- Se busca fortalecer la protección de derechos y materializar el principio de no discriminación
Con el objetivo de promover y asegurar mecanismos de interpretación y traducción en lenguas originarias para la atención de personas indígenas y garantizar el acceso a servicios consulares que permitan fortalecer la protección de derechos y materializar el principio de no discriminación, el diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
La iniciativa que propone adicionar una fracción IX al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, señala que los Jefes de Oficinas Consulares deberán promover y asegurar dichas acciones, preferentemente mediante intérpretes y traductores certificados, para la atención de personas indígenas mexicanas que así lo requieran.
Dicha medida permitirá garantizar el acceso efectivo a los servicios consulares, fortalecer la protección de derechos y materializar el principio de no discriminación desde una perspectiva intercultural.
“La propuesta es jurídicamente viable y presupuestalmente responsable, ya que su implementación podrá realizarse de manera gradual, mediante lineamientos emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la normatividad aplicable y a la disponibilidad presupuestaria”, subraya Puertos en su propuesta.
Añade que lo anterior, permitirá a la autoridad consular utilizar diversos mecanismos, tales como convenios interinstitucionales, padrones existentes, apoyos tecnológicos o esquemas de colaboración, sin generar obligaciones inmediatas de gasto.
Afirma que, con esta reforma, el Estado mexicano avanza en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales, fortalece su política de protección consular y envía un mensaje claro de inclusión, respeto a la diversidad cultural y compromiso con los derechos humanos.
“Garantizar una atención consular adecuada para las personas indígenas mexicanas en el extranjero no es solo una cuestión administrativa, sino un acto de justicia social y de coherencia con los principios que sustentan a nuestra nación “, subrayó el legislador ecologista.
En su iniciativa, refiere que, de acuerdo con información oficial, en el territorio nacional existen 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas, habladas por millones de personas. Sin embargo, el número de intérpretes y traductores certificados resulta claramente insuficiente para atender esta diversidad lingüística, ya que se cuenta únicamente con mil 79 intérpretes certificados.
Esta brecha genera barreras estructurales que limitan el acceso efectivo a derechos, particularmente cuando las personas indígenas deben interactuar con autoridades del Estado en contextos administrativos, jurídicos o de protección.
Dicha problemática no se limita al ámbito nacional, por el contrario, se agudiza en el contexto migratorio, donde miles de personas indígenas mexicanas residen o transitan en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos de América.
- Asimismo, planteó extender este beneficio al personal contratado en las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno de la CDMX y demás instituciones públicas
La diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar y adicionar el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, a fin de incluir la ayuda para el transporte público como prestación social obligatoria.
De igual manera, la legisladora planteó extender este beneficio al personal contratado en las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno de la Ciudad de México y demás instituciones públicas, exceptuando casos en los que el patrón proporcione transporte, cuando no sea necesario por razones de distancia o seguridad, o cuando el trabajo se realice de manera remota.
Al presentar su propuesta, la legisladora señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2025 la ocupación media nacional alcanzó 60.38 millones de personas en actividades vinculadas al comercio, la industria manufacturera, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, la pesca y la prestación de servicios sociales.
"Sin embargo, uno de los gastos que más impacta el ingreso de la población trabajadora es el traslado diario entre su domicilio y el centro de trabajo, el cual representa un desembolso forzoso y, en muchos casos, una experiencia estresante", apuntó Espino Suárez.
Asimismo, la legisladora destacó que la mayoría de la población ocupada utiliza transporte colectivo, automóvil o metro como principal medio de traslado, lo que implica destinar una parte de su remuneración a cubrir este gasto.
"Se estima que cada integrante de un hogar gasta en promedio 170 pesos mensuales en transporte público, es decir, 2,040 pesos anuales, lo que equivale al 3.58 por ciento de su gasto corriente monetario. Por ejemplo —explicó—, en una familia de cuatro integrantes el monto asciende a 680 pesos mensuales, afectando directamente la economía familiar", resaltó la diputada.
