- La diputada Mayra Espino Suárez subrayó que su propuesta materializa los estándares de igualdad sustantiva y no discriminación en el acceso efectivo a la salud de las mujeres Indígenas
Con el fin de incorporar la pertinencia cultural y lingüística en las estrategias, campañas y programas de promoción, prevención y detección oportuna del cáncer de mama, garantizando la accesibilidad en lenguas indígenas nacionales, la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley General de Salud.
Explicó que el objetivo es transformar el panorama del cáncer de mama en México a través de acciones que eliminen las barreras que obstaculizan su diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y que garanticen la atención integral y el cuidado humano de las pacientes.
Para ello la legisladora propuso adicionar una fracción XIV Ter al artículo 7o de la citada Ley para que, además, se garantice la coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), para la determinación de lenguas y regiones prioritarias.
Asimismo, propuso adicionar el Artículo 113 BIS del mismo ordenamiento para establecer que en la prevención y detección oportuna del cáncer de mama con pertinencia cultural y lingüística, la Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud y las entidades federativas, diseñe, implemente y difunda acciones de educación para la salud, prevención y detección oportuna del cáncer de mama que sean culturalmente pertinentes y accesibles en las lenguas indígenas
nacionales que correspondan, conforme a la distribución de competencias aplicables.
Mayra Espino destacó que la "Convención de Belém do Pará" (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y ordena a los Estados establecer mecanismos de protección y políticas integrales.
Indicó que la violencia institucional puede incluir omisiones en los servicios de salud que menoscaben su ejercicio de derechos; por ello, diseñar campañas y servicios interculturales y lingüísticamente adecuados es una medida de debida diligencia para prevenir afectaciones.
"En consecuencia, armonizar la Ley General de Salud para expresar, sin ambigüedad, la obligación de que en la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama se diseñen, implementen y comuniquen con pertinencia cultural y en lenguas indígenas nacionales, no solo es consistente con el artículo 4º constitucional, sino que materializa los estándares de igualdad sustantiva y no discriminación en el acceso efectivo a la salud de las mujeres Indígenas", subrayó.
Añadió que el problema no es sólo clínico, es comunicacional y cultural por lo que su iniciativa convierte esa realidad en obligaciones verificables para el sector salud, alineando práctica y norma para que toda mujer, independientemente de su lengua o contexto, pueda ejercer su derecho a la detección oportuna y a una atención digna y eficaz.
En ese contexto, detalló que su propuesta también establece incluir servicios de interpretación cuando corresponda; capacitar al personal, priorizar regiones con alta densidad de hablantes de lenguas indígenas, promover la participación comunitaria de mujeres en el diseño y evaluación, coordinando con instituciones como INPI y el INALI para asegurar calidad lingüística y cobertura territorial y aprovechar la colaboración técnica-social de organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema.
El diputado por el Partido Verde, Julio Scherer Pareyón presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa histórica para combatir los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes, colocando a México en el camino de los países con mayor protección en entornos tecnológicos. La propuesta reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de cerrar los espacios en los que hoy operan redes criminales que utilizan perfiles falsos, manipulación de imágenes y herramientas de inteligencia artificial para cometer delitos contra menores de edad.
Julio Scherer explicó que, con esta iniciativa, México da un paso firme frente a prácticas como el acoso, el abuso sexual digital y la producción de pornografía infantil generada mediante inteligencia artificial. Señaló que esta reforma crea sanciones específicas para castigar a los agresores que producen, almacenan o difunden este tipo de material, incluso si se trata de imágenes manipuladas o simuladas, y también penaliza a los adultos que se hacen pasar por menores para contactar niñas y niños con fines de explotación. "Donde había vacío legal, ahora habrá Estado de derecho. Quien dañe a una niña o un niño en el mundo digital enfrentará la ley con toda su fuerza", afirmó.
