- Garantizar condiciones dignas de internamiento no constituye únicamente una obligación administrativa, sino una responsabilidad constitucional vinculada directamente con la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales: Juanita Guerra.
Con la finalidad de que se garantice el respeto a los Derechos Humanos y la dignidad de las personas privadas de la libertad, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para que fortalezca las acciones destinadas a atender las condiciones de los Centros Penitenciarios Estatales, en materia de sobrepoblación, infraestructura, servicios de salud, higiene, seguridad, alimentación, agua potable, personal penitenciario y reinserción social.
La senadora explicó que el sistema penitenciario es una responsabilidad esencial del Estado mexicano y una pieza fundamental para la seguridad pública, la impartición de justicia y la construcción de condiciones efectivas para la reinserción social; agregó que la privación de la libertad en este sistema implica una restricción legítima a la libertad ambulatoria; sin embargo, no significa la pérdida de los demás derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.
En este sentido, subrayó que “garantizar condiciones dignas de internamiento no constituye únicamente una obligación administrativa, sino una responsabilidad constitucional vinculada directamente con la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales”.
Detalló que de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo de Morelos 2025-2030, elaborado por el Gobierno del Estado, el sistema penitenciario estatal se integra por un Centro de Reinserción Social Femenil, cinco Centros de Reinserción Social Varoniles y un Centro Especializado de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
La senadora dijo que según el Cuaderno Mensual de Información Penitenciaria del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana Federal, Morelos presenta hacinamiento, ya que cuenta con 2 mil 47 espacios penitenciarios y contiene a 4 mil 345 personas privadas de la libertad, lo que se traduce en una sobrepoblación del 112 por ciento.
Insistió en que estas cifras hacen necesario fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar que la ocupación de los centros penitenciarios sea compatible con condiciones adecuadas de internamiento, seguridad, higiene, atención médica y reinserción social.
Agregó que la sobrepoblación que se traduce en una utilización intensiva de la infraestructura penitenciaria, que es además obsoleta e insuficiente, puede generar presiones adicionales sobre los servicios básicos, el personal, los espacios destinados a actividades de reinserción y las condiciones de convivencia, por lo que dijo que resulta indispensable que las autoridades realicen una evaluación permanente de la capacidad instalada y de las necesidades reales en cada centro.
“El objetivo no debe limitarse a mantener los centros en funcionamiento, sino a garantizar que estos cumplan efectivamente con la finalidad constitucional de la reinserción social”, sentenció.
- Esto bajo una lógica que privilegie la prevención y minimización de su generación, su correcta identificación y separación, la recuperación de materiales, su valorización y aprovechamiento circular, la trazabilidad de su manejo y la disminución progresiva de aquellos residuos que finalmente deban ser destinados a disposición final.
Con el propósito de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incorpore dentro de su propia gobernanza empresarial una política explícita de aprovechamiento responsable de los recursos y reducción de sus impactos ambientales, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde, presentó una iniciativa para incorporar en la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, una obligación para que la CFE y sus empresas filiales, gestionen integralmente los residuos de los que jurídicamente tengan el carácter de generadores.
Esto bajo una lógica que privilegie la prevención y minimización de su generación, su correcta identificación y separación, la recuperación de materiales, su valorización y aprovechamiento circular, la trazabilidad de su manejo y la disminución progresiva de aquellos residuos que finalmente deban ser destinados a disposición final.
Explicó que su propuesta parte de la idea ya incorporada en nuestra legislación de que un residuo no debe considerarse automáticamente como un material carente de utilidad, ya que determinadas corrientes pueden conservar propiedades físicas, químicas, materiales o energéticas que permiten incorporarlas nuevamente a procesos productivos, sustituir materias primas vírgenes o generar valor económico, siempre que sea ambientalmente adecuado, técnicamente factible, económicamente viable y jurídicamente permitido.
