- La medida será gradual y acorde al presupuesto, para fortalecer la salud pública, cuidar la economía familiar y asegurar atención médica a todos los infantes.
- Más del 67% de niñas y niños vulnerables quedarían protegidos con esta reforma.
Con el objeto de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y prevenir enfermedades tratables, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para ampliar de 5 a 12 años la exención del cobro de cuotas de recuperación por atención médica y medicamentos a menores de edad cuando no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social.
La legisladora destacó que la iniciativa, que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, busca ampliar la cobertura hasta los 12 años lo que permitiría proteger al 67.6 por ciento de las niñas y niños que actualmente quedan excluidos de este beneficio, pese a encontrarse en condiciones de marginación y sin acceso a servicios de salud públicos
Dijo que México cuenta con más de 42 millones de menores de edad, lo que representa el 33.8 por ciento de la población, muchos de ellos expuestos a condiciones de vulnerabilidad que se agravan cuando no tienen acceso oportuno a servicios médicos.
Recordó que en 2005 se avanzó de manera significativa al exentardel cobro de atención médica y medicamentos a niñas y niños de hasta cinco años que no fueran derechohabientes de alguna institución de salud.
No obstante, la legisladora advirtió que la realidad actual ha rebasado ese límite de edad, ya que hoy se registra un aumento significativo de padecimientos prevenibles y tratables en niñas y niños mayores de cinco años, los cuales, sin atención oportuna, pueden derivar en complicaciones graves o incluso en la muerte
Corona Nakamura destacó que padecimientos como la obesidad, las infecciones respiratorias, el asma, la gastritis y las enfermedades intestinales han aumentado de forma alarmante entre la población de 5 a 14 años. Asimismo, alertó que los tumores malignos ya son la segunda causa de muerte en menores de ese rango de edad, pese a que muchos casos son tratables si se detectan oportunamente.
Finalmente, la legisladora ecologista comentó que la iniciativa propone ampliar la exención del cobro hasta los 12 años de edad, en concordancia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y prevé una aplicación gradual, sujeta a la disponibilidad presupuestaria, con el fin de fortalecer la salud pública, proteger las finanzas familiares y garantizar que ninguna niña o niño quede sin atención médica por falta de recursos económicos.
- La propuesta, también establece que en caso de recibir una queja, las empresas contarán con un plazo máximo de 24 horas para responder a los pasajeros
Viajar en autobús es una realidad cotidiana para millones de mexicanas y mexicanos; sin embargo, no existe una adecuada difusión de los derechos de las y los pasajeros. Por tal motivo, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso que al reverso de cada boleto emitido se incluyan, de manera clara y legible, los derechos de los usuarios.
La iniciativa, presentada por el diputado Luis Enrique Miranda, que modifica la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece que las empresas contarán con un plazo máximo de 24 horas para responder a las quejas de los pasajeros, antes de que estas puedan ser turnadas a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
El legislador señaló que la ley ya reconoce derechos claros para los usuarios del autotransporte federal, como el reembolso total más una compensación del 20 por ciento en caso de cancelaciones o retrasos mayores a dos horas; una compensación del 25 por ciento en casos de sobreventa; la protección del equipaje hasta por 25 kilogramos; descuentos para estudiantes, maestros y adultos mayores, así como el acceso garantizado a personas con discapacidad y perros guía.
No obstante, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, únicamente el 15 por ciento de los usuarios conoce estos derechos, lo que significa que el 85 por ciento viaja prácticamente desprotegido. Datos de la Profeco revelan que tan solo en municipios del Estado de México como Naucalpan, Tlalnepantla y Zumpango se registraron más de 2 mil 700 denuncias en un periodo de seis meses, mientras que en Puebla se han documentado prácticas de alto riesgo, como permitir acompañantes sin control en las unidades.
El diputado Miranda subrayó que esta situación genera enojo, frustración y afectaciones económicas a las familias, que pueden llegar a gastar más de 2 mil 500 pesos adicionales en alimentos, hospedaje y traslados cuando un viaje se retrasa o se cancela injustificadamente. “La sobreventa de boletos no es un problema exclusivo del transporte aéreo, sino también del autotransporte”, resaltó.
