- "Buscamos que ningún adolescente pierda su derecho a la educación y a la reinserción, pero también que ninguna víctima pierda su derecho a la justicia”, indicó el legislador.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Partido Verde, presentó una iniciativa para modificar el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con el propósito de impedir que el crimen organizado se aproveche de los vacíos legales que otorgan impunidad a menores de edad involucrados en delitos graves.
El legislador advirtió que los homicidios dolosos cometidos por menores de edad han aumentado un 40 por ciento, lo que evidencia una realidad alarmante: las bandas delictivas están utilizando a jóvenes como instrumento para evadir la justicia.
La iniciativa surge tras conocerse el caso de un adolescente involucrado en el atentado contra el presidente municipal de Uruapan, hecho que —dijo el senador— refleja cómo la realidad “está rebasando al derecho” y urge una respuesta legislativa coherente, humana y efectiva.
Ramírez Marín explicó que el 56.5 por ciento de los adolescentes sancionados cumple medidas en externación, es decir, no están detenidos en ninguna parte, solamente el 27 por ciento sufre internación. Esta condición, dijo, ha sido aprovechada por el crimen organizado para reclutar menores y cometer delitos de alto impacto con escasa respuesta penal.
Dijo que actualmente, todos los adolescentes son juzgados bajo un sistema que busca su reinserción y fija un máximo de cinco años de internamiento, sin distinguir entre delitos menores y homicidios dolosos. “El sistema trata igual al que roba que al que asesina”, señaló Ramírez Marín
En ese sentido, destacó que esta reforma no busca criminalizar a los adolescentes, sino cerrar las puertas a los grupos delictivos que se aprovechan de su edad para obtener impunidad.
La propuesta también plantea que un juez especializado pueda determinar, con base en dictámenes técnicos y psicológicos, si un adolescente debe ser transferido al régimen penal ordinario al cumplir 18 años, siempre garantizando su educación, atención psicológica y sin mezclarlo con adultos antes de esa edad.
La decisión, precisó, no será automática ni punitiva, sino producto de una evaluación interdisciplinaria y una resolución judicial fundada en criterios científicos, no emocionales. La reforma también adiciona el artículo 421 Bis de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que regula este procedimiento con un enfoque garantista.
“Buscamos que ningún adolescente pierda su derecho a la educación y a la reinserción, pero también que ninguna víctima pierda su derecho a la justicia”, concluyó el senador por Yucatán.
