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Los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias regularán el trato digno y respetuoso a los animales
El diputado Iván Marín Rangel integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso que sean sancionados quienes maltraten a los gatos y perros, paguen una multa para castigar este tipo de conductas y se utilicen los recursos recaudados para su cuidado y alimentación en refugios de animales.
Explicó que, de acuerdo con la iniciativa, en el caso de los perros y gatos solo se permitirá la crianza, comercialización o reproducción de ejemplares en lugares autorizados de conformidad con las normas oficiales mexicanas en la materia.
Por lo que se refiere a las multas, se propone que las entidades federativas, en coordinación con los municipios o, en su caso, las alcaldías de la Ciudad de México, establecerán una multa de 50 a 100 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quienes realicen acciones clandestinas de crianza, comercialización o reproducción, así como a quienes maltraten a las especies referidas, sin perjuicio de las medidas y sanciones que establezcan otras leyes.
Establece que los recursos recaudados por concepto de la multa referida serán destinados a la creación y, en su caso, mantenimiento de centros de atención canina y felina, donde se le dará vida digna a las mascotas abandonadas, perdidas, en situación de calle o rescatados.
Asimismo, señala que el gobierno federal y las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.
En su propuesta, el diputado ecologista resaltó que los perros y gatos son animales de compañía que forman parte esencial de las familias. Al respecto, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México señaló que la realidad actual es que los animales domésticos han pasado a ser, en algunos senos familiares, parte de los miembros de la familia y desempeñan un papel de protección, apoyo, compañía, cariño y cuidado hacia los humanos.
Añadió que contar con una mascota puede representar varios beneficios ya que proporcionan una fuente de amor y apoyo emocional incondicional para los humanos y especialmente para los niños ya que crecer con una mascota en casa ayuda a los pequeños del hogar a sentirse más seguros y protegidos y a desarrollar empatía y compasión por los demás.
Resaltó que, en México, al menos 27.9 millones de perros y gatos viven en la calle, de acuerdo con el Índice de Mascotas sin hogar, presentado por la organización Mars Pet, la cual señala que, en total, en el país existen 88 millones de perros y gatos, lo que representa que, al menos, uno de cada tres perros o gatos no cuenta con un hogar digno.
Asimismo, y, de acuerdo con el estudio, en México existen 70 millones de perros y gatos con un tutor o dueño y se estima que 96 mil perros viven en albergues y 18.8 millones viven en situación de calle, mientras que, del lado de los gatos, 32 mil están en albergues y 9.1 millones deambulan por las calles.
Marín Rangel destacó que lo anterior se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrentamos en nuestro país donde año con año, miles de animales son dejados a su suerte en las calles, albergues y en situación de vulnerabilidad, lo que refleja, sin duda, falta de empatía y responsabilidad por parte de los seres humanos, por ello, establecer multas y sanciones ante esta situación representa una de las acciones en favor de los perros y gatos. "Promover el bienestar animal implica también combatir el maltrato físico y psicológico, asegurando que los animales vivan en un entorno libre de sufrimiento", dijo.
Recordó que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ha reportado que en México mueren al año aproximadamente 60 mil animales por maltrato, de ahí la importancia de su iniciativa.
- La propuesta busca que familiares de pacientes eviten gastos excesivos para usar un sanitario.
El diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso que la Secretaria de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, establezcan los mecanismos necesarios para que las áreas de espera en hospitales públicos, ya se al interior o en áreas externas a este, proporcionen sombra y servicios sanitarios para familiares o acompañantes de pacientes.
El legislador explicó que su propuesta, tiene por objeto brindar espacios de espera que presten servicios sanitarios, de agua potable y sombra en hospitales públicos.
Para ello propone: indicar que serán actividades básicas de asistencia social la prestación de servicios sanitarios y áreas de espera techadas en hospitales públicos o establecimientos cercanos a estos, para familiares o acompañantes de pacientes en internación médica y que, debido a sus condiciones socioeconómicas, se encuentren en la necesidad de permanecer en el hospital o en áreas externas a este, durante la recuperación o tratamiento de su familiar.
Asimismo, contemplar que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, con sus propios recursos o en coordinación con otras instituciones públicas o instituciones sin fines de lucro, deberán establecer los mecanismos necesarios para el funcionamiento de dichas áreas de espera.
