- Diversas Leyes fueron modificadas para armonizar y reconocer la nueva denominación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sin embargo, dichos cambios no fueron realizados en la legislación ambiental.
Las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para sustituir la denominación Secretaría de Comunicaciones y Transportes por Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y la Ley General de Cambio Climático.
Explicaron que en octubre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se modifican entre otros, la denominación de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la finalidad de reconocer que la política pública en materia de infraestructura había adquirido un carácter prioritario y transversal para el desarrollo nacional.
Agregaron que la inclusión del término “infraestructura” en la denominación de la Secretaría permitió el reconocimiento de la infraestructura como elemento articulador de políticas públicas en materia de movilidad, conectividad digital, desarrollo regional e integración económica.
Expusieron que ante estos cambios, diversas Leyes fueron modificadas para armonizar y reconocer la nueva denominación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sin embargo, dichos cambios no fueron realizados en la legislación ambiental, armonización que, aseguraron, es necesaria para el cabal cumplimiento de la norma.
Por ello, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Cambio Climático continúan haciendo referencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que, afirmaron, genera una disonancia normativa frente a la estructura vigente de la Administración Pública Federal.
Finalmente, recalcaron que esta modificación permitirá consolidar un marco normativo actualizado, funcional y acorde con los desafíos contemporáneos del desarrollo sostenible, asegurando que las disposiciones ambientales se apliquen con claridad y eficacia en beneficio del equilibrio ecológico y del bienestar de las generaciones presentes y futuras.
