- La Comisión para la Igualdad de Género aprobó la reforma que visibiliza y atiende abusos en espacios deportivos.
- “Más del 20% de las mujeres han sufrido algún tipo de abuso sexual en el ámbito deportivo”.
La senadora Virginia Magaña Fonseca celebró la aprobación de su iniciativa en la Comisión para la Igualdad de Género, que reconoce y atiende la violencia contra mujeres y niñas en el ámbito deportivo, un problema estructural que durante mucho tiempo ha permanecido en silencio y que, de acuerdo con cifras internacionales, más del 20 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de abuso sexual dentro del deporte.
“Muy contenta de dictaminar esta iniciativa, una propuesta de una servidora y agradezco a la presidenta, senadoras y senadores integrantes de esta comisión por el respaldo a este dictamen”. Asimismo, subrayó que este avance representa un acto de congruencia con su trayectoria de defensa de los derechos de las mujeres y con su sensibilidad en el ámbito deportivo.
Dijo que la iniciativa no surgió en el escritorio, sino que fue construida a partir de testimonios recibidos personalmente y a través de redes sociales, así como de casos visibilizados en medios de comunicación.
Magaña Fonseca señaló que, durante años, muchas mujeres silenciaron acosos, hostigamientos y tratos diferenciados en el deporte, en un entorno donde existe una línea muy delgada entre la exigencia del alto rendimiento y la violencia.
Advirtió que el deporte, aunque se presenta como territorio de disciplina, esfuerzo y superación, ha sido también para muchas mujeres un espacio de abuso, humillación, castigos físicos desproporcionados, sexualización y silencios.
"No se trata de casos aislados, sino de una problemática estructural que reproduce relaciones de poder desiguales en entrenamientos, vestidores y estructuras directivas", indicó.
La legisladora por Guanajuato subrayó que la iniciativa es relevante porque visibiliza una problemática estructural y reafirma la responsabilidad del Estado de prevenir, atender y sancionar estas conductas.
"La excelencia deportiva jamás puede construirse sobre el miedo, por lo que con este dictamen se da un paso institucional para que ninguna mujer deportista tenga que elegir entre su pasión y su integridad", concluyó la legisladora.
Magaña Fonseca confió en que el dictamen sea aprobado por unanimidad por las y los senadores de todos los grupos parlamentarios, para que pronto se convierta en ley y se garanticen las condiciones dignas y seguras para niñas y mujeres deportistas.
- La iniciativa busca regular prácticas abusivas de cobranza y proteger a los usuarios de servicios financieros.
- “No se trata de que la gente no pague, sino de que todos, se conduzcan dentro del orden y de lo justo, respetando el derecho de los demás”, apuntó el legislador.
Ante el creciente hostigamiento hacia los deudores, particularmente mediante sistemas automatizados de cobranza, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa para regular las prácticas de cobranza bancaria extrajudicial y frenar el hostigamiento a usuarios de servicios financieros, sin promover el no pago ni restringir el derecho legítimo de los bancos a cobrar los créditos otorgados, por lo que se busca actualizar el marco legal para proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros.
El legislador del Partido Verde dejó en claro que la reforma no busca condonar deudas ni impedir el cobro, sino establecer límites claros para evitar que, ante la falta de vigilancia y de un marco legal preciso, algunas instituciones actúen de manera indebida, sobre todo en materia de cobranza.
Ramírez Marín señaló que la cobranza, cuando no está debidamente regulada, puede convertirse en una práctica sumamente grave para los usuarios.
El senador por Yucatán destacó que el uso de nuevas tecnologías ha cambiado la forma en que operan los despachos de cobranza, por lo que resulta indispensable ajustar la legislación a esta nueva realidad. Agregó que las llamadas constantes y la imposibilidad de usar el teléfono incluso para emergencias, transforman la cobranza en un acto de hostigamiento absoluto, sin importar si la deuda es elevada o de montos menores.
“624 llamadas en 24 horas; descuenten ustedes las horas en las que no se puede llamar, es decir, el tiempo que debe respetarse porque está regulado. Les van a dar, queridos amigos, que una persona puede recibir prácticamente una llamada en su teléfono celular cada dos minutos”, apuntó.
Dijo que este tipo de acciones transforman la cobranza en un hostigamiento total y absoluto, donde el teléfono queda prácticamente “secuestrado” hasta que se realiza el pago, sin importar el monto de la deuda ni si el usuario necesita el dispositivo para una emergencia.
La iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, propone sanciones de hasta 3 mil días de salario a instituciones que incumplan la norma y establece la responsabilidad solidaria por actos de terceros contratados para la cobranza
El legislador reiteró que la iniciativa responde a la necesidad de contar con un sistema bancario moderno, aliado del desarrollo, con una banca de Estado, de desarrollo y rural que apoye a distintos sectores. “Insisto, no se trata de que la gente no pague, sino de que todos, se conduzcan dentro del orden y de lo justo, respetando el derecho de los demás”, concluyó.
- Asimismo, planteó extender este beneficio al personal contratado en las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno de la CDMX y demás instituciones públicas
La diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar y adicionar el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, a fin de incluir la ayuda para el transporte público como prestación social obligatoria.
De igual manera, la legisladora planteó extender este beneficio al personal contratado en las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno de la Ciudad de México y demás instituciones públicas, exceptuando casos en los que el patrón proporcione transporte, cuando no sea necesario por razones de distancia o seguridad, o cuando el trabajo se realice de manera remota.
Al presentar su propuesta, la legisladora señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2025 la ocupación media nacional alcanzó 60.38 millones de personas en actividades vinculadas al comercio, la industria manufacturera, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, la pesca y la prestación de servicios sociales.
"Sin embargo, uno de los gastos que más impacta el ingreso de la población trabajadora es el traslado diario entre su domicilio y el centro de trabajo, el cual representa un desembolso forzoso y, en muchos casos, una experiencia estresante", apuntó Espino Suárez.
Asimismo, la legisladora destacó que la mayoría de la población ocupada utiliza transporte colectivo, automóvil o metro como principal medio de traslado, lo que implica destinar una parte de su remuneración a cubrir este gasto.
"Se estima que cada integrante de un hogar gasta en promedio 170 pesos mensuales en transporte público, es decir, 2,040 pesos anuales, lo que equivale al 3.58 por ciento de su gasto corriente monetario. Por ejemplo —explicó—, en una familia de cuatro integrantes el monto asciende a 680 pesos mensuales, afectando directamente la economía familiar", resaltó la diputada.
Asimismo, subrayó que en la Zona Metropolitana del Valle de México el 60 por ciento de la población destina cerca del 8 por ciento de su gasto total al transporte público, cifra que supera la media de 13 países de América Latina.
Ante este panorama, consideró indispensable fortalecer el ingreso de las y los trabajadores mediante medidas concretas que atiendan los costos asociados al acceso al empleo.
Finalmente, la legisladora afirmó que la ayuda para el transporte no debe ser únicamente un beneficio adicional otorgado por empleadores comprometidos, sino una prestación obligatoria que forme parte del ingreso de las y los trabajadores en México. De igual forma, señaló que esta propuesta representa un paso más en el proceso de justicia laboral y dignificación del trabajo, ya que fortalece el equilibrio entre el capital y el factor trabajo, y contribuye a mejorar la calidad de vida de millones de familias mexicanas.
