- Desde San Lázaro, hicieron un llamado a la Secretaría de Agricultura y al gobierno federal para atender el abandono en que se encuentra la producción de sorgo, maíz y trigo en la entidad.
Encabezados por la diputada Casandra de los Santos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, agricultores de diversos municipios del estado de Tamaulipas, urgieron a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), atención inmediata a la crisis que padecen por falta de atención a la producción de maíz, trigo y sobre todo de sorgo, que representa el 80 por ciento de la producción en el estado.
En conferencia de prensa, la legisladora ecologista denunció que, pese a que durante años Tamaulipas ha sido un referente nacional en la producción de sorgo rojo, ocupando el primer lugar a nivel nacional y el tercero a nivel internacional, en los últimos años esta actividad se ve amenazada por el abandono de tierras y a la caída progresiva de los rendimientos.
Detalló que la crisis que enfrentan los productores se debe a la sequía prolongada ya que durante tres años consecutivos no ha llovido de manera suficiente en la entidad, pero, además, por los altos costos de producción, precios de referencia desfavorables, falta de infraestructura hidroagrícola y de almacenamiento y la inseguridad en las zonas rurales.
Resaltó que este escenario no solo compromete la viabilidad económica de los productores tamaulipecos sino de sus familias y de todas las personas que dependen del campo. Por lo que el llamado es a que se atiendan de manera emergente sus demandas.
Dijo que, para ello, ya se tenía agendada una reunión con la SADER, misma que se re-agendó argumentando que aún están estudiando las soluciones. “Yo les digo: ya no hay tiempo que estudiar, hay que actuar. Y no voy a quitar el dedo del renglón hasta que se les dé una solución real, digna y viable a nuestros productores”, afirmó.
A nombre de los agricultores, encabezados por Guillermo Aguilar, presidente del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, Casandra de los Santos pidió a la SADER considerar las demandas de los agricultores entre ellas el establecimiento de precios de garantía justos, considerando el precio del sorgo a seis mil pesos por tonelada; el maíz a siete mil 500 pesos y el trigo cristalino en seis mil pesos.
Asimismo, eliminar el IEPS al diésel para maquinaria, construcción y mantenimiento de infraestructura hidroagrícola, compensaciones directas y agricultura por contrato; revisión de los mecanismos de importación y la reactivación de créditos seguros y subsidios al campo.
En su oportunidad Guillermo Aguilar dijo que es urgente el llamado a las instituciones correspondientes para buscar una solución de emergencia a la caída en la producción de sorgo, terminar con la competencia desleal y se atienda el tema de la importación desmedida de granos.
“A la producción interna ni la voltean a ver y el campo está en total abandono. No hay control en las importaciones y eso es lo que nos está ahogando”, advirtió, por lo que pidió condicionar a los industriales la compra de un 30 o 40 por ciento de la producción nacional, lo que aliviaría su situación.
Con el fin de establecer medidas claras y específicas que garanticen la inclusión laboral de personas con discapacidad en la modalidad de teletrabajo, la diputada Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propuso reformar la Ley Federal del Trabajo.
La iniciativa plantea que los patrones que implementen la modalidad de teletrabajo, estarán obligados a la contratación inclusiva para personas con discapacidad ofertando la preferencia para ocupar espacios laborales a éstas y eliminando cualquier forma de discriminación.
“Esta iniciativa busca promover un entorno laboral más inclusivo y equitativo, asegurando que las personas con discapacidad tengan acceso a oportunidades laborales dignas y acorde a sus capacidades.”, explica la legisladora ecologista.
La propuesta de adición de un artículo 330-L Ter a la Ley Federal del Trabajo, establece también que los patrones deberán proporcionar los ajustes razonables y tecnologías accesibles que permitan el desempeño adecuado de sus funciones, incluyendo software adaptado, equipos especializados y accesibilidad digital;.
Asimismo garantizar la igualdad de condiciones en materia de derechos laborales, prestaciones y capacitación continua para las personas con discapacidad en la modalidad de teletrabajo.
