- México avanza con una perspectiva feminista que atiende las causas profundas de la desigualdad social y la seguridad ciudadana: Magaña Fonseca.
- “Hoy, la Secretaría de Gobernación ya no es un órgano de imposición autoritaria, sino una institución que construye consensos”: Silva Romo.
Durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, senadoras y senadores del Partido Verde destacaron los avances en materia de gobernabilidad, igualdad sustantiva y derechos humanos alcanzados en este primer año de gestión.
La senadora Virginia Magaña Fonseca subrayó que el trabajo de la presidenta ha estado marcado por la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el diálogo con actores sociales y la participación creciente de las mujeres en espacios de decisión.
“México avanza con una perspectiva feminista que atiende las causas profundas de la desigualdad social y la seguridad ciudadana”, afirmó.
En su intervención, resaltó la política migratoria humanista, que ha permitido dejar atrás las escenas de caravanas desordenadas gracias a la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración, gobiernos locales y fuerzas de seguridad.
Asimismo, Magaña Fonseca reconoció los avances en la reestructuración del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con más de 400 millones de pesos destinados, tres mil 700 solicitudes biométricas procesadas y la capacitación de dos mil funcionarios en protocolos homologados.
Por su parte, el senador Luis Alfonso Silva Romo destacó que México atraviesa un momento histórico bajo el liderazgo de la primera presidenta, Claudia Sheinbaum, cuya aprobación ciudadana alcanza el 73 por ciento, de acuerdo con encuestas recientes.
"Esto demuestra que no vivimos en un país polarizado, sino en una nación que cada vez más confía en su gobierno, un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo", afirmó.
El legislador puntualizó que las reformas impulsadas desde el Senado y la Presidencia reflejan la realidad nacional y fortalecen la democracia. En este sentido, recalcó que la Secretaría de Gobernación ya no es un órgano de imposición autoritaria, sino una institución mediadora que construye consensos y garantiza derechos.
Asimismo, enfatizó que 13 millones de mexicanos han salido de la pobreza, un logro que marca un avance sustantivo en la lucha contra la desigualdad y la construcción de paz. Asimismo, indicó que aún hay retos en materia de seguridad pero que se está trabajando con la ley en la mano.
"Hoy, la secretaría de Gobernación ya no es un órgano de posición autoritaria sino un órgano que construye consensos", enfatizó el senador por Oaxaca.
- Se impondrán hasta 14 años de prisión a quienes realicen traslados médicos ilegales.
- La reforma no sólo endurece sanciones, sino que envía un mensaje contundente de “cero tolerancia” a quienes lucran con la salud.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para tipificar como delito el uso de vehículos en traslados médicos ilegales, conocidos popularmente como “ambulancias pirata”. La propuesta busca sancionar con penas de cinco a catorce años de prisión y hasta 120 días de multa a quienes ofrezcan este tipo de servicios sin autorización oficial.
Explicó que estas unidades representan un grave riesgo para la salud pública, ya que operan fuera de la ley, sin personal capacitado ni el equipo médico necesario para la atención de emergencias. “Las llamadas ambulancias pirata no solo engañan a los ciudadanos imitando la apariencia de las certificadas, sino que también ponen en peligro la vida de pacientes vulnerables que requieren traslados inmediatos”, señaló.
La senadora advirtió que estas unidades operan al margen de la ley, pues simulan ser ambulancias certificadas sin cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-1994, que regula los servicios de emergencia en el país, lo que representa un riesgo inminente al no contar con personal capacitado ni protocolos de atención adecuados.
En ese sentido, Guerra Mena destacó que la proliferación de estas unidades responde a la falta de regulación eficaz y a la alta demanda de servicios médicos de emergencia, especialmente en comunidades con recursos limitados.
La iniciativa destaca testimonios de pacientes que han sufrido complicaciones durante traslados en ambulancias no certificadas, que van desde el agravamiento de infartos hasta crisis respiratorias mal atendidas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, más del 30 por ciento de los pacientes transportados en estos servicios ilegales enfrentaron complicaciones que pudieron evitarse con atención en unidades autorizadas.
Guerra Mena puntualizó que su propuesta no sólo endurece sanciones, sino que envía un mensaje contundente de “cero tolerancia” a quienes lucran con la salud. Asimismo, confió en que esta medida contribuirá a fortalecer la regulación, a restaurar la confianza ciudadana y a garantizar que la atención médica de emergencia sea un derecho seguro y confiable para todas y todos.
“No podemos permitir que la salud de los mexicanos se ponga en riesgo por servicios irregulares; esta reforma busca salvar vidas y cerrar la puerta a la impunidad”, subrayó la senadora por Morelos.
- La reforma aprobada permitirá homologar la tipificación del delito, sancionar con prisión preventiva y facultar al Congreso a coordinar acciones nacionales: senadores del Partido Verde.
Las senadoras y los senadores del Partido Verde en el Senado de la República respaldaron con su voto la reforma al artículo 73 constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra la Extorsión. Esta medida busca homologar criterios en todo el país y cerrar vacíos legales que han permitido la impunidad en este delito.
La senadora Juanita Guerra Mena recordó que desde la LXV Legislatura impulsó esta iniciativa, y destacó que hoy, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad, se impulsa una Ley General contra la Extorsión que homologará criterios y cerrará vacíos legales en todo el país.
Señaló que de acuerdo con cifras oficiales, en 2024 se registraron más de 10 mil 500 denuncias y entre enero y julio de 2025, Cuautla, Morelos, encabezó los reportes a nivel nacional. Ante esta situación, llamó a la ciudadanía a utilizar la línea 089 para denunciar de manera anónima. “Ya no más extorsión en Morelos, ya no más extorsión en Cuautla, ya no más extorsión en México”, enfatizó.
Por su parte, el senador Luis Alfonso Silva Romo dijo que la extorsión no solo se manifiesta de forma violenta, sino también mediante intimidación psicológica, llamadas telefónicas o el uso de tecnologías de la información, prácticas que mantienen a miles de víctimas en la impunidad. “Legislar en materia de extorsión no es solo un acto jurídico, es un compromiso con la seguridad y la dignidad de las familias mexicanas”, subrayó.
En este mismo sentido, el senador Luis Armando Melgar afirmó que la reforma para legislar en materia de extorsión es una respuesta urgente ante uno de los delitos que más lastima a la sociedad mexicana, afectando tanto a familias como al desarrollo económico del país.
“Esta ley no es un capricho legislativo, es una respuesta urgente a una crisis que afecta a todos los mexicanos. Legislar contra la extorsión es devolverle la confianza al pueblo de México. Nuestro voto será a favor de la paz y de un México seguro”.
Rocío Corona Nakamura, senadora por Jalisco, destacó que la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch es un paso firme, pero insistió en la importancia de homologar las sanciones: “No puede ser que en Guerrero se impongan hasta 30 años de cárcel y en Jalisco solo uno. Ya basta de extorsión, ya basta de miedo”.
Por su parte, la senadora Maki Ortiz Domínguez alertó que este delito representa una amenaza directa contra la tranquilidad de las familias y la viabilidad de miles de negocios en el país. En el caso de Tamaulipas, su estado natal, las extorsiones crecieron 148 por ciento en el primer semestre de 2025, lo que ha obligado a pequeños empresarios a pagar en promedio dos mil 500 pesos mensuales para proteger su vida y patrimonio.
“Esta reforma aprobada permitirá homologar la tipificación del delito, sancionar con prisión preventiva y facultar al Congreso para coordinar acciones federales y estatales. Queremos que las familias vivan con justicia y en paz”, concluyó la legisladora.
