- Buscan cerrar brechas en la atención institucional a mujeres.
- Una administración pública capacitada permite mejorar la calidad de los servicios, reducir la discrecionalidad y avanzar hacia un modelo institucional más sólido.
La senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Capacitación en materia de Igualdad Sustantiva, Perspectiva de Género y Derechos de las Mujeres, con el objetivo de fortalecer la actuación del Estado y garantizar una atención institucional con enfoque de derechos.
La legisladora por San Luis Potosí señaló que el principal desafío no es la falta de leyes, sino la manera en que estas se aplican, ya que persisten brechas en la atención pública derivadas de la falta de formación homogénea en el servicio público.
“La igualdad debe reflejarse en cada decisión del Estado. No puede depender de criterios individuales, sino de instituciones capacitadas y con reglas claras”, sostuvo.
La propuesta establece la capacitación obligatoria en los tres poderes y órdenes de gobierno, como un mecanismo para profesionalizar la función pública, prevenir prácticas discriminatorias y fortalecer la confianza ciudadana.
González Silva subrayó que esta reforma responde a una demanda social y a compromisos internacionales asumidos por México, al tiempo que busca cerrar vacíos que hoy generan desigualdad en la atención y en el acceso a derechos.
Asimismo, destacó que una administración pública capacitada permite mejorar la calidad de los servicios, reducir la discrecionalidad y avanzar hacia un modelo institucional más sólido, transparente y eficaz.
Llamó a respaldar esta iniciativa como parte de un proceso de transformación del Estado, donde la igualdad sustantiva deje de ser un principio declarativo y se convierta en una práctica cotidiana en la vida pública.
“Una mujer no puede depender de la suerte para recibir justicia. Necesita instituciones que sepan, que entiendan y que actúen”, finalizó.
La senadora Virginia Magaña expresó su respaldo a la iniciativa que busca facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Feminicidio, al señalar que en estados como Guanajuato la violencia contra las mujeres persiste y la respuesta institucional ha sido insuficiente.
Durante su posicionamiento en el Pleno del Senado, advirtió que en Guanajuato la realidad ha evidenciado un problema de fondo en la clasificación e investigación de estos delitos, lo que ha generado una brecha preocupante entre la violencia que enfrentan las mujeres y la respuesta institucional.
“En 2025, Guanajuato encabezó las cifras de muertes violentas de mujeres en el país, pero apenas el 1.6% de esos casos fue tipificado como feminicidio. En 2026 la tendencia continúa, somos primeros en la lista, pero solo alrededor del 1% se investiga como lo que es. Esto es impunidad sistematizada”, afirmó.
La legisladora subrayó que esta problemática no es reciente, sino resultado de años de omisiones institucionales que urge corregir desde la ley.
“Cuando el delito no se nombra correctamente, la investigación falla. Y cuando la investigación falla, la justicia no llega”, enfatizó.
En este contexto, sostuvo que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum es un paso necesario para establecer un estándar nacional que garantice que todos los casos se investiguen con perspectiva de género y bajo los mismos criterios en todo el país.
“Esta iniciativa no nace en el vacío. Es resultado de décadas de lucha feminista y de una deuda histórica del Estado mexicano con las mujeres”, señaló.
Explicó que la propuesta se plantea como una Ley General que permitirá homologar el marco jurídico en todas las entidades federativas, eliminando márgenes de discrecionalidad y cerrando espacios a la impunidad.
Entre los principales alcances de esta iniciativa que fue votada a favor por unanimidad , se contempla:
- Garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio, evitando errores de clasificación.
- Establecer sanciones de hasta 70 años de prisión, fortalecer fiscalías especializadas y mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
- Colocar al centro a las víctimas y sus familias, con medidas de protección, atención integral y reconocimiento de la orfandad por feminicidio.
- Crear registros nacionales que permitan contar con información confiable y diseñar mejores políticas públicas.
La senadora Magaña reiteró que esta reforma representa una respuesta institucional a una exigencia social que ya no admite postergaciones, y subrayó que desde el Senado se está avanzando para que los derechos de las mujeres no dependan del estado en el que viven.
Finalmente, reafirmó el respaldo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a esta iniciativa, al considerarla una pieza clave para garantizar justicia, y traducir la agenda de las mujeres en leyes efectivas en todo el país.
La senadora Virginia Magaña expresó su respaldo a la iniciativa que busca facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Feminicidio, al señalar que en estados como Guanajuato la violencia contra las mujeres persiste y la respuesta institucional ha sido insuficiente.
Durante su posicionamiento en el Pleno del Senado, advirtió que en Guanajuato la realidad ha evidenciado un problema de fondo en la clasificación e investigación de estos delitos, lo que ha generado una brecha preocupante entre la violencia que enfrentan las mujeres y la respuesta institucional.
“En 2025, Guanajuato encabezó las cifras de muertes violentas de mujeres en el país, pero apenas el 1.6% de esos casos fue tipificado como feminicidio. En 2026 la tendencia continúa, somos primeros en la lista, pero solo alrededor del 1% se investiga como lo que es. Esto es impunidad sistematizada”, afirmó.
La legisladora subrayó que esta problemática no es reciente, sino resultado de años de omisiones institucionales que urge corregir desde la ley.
“Cuando el delito no se nombra correctamente, la investigación falla. Y cuando la investigación falla, la justicia no llega”, enfatizó.
En este contexto, sostuvo que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum es un paso necesario para establecer un estándar nacional que garantice que todos los casos se investiguen con perspectiva de género y bajo los mismos criterios en todo el país.
“Esta iniciativa no nace en el vacío. Es resultado de décadas de lucha feminista y de una deuda histórica del Estado mexicano con las mujeres”, señaló.
Explicó que la propuesta se plantea como una Ley General que permitirá homologar el marco jurídico en todas las entidades federativas, eliminando márgenes de discrecionalidad y cerrando espacios a la impunidad.
Entre los principales alcances de esta iniciativa que fue votada a favor por unanimidad , se contempla:
- Garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio, evitando errores de clasificación.
- Establecer sanciones de hasta 70 años de prisión, fortalecer fiscalías especializadas y mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
- Colocar al centro a las víctimas y sus familias, con medidas de protección, atención integral y reconocimiento de la orfandad por feminicidio.
- Crear registros nacionales que permitan contar con información confiable y diseñar mejores políticas públicas.
La senadora Magaña reiteró que esta reforma representa una respuesta institucional a una exigencia social que ya no admite postergaciones, y subrayó que desde el Senado se está avanzando para que los derechos de las mujeres no dependan del estado en el que viven.
Finalmente, reafirmó el respaldo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a esta iniciativa, al considerarla una pieza clave para garantizar justicia, y traducir la agenda de las mujeres en leyes efectivas en todo el país.