Además, deberán fomentar la sensibilización y capacitación de empleadores y trabajadores sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad, promoviendo una cultura de respeto y equidad.
También plantea la obligación de incorporar un enfoque de género en la aplicación de estas disposiciones, asegurando la igualdad de oportunidades para mujeres con discapacidad y promoviendo medidas que faciliten su acceso y permanencia en el teletrabajo.
Finalmente, establece que los patrones deberán establecer medidas de supervisión y seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento de estas disposiciones, garantizando la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en el teletrabajo.
Noyola Cervantes resalta que tras la pandemia del COVID-19 en México, entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo, en donde establecieron las bases para el trabajo a distancia, conocido coloquialmente como home office , pero en esta reforma no se contemplan las disposiciones específicas que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad en esta modalidad, por lo que es necesaria la reforma que se plantea.
- En México, durante el 2023, el 75% de las personas trabajadoras reportaron sufrir estrés laboral o desgaste ocupacional.
La diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó una propuesta para reformar la Ley del Seguro Social, a fin de establecer que, dentro de los riesgos de trabajo, se considere el intento de suicidio derivado de los trastornos mentales reconocidos en la Ley, estos son: ansiedad; trastornos del ciclo sueño-vigilia; estrés y depresión.
La diputada Licerio Valdés, señaló que la salud mental en el ámbito laboral ha cobrado una creciente relevancia en México y en el mundo. Factores como el estrés crónico, la sobrecarga laboral, el acoso en el trabajo y la falta de acceso a servicios especializados han contribuido a un aumento en las enfermedades psicológicas relacionadas con el empleo. "Reconocer estos riesgos es fundamental para garantizar el bienestar de los trabajadores y fortalecer la protección social", afirmó la legisladora.
Asimismo, señaló que a pesar de los avances en la legislación laboral, la Ley del Seguro Social aún presenta limitaciones. En su artículo 46, se establece que las incapacidades o siniestros ocasionados por intentos de suicidio no están cubiertas, dejando sin protección a quienes sufren afectaciones emocionales graves derivadas de sus condiciones laborales.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2019 casi mil millones de personas en el mundo padecían algún trastorno mental, siendo estas condiciones algunas de las principales causas de discapacidad a nivel global. En México, durante el 2023, el 75% de las personas trabajadoras reportaron sufrir estrés laboral o desgaste ocupacional, evidenciando la magnitud del problema.
Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha señalado que México se encuentra entre los países con mayor fatiga por estrés laboral, causada por factores como bajos salarios, falta de prestaciones, largas jornadas, desplazamientos largos, desigualdad de género, además de casos de abuso y acoso en el trabajo.
“Estos factores contribuyen a un deterioro emocional que puede derivar en trastornos mentales severos. Por ello, reconocer esta realidad es crucial para atender el impacto emocional y psicológico que enfrentan los trabajadores en sus condiciones laborales”, afirmó la legisladora.
Cabe resaltar que su propuesta busca que la legislación sea coherente y proteja integralmente a quienes enfrentan trastornos mentales vinculados a su trabajo. Pues, actualmente, el artículo 46 de la Ley del Seguro Social excluye de protección a quienes hayan sufrido un intento de suicidio, sin hacer distinción alguna. Esto implica que, incluso si las lesiones derivan de un trastorno mental relacionado con el trabajo, no están cubiertas, lo que representa una contradicción en la protección social.
Por ello, la diputada Licerio Valdés propone modificar la ley para que los riesgos de trabajo incluyan también las lesiones ocasionadas por trastornos mentales, incluyendo los intentos de suicidio.
Con esta iniciativa, se busca fortalecer el marco legal para proteger la salud mental de los trabajadores y garantizar que la ley refleje la realidad y los desafíos que enfrentan en su día a día laboral y al mismo tiempo reafirma el compromiso del Estado con el bienestar y la dignidad de todos los trabajadores mexicanos.
