- Con esta figura jurídica se establece quién es el responsable y cuáles son sus obligaciones frente a los animales de compañía.
Con la finalidad de garantizar el bienestar de los animales de compañía, así como prevenir los impactos negativos de una tenencia irresponsable, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, propuso establecer la figura de tutor responsable de animales de compañía en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Explicó que los animales de compañía forman parte del entorno urbano y de sus flujos ecológicos, además de que su tenencia irresponsable produce impactos ambientales negativos como el aumento de colonias ferales, el abandono, la interacción conflictiva con fauna silvestre y riesgos sanitarios. De igual manera, genera costos públicos por captura, albergue y campañas de remediación de estas problemáticas.
Aseguró que la falta de una figura jurídica que establezca quién es el responsable y cuáles son sus obligaciones frente a los animales de compañía, genera vacíos normativos que dificultan la prevención del maltrato, el abandono y la negligencia.
Subrayó que su propuesta, además de definir jurídicamente la relación entre el tutor y el animal de compañía, detalla las obligaciones del primero para con el segundo, las cuales son alimentación adecuada, atención médico-veterinaria, no abandono, esterilización y vacunación, así como la colaboración con la autoridad.
El objetivo central de su propuesta es establecer esta figura de tutor responsable a nivel de ley general, para que éste tenga obligaciones exigibles, además de que plantea la creación del Registro Nacional de Tutores Responsables, como una herramienta de identificación animal que permita la interoperabilidad con sistemas locales, habilite la prevención, la vigilancia y la corrección oportuna de incumplimientos.
Dijo que este Registro Nacional puede implementarse mediante plataformas digitales, aprovechando infraestructura pública existente y estándares abiertos. Para monitorear resultados se proponen como indicadores: el número de tutores y animales de compañía registrados a nivel nacional y por entidad; la tasa de denuncias por abandono y maltrato asociadas a animales identificados; la cobertura de esterilización y vacunación en la población animal registrada; la reducción estimada de colonias ferales y de interacciones conflictivas con fauna silvestre; así como el tiempo de respuesta y resolución de verificaciones.
Finalmente, apuntó que esta reforma promueve el derecho a un ambiente sano y reconoce el valor intrínseco de los animales de compañía, articulando las responsabilidades que tienen sobre ellos los tutores; sin embargo, recalcó que no se buscan castigos desproporcionados, sino que se priorizan las medidas preventivas y de educación ambiental.
- La iniciativa incluye establecer sanciones de hasta 15 años de prisión a quien acceda, altere, copie o destruya esta información gubernamental
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso considerar como amenazas a la Seguridad Nacional cualquier acto dirigido a destruir, alterar, extraer, copiar, acceder o inutilizar, sin autorización, bases de datos poblacionales estratégicas bajo resguardo del Estado e imponer penas de hasta 15 años de prisión.
El diputado ecologista, Felipe Miguel Delgado Carrillo, planteó modificar las leyes de Seguridad Nacional, la General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Penal Federal, a fin de que se consideren como delitos que atentan contra la seguridad nacional toda acción que se cometa contra las bases de datos de la población sin autorización.
Las bases de datos personales como el registro nacional de ok nación, el padrón electoral y los registros de instituciones como el IMSS o el ISSSTE constituyen en los hechos la columna vertebral informativa del país, en ellas se concentra una base esencial de gobernabilidad de estabilidad institucional y de la confianza ciudadana
Añadió que sin embargo, también debemos reconocer una realidad que hoy enfrentan todos los estados modernos pues los ataques cibernéticos, los accesos indebidos y las filtraciones de datos personales ya no son escenarios lejanos, sino amenazas concretas que pueden afectar a millones de personas.
Delgado Carrillo resaltó que cuando una base de datos poblacional es vulnerada no sólo se compromete un sistema informativo, se expone a la ciudadanía a fraudes, extorsiones y suplantación de identidad, se debilita la confianza en las instituciones y se ponen en riesgo los servicios públicos esenciales.
Ante ello, la propuesta contempla también sanciones de cinco a 15 años de prisión y multa de quinientos a mil días, a quien modifique, dañe, borre, destruya o inutilice información contenida en la base de datos o provoque la interrupción de su funcionamiento.
También se sancionará con penas de hasta diez años de cárcel a quien descargue o copie información sin causar daños y hasta 12 años a quien comercialice, distribuya o difunda este tipo de información. Las sanciones se elevarán hasta en una mitad cuando se trate de servidores públicos y se le impondrá, además la destitución e inhabilitación para cargo público hasta por cinco años.
Delgado Carrillo resaltó que es necesario entender que una base de datos estratégica puede ser tan relevante para el país como una red eléctrica, una vía de comunicación o cualquier infraestructura física crítica, por lo que su protección no es solo un asunto meramente técnico, es un asunto de seguridad, de derechos y de responsabilidad del Estado.
