• El legislador destacó que el encuentro se caracterizó por la apertura para tratar en conjunto temas relevantes de la agenda bilateral
El diputado del Partido Verde Tony Gali López, participó en el Convocation: Congress de la U.S. Mexico Foundation, un encuentro que reunió a legisladores de México y Estados Unidos y expertos para fortalecer la cooperación bilateral en materia económica, comercial, energética y de seguridad.
Durante tres días de trabajo, el diputado federal asistió a conferencias y talleres en sedes clave como el Milken Institute, el Meridian International Center y la Universidad de Georgetown, donde se abordaron el papel del sector privado en la relación bilateral y el estatus comercial y arancelario de Estados Unidos. Asimismo, participó en sesiones en la Johns Hopkins University y el Brookings Institution, centradas en seguridad energética, dinámicas migratorias y comercio regional.
El legislador también sostuvo encuentros con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, directivos de Amazon y representantes del Congreso estadounidense, donde se destacó la importancia de estos espacios para impulsar acuerdos y estrategias que fortalzcan la competitividad, la innovación y el bienestar de las y los mexicanos, tal y como la Presidenta, Claudia Sheinbuam Pardo, lo ha demostrado en la diplomacia mexicana.
El diputado resaltó la apertura para tratar en conjunto temas relevantes de la agenda bilateral, que permitirán construir puentes y consolidar la relación entre ambos países.
- La apropiación indebida de los diseños indígenas y afromexicanos, no solo constituye un severo atropello al patrimonio cultural de México y sus comunidades originarias, sino en especial a los artesanos que viven de la creación y venta de sus productos
Con el fin de proteger el patrimonio cultural de México y sus comunidades originarias de la apropiación indebida de diseños indígenas y afromexicanos como ocurrió con el tema de los huaraches plagiados por la marca Adidas, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Ciria Yamile Salomón, propuso reformar la ley para proteger a los artesanos y prohibir la reproducción total o parcial de los diseños y creaciones artesanales textiles.
La legisladora explicó que su propuesta consiste en reformar la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para prohibir la reproducción total o parcial de los diseños y creaciones artesanales textiles, incluidos su imagen, formas, colores y/o características simbólicas e identitarias, sea cual fuere el medio, físico, digital o mecánico, sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el ejercicio de su derecho de propiedad colectiva.
Expuso que la conservación y protección del patrimonio cultural de México avanzó de manera sustancial a partir de la publicación de dicha ley en enero de 2022, especialmente en lo que se refiere a la protección del derecho de propiedad colectiva. No obstante, señaló que pese al avance, persisten problemas sobre los cuales debe legislarse.
Indicó que uno de los que mayor preocupación generaban dentro de las comunidades afectadas por el plagio cometido por diversas marcas internacionales de moda, fue que si bien existía una protección individual de los derechos de autor, no sucedía lo mismo con el denominado "patrimonio colectivo", que es el que se delega de generación en generación y forma parte de nuestras tradiciones y culturas indígenas y afromexicanas.
"Dicho de otro modo, no existía un mecanismo de protección que inhibiera, previniera o sancionara los atropellos cometidos en contra de nuestros pueblos, artesanías y cultura en general y era claro que existía una laguna jurídica con respecto a la protección de “los derechos de propiedad colectiva" en las leyes relativas a los derechos de autor por lo que ahora, el debate parlamentario debe girar en torno a la protección del artesano y su labor histórica, social, cultural y creativa.
Enfatizó que, si bien la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas regula y protege el derecho colectivo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre su patrimonio cultural, también se requiere limitar a aquellos que, siendo partes de la propia comunidad, rompen el principio básico o la esencia de las artesanías en sí mismas para definirlos como algo de "nueva creación" para producirlos comercialmente.
Ante ello la reforma propone incluir que “los creadores y productores individuales, integrantes de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, cuyos productos estén inspirados en alguno de los elementos de su patrimonio cultural, no podrán argüir derechos de propiedad intelectual para el aprovechamiento, comercialización o producción de sus obras, ya sea industrialmente o como artesanías”
Asimismo se agrega que “en la resolución de controversias por los derechos de autor de los artesanos y sus productos, las artesanías derivadas de sus técnicas y diseños, así como los elementos físicos o digitales que comercialicen como parte de sus actividades se ajustarán a lo dispuesto por el artículo 11 de la citada ley”.
Yamile Salomón recordó también el caso que se presentó en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, donde se presentó una denuncia por parte de artesanos de la región por la comercialización de la muñeca hñahñu Nxutsi.
Destacó que “la apropiación indebida de los diseños indígenas y afromexicanos, no solo constituye un severo atropello al patrimonio cultural de México y sus comunidades originarias, sino en especial a los artesanos que viven de la creación y venta de sus productos”.
- Establece la obligación para que las empresas concesionarias implementen sistemas de detección y prevención de los delitos, en colaboración con FGR y SSyPC
Con el fin de proteger a los usuarios de telefonía móvil de delitos cibernéticos como la extorsión, fraudes electrónicos, robo de identidad, phishing, ciberacoso, extorsión digital, clonación de tarjetas, ataques a sistemas gubernamentales y hackeos masivos de bases de datos personales, la diputada Claudia Sànchez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la ley en la materia.
De acuerdo con su iniciativa, las empresas concesionarias y autorizadas de servicios de telefonía móvil y plataformas digitales estarán obligadas a implementar sistemas de detección y prevención de ciberdelitos, incluyendo el monitoreo de actividades sospechosas en sus redes y alertas tempranas para sus usuarios y tener colaboración directa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.
Asimismo, deberán proporcionar información sobre posibles actividades delictivas dentro de un plazo no mayor a 48 horas después de ser requerida por la autoridad competente.
También propone que las empresas concesionarias y autorizadas de servicios de telefonía móvil y plataformas digitales tengan la obligación de diseñar e implementar protocolos de acción inmediata para reportar e inhabilitar números y líneas telefónicas involucradas en todo tipo de delitos cibernéticos.
La propuesta de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de responsabilidad de las empresas de telefonía celular en la prevención y el combate de ciberdelitos, también propone que las empresas tengan la obligación de diseñar e implementar protocolos de acción inmediata para reportar e inhabilitar números y líneas telefónicas involucradas en fraudes electrónicos, extorsión, phishing y otros delitos cibernéticos.
En caso de omisión o incumplir con las medidas de detección y suspensión de líneas involucradas en ciberdelitos se propone una multa por el equivalente de 2.01 a 6 por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado; la suspensión de operaciones hasta por un año en los casos de reincidencia y con la revocación de la concesión en caso de incurrir en incumplimiento tres veces de manera consecutiva.
De acuerdo con la diputada ecologista, la iniciativa busca cerrar la brecha de impunidad en materia de ciberdelitos y fortalecer la seguridad digital de los mexicanos.“Las empresas de telefonía celular tienen una responsabilidad ineludible en la prevención y combate de delitos cibernéticos, por lo que esta reforma busca involucrarlas activamente en la construcción de un entorno digital seguro y confiable”, sostiene en su propuesta.