Con la propuesta de reforma a los artículos 168 y 180 Bis a la Ley General de Salud; y, 4 y 9 de la Ley de Asistencia Social, De la Mora Torreblanca también propone destacar que la Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en su carácter de Coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada tendrán, respecto de la asistencia social y como materia de salubridad general, la atribución de establecer dichas áreas de espera con sombra y servicios sanitarios.
El diputado ecologista reconoció que una de las deficiencias del Sistema Nacional de Salud es la falta de áreas de espera dignas en los hospitales públicos, por lo que los familiares de los enfermos que provienen de ciudades o localidades alejadas tienen que esperar al exterior del hospital, a la intemperie, bajo el rayo del sol, sin sanitarios, sin agua y sin poder asearse.
Indicó que algunas de las razones que justifica la necesidad de estos espacios son el apoyo económico ya que muchos familiares o acompañantes de pacientes provienen de comunidades alejadas y enfrentan dificultades económicas, llegando a pagar entre 20 y 30 pesos por utilizar un sanitario y, la proximidad al paciente, ya que los espacios con servicios básicos permiten que los familiares o acompañantes estén cerca y pendientes de la salud del paciente.
De igual manera la reducción de estrés emocional ya que estar lejos de casa puede ser emocionalmente desgastante y el contar con dichos espacios disminuirá la preocupación de tener que movilizarse a casa y dejar a su familiar sin acompañamiento, con lo cual se evitarán, además, gastos que resultan excesivos.
"Incluir las áreas de espera con las condiciones mínimas humanitarias deben implementarse en los hospitales públicos del país porque la asistencia y el bienestar social en México es un derecho fundamental de toda persona", subrayó.
- Plantea adicionar un capítulo a la ley correspondiente para garantizar los derechos de la niñez y crear un Sistema Nacional de Denuncias de Contenido Digital Infantil.
Con el objetivo de evitar la explotación infantil en entornos digitales, prevenir la sobreexposición, proteger la identidad, privacidad y dignidad de los menores, así como garantizar que su participación en redes sociales y plataformas digitales ocurra bajo condiciones reguladas, seguras y en su beneficio, el diputado Oscar Bautista Villegas, propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
De acuerdo con el legislador ecologista, se busca adicionar a la citada ley, un Capítulo Vigésimo Primero, titulado “De la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en Contenidos Digitales Monetizados”, para garantizar el derecho de los menores a participar en entornos digitales seguros y prohibir cualquier forma de explotación económica que derive de su participación en contenidos digitales monetizados.
También se deberá contar con el consentimiento informado por escrito de quienes ejerzan la patria potestad, guarda o tutela; se limitará su tiempo de participación conforme a las disposiciones en materia de trabajo infantil no permitido y deberá existir compatibilidad con actividades educativas; al menos el 30% de los ingresos deberán ser destinados a un fondo de ahorro obligatorio o cuenta protegida para el beneficio exclusivo del menor, el cual estará bajo vigilancia de la autoridad competente.
De acuerdo con la propuesta. Se establecen mecanismos de supervisión y denuncia accesibles para prevenir y atender casos de explotación, así como la corresponsabilidad de las plataformas digitales para retirar o suspender contenido que vulnere los derechos de los menores.
Se crea un Sistema Nacional de Denuncias de Contenido Digital Infantil el cual será accesible al público y lo deberá establecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
También se establece una sanción para quien viole las disposiciones establecidas, la cual consistirá en multas de 500 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la eliminación del contenido infractor y, en caso de reincidencia, la suspensión temporal o permanente de la monetización en plataformas digitales.
De acuerdo con el diputado Bautista Villegas, en la era digital, las plataformas de contenido en línea, como YouTube,TikTok, I Instagram, Twitch, entre otras, han transformado la manera en que se generan ingresos económicos, dando lugar a una nueva forma de actividad comercial conocida como “monetización de contenido”, fenómeno que ha involucrado cada vez más a niñas, niños y adolescentes, ya sea por iniciativa propia, de sus familias o de terceros.
Resalta que aunque ya existe una reglamentación al respecto, aún persiste un vacío normativo específico para los llamados “niños influencers”, es decir, menores que generan ingresos económicos mediante su participación en contenidos digitales y ya hay alertas por parte de organizaciones como Save the Children y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), sobre la creciente exposición y explotación de menores. La misma Guardia Nacional y la FGR han advertido también sobre redes que manipulan contenido infantil aparentemente inofensivo para fines lucrativos o incluso ilícitos.
