- La iniciativa busca que el Estado pueda actuar ante riesgos ambientales y propone reglas claras para evitar daños irreversibles, así como fortalecer la protección a la salud y al medio ambiente.
La Senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) con el propósito de incorporar de manera expresa el principio de precaución como eje rector de la política ambiental del país.
González Silva explicó que este principio permite al Estado actuar antes de que el daño ambiental sea irreversible. Con ello, se busca proteger tanto al medio ambiente como a la salud humana frente a riesgos graves o emergentes.
“El principio de precaución es una herramienta ética y jurídica para actuar antes de lamentar”, afirmó la senadora.
La iniciativa fortalece la capacidad de las autoridades ambientales para adoptar medidas precautorias cuando existan indicios razonables de riesgo, al tiempo que establece criterios claros para evitar arbitrariedades y garantizar seguridad jurídica. Estos criterios son:
- Proporcionalidad, para asegurar decisiones equilibradas.
- No discriminación, para evitar sesgos o favoritismos.
- Coherencia, para mantener consistencia con precedentes y políticas similares.
- Revisión científica periódica, para ajustar las medidas conforme avanza el conocimiento.
La legisladora por San Luis Potosí recordó que la Constitución reconoce el derecho a un medio ambiente sano y que la Suprema Corte ya ha establecido que el Estado debe actuar con cautela ante amenazas ambientales.
“Hacer del principio de precaución un mandato legal es convertir la responsabilidad y la prudencia en política de Estado. Es garantizar que México actúe con visión de futuro”, subrayó.
La legisladora aseguró que el principio de precaución no es un freno al desarrollo, sino una guía para que el crecimiento ocurra con responsabilidad y respeto a la naturaleza.
“Actuar a tiempo es la mejor forma de proteger el futuro. La precaución debe ser parte de nuestra ley y de nuestra responsabilidad institucional”, concluyó.
- Sembrando Vida impulsa ingresos familiares y, al mismo tiempo, mitiga impactos ecológicos y regenera ecosistemas: Sen. Jasmine Bugarín.
- Apoyo para el Bienestar de niñas y niños permite a miles de madres trabajadoras conservar su empleo sin afectar el desarrollo de sus hijos: Sen. Virginia Magaña
Durante la comparecencia de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado destacó que, a un año de iniciada la actual administración, uno de los avances más significativos ha sido la expansión de los programas de Bienestar, cuya cobertura aumentó más del 70 por ciento entre 2018 y 2024, logrando que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza.
En ese sentido, la senadora Jasmine Bugarín Rodríguez destacó que el programa Sembrando Vida, ha reactivado al campo tras décadas de abandono, el cual opera en 24 entidades, 1,058 municipios y más de 40 mil comunidades, donde 409 mil sembradoras y sembradores reciben un jornal mensual por trabajar su propia tierra con acompañamiento técnico.
Subrayó que el programa es ya un referente internacional en materia ambiental, con la producción de 1,490 millones de plantas y la recuperación de 1,258 millones de hectáreas mediante sistemas agroforestales. “Estos resultados muestran cómo Sembrando Vida impulsa ingresos familiares y, al mismo tiempo, mitiga impactos ecológicos y regenera ecosistemas”, indicó.
Bugarín Rodríguez, también resaltó los apoyos para estudiantes, celebrando la creación de la beca universal Rita Zetina, que hoy llega a 5.6 millones de estudiantes de secundaria, así como la ampliación de La Escuela es Nuestra y el anuncio del programa de transporte Gertrudis Bocanegra.
Por su parte, la senadora Virginia Magaña Fonseca destacó la importancia de programas como la Pensión Mujeres Bienestar, que brinda autonomía económica y reconoce el trabajo de cuidados de mujeres entre 60 y 64 años. Subrayó también el programa de Apoyo para el Bienestar de niñas y niños de madres trabajadoras, una acción que permite a miles de mujeres conservar su empleo sin poner en riesgo el desarrollo de sus hijas e hijos.
Asimismo, destacó la transición de funciones entre CONEVAL e INEGI, precisando que la metodología de medición de la pobreza es la misma que se aplica desde 2016. Recordó que la Ley General de Desarrollo Social establece indicadores basados en ingreso y carencias sociales, elementos que no han sufrido modificaciones.
Finalmente, dijo que la integración de funciones evita duplicidades, reduce costos administrativos y fortalece la consistencia técnica de la información. Por ello, solicitó a la Secretaría precisar qué medidas garantizan que la transición se realice con transparencia y cómo se asegura la objetividad e independencia técnica en la evaluación de la política social.
• En San Luis Potosí se redujo la brecha salarial y se mantiene una alta participación femenina en el mercado laboral: Ruth González.
• Las mujeres mexicanas ganan en promedio 34% menos que los hombres, aun cuando representan más del 50% de la población con educación superior: Rocío Corona.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado respaldó el dictamen que establece inspecciones obligatorias en los centros laborales por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de asegurar el principio constitucional de “a trabajo igual, salario igual”, una medida que busca cerrar el paso a prácticas discriminatorias que siguen afectando oportunidades y bienestar en los centros de trabajo.
La senadora Ruth González Silva comentó que, pese a los avances legislativos y sociales, persisten desigualdades históricas que limitan el desarrollo económico y la autonomía de las mujeres, por lo que esta reforma es indispensable para garantizar condiciones justas en todo el país.
Señaló que, en su estado, San Luis Potosí, se ha logrado reducir la brecha salarial y mantener una alta participación femenina en el mercado laboral, ejemplo de que la coordinación entre gobierno y sector privado ofrece resultados positivos. Sin embargo, añadió que aún falta consolidar estos avances a nivel nacional.
Asimismo, advirtió que la desigualdad salarial reduce la competitividad laboral y desaprovecha el talento de las mujeres trabajadoras, afectando la capacidad productiva del país.
“Garantizar la igualdad salarial fortalecerá la productividad nacional, mejorará las condiciones laborales y promoverá ambientes de trabajo más sanos y libres de discriminación”, sostuvo.
Por su parte, la senadora Rocío Corona Nakamura afirmó que el dictamen faculta a la Secretaría del Trabajo y a las autoridades locales a realizar inspecciones reales, directas y vinculantes en los centros laborales, garantizando que la igualdad salarial se refleje en la nómina y que la discriminación deje de ser invisible.
Dijo que, de acuerdo con el Banco Mundial, las mujeres mexicanas ganan en promedio 34 por ciento menos que los hombres, a pesar de representar más del 50 por ciento de la población con educación superior. Además, estimaciones del Banco Mundial y del FMI indican que cerrar la brecha salarial podría incrementar hasta un 15 por ciento el PIB nacional.
Finalmente, la legisladora ecologista afirmó que esta reforma está alineada con la Agenda 2030 y con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para erradicar desigualdades estructurales. “Cuando una mujer recibe un salario justo, gana su familia, gana la productividad y gana México”, concluyó.
