CON SU VENIA DIPUTADO PRESIDENTE

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES

La calidad de México como país megadiverso implica el privilegio de disfrutar de la gran variedad de ecosistemas y especies silvestres que albergan el territorio nacional, pero también la alta responsabilidad de atender las necesidades de conservación que exige la crisis ambiental por la que atraviesa nuestro planeta. No sólo para garantizar una calidad de vida satisfactoria y nuestra propia supervivencia, sino también las de las generaciones futuras, en congruencia con el ideal del desarrollo sustentable.

Por lo anterior, el sistema jurídico mexicano prevé una serie de instrumentos encaminados a proteger la variabilidad biológica y ecosistémica de nuestro país.

Este es el caso de las Áreas Naturales Protegidas que abarcan más del 10% del territorio nacional y el 1.5% de las zonas marinas mexicanas, y contando con un sólido andamiaje jurídico, mediante las disposiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Como todo instrumento jurídico las Áreas Naturales Protegidas también se encuentran sujetas a un proceso de evolución, el cual inició con la adopción de la figura de los parques nacionales a principios del siglo pasado, hasta la flexibilización paulatina de las categorías de manejo, mediante la inclusión de las Áreas destinadas voluntariamente a la conservación en 2008.

Esta evolución ha permitido:

  • Fortalecer las Áreas Naturales Protegidas
  • Que se adapten mejor a las necesidades de conservación de la biodiversidad
  • Mejorar la calidad de vida de sus habitantes
  • E involucrar a los diferentes sectores de la sociedad en su establecimiento, administración y manejo.

Sin embargo, dicho proceso se encuentra incompleto, por lo que es necesario continuar buscando mecanismos que permitan ampliar la superficie sujeta a algún régimen de manejo, consolidar su administración y coadyuvar en la implementación de un esquema de gestión territorial que se aproxime al de la sustentabilidad.

Sobre todo, si se toma en cuenta que las áreas protegidas comprenden un mecanismo que permite al Estado garantizar el derecho de toda persona a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, consagrado nuestra Constitución.

Asimismo, la Ley General de Cambio Climático reconoce que el establecimiento y conservación de áreas protegidas constituyen acciones tanto de adaptación a los efectos del cambio climático, como de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero que lo provocan.

La presente iniciativa parte de las experiencias en diversos países de Europa y del establecimiento de los Parques Naturales Regionales en Francia desde la década de los sesenta.

Dichos parques son concebidos como "territorios rurales habitados, reconocidos a nivel nacional por su importante valor patrimonial y paisajístico, pero amenazados y fragilizados por la desaparición de las actividades rurales tradicionales, así como por presiones derivadas de actividades urbanas o turísticas".

Tienen por objeto la protección y gestión del patrimonio natural, cultural y paisajístico; el ordenamiento del territorio; el desarrollo económico y social, y la educación e información de las personas, así como la investigación científica.

El objetivo de la presente iniciativa comprende la incorporación de los paisajes bioculturales como un tipo de área protegida de competencia de la Federación, a efecto de incluir la categoría V de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la legislación nacional y, sobre todo, promover la gestión adecuada y sustentable del territorio, mediante la expedición de los programas de ordenamiento ecológico locales y regionales del territorio, tomando como base la experiencia internacional citada, pero adaptándola a la realidad y a las necesidades presentes en México.

Las reformas y adiciones propuestas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que hoy les planteo, buscan:

  • Incluir en el listado de los tipos de Áreas Naturales Protegidas a los paisajes bioculturales, a efecto de que se reconozcan como un área protegida de competencia de la Federación;
  • Definir sus alcances y objetivos, y
  • Establecer los elementos mínimos para su establecimiento, administración y manejo.

Compañeros legisladores, esta iniciativa se relaciona con la materia que será discutida durante la décimo tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que tendrá verificativo en diciembre del año en curso, aquí en México, en Cancún, por lo que refrenda el compromiso que los legisladores tenemos con el desarrollo sustentable.

La adopción de este esquema podría apoyar los esfuerzos de México para conservar su extraordinaria diversidad biológica y cultural.

Por su atención, muchas gracias.