Ante este escenario, el legislador explicó que muchas personas no reclaman porque desconocen que tienen derecho a compensaciones del 20 o 25 por ciento. Por ello, su iniciativa propone que en la parte posterior de cada boleto de autobús se incluyan de manera clara los derechos de los pasajeros y, en el caso de boletos electrónicos, que esta información se integre en el archivo PDF o comprobante digital.
Con esta medida, cuando ocurran retrasos, sobreventas, pérdida de equipaje o tratos indignos, las y los usuarios sabrán exactamente qué exigir. Esto, afirmó, empareja la cancha entre las empresas transportistas y los pasajeros, fortalece la confianza ciudadana y fomenta un servicio más justo y transparente.
Finalmente, el diputado Miranda Barrera destacó que esta iniciativa busca empoderar a la ciudadanía y garantizar que el transporte en autobús sea justo, confiable y seguro.
- Si estos incendios dañan elementos naturales como la flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente, es imperativo que quienes los provoquen deban ser castigados acorde a su falta.
A fin de inhibir la acción de provocar incendios forestales, y con ello proteger los ecosistemas forestales del país, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para establecer un tipo penal específico adicionando un artículo 420 bis, para incrementar las penas en cuatro a doce años de prisión y una multa de 600 a seis mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) contra quien cometa este delito.
Explicaron que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que la superficie forestal de México asciende a 138.7 millones de hectáreas, es decir, el 70.6 por ciento del territorio nacional. Agregaron que esta superficie es hábitat de una gran cantidad de especies de plantas y animales, además de que, gracias a nuestros bosques y selvas, México tiene un notable desarrollo en la industria forestal que va desde el aprovechamiento sustentable hasta la transformación y la comercialización de los recursos forestales.
Subrayaron que los ecosistemas forestales proporcionan múltiples servicios ambientales, entre ellos, mantener la provisión de agua en calidad y cantidad; generar oxígeno; controlar la erosión, así como la generación, conservación y recuperación del suelo; coadyuvar en la captura de carbono y la asimilación de diversos contaminantes; proteger la biodiversidad, de los ecosistemas y las formas de vida; propiciar y permitir la polinización de plantas y el control biológico de plagas; además de que son el espacio en donde se lleva a cabo la degradación y el reciclaje de desechos orgánicos; permiten la apreciación del paisaje y la recreación.
Asimismo, los bosques y selvas suministran recursos naturales como como agua, madera, combustible, medicinas y alimentos; son hogar de pueblos originarios y un elemento esencial de su cultura; además, las actividades forestales generan empleo local y oportunidades de desarrollo en las comunidades cercanas.
Sin embargo, lamentaron que pese a su importancia social, ambiental y económica, los bosques mexicanos enfrentan múltiples amenazas, entre las que destacan el cambio climático, la fragmentación del hábitat, la degradación del suelo, las plagas, los cambios de uso de suelo y, particularmente los incendios forestales, que se han convertido en una de las principales causas de pérdida de ecosistemas y biodiversidad.
Detallaron que algunas de las consecuencias de los incendios forestales son el deterioro del ecosistema y la pérdida de calidad ambiental, la afectación indirecta a la salud humana, el desplazamiento, muerte de aves y animales silvestres, y la pérdida de la cobertura vegetal.
Reconocieron que solo el 0.94 por ciento de los incendios forestales es originado por causas naturales, mientras que el resto pueden ser identificadas por alguna actividad humana, entre ellos el 23.47por ciento son ocasionados de forma intencional, el 17.83 por actividades agrícolas, y de un 29.87 se desconocen las causas.
Ante este panorama, insistieron en que si estos incendios dañan elementos naturales como la flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente, es imperativo que quienes los provoquen deban ser castigados acorde a su falta, es decir, remitidos al Ministerio Público para determinar el posible delito ambiental.
Resaltaron que actualmente, el delito de incendio forestal se sanciona con una pena mínima de dos años y máxima de diez años de prisión, y cuando ocurre en Área Natural Protegida, la sanción puede alcanzar doce años. Sin embargo, dijeron que estas penas resultan insuficientes frente a la magnitud del daño ocasionado a la humanidad y a la riqueza ecológica del país.
