- La ausencia de un impacto directo del ojo del ciclón en Nayarit no redujo el riesgo; por el contrario, la combinación de mar de fondo, marejadas de tempestad y el tapón hidráulico en los esteros generó un escenario de desastre complejo en la baja planicie costera, explicó Angélica Montes Rentería.
La senadora Angélica Montes Rentería, del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades federales, estatales y municipales a activar e implementar de manera integral y urgente todos los protocolos y mecanismos de atención a emergencias, de reconstrucción y presupuestarios en las zonas afectadas por el huracán Rachel en el estado de Nayarit, principalmente en los municipios de Tecuala, Santiago Ixcuintla y San Blas.
La legisladora ecologista explicó que el huracán Rachel se constituyó como el ciclón tropical número 17 con nombre de la temporada en la cuenca del Océano Pacífico, durante su tránsito por las costas nacionales, experimentó un acelerado proceso de intensificación meteorológica que lo llevó a alcanzar de manera sucesiva las Categorías 2 y 3 en la escala Saffir-Simpson.
Agregó que si bien el huracán Rachel no tocó tierra de manera directa en el territorio nacional, sino que mantuvo una trayectoria paralela a la línea de costa sobre aguas del Pacífico, proyectó un amplio radio de afectación que impactó de forma severa la franja marítimo-terrestre de los estados de Nayarit, Jalisco, Sinaloa y Baja California Sur.
Montes Rentería dijo que la ausencia de un impacto directo del ojo del ciclón en Nayarit no redujo el riesgo; por el contrario, la combinación de mar de fondo, marejadas de tempestad y el tapón hidráulico en los esteros generó un escenario de desastre complejo en la baja planicie costera.
Detalló que la evaluación de los daños generados por el huracán Rachel confirma que la combinación de mar de fondo, marejadas de tempestad y anegaciones pluviales impactó de forma directa la franja costera de la entidad, registrando afectaciones de diversa consideración en los municipios de Tecuala, Santiago Ixcuintla y San Blas, así como labores de monitoreo preventivo en Compostela y Bahía de Banderas.
Agregó que el impacto de Rachel sobre la infraestructura pública estatal se pude evidenciar en los sistemas hídricos e hidráulicos, donde ocasionó la suspensión de la fuente de abasto de agua potable y la falta de capacidad de drenaje en diversas zonas. También se confirmó la entrada de agua pluvial y salobre en planteles de educación preescolar, centros de salud rurales y unidades hospitalarias en los municipios costeros, así como daños en postes y cableado eléctrico en comunidades rurales, y afectaciones en la infraestructura carretera y vial.
Explicó que estos daños físicos en el estado afectan directamente las dos fuentes de ingreso de la costa: el sector pesquero artesanal y camaronicultura, y el sector turístico costero y gastronómico, que afectan directamente a prestadores de servicios y a los habitantes de la entidad.
Añadió que la permanencia prolongada de agua estancada, salobre y contaminada en zonas habitadas transforma una emergencia pluvial en una crisis de salud pública, que podría generar infecciones gastrointestinales y enfermedades diarreicas agudas, la proliferación del mosquito vector del dengue y el incremento en la incidencia de picaduras de alacrán
La senadora insistió en que frente a este tipo de contingencias, el Estado debe actuar con celeridad transformadora, y recalcó que "la población vulnerable de las zonas rurales y pesqueras de la costa de Nayarit no requiere manifestaciones de consuelo burocrático, sino la presencia oportuna del poder público traducida en insumos de auxilio, resguardo sanitario y la restitución paulatina de sus condiciones de vida digna".
Finalmente, Montes Rentería explicó que si bien los gobiernos estatal y federal ya activaron diversos protocolos de apoyo a la población, créditos para las familias de pescadores y comerciantes, y labores de reconstrucción y limpieza de zonas afectadas, es necesario reforzar las acciones de recuperación y mantener una estrategia preventiva que permita proteger a las comunidades costeras tanto por las afectaciones del huracán Rachel como ante la posible llegada de otros fenómenos meteorológicos como huracanes o ciclones que podrían generar nuevas afectaciones en la zona.
- Si bien el turismo es un motor económico fundamental para México, no se debe permitir que sea utilizado para cometer delitos como explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes: Angélica Montes.
- Con este dictamen se toca una de las fibras más sensibles, como la prostitución infantil y el abuso sexual en menores de edad: Rocío Corona.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República celebró la aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, para adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Turismo con la finalidad de salvaguardar la integridad y la vida de niñas, niños y adolescentes, previo a la prestación de servicios turísticos como el hospedaje en hoteles o similares.
