- La creación de guarderías públicas para mascotas operadas por los municipios y entidades federativas representa una política preventiva y de salud comunitaria que atiende de manera directa el problema del abandono y mejora la calidad de vida, tanto de los animales como de las familias que conviven con ellos.
Con la finalidad de coadyuvar en el bienestar de animales de compañía, así como en la participación social en su protección, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que las entidades federativas y municipios establezcan y promuevan el registro de paseadores así como de cuidadores certificados de mascotas y de guarderías para mascotas.
Destacaron que de acuerdo con cifras del INEGI, hay alrededor de 80 millones de animales de compañía en nuestro país, de los cuales 43.8 millones son perros, 16.2 millones gatos y 20 millones de otras especies, de los cuales, su cuidado y bienestar constituye una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.
Afirmaron que aunque en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se reconoce la necesidad de que las autoridades promuevan el bienestar animal y la participación social en su protección, no se establecen mecanismos específicos que permitan atender a los animales de compañía en situaciones cotidianas que llevan al descuido o abandono, como la imposibilidad de sus dueños a brindarles atención durante sus jornadas de trabajo, viajes o emergencias, lo que ocasiona a veces maltrato, negligencia, e incluso abandono.
Explicaron que el aislamiento prolongado puede provocar diversos problemas de salud física y mental en los animales de compañía, tales como ansiedad por separación; deshidratación aguda, hipoglucemia y daño renal debido a la falta de acceso regular a agua fresca y alimento balanceado; infecciones urinarias, cálculos renales, estreñimiento y colitis por el retraso de su necesidad de orinar o defecar; obesidad, diabetes mellitus y enfermedades articulares por la inactividad y encierro por largos periodos sin estimulación física ni mental, entre otros.
Insistieron en que las mascotas no deben permanecer solas durante periodos prolongados, ya que esto pone en riesgo su bienestar físico, psicológico y social, por lo que “la creación de guarderías públicas para mascotas operadas por los municipios y entidades federativas representa una política preventiva y de salud comunitaria que atiende de manera directa el problema del abandono y mejora la calidad de vida tanto de los animales como de las familias que conviven con ellos”, señalaron.
Además, reconocieron que muchas familias hacen uso de servicios profesionales de cuidadores o paseadores de mascotas, sin embargo, se han conocido algunos casos donde los encargados de estos servicios no cumplen con el objetivo de dotar de bienestar a los animales, colocando en tela de juicio este tipo de actividades, por lo que hicieron énfasis en la urgencia de obligar a la autoridad a regular dicha actividad.
Finalmente, los legisladores aseguraron que esta medida no solo responde a una deuda social en materia de protección animal, sino que también fortalece el tejido comunitario, genera empleos especializados y promueve la convivencia armónica entre las personas y sus animales de compañía.
- México, entre los países con más asesinatos de defensores del medio ambiente.
- Hasta 50 años de prisión a quien prive de la vida a una persona por su labor en la defensa ambiental.
La senadora Maki Ortiz Domínguez, del Partido Verde, presentó una iniciativa que propone reformar el Código Penal Federal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para incluir la protección específica a defensores del medio ambiente y del territorio, así como establecer un nuevo tipo penal que sancione con hasta 50 años de prisión a quien prive de la vida a una persona por su labor ambiental.
Explicó que su propuesta incluye un nuevo Capítulo V Bis en el Código Penal Federal, que tipifica el delito de “homicidio en contra de defensores del medio ambiente”, con sanciones de 30 a 50 años de prisión, y agravantes cuando la víctima pertenezca a pueblos indígenas o comunidades afromexicanas, o cuando el agresor sea servidor público.
Según el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), México se encuentra entre las naciones con mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente, con 25 casos en 2024. Datos de Global Witness y Front Line Defenders, más de dos mil 253 defensores ambientales han sido asesinados o desaparecidos en América Latina desde 2012, siendo México el tercer país más peligroso para ejercer esta labor.
“La defensa de la tierra es también la defensa de la vida. Quienes alzan la voz por nuestros bosques, ríos y mares no sólo protegen al medio ambiente, sino el derecho humano a vivir en armonía con la naturaleza”, señaló la legisladora.
Ortiz Domínguez señaló que su propuesta reconoce por primera vez a las personas defensoras del ambiente como beneficiarias directas del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, amplía su estructura institucional e incorpora a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la Junta de Gobierno del mecanismo, reforzando así la coordinación interinstitucional.
Asimismo, propone la creación de una Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis, especializada en riesgos ambientales y territoriales, y la obligación de establecer protocolos de reacción rápida y sistemas de alerta temprana en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“No podemos permitir que quienes defienden la naturaleza sean silenciados por la violencia o la impunidad. México tiene el deber de proteger a quienes protegen la vida misma”, sostuvo la senadora Ortiz Domínguez.
- Así como establecer medidas claras para su prevención, atención y sanción
Con el objetivo de fortalecer la protección de la infancia y adolescencia frente a nuevas formas de violencia, la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar el concepto de ciberbullying y establecer medidas claras para su prevención, atención y sanción.
En el desarrollo de su propuesta la legisladora definió el ciberbullying como una forma de acoso ejercida mediante dispositivos tecnológicos y plataformas digitales, como redes sociales, mensajería instantánea o correo electrónico, en donde se comparten mensajes, imágenes o videos con la intención de humillar, intimidar o causar daño emocional.
“Es momento de visibilizar esta problemática y tomar acciones legislativas contundentes para proteger a nuestra niñez y adolescencia, ya que este tipo de acoso ha ido en aumento en los últimos años”, subrayó.
Explicó que su consiste en establecer que tanto autoridades federales como estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán asumir la responsabilidad de implementar acciones efectivas para combatir el ciberbullying, particularmente cuando las víctimas sean menores de edad. “Se plantea un enfoque integral y coordinado que permita actuar con eficacia ante esta forma de violencia digital”, apuntó.
Asimismo, la diputada Trujillo sugirió la creación de una instancia multidisciplinaria encargada de establecer mecanismos de prevención, atención y canalización de los casos de ciberbullying y otras violencias detectadas en el entorno escolar. Esta instancia también tendría la responsabilidad de desarrollar protocolos de actuación dirigidos a personal docente, padres, madres y tutores legales, con el objetivo de actuar oportunamente frente a situaciones de riesgo.
La legisladora consideró urgente implementar estrategias de detección temprana y contención del ciberbullying, ya que este fenómeno impacta gravemente en el desarrollo emocional y psicológico de niñas, niños y adolescentes. “Las niñas, niños y adolescentes se enfrentan cada vez con más frecuencia a esta forma de violencia, que muchas veces pasa desapercibida o no es denunciada por temor o desconocimiento”, advirtió.
Recordó que, si bien existen ya disposiciones legales como el Artículo 20 Quáter, que sanciona la violencia digital relacionada con la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, y el Artículo 199 Octies, que castiga la violación a la intimidad sexual, estos preceptos no abarcan de manera integral otras formas de violencia digital a las que están expuestos los menores en plataformas tecnológicas.
Finalmente, Trujillo propuso que la ley reconozca expresamente otras modalidades de violencia digital que, sin involucrar contenido sexual, vulneran la intimidad, privacidad y dignidad de niñas, niños y adolescentes mediante el uso de tecnologías de la información. “Debemos cerrar las brechas legales y dar pasos firmes hacia un entorno digital seguro y respetuoso para todas y todos”, concluyó.
