- Al no existir las siete declaratorias ni el órgano administrativo federal, ya no tiene ningún alcance o efecto legal para que de manera operativa cumpla los objetivos de inversión, empleo y reducción del rezago previstos en la propia ley.
Ante una nueva etapa del país en la que ha habido diversos cambios profundos en la vida pública y de sus instituciones, las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una iniciativa para abrogar la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016.
Reconocieron que si bien se han tenido históricos avances, aún hay grandes rezagos y desigualdades socioeconómicas que buscan reducirse mediante políticas de corto, mediano y largo plazo, como es el caso del Plan México y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.
Explicaron que en 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar para reducir las desigualdades económicas, promover infraestructura y desarrollos industriales, generar empleo y vincular las vocaciones productivas locales con inversión nacional e internacional alienados con el Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Los legisladores ecologistas afirmaron que este plan integral para reducir las desiguales regionales dejó sin efectos el fallido proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de 2015, que tenía por objeto “impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población”.
Agregaron que ante la falta de consolidación de esta política pública, en 2019 el Ejecutivo en turno eliminó las declaratorias de las siete ZEE (Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas-La Unión, Progreso, Salina Cruz, Campeche y Tabasco), además de que a finales de ese mismo año se reformó el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y extinguió la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), órgano encargado de funciones de planeación, promoción, regulación, supervisión y verificación en esta materia.
Los senadores consideraron que al no existir las siete declaratorias ni el órgano administrativo federal, ya no tiene ningún alcance o efecto legal para que de manera operativa cumpla los objetivos de inversión, empleo y reducción del rezago previstos en la propia ley.
Por ello, insistieron en que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales debe ser abrogada y fortalecer mediante otras modificaciones al marco jurídico nacional en la materia para favorecer los grandes objetivos del Plan México, los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 para reducir las desigualdades regionales que vive el pueblo mexicano y seguir consolidando la ruta del desarrollo con bienestar y la prosperidad compartida.
- La ciencia ocurre todos los días y en todas partes: “está en el agua potable que llega a nuestros hogares, en las energías limpias que intentan frenar el cambio climático y en las tecnologías que nos conectan”.
En el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, la senadora Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde, reafirmó su compromiso para seguir impulsando propuestas legislativas que blinden el presupuesto para ciencia y tecnología verde, que reconozcan el valor de los saberes ambientales tradicionales y que garanticen que la innovación tecnológica esté al servicio de la restauración del planeta.
Recordó que la ciencia no se trata solamente de laboratorios cerrados, batas blancas y ecuaciones imposibles que solo entienden unos cuantos, sino que la ciencia ocurre todos los días y en todas partes: “está en el agua potable que llega a nuestros hogares, en las energías limpias que intentan frenar el cambio climático y en las tecnologías que nos conectan”, subrayó.
Destacó que desde el año 2001, cada 10 de noviembre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) impulsa el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, cuyo objetivo es recordarnos una pregunta fundamental: ¿Para qué sirve la ciencia?
La senadora ecologista aseguró que la ciencia en México no puede seguir siendo un privilegio o un sector aislado, y recalcó que urge consolidar políticas públicas que garanticen presupuestos transexenales suficientes, que acerquen la ciencia a las juventudes y que reconozcan el conocimiento tradicional de nuestras comunidades indígenas como parte fundamental del desarrollo nacional.
Por otro lado, afirmó que la paz no debe entenderse simplemente como la ausencia de guerra, sino que la paz verdadera se construye garantizando salud, educación, alimentación y oportunidades para todas las personas, lo cual, aseguró, no es posible sin la ciencia.
Recordó que durante décadas, un modelo de desarrollo económico depredador nos hizo creer que podíamos explotar los recursos naturales de manera infinita, y celebró que hoy la ciencia demuestra lo contrario y, al mismo tiempo, ofrece las soluciones para lograr un mundo pacífico y sostenible.
Finalmente, insistió en que la política ambiental y la ciencia deben ir de la mano. “Necesitamos respaldar e impulsar con presupuesto firme a la investigación nacional enfocada en energías renovables, agua limpia, protección de especies en riesgo, electromovilidad, tecnologías de reciclaje avanzado y el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos”, destacó.
- Establecer la palabra coadyuvar en la reforma mantiene una función de orientación y coordinación, por tanto, no crea un derecho automático al crédito.
Con la finalidad de que el Estado coadyuve al financiamiento de la inversión productiva, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), innovación tecnológica y proyectos estratégicos nacionales que generen condiciones favorables para el crecimiento económico y el desarrollo con bienestar, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Explicaron que lograr reducir la profunda desigualdad económica del país ha sido uno de los principales retos que anclan el desarrollo económico de manera igualitaria e incluyente, para lo cual se implementó el Plan México, incorporado al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que parte de la colaboración entre el Gobierno y el sector privado, cuyo objetivo es fomentar un desarrollo económico equitativo y sustentable a largo plazo basado en el aprovechamiento de nuestro mercado interno para nuestra propia industria.
Subrayaron que ante el panorama de coordinación y concertación política entre el sector público y privado, es imprescindible adecuar nuestra constitución acorde a los objetivos del nuevo proyecto de Nación y a la realidad de la economía mexicana. Para ello, recalcaron que es imprescindible que todos los sectores, tanto públicos como privados, que participan en la economía nacional tengan un vínculo directo con esta nueva política económica.
Por otro lado, reconocieron que el crédito para la inversión de pequeñas empresas por parte de la banca comercial es mínimo, como se puede ver en el análisis de Banxico al Censo Económico 2024, el 87.6 de las pequeñas y mediana empresas que necesitaron crédito no lo obtuvieron, frente a un 33.2 por ciento de las grandes empresas.
Ante este panorama, recordaron que las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99.8 por ciento de los establecimientos del país y generan 70.6 por ciento del empleo nacional, con más de 19.6 millones de personas ocupadas. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resaltó que sólo 4.4 por ciento de estas unidades económicas contaba con financiamiento bancario.
Recalcaron que su iniciativa es concordante con la política económica nacional y busca coadyuvar para que la rectoría del Estado en el desarrollo nacional se oriente en los instrumentos nacionales de planeación de este nuevo paradigma económico; explicaron que “establecer la palabra coadyuvar en la reforma mantiene una función de orientación y coordinación, por tanto, no crea un derecho automático al crédito, no fija tasas, no impone cuotas de cartera ni sustituye la evaluación de riesgos que corresponde a las instituciones financieras”.
Finalmente, reconocieron el papel del sistema financiero, su fortaleza, estabilidad y confianza que se traslada a la economía nacional y puede ser un factor determinante en la consolidación de un Estado de Bienestar que promueva un crecimiento igualitario y una prosperidad compartida para el beneficio del pueblo mexicano.
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