- Tala ilegal y deforestación agravan el cambio climático y ponen en riesgo el patrimonio natural del país
Ante problemas graves que enfrenta el país como la pérdida de suelos y la escasez de agua, el diputado José Luis Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso exhortar a las autoridades ambientales en el ámbito federal a hacer pública la información sobre las acciones estratégicas encaminadas a frenar la tala ilegal de árboles y el cambio de uso del suelo en zonas de conservación ecológica.
“Lo anterior con el fin de garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país”, apuntó el legislador en conferencia de prensa, donde dio a conocer los pormenores del Punto de Acuerdo que presentó en la Cámara baja.
El diputado ecologista, resaltó que para inicios de 2001 en México se deforestaron cerca de 500 mil hectáreas de bosques al año, esto, de acuerdo con datos del Instituto de Ecología de la UNAM. Sin embargo, debido a la falta de apoyo, la tala de árboles se ha convertido en una práctica común que afecta gravemente los ecosistemas.
Señaló que si bien, para mitigar y controlar el problema de la deforestación existen diferentes programas a cargo de los tres ámbitos de gobierno, también es importante fortalecer la Ley que sanciona la tala inmoderada.
"Es cierto que México ha avanzado en materia de protección del medio ambiente, pero es necesario también, procurar la educación ambiental desde la educación básica y que ésta impacte en los propietarios de los recursos naturales”, dijo.
Subrayó que tanto la tala de árboles como la deforestación agravan el cambio climático, ponen en riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural del país, generan desplazamiento de poblaciones originarias, pérdida de los suelos, de la fauna, de la flora y de la biodiversidad, así como escasez de agua y erosión de los suelos.
Resaltó que para finales de 2021 existían 122 zonas críticas forestales en 20 estados de la República, generadas por tala clandestina, lavado de madera y sobreexplotación de los recursos, situación que aumentó entre 2015 y 2020, de acuerdo con cifras oficiales, acentuando las sequías y otros factores del cambio climático, lo cual se traduce en escasez de agua para el consumo humano, la industria y la agricultura.
Por lo anterior, dijo, es importante hacer cumplir lo establecido en los artículos 189 y 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ante las denuncias ambientales de la tala de árboles, no solo en la Ciudad de México si no también en el estado de México y demás zonas metropolitanas.
Ante todo esto, Hernández Pérez hizo hincapié en la importancia de exhortar a las autoridades federales para que informen de la estrategia a seguir para frenar la tala clandestina y garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales.
- Propone un contrato digno para luchadores profesionales, que incluya seguridad social, seguro de gastos médicos mayores y de vida, así como un sobresueldo proporcional al riesgo.
La lucha libre mexicana es un ícono del deporte nacional, pero detrás de la emoción y el espectáculo, se esconde una realidad laboral precaria para muchos luchadores profesionales, por tal motivo la diputada del Partido Verde, Celia Esther Fonseca Galicia, propuso modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), para garantizar a los deportistas un contrato laboral digno.
La diputada señaló que dentro de los beneficios de su propuesta está el que los deportistas cuenten con un contrato que incluya seguridad social, seguro de gastos médicos mayores y de vida, un sobresueldo proporcional al riesgo y la garantía de que sus familias también estén protegidas.
Fonseca Galicia mencionó que estas medidas no solo tienen un carácter justo y humano, sino que también son una deuda histórica con quienes entregan su cuerpo y vida al deporte. “La lucha libre y el boxeo son íconos del deporte nacional, pero no pueden seguir sostenidos sobre la precariedad y el abandono legal de quienes los hacen posibles”, afirmó.
Asimismo, señaló que es común que estos deportistas no cuenten con todos estos beneficios, a pesar de que ponen en juego su salud y muchas veces su vida, cada vez que suben a un cuadrilátero, ring o espacio de competencia.
De igual forma, recordó que el marco legal vigente, si bien contempla a los deportistas profesionales dentro de la LFT, no establece con claridad la obligación de contratar ni de brindar protección reforzada a quienes enfrentan una exposición constante a lesiones graves.
"Reformar esta ley es dar un paso firme hacia la dignificación del trabajo deportivo, reconociendo que, como cualquier otro trabajador, los deportistas de alto riesgo merecen certeza jurídica, protección social y un trato digno", resaltó la legisladora.
Finalmente, la diputada destacó que la lucha por la justicia en la lucha libre mexicana es un esfuerzo conjunto que requiere la participación de todos. “Juntos podemos hacer la diferencia y garantizar los derechos laborales básicos de los luchadores profesionales mexicanos”, afirmó.
- Se propone que localidades con riqueza natural y cultural, particularmente aquellas con fuerte presencia indígena, desarrollen sus propios proyectos turísticos.
Con el objetivo de establecer las bases jurídicas necesarias para promover un desarrollo turístico más justo, inclusivo y sostenible, la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, propuso reformar la Ley General de Turismo para que localidades con riqueza natural y cultural, particularmente aquellas con fuerte presencia indígena, desarrollen sus propios proyectos turísticos con el respaldo de los tres niveles de gobierno.
La diputada Salomón Durán explicó que esta iniciativa plantea incorporar en el catálogo de conceptos de la Ley General de Turismo la figura del “turismo alternativo indígena”. “Esta categoría representa una herramienta legal y conceptual que permitirá reconocer y fomentar modelos turísticos impulsados por comunidades originarias, las cuales enfrentan múltiples vulnerabilidades históricas y contemporáneas, pero que poseen un alto potencial para ofrecer experiencias únicas y auténticas al turismo nacional e internacional”, afirmó.
Asimismo, señaló que, de acuerdo con el Compendio de Estadísticas Ambientales de la Semarnat, el turismo alternativo comprende aquellas actividades recreativas realizadas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales, con respeto y compromiso hacia su conservación. A partir de esta definición, el turismo alternativo indígena se perfila como una expresión del turismo sustentable, al reunir elementos tanto ecológicos como culturales dentro de su práctica.
“Al no tratarse de un turismo masivo, las actividades se llevan a cabo en pequeña escala, lo que permite que los beneficios económicos permanezcan dentro de las comunidades, fortaleciendo su desarrollo local y generando inclusión social”, resaltó la legisladora.
La legisladora explicó que además de su impacto económico, el turismo alternativo indígena representa una alternativa viable para contrarrestar el deterioro de los modelos productivos tradicionales en el entorno rural. Frente a los efectos de la globalización, este tipo de turismo puede convertirse en un motor de recuperación para regiones marginadas, al mismo tiempo que preserva y promueve el patrimonio natural y cultural de los pueblos originarios de México.
En este sentido, Salomón Durán resaltó que la incorporación del concepto de “turismo alternativo indígena” en la legislación nacional es un paso fundamental hacia la construcción de un turismo más equitativo y sostenible. “Esta medida no solo permitiría ampliar las oportunidades para los pueblos indígenas, sino que también abriría camino a una forma de desarrollo que reconozca su valor, conserve su identidad y repare, en parte, la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con ellos”, puntualizó.
