Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados;
Me dirijo a esta soberanía para presentar una iniciativa que surge directamente de la realidad que viven los ciudadanos en nuestro país, la extorsión disfrazada de autoridad.
Hoy, en muchas carreteras y ciudades de México, incluido mi estado, Nuevo León, transportistas, comerciantes y ciudadanos enfrentan a servidores públicos que no usan el poder para servir, sino para cobrar. No con una pistola en la mano, sino con una grúa, con un reglamento mal aplicado, con la amenaza del corralón, esto también es extorsión y no está suficientemente tipificado en nuestra ley.
La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, con más de 30 años de representación en el sector, ha documentado una crisis real en Nuevo León y en el país, elementos de tránsito municipal que amenazan con remolcar vehículos y presionan a los conductores exigiendo pagos indebidos; operativos de la fiscalía que se convierten en retenes sin sustento legal; tarifas de corralón que alcanzan miles de pesos en pocos días, con cobros por maniobras que jamás existieron.
Esto no es una excepción, es un patrón, y nuestro Código Penal Federal no lo contempla de manera clara y efectiva.
La gravedad del problema ha sido reconocida públicamente por organismos empresariales y de representación en México, como Coparmex, Canaco, Canacar y la Confederación Nacional de Transportistas, entre otros, han alzado la voz ante autoridades municipales, ante el gobernador de Nuevo León y ante la Presidencia de la República, señalando el alza sistemática de extorsiones como una amenaza al Estado de derecho y a la actividad económica.
Transportistas y traileros han identificado al menos 20 puntos en el área metropolitana de Monterrey y en carreteras donde opera una red de extorsiones, involucrando no solo a elementos de tránsito municipal, sino también a agentes de movilidad del estado.
La convergencia de múltiples organizaciones en este señalamiento evidencia que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón estructural que exige una respuesta legislativa.
La doctrina penal es categórica, si no hay tipo penal, no hay delito. Si la conducta no está descrita en la ley con claridad y precisión, no puede sancionarse, aunque sea socialmente reprochable. Eso genera impunidad y quiebra la confianza en nuestras instituciones.
Esta iniciativa propone reformar el artículo 220 del Código Penal Federal para agregar dos nuevas fracciones.
La fracción III, relativa al abuso o desviación de atribuciones, que sanciona a todo servidor público que, usando o excediendo sus facultades, realice u ordene actos arbitrarios para obtener un beneficio indebido o causar un perjuicio a una persona o al servicio público.
Y la fracción IV, sobre la retención indebida de bienes o derechos, que sanciona al servidor público que retenga o restrinja indebidamente el uso de bienes o derechos —como ocurre cuando se retiene un vehículo sin fundamento legal— para generar un beneficio económico o causar un perjuicio.
No pedimos impunidad para nadie. Si un transportista infringe la ley, que se le sancione conforme a derecho. Lo que no puede tolerarse es que las facultades del Estado se conviertan en una herramienta de extorsión.
La Constitución es clara: toda autoridad tiene la obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos. Nadie puede ser privado de sus bienes sin un procedimiento legal, debidamente fundado y motivado, y la seguridad pública debe ejercerse con legalidad, honradez y respeto a los derechos.
Esta iniciativa no es ideológica, es de sentido común, es constitucional y es urgente.
Le doy voz a los transportistas de Nuevo León, al sector productivo que mueve este país y a cualquier ciudadano que alguna vez ha sentido el abuso de autoridad.
Es cuanto. Muchas gracias.