El diputado destacó que esta iniciativa no se construyó de manera aislada. Ha sostenido reuniones y mesas de trabajo con plataformas digitales, especialistas en seguridad y expertos tecnológicos para garantizar que las medidas sean viables y efectivas. “Proteger a la niñez no puede ser una decisión unilateral del Estado; requiere la corresponsabilidad de quienes operan los espacios digitales. Esta propuesta es producto de esa colaboración”, explicó. Durante la sesión, más de 50 diputadas y diputados de diversos partidos políticos manifestaron su respaldo y solicitaron adherirse a la iniciativa, enviando un mensaje claro de unidad frente a la protección de la niñez.
Finalmente, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para respaldar la iniciativa sin distinciones partidistas. “Defender a las niñas y los niños no admite colores ni pretextos. Este Congreso tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro: en México, la ley protege a la niñez dentro y fuera del mundo digital. México no será refugio de criminales que se esconden detrás de una pantalla. La tecnología no puede seguir siendo tierra de nadie y la justicia no puede llegar más lenta que el delito.”
Con esta propuesta, el legislador aseguró que México se coloca a la altura de los marcos legales más avanzados del mundo y demuestra que la defensa de la niñez es una prioridad de seguridad nacional.
- La propuesta busca fortalecer la autonomía de estas personas, permitiéndoles realizar trámites sin necesidad de intermediarios, además de promover un gobierno digital moderno e incluyente
La diputada Azucena Huerta Romero del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso adaptar los sitios web del gobierno federal para que las personas con discapacidad puedan acceder con facilidad a los sistemas de información con tecnologías asistidas, lo que fortalece su autonomía y reduce la dependencia de terceros.
De acuerdo con la iniciativa que propone incluir un artículo 32 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, “todos los portales web y los sistemas de información de las dependencias del gobierno federal deberán ser diseñados y actualizados para asegurar su accesibilidad universal, adaptando sus sitios web con tecnologías asistidas y permitiendo su uso efectivo por parte de personas con discapacidad, con el fin de promover un gobierno digital moderno e inclusivo”.
Huerta Romero, destaca que, con su propuesta, se busca mejorar la eficiencia y transparencia gubernamental a través de las plataformas digitales accesibles ya que facilitan una comunicación más efectiva y transparente entre el gobierno y la ciudadanía; abren la posibilidad de que las personas con discapacidad accedan a información actualizada y puedan realizar trámites en línea y, además, aumenta la eficiencia administrativa y reduce la corrupción.
Explicó que el acceso a la información y los servicios en línea favorecen la autonomía de las personas con discapacidad, permitiéndoles realizar trámites, consultar convocatorias y acceder a programas sin necesidad de intermediarios; ayuda a reducir la dependencia para quienes están a su alrededor y fomenta una mayor participación en la vida comunitaria, laboral y política.
La legisladora recordó que la accesibilidad digital en las páginas del gobierno federal permite a las personas con discapacidad ejercer sus derechos fundamentales como votar, solicitar servicios públicos y participar en procesos de consulta ciudadana, promoviendo un entorno democrático inclusivo.
En su propuesta, la legisladora ecologista destaca que la accesibilidad digital es un derecho reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por México en 2007. Dicha Convención establece el derecho de estas personas a acceder a la información y a la participación en la vida pública en igualdad de condiciones.
En tanto, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), señala que las personas con discapacidad representan aproximadamente el seis por ciento de la población mexicana y la accesibilidad digital permite su participación activa en procesos democráticos, como consultas públicas, trámites en línea y acceso a información gubernamental, por lo que “reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, asegurará que las dependencias públicas adapten sus portales para fomentar una ciudadanía inclusiva”, subrayó la diputada Azucena Huerta.
Indicó que la inclusión digital es un pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en la era de la información y el acceso a la información pública, trámites y convocatorias por parte de las personas con discapacidad no solo fomenta su autonomía y participación social, sino que también fortalece la transparencia y la responsabilidad del gobierno.