La senadora Angélica Montes Rentería, del Partido Verde, explicó que, si bien el turismo es un motor económico fundamental para México, genera millones de empleos y fortalece la derrama económica en todas las regiones, no se debe permitir que el dinamismo de esta industria sea utilizado para cometer delitos como explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes.
La legisladora por Nayarit lamentó que México sea ubicado como el segundo destino turístico sexual infantil a nivel mundial y alrededor de 17 mil menores han sido víctimas de explotación sexual en nuestro país, registrándose casos en al menos 22 estados de la República, según datos del DIF nacional.
Ante este panorama, Montes Rentería señaló la importancia de la aprobación de esta propuesta, que atiende de raíz la necesidad de blindar nuestros destinos turísticos y colocar el interés superior de la niñez como el eje rector de las políticas de este sector.
Explicó que con esta reforma se establece como obligación para los prestadores de servicios turísticos efectuar protocolos y acciones preventivas definidas por las autoridades competentes para detectar de manera oportuna la posible comisión de delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, la senadora ecologista, Rocío Corona Nakamura, explicó que con la aprobación de esta reforma, cuando una persona reserve o se registre en un hotel, tendrá la obligación de identificar plenamente a los menores de edad que se van a hospedar con ella y qué relación familiar tienen, si es padre, madre, tutor, tiene la patria potestad, guarda o custodia.
Lamentó que México se encuentra entre los principales destinos de turismo sexual infantil a nivel mundial, lo que pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer mecanismos de prevención y detección. Agregó que se debe dar un enfoque sin titubeos a la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes frente a uno de los delitos más graves y dolorosos que enfrenta nuestro país.
Corona Nakamura agregó que en destinos turísticos de alta relevancia, como Puerto Vallarta, existe una lucha permanente por erradicar la prostitución infantil y el abuso sexual de menores, enfrentando redes delictivas que aprovechan el flujo turístico y las condiciones de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, la senadora afirmó que con este dictamen se toca una de las fibras más sensibles, como es la prostitución infantil y el abuso sexual en menores de edad, por lo que subrayó la importancia de crear más acciones para combatir estos delitos, “Cerremos la puerta a la violencia contra la niñez”, subrayó.
- La iniciativa plantea un diagnóstico nacional anual para conocer capacidad, demanda, interrupciones y necesidades de estos servicios.
México no puede limitarse a saber cuántos bancos de leche humana existen; necesita conocer si funcionan adecuadamente, qué capacidad tienen y dónde persisten las necesidades de atención, planteó la senadora Ruth González Silva al presentar una iniciativa para fortalecer la planeación y evaluación de estos servicios.
“Desde 2016, la Ley General de Salud establece que debe existir al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa, en alguno de sus establecimientos de salud con servicios neonatales. Diez años después, conocer cuántos existen ya no es suficiente; necesitamos saber cómo están funcionando, qué capacidad tienen y qué condiciones enfrentan”, expresó.
De acuerdo con la información expuesta por la legisladora, en mayo de este año México contaba con 37 bancos de leche humana activos en 22 entidades federativas, pero no existe un diagnóstico federal público que concentre de manera periódica indicadores homogéneos sobre su operación, capacidad, demanda atendida, interrupciones y requerimientos.
"Los bancos de leche humana que ya existen por ley son de vital importancia, el siguiente paso es contar con herramientas que permitan evaluar cómo se cumple y conocer las condiciones en las que opera esta red en todo el país", planteó la legisladora por San Luis Potosí.
La propuesta mantiene la obligación de contar con al menos un banco por entidad federativa, pero incorpora criterios para evaluar su cobertura, entre ellos la capacidad de atención neonatal, la incidencia de prematuridad y bajo peso al nacer, la demanda existente, la distribución territorial de la población y las condiciones de accesibilidad.
La senadora por San Luis Potosí subrayó que este tema cobra especial relevancia ante las necesidades de atención de bebés prematuros. De acuerdo a datos citados en su intervención, en la República Mexicana nacen alrededor de 200 mil bebés prematuros cada año, mientras que entre 5 y 12 por ciento requiere cuidados intensivos neonatales.
Una parte fundamental de la propuesta es la publicación anual de un diagnóstico nacional sobre la cobertura y operación de estos servicios. Ese diagnóstico permitirá conocer dónde se encuentran los bancos, su condición operativa, la capacidad instalada y utilizada, los volúmenes de leche recolectada, procesada y distribuida, las interrupciones del servicio y sus causas, la demanda registrada que no haya podido atenderse y las necesidades de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y personal.
Ruth González Silva sostuvo que con esta iniciativa las decisiones sobre estos servicios de salud materno-infantil dejen de depender únicamente del número de establecimientos existentes y puedan sustentarse en información verificable que permita detectar brechas y orientar mejor los recursos y la planeación sanitaria.
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