Asimismo, subrayó que en la Zona Metropolitana del Valle de México el 60 por ciento de la población destina cerca del 8 por ciento de su gasto total al transporte público, cifra que supera la media de 13 países de América Latina.
Ante este panorama, consideró indispensable fortalecer el ingreso de las y los trabajadores mediante medidas concretas que atiendan los costos asociados al acceso al empleo.
Finalmente, la legisladora afirmó que la ayuda para el transporte no debe ser únicamente un beneficio adicional otorgado por empleadores comprometidos, sino una prestación obligatoria que forme parte del ingreso de las y los trabajadores en México. De igual forma, señaló que esta propuesta representa un paso más en el proceso de justicia laboral y dignificación del trabajo, ya que fortalece el equilibrio entre el capital y el factor trabajo, y contribuye a mejorar la calidad de vida de millones de familias mexicanas.
- En espera de la iniciativa, arranca foro para el diálogo con la Comunidad Cultural Nacional
A fin de que establecer parámetros que permitan el sano desarrollo de la cultura en el país, la diputada Ana Erika Santana, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y secretaria de la Comisión de Cultura, abrió los trabajos de diálogo de la Comunidad Cultural Nacional rumbo a las Reformas a la Ley de Derechos de Autor.
En conferencia de prensa, donde acompañó a los representantes de la comunidad creativa nacional, productores independientes, actores, locutores, productores y distribuidores de películas mexicanas, entre otros, la legisladora ecologista destacó el foro que se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Diputados ya que fue un diálogo real sobre el tema de la reforma en materia de derechos de autor que muy posiblemente se reciba el próximo viernes.
Explicó que en esta ley es de suma importancia ya que se hacen modificaciones en referencia los temas relacionados con la inteligencia artificial y una vez que llegue la reforma, la revisarán con los interesados para constatar que se incluyan sus reclamos como lo es la protección de sus derechos a través de los contratos colectivos, que éstos sean en México y si hay una diferencia que se dirima en México. Comentó que se hará un exhorto a los partidos aliados para que apoyen las propuestas que representan a la comunidad artística nacional.
Al respecto Lili Barba de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, explicó que, en los trabajos del foro, el común denominador de los participantes fue que la iniciativa de reforma de Ley Federal de Derechos de Autor y las modificaciones a la Ley del Trabajo, se establezcan parámetros que permitan el sano desarrollo de la cultura en el país.
Señaló que luego de la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, los asistentes acordaron instalar diversas mesas de trabajo y coincidieron en que, para defender la soberanía cultural, es necesario contar con dos elementos adicionales en la próxima reforma: que todos los derechos que se están reconociendo se apliquen en México y los artistas puedan defenderlos ante autoridades mexicanas y no en el extranjero y dos, que se prevea un sistema de licenciamiento colectivo para el entrenamiento de inteligencia artificial, siendo la única forma de defender los intereses frente a las grandes corporaciones.
Señaló también que la iniciativa habla de los cambios a los contratos colectivos, sobre el reconocimiento a los artistas de la voz y los artistas en general.
Destacó que, en el foro, la Secretaria de la Comisión de Cultura afirmó que, la ética, la transparencia y la trazabilidad en los contratos con las grandes empresas transnacionales extranjeras debe tener jurisdicción en México, ese es el compromiso mínimo que esperamos de las empresas con el país.
En el legislativo todo es corregible y presentaremos las reservas necesarias para abonar y robustecer la reforma conforme a las necesidades del sector creativo de nuestro país. De igual manera resaltó que es fundamental garantizar la remuneración de los artistas y creadores por las vías comprobables, que funcionan en México y en el mundo, como son las licencias colectivas.
“Nosotros siempre hablamos de los derechos de las cuatro “C”: Consentimiento, Control de la voz y la imagen; Compensación justa y Crédito por su trabajo, dijo Lili Barba.
Además de los creativos y artistas, también participaron en el foro representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, del Instituto Nacional de Derechos de Autor y del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.
