- La propuesta busca fortalecer la autonomía de estas personas, permitiéndoles realizar trámites sin necesidad de intermediarios, además de promover un gobierno digital moderno e incluyente
La diputada Azucena Huerta Romero del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso adaptar los sitios web del gobierno federal para que las personas con discapacidad puedan acceder con facilidad a los sistemas de información con tecnologías asistidas, lo que fortalece su autonomía y reduce la dependencia de terceros.
De acuerdo con la iniciativa que propone incluir un artículo 32 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, “todos los portales web y los sistemas de información de las dependencias del gobierno federal deberán ser diseñados y actualizados para asegurar su accesibilidad universal, adaptando sus sitios web con tecnologías asistidas y permitiendo su uso efectivo por parte de personas con discapacidad, con el fin de promover un gobierno digital moderno e inclusivo”.
Huerta Romero, destaca que, con su propuesta, se busca mejorar la eficiencia y transparencia gubernamental a través de las plataformas digitales accesibles ya que facilitan una comunicación más efectiva y transparente entre el gobierno y la ciudadanía; abren la posibilidad de que las personas con discapacidad accedan a información actualizada y puedan realizar trámites en línea y, además, aumenta la eficiencia administrativa y reduce la corrupción.
Explicó que el acceso a la información y los servicios en línea favorecen la autonomía de las personas con discapacidad, permitiéndoles realizar trámites, consultar convocatorias y acceder a programas sin necesidad de intermediarios; ayuda a reducir la dependencia para quienes están a su alrededor y fomenta una mayor participación en la vida comunitaria, laboral y política.
La legisladora recordó que la accesibilidad digital en las páginas del gobierno federal permite a las personas con discapacidad ejercer sus derechos fundamentales como votar, solicitar servicios públicos y participar en procesos de consulta ciudadana, promoviendo un entorno democrático inclusivo.
En su propuesta, la legisladora ecologista destaca que la accesibilidad digital es un derecho reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por México en 2007. Dicha Convención establece el derecho de estas personas a acceder a la información y a la participación en la vida pública en igualdad de condiciones.
En tanto, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), señala que las personas con discapacidad representan aproximadamente el seis por ciento de la población mexicana y la accesibilidad digital permite su participación activa en procesos democráticos, como consultas públicas, trámites en línea y acceso a información gubernamental, por lo que “reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, asegurará que las dependencias públicas adapten sus portales para fomentar una ciudadanía inclusiva”, subrayó la diputada Azucena Huerta.
Indicó que la inclusión digital es un pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en la era de la información y el acceso a la información pública, trámites y convocatorias por parte de las personas con discapacidad no solo fomenta su autonomía y participación social, sino que también fortalece la transparencia y la responsabilidad del gobierno.
- Busca tipificar como delito grave la usurpación de funciones médicas y sancionar a "escuelas patito" que impartan estudios sin validez oficial
El diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para combatir el ejercicio ilegal de la medicina en México, mediante reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para establecer penas de hasta ocho años de prisión a quienes ejerzan funciones médicas sin la debida certificación.
El legislador señaló que "la salud de los mexicanos está en riesgo por una práctica que lamentablemente se ha vuelto común: la usurpación de funciones médicas. Cada día escuchamos de clínicas o consultorios donde se realizan tratamientos quirúrgicos o estéticos sin contar con la preparación, la certificación o la autorización correspondiente".
La iniciativa, construida en colaboración con la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER), busca específicamente sancionar con 4 a 8 años de prisión a profesionales de la salud que ofrezcan servicios médicos sin contar con los estudios profesionales en la materia.
Otras de las acciones incluidas en la propuesta está el penalizar la realización de intervenciones quirúrgicas que requieran especialidad sin contar con la certificación correspondiente y establecer sanciones para médicos que invadan funciones o especialidades en las que no estén debidamente acreditados.
Núñez Aguilar, también propone regular las "escuelas patito" que imparten estudios de medicina sin el Reconocimiento de Validez Oficial de la SEP.
"No podemos permitir que quienes no tienen formación profesional, ni cédula médica intervengan en la salud de las personas. Tampoco que un médico invada áreas o especialidades para las que no está autorizado. Cada profesión médica implica años de estudio, práctica, certificación y ética", afirmó.
El legislador destacó que esta reforma obliga a que toda intervención quirúrgica o de especialidad sea realizada únicamente por médicos certificados y debidamente registrados ante las autoridades competentes, además de establecer que la emisión de diplomas de especialidades médicas corresponde únicamente a instituciones oficialmente reconocidas.
"La salud es un derecho humano que no admite improvisaciones. La confianza de los pacientes debe ser protegida por la ley. Y la ética médica debe ser el escudo que preserve la vida, no un negocio sin control ni respaldo académico", concluyó.
- Así como establecer medidas claras para su prevención, atención y sanción
Con el objetivo de fortalecer la protección de la infancia y adolescencia frente a nuevas formas de violencia, la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar el concepto de ciberbullying y establecer medidas claras para su prevención, atención y sanción.
En el desarrollo de su propuesta la legisladora definió el ciberbullying como una forma de acoso ejercida mediante dispositivos tecnológicos y plataformas digitales, como redes sociales, mensajería instantánea o correo electrónico, en donde se comparten mensajes, imágenes o videos con la intención de humillar, intimidar o causar daño emocional.
“Es momento de visibilizar esta problemática y tomar acciones legislativas contundentes para proteger a nuestra niñez y adolescencia, ya que este tipo de acoso ha ido en aumento en los últimos años”, subrayó.
Explicó que su consiste en establecer que tanto autoridades federales como estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán asumir la responsabilidad de implementar acciones efectivas para combatir el ciberbullying, particularmente cuando las víctimas sean menores de edad. “Se plantea un enfoque integral y coordinado que permita actuar con eficacia ante esta forma de violencia digital”, apuntó.
Asimismo, la diputada Trujillo sugirió la creación de una instancia multidisciplinaria encargada de establecer mecanismos de prevención, atención y canalización de los casos de ciberbullying y otras violencias detectadas en el entorno escolar. Esta instancia también tendría la responsabilidad de desarrollar protocolos de actuación dirigidos a personal docente, padres, madres y tutores legales, con el objetivo de actuar oportunamente frente a situaciones de riesgo.
La legisladora consideró urgente implementar estrategias de detección temprana y contención del ciberbullying, ya que este fenómeno impacta gravemente en el desarrollo emocional y psicológico de niñas, niños y adolescentes. “Las niñas, niños y adolescentes se enfrentan cada vez con más frecuencia a esta forma de violencia, que muchas veces pasa desapercibida o no es denunciada por temor o desconocimiento”, advirtió.
Recordó que, si bien existen ya disposiciones legales como el Artículo 20 Quáter, que sanciona la violencia digital relacionada con la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, y el Artículo 199 Octies, que castiga la violación a la intimidad sexual, estos preceptos no abarcan de manera integral otras formas de violencia digital a las que están expuestos los menores en plataformas tecnológicas.
Finalmente, Trujillo propuso que la ley reconozca expresamente otras modalidades de violencia digital que, sin involucrar contenido sexual, vulneran la intimidad, privacidad y dignidad de niñas, niños y adolescentes mediante el uso de tecnologías de la información. “Debemos cerrar las brechas legales y dar pasos firmes hacia un entorno digital seguro y respetuoso para todas y todos”, concluyó.
