados, espacios comunes y zonas aledañas a los centros de abasto.
Aseguró que cuando estas actividades se realizan sin contar con los permisos, licencias, empadronamientos o medidas de seguridad correspondientes, generan condiciones de competencia desigual frente a quienes cumplen con sus obligaciones administrativas, fiscales y regulatorias.
Señaló que de acuerdo con una nota periodística publicada en "El Diario de Morelos", los comerciantes formales han señalado que la proliferación de vendedores en la vía pública ahoga la economía interna de los centros de abastecimiento.
La nota señala además que de acuerdo con registros municipales, existen más de mil 604 comercios semifijos con padrón oficial en el territorio capitalino, pero existe una cifra similar de vendedores informales sin permiso operando en las calles.
La senadora recalcó que la problemática no debe abordarse desde una perspectiva exclusivamente sancionadora, sino que las autoridades municipales deben impulsar políticas públicas que permitan transitar progresivamente hacia la formalidad, mediante procesos accesibles de regularización, orientación, empadronamiento, capacitación y acompañamiento a las personas comerciantes.
Insistió en que son los gobiernos municipales quienes deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que los mercados públicos funcionen de manera ordenada, segura, accesible y eficiente, procurando que dichos espacios cumplan con su función social y económica en beneficio tanto de las personas comerciantes como de quienes acuden a realizar sus compras.
Finalmente, agregó que no se trata de desconocer la importancia económica del comercio en vía pública para numerosas familias, sino de generar mecanismos que permitan ordenar dicha actividad, identificar a quienes la ejercen, establecer zonas y horarios permitidos, verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y facilitar su incorporación gradual a esquemas de formalidad.
- Es necesaria una política de largo plazo que dé certidumbre a este sector tan vulnerable y que coadyuve al cumplimiento de grandes objetivos del plan de desarrollo para volver al campo mexicano un motor de crecimiento regional.
Con la finalidad de fortalecer el campo mexicano, así como dotarlo de mayor certeza jurídica, la senadora Angélica Montes Rentería, del Partido Verde, presentó una iniciativa para que el programa de precios de garantía a productos alimentarios básicos sea una política permanente, para lo cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La senadora explicó que una de las problemáticas más complejas que enfrenta el campo mexicano es la concentración de los mercados, los canales de comercialización y los intermediarios que dejan en segundo plano a los productores con pérdidas y ganancias mínimas.
Además de que las principales barreras para vender sus productos son la dificultad para comercializarlos, debido a la intermediación excesiva o al coyotaje, la falta de transporte y almacenamiento, la falta de información de precio de los productos, la falta de capacitación y asistencia técnica, la poca organización de la producción y la inseguridad.
Agregó que estos factores, aunado al restringido acceso a los servicios financieros limitan el potencial económico de este sector, desaprovechando las vocaciones productivas y ventajas competitivas que tiene nuestro país en diversas regiones.
Ante este panorama, Montes Rentería recalcó que es “necesaria una política de largo plazo que dé certidumbre a este sector tan vulnerable y que coadyuve al cumplimiento de grandes objetivos del plan de desarrollo para volver al campo mexicano un motor de crecimiento regional”.
La senadora recordó que en el Programa Nacional de Desarrollo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2025, se encuentra el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para el ejercicio fiscal 2025, sin embargo, este acuerdo únicamente tenía vigencia durante el año 2025, por lo que insistió en que es necesario que los apoyos planteados en esta propuesta y en otros documentos oficiales, sean reconocidos en la normatividad nacional.
Por ello, explicó que su propuesta busca que el programa de precios de garantía a productos alimentarios básicos sea una política permanente, y detalló que perseguirá los siguientes objetivos: Que los apoyos definidos a los productores nunca estén por debajo de los costos de producción agrícola, considerando el producto, la región y la zona; proporcionar a los pequeños y medianos productores de granos básicos y de leche la certidumbre de contar con complemento a sus ingresos a través de la implementación de precios de garantía; facultar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para estimar los costos de producción agrícola a fin de determinar los montos de los apoyos; y que los programas de apoyo directo a productores en condiciones de pobreza nunca estén por debajo de los costos de producción agrícola.
“Durante muchos años las comunidades rurales fueron vistas únicamente como beneficiarias de programas; hoy debemos reconocerlas como protagonistas de desarrollo nacional”; finalizó.
- Esta distinción ha sido desvirtuada en años recientes, debido a que en la actualidad, estos reconocimientos honoríficos se otorgan mediante convocatorias abiertas y pagos de inscripción.
Ante la cada vez más frecuente entrega de Doctorados Honoris Causa por parte de algunas universidades e instituciones educativas sin ningún rigor académico, sin acreditar una trayectoria excepcional y sin ningún tipo de control, pero recibiendo un pago a cambio de esta distinción, la senadora Karen Castrejón, del Partido Verde, propuso establecer en la Ley que estos reconocimientos no son niveles de educación superior ni forman parte del Sistema Educativo Nacional, así como establecer sanciones a quien entregue indiscriminadamente estos doctorados.
La senadora ecologista explicó que los estudios de doctorado tienen como objetivo proporcionar una formación sólida para desarrollar la actividad profesional de investigación en ciencias, humanidades o artes que produzca nuevo conocimiento científico, tecnológico y humanístico, que genere una aplicación innovadora y desarrollo tecnológico original.
Por otro lado, agregó que universidades de todo el mundo entregan diversos tipos de distinciones no relacionadas con la formación académica. En caso particular del Doctorado Honoris Causa "permite reconocer trayectorias que han transformado disciplinas enteras, reafirmar su carácter universal y su vocación humanista, vincular a la Universidad con pensadoras, científicos, artistas y líderes con impacto mundial", de acuerdo con la UNAM.
Señaló que este tipo de reconocimiento cuenta con alto valor simbólico y protocolario, pero no se cursa mediante materias, tesis o exámenes, por lo que no otorga una cédula profesional ni equivale a un doctorado académico que permita ejercer como un doctor en ciencias o humanidades, ni tampoco concede el derecho a usar de forma profesional el título de doctor o doctora.
Lamentó que esta distinción ha sido desvirtuada en años recientes, debido a que en la actualidad, estos reconocimientos honoríficos se otorgan mediante convocatorias abiertas y pagos de inscripción, calificó esta actividad como "la venta indiscriminada de supuestos doctorados honoris causa por parte de organizaciones de dudosa reputación que han encontrado en esta práctica un lucrativo negocio a costa de la ingenuidad de personas que creen que obtendrán un grado académico a cambio de la entrega de una cantidad de dinero y sin mayor esfuerzo".
Aseguró que se trata de un fraude contra el sistema educativo, pues se trata de distinciones carentes de valor para efectos académicos; contra la persona que cae en el engaño, pues entregan el dinero bajo la promesa de recibir una distinción o un grado académico; y contra la sociedad en su conjunto, pues circulan doctorados honoris causa sin el respaldo de una institución de prestigio y sin validez alguna.
Para atender esta problemática, la senadora Castrejón propuso modificar la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior a fin de establecer que los doctorados honoris causa no son niveles de educación superior ni forman parte del sistema educativo nacional y que su otorgamiento únicamente puede realizarse a título gratuito conforme a la normatividad y organización de la institución que los otorgue.
Finalmente, también presentó una iniciativa para realizar adiciones al Código Penal Federal para sancionar el uso y la entrega indiscriminada de estos doctorados que se obtienen a cambio del otorgamiento de un donativo o una contraprestación con penas de dos a 12 años de prisión y hasta 600 días de multa. a quien publicite, ofrezca, prometa, comercialice u otorgue este tipo de distinciones.
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