- Más de 142 millones de sustancias químicas están registradas en el mundo; se desconoce cuántas se utilizan y comercializan en México.
Con el objetivo de contar con información precisa sobre las sustancias químicas que se utilizan y comercializan en el país, así como fortalecer la protección de la salud pública y del medio ambiente, el senador Manuel Velasco Coello, coordinador parlamentario del Partido Verde en la Cámara Alta, presentó una iniciativa para crear el Registro Nacional de Sustancias Químicas.
Velasco Coello explicó que las sustancias químicas han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia y hoy son indispensables para actividades como la producción, el desarrollo tecnológico, el consumo y la investigación científica. Sin embargo, advirtió que también representan riesgos potenciales para la salud humana y el medio ambiente cuando no se gestionan de manera adecuada.
El senador indicó que en México existe un rezago importante en la gestión integral de sustancias químicas. Actualmente se desconoce con precisión cuáles y cuántas sustancias se importan, se comercializan o se utilizan en la industria, lo que dificulta evaluar sus riesgos y establecer medidas adecuadas de control.
Por ello, su propuesta que reforma la Ley General de Cambio Climático y la Ley General de Salud responde a la necesidad de que México cuente con herramientas institucionales para gestionar de manera racional estas sustancias, ante el creciente uso de productos químicos en la vida cotidiana y en las actividades productivas.
Además, plantea que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) sea el encargado de elaborar, monitorear y actualizar el Registro Nacional de Sustancias Químicas, en coordinación con la Comisión Intersecretarial de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, así como con la participación del Consejo de Salubridad General y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Este registro permitirá contar con una base de datos que incluya información sobre el nombre de las sustancias, su fórmula molecular, propiedades físicas, características toxicológicas y ecotoxicológicas, así como los usos que tienen en el territorio nacional. Con ello se busca fortalecer la gestión pública de estas sustancias y mejorar la toma de decisiones en materia ambiental y sanitaria.
Finalmente, Velasco Coello subrayó que avanzar en la conformación de este registro permitirá fortalecer la Política Nacional Integral para la Gestión de Sustancias Químicas, garantizar el derecho de la población a la salud y al cuidado del medio ambiente, además de contribuir al cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
- Reforma garantiza que personas migrantes tengan acceso a la educación sin discriminación ni limitaciones.
- México registra 11.2 millones de personas migrantes, sólo por debajo de la India.
Con el propósito de fortalecer los derechos educativos de las personas migrantes en territorio nacional, el senador Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde en el Senado de la República, presentó una iniciativa para que la autoridad migratoria promueva, difunda y canalice a las personas migrantes hacia las instancias educativas correspondientes, sin importar su situación migratoria, especialmente a niñas, niños y adolescentes.
El legislador subrayó que México se ha distinguido por su compromiso con la protección de los derechos humanos, particularmente de niñas, niños y adolescentes, cuyo interés superior debe ser la consideración primordial en toda decisión que les afecte, conforme al artículo 3º constitucional y la jurisprudencia en la materia.
Aunque existe una legislación amplia en materia educativa, de derechos de la niñez y migración, persisten desafíos como la falta de accesibilidad, barreras lingüísticas, limitaciones económicas, carencia de documentación y separación familiar, factores que impactan directamente a la población migrante y obstaculizan su acceso efectivo a la educación.
Velasco Coello recordó que México es uno de los países con mayor número de personas migrantes, con 11.2 millones, solo por debajo de la India, lo que obliga a fortalecer las estrategias institucionales para asegurar que quienes transitan o permanecen en el territorio nacional cuenten con herramientas para su desarrollo personal y profesional.
En ese contexto, la iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley de Migración, busca ampliar las facultades de la autoridad migratoria para informar a las personas migrantes sobre su derecho a la educación y canalizarlas con autoridades educativas, garantizando su acceso sin discriminación ni limitaciones.
El senador indicó que esta acción fortalecerá la relación entre autoridades y población migrante, lo que contribuirá a la solución de problemáticas vinculadas con seguridad, trabajo, salud y desarrollo sostenible, y permitirá acompañar especialmente a niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad para que continúen su educación en espacios seguros.
Finalmente, el líder parlamentario afirmó que su iniciativa también se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y con compromisos internacionales asumidos por México, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26 reconoce el derecho a la educación.
- Se busca garantizar salario digno, seguridad social, vivienda y estabilidad laboral para las y los policías.
- En 2025 fueron asesinados 348 oficiales, uno cada día.
Ante las condiciones de precariedad que enfrentan las corporaciones policiales, especialmente a nivel municipal, la senadora Jasmine Bugarín Rodríguez presentó una iniciativa para fortalecer y dignificar la carrera policial, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales, salariales y de seguridad social de las y los elementos de seguridad pública en el país.
Bugarín Rodríguez indicó que muchos policías operan con salarios bajos, equipo en mal estado, jornadas extenuantes y sin acceso pleno a seguridad social, lo que provoca que numerosos elementos abandonen la carrera policial en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Esta situación también dificulta la atracción de nuevos perfiles y debilita las capacidades institucionales de seguridad a nivel local.
Comentó que el salario promedio mensual de un policía en México es de seis mil 620 pesos, cifra que representa una reducción del 7 por ciento respecto al periodo anterior, y que contrasta con el salario digno recomendado de 16 mil 688 pesos. Además, trabajan en promedio 59.9 horas semanales, casi 50 por ciento más que la población general.
La senadora también subrayó que ser policía en nuestro país implica enfrentar riesgos extremos. En 2025 se registraron 348 asesinatos de oficiales, lo que equivale a un promedio de un policía asesinado cada día. Entre las entidades con mayores niveles de violencia contra policías se encuentran Sinaloa, Guerrero y Guanajuato.
A ello se suma el llamado “costo oculto” de la profesión, ya que en muchos casos los agentes deben cubrir con sus propios recursos gastos como uniformes, combustible o reparaciones de patrullas.
Frente a este panorama, la reforma plantea cambios a diversos artículos de la Constitución para establecer derechos laborales específicos para las instituciones policiales. Entre ellos se incluyen el acceso a créditos de vivienda digna, la creación de fideicomisos para financiar prestaciones y seguros de vida, así como la garantía de una carrera policial basada en el mérito y la profesionalización constante.
Además, contempla que las entidades federativas y los municipios constituyan fideicomisos públicos transparentes destinados al financiamiento de la seguridad social y prestaciones complementarias para los cuerpos policiales, con el fin de evitar el uso discrecional de recursos.
La legisladora ecologista estacó que los policías municipales son el primer contacto de la ciudadanía con las instituciones de seguridad y cuentan con información directa sobre las problemáticas que afectan a las comunidades, por lo que su papel es clave para la prevención del delito y la implementación de estrategias de seguridad pública.
Jasmine Bugarín reconoció que dignificar la carrera policial no es un acto de generosidad, sino una inversión estratégica para fortalecer la seguridad nacional y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de seguridad.
