- La Carta Magna es un instrumento vivo que garantiza derechos y corrige desigualdades; durante décadas fue utilizada en beneficio de las minorías.
Las y los senadores del Partido Verde destacaron la vigencia y el carácter transformador de la Constitución de 1917, al subrayar que fue la primera en el mundo en garantizar derechos sociales y en sentar las bases de un futuro democrático para el pueblo de México.
En el marco del 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, los legisladores señalaron que la Carta Magna no es sólo un instrumento al servicio del poder, sino un texto vivo que amplía derechos, ordena el poder y corrige desigualdades.
El senador Luis Alfonso Silva Romo señaló que durante décadas la Carta Magna fue utilizada en beneficio de las oligarquías, incluso operando en contra del pueblo, pero destacó que hoy su sentido social ha sido recuperado. "Fue la primera que garantizó que verdaderamente el pueblo de México tuviera un futuro democrático".
"Estos resultados demuestran que cuando existe voluntad política y compromiso con el pueblo, la Constitución sí garantiza derechos", sostuvo.
Por su parte, la senadora Rocío Corona Nakamura dijo que la Constitución de 1917 reconoció derechos como la educación gratuita, el trabajo digno, la eliminación de los latifundios, la seguridad social y la salud, lo que definió su carácter social y su identidad nacional.
En materia de derechos humanos, la senadora sostuvo que México reafirma su liderazgo histórico al asumir la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, lo que se traduce en políticas públicas con enfoque social, instituciones fortalecidas y una ética pública centrada en la persona.
La legisladora ecologista subrayó que la Cuarta Transformación y el proyecto que encabeza la presidenta de la República consolidan los principios del constitucionalismo de 1917.
"A más de un siglo de su promulgación, la Constitución sigue siendo la expresión de un pueblo que decidió vivir con dignidad, justicia y derechos, legado que hoy se fortalece y se hace efectivo en la vida republicana del país", concluyó.
Este miércoles, la senadora y líder del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón Trujillo, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de sancionar las formas de violencia de género generadas mediante el uso indebido de tecnologías de inteligencia artificial.
En su iniciativa, la senadora guerrerense señaló que “el objetivo es adoptar medidas legislativas y fortalecer el marco jurídico mexicano frente a las nuevas formas de violencia digital facilitadas por el uso de inteligencia artificial, reconociendo expresamente que la creación, manipulación, almacenamiento y difusión de contenidos falsos que sexualizan, denigran o afectan la dignidad de personas reales, sin su consentimiento, constituye una forma grave de violencia que debe ser prevenida y sancionada por el Estado”.
Recordó que, a pesar de que la aprobación de la Ley Olimpia marcó un precedente en la materia, el avance tecnológico y el uso de herramientas de inteligencia artificial hacen necesario actualizar el marco normativo vigente.
Citó el caso de Diego “N”, exalumno de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), quien fue detenido y procesado por conductas relacionadas con violencia digital, situación que puso de manifiesto las limitaciones del marco jurídico actual, ya que se evidenció la dificultad para encuadrar este tipo de prácticas en los tipos penales existentes.
Asimismo, de aprobarse la iniciativa, México sentaría un precedente al alinear su legislación con la de otras naciones, como el Reino Unido, que ya ha reconocido en sus códigos penales la urgente necesidad de castigar a quienes abusan de la inteligencia artificial para violentar a otras personas.
De esta forma, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Senado, a través de su líder, pone de manifiesto la importancia de proteger a la ciudadanía de los abusos que puedan derivarse del mal uso de la inteligencia artificial, reconociendo su utilidad en la vida cotidiana pero también la necesidad de regular las prácticas ligadas a estas tecnologías para proteger los derechos a la imagen, la intimidad y la reputación de la población.
