- Se plantea que las opiniones, observaciones y propuestas formuladas durante la consulta pública sean analizadas y consideradas por la autoridad, y cuenten con una respuesta fundada y motivada.
Con la finalidad de fortalecer la confianza pública en las instituciones ambientales, así como dotar de mayor claridad, transparencia y trazabilidad a los mecanismos de participación ciudadana en las evaluaciones de impacto ambiental, el senador Gilberto Hernández Villafuerte, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar los artículos 34, 35 Bis, 157 y 159 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El senador explicó que, en materia de protección al ambiente, la participación ciudadana puede enriquecer la información disponible para las autoridades, aportar conocimientos locales e incluso ayudar a identificar riesgos que podrían no advertirse durante una evaluación exclusivamente técnica.
Detalló que si bien nuestra legislación permite que, durante la evaluación ambiental de determinadas obras o actividades, las personas puedan acceder a la información, solicitar consultas públicas, participar en reuniones públicas, formular observaciones y proponer medidas adicionales de prevención y mitigación, "existe una diferencia importante entre tener una posibilidad de participar y saber qué ocurrió con nuestra participación".
Por ello, explicó que su iniciativa busca fortalecer la gobernanza ambiental y la participación ciudadana, para lo cual se plantea que las opiniones, observaciones y propuestas formuladas durante la consulta pública sean analizadas y consideradas por la autoridad, y cuenten con una respuesta fundada y motivada.
Además, se busca que estas aportaciones y sus respuestas sean públicas y accesibles, y que al concluir una evaluación exista claridad sobre cómo fueron consideradas, y en su caso, cómo se incorporaron a las medidas destinadas a prevenir, mitigar y compensar posibles impactos ambientales.
Finalmente, recalcó que el propósito de la reforma no es que toda opinión ciudadana determine la decisión de la autoridad, sino garantizar que la participación tenga una consideración institucional efectiva, transparente y verificable, y que la ciudadanía pueda acceder a la información, formular observaciones y propuestas, conocer la valoración realizada por la autoridad y contar con decisiones debidamente justificadas.
- Recalcó la importancia de discutir este tema en el Senado de la República, ya que aseguró que si fuera solamente un tema comercial, no tendría ninguna relevancia, pero aseguró que “el problema es que tratándose de un deporte nacional afecta intereses nacionales”.
Durante el Conversatorio: Fuera de lugar. ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso?, realizado en el Senado de la República, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, destacó que el debate de fondo es hasta dónde deja de ser deporte y se convierte en meramente un producto comercial.
Destacó que la discusión sobre el ascenso y descenso en la liga de futbol soccer en nuestro país, no se trata solamente de un asunto deportivo, sino que se debe considerar en temas tan esenciales como la seguridad nacional al ver al deporte como factor de inhibición de las conductas antisociales.
El legislador aseguró que no hay ninguna razón deportiva que justifique el no ascenso y descenso, y aseguró que las razones no son deportivas, “si lo fueran, no tendríamos esta abrumadora estadística de cómo los países más exitosos en el fútbol todos tienen descenso; en cambio, cómo los países en donde el producto es una franquicia, el deporte se convierte en una franquicia, ahí no hay ascenso y descenso”, subrayó.
Recalcó la importancia de discutir este tema en el Senado de la República, ya que aseguró que si fuera solamente un tema comercial, no tendría ninguna relevancia, pero aseguró que “el problema es que tratándose de un deporte nacional afecta intereses nacionales”.
Puso como ejemplo el caso del estado de Yucatán, donde un equipo asciende desde las ligas inferiores hasta la liga premier, en donde obtiene el campeonato, es de alguna manera la sorpresa del campeonato que le permitiría subir de liga, pero no puede, y cuestionó “cómo después de tanto esfuerzo estos jóvenes de Yucatán, que ven frustradas sus aspiraciones, sí pueden observar cómo por invitación suben otros tres equipos”.
En este sentido, aseguró que no existe lógica de que no haya ascenso y descenso por mérito, pero sí pueda haber ascenso por invitación. Agregó que si bien los clubes que ascienden están respaldados por una gran tradición futbolística, eso no tiene nada que ver al participar en una competencia.
El senador se dijo convencido de que el no ascenso y descenso fomenta la mediocridad, en muchos casos es subsidiada por el Estado, ya que muchos equipos que juegan en estas ligas inferiores reciben importantes recursos de los estados, del presupuesto estatal, “y estos recursos sin ascenso, estos recursos sin fomentar el espíritu deportivo, sin una competencia justa, son simplemente parte del engranaje mercantil y dan lugar a posibilidades de corrupción”.
El senador se dijo extrañado por la ausencia de los directivos de futbol mexicano a este conversatorio, ya que sí han acudido en otras ocasiones al Senado de la República, y finalizó subrayando que “se trata de ver hasta dónde seguiremos siendo un deporte o ver con los brazos caídos y sin hacer nada que el deporte nacional es exclusivamente un negocio”.
- Es necesaria una política de largo plazo que dé certidumbre a este sector tan vulnerable y que coadyuve al cumplimiento de grandes objetivos del plan de desarrollo para volver al campo mexicano un motor de crecimiento regional.
Con la finalidad de fortalecer el campo mexicano, así como dotarlo de mayor certeza jurídica, la senadora Angélica Montes Rentería, del Partido Verde, presentó una iniciativa para que el programa de precios de garantía a productos alimentarios básicos sea una política permanente, para lo cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La senadora explicó que una de las problemáticas más complejas que enfrenta el campo mexicano es la concentración de los mercados, los canales de comercialización y los intermediarios que dejan en segundo plano a los productores con pérdidas y ganancias mínimas.
Además de que las principales barreras para vender sus productos son la dificultad para comercializarlos, debido a la intermediación excesiva o al coyotaje, la falta de transporte y almacenamiento, la falta de información de precio de los productos, la falta de capacitación y asistencia técnica, la poca organización de la producción y la inseguridad.
Agregó que estos factores, aunado al restringido acceso a los servicios financieros limitan el potencial económico de este sector, desaprovechando las vocaciones productivas y ventajas competitivas que tiene nuestro país en diversas regiones.
Ante este panorama, Montes Rentería recalcó que es “necesaria una política de largo plazo que dé certidumbre a este sector tan vulnerable y que coadyuve al cumplimiento de grandes objetivos del plan de desarrollo para volver al campo mexicano un motor de crecimiento regional”.
La senadora recordó que en el Programa Nacional de Desarrollo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2025, se encuentra el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para el ejercicio fiscal 2025, sin embargo, este acuerdo únicamente tenía vigencia durante el año 2025, por lo que insistió en que es necesario que los apoyos planteados en esta propuesta y en otros documentos oficiales, sean reconocidos en la normatividad nacional.
Por ello, explicó que su propuesta busca que el programa de precios de garantía a productos alimentarios básicos sea una política permanente, y detalló que perseguirá los siguientes objetivos: Que los apoyos definidos a los productores nunca estén por debajo de los costos de producción agrícola, considerando el producto, la región y la zona; proporcionar a los pequeños y medianos productores de granos básicos y de leche la certidumbre de contar con complemento a sus ingresos a través de la implementación de precios de garantía; facultar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para estimar los costos de producción agrícola a fin de determinar los montos de los apoyos; y que los programas de apoyo directo a productores en condiciones de pobreza nunca estén por debajo de los costos de producción agrícola.
“Durante muchos años las comunidades rurales fueron vistas únicamente como beneficiarias de programas; hoy debemos reconocerlas como protagonistas de desarrollo nacional”; finalizó.
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