- Plantea adicionar un capítulo a la ley correspondiente para garantizar los derechos de la niñez y crear un Sistema Nacional de Denuncias de Contenido Digital Infantil.
Con el objetivo de evitar la explotación infantil en entornos digitales, prevenir la sobreexposición, proteger la identidad, privacidad y dignidad de los menores, así como garantizar que su participación en redes sociales y plataformas digitales ocurra bajo condiciones reguladas, seguras y en su beneficio, el diputado Oscar Bautista Villegas, propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
De acuerdo con el legislador ecologista, se busca adicionar a la citada ley, un Capítulo Vigésimo Primero, titulado “De la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en Contenidos Digitales Monetizados”, para garantizar el derecho de los menores a participar en entornos digitales seguros y prohibir cualquier forma de explotación económica que derive de su participación en contenidos digitales monetizados.
También se deberá contar con el consentimiento informado por escrito de quienes ejerzan la patria potestad, guarda o tutela; se limitará su tiempo de participación conforme a las disposiciones en materia de trabajo infantil no permitido y deberá existir compatibilidad con actividades educativas; al menos el 30% de los ingresos deberán ser destinados a un fondo de ahorro obligatorio o cuenta protegida para el beneficio exclusivo del menor, el cual estará bajo vigilancia de la autoridad competente.
De acuerdo con la propuesta. Se establecen mecanismos de supervisión y denuncia accesibles para prevenir y atender casos de explotación, así como la corresponsabilidad de las plataformas digitales para retirar o suspender contenido que vulnere los derechos de los menores.
Se crea un Sistema Nacional de Denuncias de Contenido Digital Infantil el cual será accesible al público y lo deberá establecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
También se establece una sanción para quien viole las disposiciones establecidas, la cual consistirá en multas de 500 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la eliminación del contenido infractor y, en caso de reincidencia, la suspensión temporal o permanente de la monetización en plataformas digitales.
De acuerdo con el diputado Bautista Villegas, en la era digital, las plataformas de contenido en línea, como YouTube,TikTok, I Instagram, Twitch, entre otras, han transformado la manera en que se generan ingresos económicos, dando lugar a una nueva forma de actividad comercial conocida como “monetización de contenido”, fenómeno que ha involucrado cada vez más a niñas, niños y adolescentes, ya sea por iniciativa propia, de sus familias o de terceros.
Resalta que aunque ya existe una reglamentación al respecto, aún persiste un vacío normativo específico para los llamados “niños influencers”, es decir, menores que generan ingresos económicos mediante su participación en contenidos digitales y ya hay alertas por parte de organizaciones como Save the Children y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), sobre la creciente exposición y explotación de menores. La misma Guardia Nacional y la FGR han advertido también sobre redes que manipulan contenido infantil aparentemente inofensivo para fines lucrativos o incluso ilícitos.
- Se busca que, los patrones tengan en cuenta las características propias de su edad y adoptar las medidas preventivas necesarias
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso modificar la Ley Federal del Trabajo para que los patrones en nuestro país garanticen la protección de los trabajadores mayores de 60 años, quienes son especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.
Señaló que, de acuerdo con la reforma, que propone adicionar el Artículo 180 Ter, se garantiza la protección y continuidad en el empleo de las personas trabajadoras mayores de 60 años y los patrones deberán tener en cuenta las características propias de su edad y adoptar las medidas preventivas necesarias.
Asimismo, las personas trabajadoras mayores de 60 años no serán empleadas en aquellos puestos de trabajo en lo que, a causa de las características propias de su edad, pudiera ellas, las demás personas trabajadoras u otras personas relacionadas con el centro de trabajo ponerse en situación de riesgo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo nueva edición (ENOE), para el segundo trimestre de 2022 se estimó que en México residían diecisiete millones, novecientos cincuenta y ocho mil setecientas siete personas de 60 años lo que representacatorce por ciento de la población del país.
El legislador indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que, en 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más; en 2020 había en el mundo mil millones de personas de 60 años, esa cifra aumentará a mil cuatrocientos millones en 2030 y para el 2050 se habrá duplicado hasta alcanzar dos mil cien millones.
Carrillo Soberanis destacó que el envejecimiento es un proceso complejo que tiene impactos en diversos ámbitos tanto a nivel individual como colectivo: la familia, el mercado laboral, el sistema económico, la seguridad social y los servicios de salud son algunos de los sectores que se ven afectados en esta etapa del ser humano.
Añadió que, no podemos pasar por alto qué los adultos mayores son vulnerables al maltrato, ya sea físico, psicológico, emocional, económico o material, al abandono, a la falta de atención y a la vulneraciónde su dignidad, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, dado que muchas personas llegan a la vejez sin acceso a una pensión y no cuentan con recursos económicos suficientes para vivir, motivo por el cual su inserción laboral se vuelve indispensable.
Resaltó que, en atención a esta transformación y a la evolución de sus capacidades, resulta imprescindible, a partir de una correcta planificación y evaluación de riesgos laborales específicos, contemplar la correspondiente adaptación de los puestos de trabajo, la movilidad funcional para preservar la salud de los trabajadores y su mantenimiento en el puesto de trabajo.
- Se adicionan dos artículos a la ley vigente para delimitar, supervisar y sancionar el uso indebido de medios de comunicación en perjuicio de las personas y los derechos humanos
Con el fin de proteger a los usuarios de llamadas y mensajes no deseados, el diputado Luis Orlando Quiroga, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propuso reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para delimitar, supervisar y sancionar el uso indebido de medios de comunicación en perjuicio de las personas y los derechos humanos.
La iniciativa que propone adicionar un artículo 191 Bis y un artículo 191 Ter a la citada Ley, tiene como objetivo regular las comunicaciones no solicitadas y reforzar los mecanismos institucionales que hoy se tienen de protección a los datos personales y el derecho a la privacidad.
Asimismo, establecer que, en ausencia del consentimiento referido, se considerará como una comunicación no solicitada y será sujeta a sanciones.
También señalar que los concesionarios de telecomunicaciones y cualquier persona física o moral que utilice redes públicas de telecomunicaciones para emitir comunicaciones masivas deberán: consultar los registros establecidos por las autoridades competentes en los que los usuarios se inscriben para evitar publicidad u otros servicios no solicitados.
Además, deberán abstenerse de contactar a quienes figuren en dichos registros; garantizar que sus plataformas tecnológicas implementen filtros de exclusión automatizada y proporcionar mecanismos inmediatos para que el usuario solicite ser eliminado de sus bases de datos.
En su exposición de motivos, el diputado ecologista resaltó que las llamadas y mensajes no solicitados con fines de diversos tipos, entre los que se encuentran los publicitarios y los de cobranza e incluso los fraudulentos, representan una afectación directa al derecho a la privacidad de las personas.
Señaló que este problema ha crecido a la par del uso de tecnologías automatizadas aplicadas al intercambio de datos personales sin autorización para fines comerciales, lo que ha generado molestias cotidianas para las personas, principalmente en relación con estafas, falta de certeza y una percepción ciudadana de indefensión ante los abusos.
Por ello, explicó, la iniciativa tiene como objetivo dotar a la nueva autoridad en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de atribuciones claras y precisas para delimitar, supervisar y sancionar el posible uso indebido de medios de comunicación en perjuicio de las personas y los derechos humanos.
Asimismo, modifica la Ley para que los concesionarios se vean obligados a consultar los diferentes registros existentes.
Aunado a ello, dado que tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones como la Profeco pasarán por una transformación orgánica, es necesario que una ley vigente cuide la utilización de los datos personales de los usuarios y garantice su derecho a la privacidad.
