- La bancada ecologista respalda la reforma electoral de Sheinbaum: reduce privilegios, limita gasto, y fortalece la democracia con un Estado austero, eficiente y cercano a la ciudadanía.
Las y los senadores del Partido Verde respaldaron la aprobación del “Plan B” en materia electoral, al considerar que preserva la austeridad republicana, garantiza la función sustantiva del Instituto Nacional Electoral (INE) y se ajusta al 127 constitucional y a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Los ayuntamientos podrán conformarse por una sindicatura y hasta quince regidurías; además, se establece que el presupuesto de los congresos locales no podrá superar el 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
En cuanto a las autoridades electorales, se establece que ninguna podrá percibir una remuneración superior a la de la jefa del Ejecutivo Federal. Esta disposición aplica a consejeros, magistrados, secretarios titulares de órganos administrativos y a titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales de las entidades federativas.
Asimismo, el presupuesto anual del Senado de la República deberá ajustarse de forma progresiva en los próximos cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, hasta alcanzar una disminución acumulada del 15%.
En ese sentido, el senador Waldo Fernández González destacó que el dictamen plantea una integración más eficiente de ayuntamientos, topes a regidurías y control del gasto en congresos locales, además de establecer que nadie puede ganar más que la titular del Ejecutivo.
Afirmó que esta medida no es autoritarismo, sino responsabilidad, por lo que subrayó que el objetivo es profundizar la democracia, fortalecer la participación ciudadana y avanzar hacia un Estado más justo y austero.
Por su parte la senadora Juanita Guerra Mena comentó que el rediseño de los ayuntamientos permitirá mayor eficiencia en el uso de recursos municipales, por lo que exhortó a los más de 2,478 municipios del país a invertir responsablemente en seguridad, en beneficio de la población.
Reconoció que el dictamen impulsa la racionalidad en el uso de recursos públicos, establece límites en remuneraciones y promueve ayuntamientos más eficientes, comprometidos y cercanos a la gente.
El senador Luis Alfonso Silva Romo subrayó que la iniciativa se centra en reducir privilegios en congresos estatales y cabildos, y rechazó que implique centralismo, al enfatizar que cualquier reforma constitucional requiere amplios consensos nacionales.
Finalmente, la senadora por Jalisco, Rocío Corona Nakamura, indicó que el proyecto plantea revisar el tamaño y costo del Estado, fijar límites a remuneraciones, reducir el 15 por ciento el presupuesto de la Cámara, así como la reorganización de ayuntamientos.
- Impulsar la electromovilidad no es sólo una decisión económica; también es una decisión ambiental y de salud.
- El transporte genera cerca del 25% de las emisiones de CO₂ y podría superar el 30%.
La senadora Maki Ortiz Domínguez advirtió que la electromovilidad no es una tendencia pasajera, sino una respuesta urgente ante el cambio climático y la mala calidad del aire, al tiempo que destacó la necesidad de fortalecer el marco legislativo en México para impulsar esta transición tecnológica.
En el marco del foro "Electromovilidad" organizado por la Comisión de Energía, la legisladora del Partido Verde subrayó que el país se encuentra en un punto clave, tanto por el desafío ambiental como por la oportunidad económica que representa integrarse plenamente a esta transformación global.
Señaló que el sector transporte genera aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de CO₂ relacionadas con la energía, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y advirtió que, de no actuar, podría concentrar más del 30% de las emisiones globales en los próximos años.
Ortiz Domínguez comentó que hacia 2050, se prevé una flota vehicular mundial que podría duplicarse, y más del 90% de este crecimiento ocurrirá en economías emergentes como la nuestra, lo que coloca a México en el centro del desafío, pero también en el centro de la oportunidad.
En este contexto, informó que presentó una iniciativa para reformar la ley con el objetivo de reconocer a la electromovilidad como una industria estratégica para el desarrollo nacional, estableciendo bases en materia de política industrial, innovación tecnológica, cadenas de suministro, infraestructura energética y desarrollo regional.
La legisladora afirmó que el papel del gobierno es fundamental para detonar el desarrollo de infraestructura y garantizar condiciones adecuadas para el crecimiento del sector.
Dijo que de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía en 2025 se comercializaron cerca de 20 millones de vehículos eléctricos, equivalentes al 25% de las ventas globales, y para 2026 se estima que la cifra supere los 24 millones de unidades.
Explicó que China lidera el sector con más del 70% de la manufactura global y una amplia infraestructura, mientras que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea avanzan con inversiones públicas significativas. También resaltó el caso de Noruega, donde los vehículos eléctricos alcanzaron el 95.9% de las ventas en 2025.
Ortiz Domínguez afirmó que México cuenta con ventajas competitivas, como una industria automotriz consolidada y una posición estratégica en América del Norte, pero requiere certidumbre jurídica y visión de largo plazo.
"Impulsar la electromovilidad no es sólo una decisión económica, es también una decisión ambiental y de salud pública que permitirá reducir emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y disminuir enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación", concluyó la legisladora.