Detalló que en la Ley General de Economía Circular reconoce que los materiales deben mantenerse dentro de la economía durante el mayor tiempo posible y que, una vez generados los residuos, debe recuperarse su valor antes de recurrir a su disposición final, por lo que esta reforma debe entenderse como una medida de armonización con este nuevo marco jurídico nacional, y convierte un mandato general de economía circular aplicable a la Administración Pública Federal en una obligación corporativa concreta para la CFE.
Añadió que su propuesta precisa cómo debe materializarse dentro de su legislación especial: prevención y minimización; clasificación y separación; valorización, aprovechamiento circular; trazabilidad; reducción de la disposición final; objetivos; metas; indicadores; revisión por el Comité de Sostenibilidad y reporte al Consejo de Administración.
Explicó que la política de economía circular debe diferenciar claramente entre aquellas corrientes cuyo valor puede recuperarse y aquellas cuya peligrosidad exige prioritariamente su eliminación o tratamiento especializado. Detalló que si un residuo peligroso únicamente puede ser tratado por una empresa autorizada, esa obligación permanece intacta; si una corriente requiere plan de manejo, deberá mantenerlo; si la legislación local determina requisitos para residuos de manejo especial, éstos continuarán aplicándose; y los residuos radiactivos quedan fuera de la nueva disposición.
Finalmente, la senadora insistió en que la trascendencia de la reforma radica en que no se limita a ordenar que la empresa "maneje correctamente sus residuos", sino que plantea que CFE evite generarlos cuando pueda, que conozca y documente sus flujos, que conserve el valor de los materiales, que utilice materias primas secundarias cuando sea viable, que desarrolle mercados y alianzas para recuperar recursos, que reduzca progresivamente la disposición final y que mida públicamente su desempeño.
- Uno de los propósitos de la iniciativa es que la información sobre salud menstrual contribuya a reconocer signos de alarma y se acompañe de una respuesta efectiva de los servicios: valoración clínica, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento.
Con el propósito de reducir las demoras diagnósticas y asegurar la continuidad de la atención, desde la valoración inicial hasta el tratamiento y seguimiento que cada persona requiera en materia de endometriosis, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para incorporar, dentro de los servicios básicos de salud, la atención integral de la endometriosis y la salud menstrual digna, además de garantizar que los servicios se brinden con perspectiva de género, pertinencia intercultural, accesibilidad y evidencia científica, respetando la autonomía, privacidad y consentimiento informado.
Detalló que la endometriosis es una enfermedad crónica caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, que afecta a cerca de 190 millones de mujeres en edad reproductiva, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
Agregó que su diagnóstico puede tardar entre cuatro y doce años y durante ese periodo, el dolor y otras manifestaciones pueden interferir con la asistencia escolar, el trabajo y el bienestar emocional. Aseguró que la evaluación clínica y los estudios de imagen permiten iniciar tratamiento sin exigir confirmación quirúrgica en todos los casos.
La senadora hizo énfasis en que la educación sobre menstruación debe acompañarse de servicios capaces de valorar los síntomas y dar seguimiento. Explicó que uno de los propósitos de su iniciativa es que la información sobre salud menstrual contribuya a reconocer signos de alarma y se acompañe de una respuesta efectiva de los servicios: valoración clínica, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento.
Agregó que la atención integral deberá responder a las necesidades clínicas de cada persona, se incluye el tratamiento del dolor según sus mecanismos y repercusión funcional, la atención de la salud mental, la rehabilitación del piso pélvico y la valoración nutricional, cuando procedan, además de que la participación de distintas disciplinas permitirá atender las manifestaciones que requieran intervención especializada.
Dijo que en su propuesta se detalla que tratándose de niñas y adolescentes, la aplicación de estas medidas deberá observar el interés superior de la niñez, proteger su intimidad y respetar su autonomía progresiva.
También se plantea que la Secretaría de Salud incorpore esta atención como línea prioritaria de la política nacional de salud, mediante capacitación continua del personal, investigación y participación de personas usuarias y organizaciones, información y orientación, así como la ampliación progresiva del acceso a productos de gestión menstrual y a condiciones de higiene, agua, saneamiento y privacidad en establecimientos públicos de atención médica.
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