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BUSCA PARTIDO VERDE CREAR LEY PARA REGULAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

  • En nuestro país se acepta y usa la Inteligencia Artificial desde aproximadamente hace seis años, pero no ha sido regulada.

Con la finalidad de regular la Inteligencia Artificial en diversos sectores indispensables en nuestro país, así como atender sus beneficios y los riesgos asociados a su implementación, la senadora Juanita Guerra Mena presentó una propuesta para expedir la Ley General para el Uso y Control de la Inteligencia Artificial en los Sectores Público y Privado.

Explicó que la Inteligencia Artificial (IA) es descrita como un sistema basado en una máquina diseñada para mostrar capacidad de adaptación, para que pueda cumplir con objetivos explícitos o implícitos, funcionando con información que recibe para generar resultados determinados.

Reconoció que en nuestro país se acepta y usa la Inteligencia Artificial desde aproximadamente hace seis años, pero no ha sido regulada, esto a pesar de que México lidera el crecimiento de las empresas de Inteligencia Artificial en Latinoamérica, por lo que urgió la existencia de una ley que permita atender las necesidades que surgen con el uso e implementación de esta tecnología, particularmente en los sectores público y privado.

Por ello detalló que, entre las necesidades que busca atender la creación de la mencionada ley, se encuentran: Capacitación educacional en el uso y aplicación de la Inteligencia Artificial; capacitación laboral en el uso y aplicación de la Inteligencia Artificial; desarrollo e inclusión de actuales y nuevas empresas a la Inteligencia Artificial; problemática ambiental; derechos de autor y propiedad intelectual; así como en los sectores de la salud, militar y judicial.

En materia educacional, afirmó que es imprescindible realizar programas para todos los niveles de educación y para todas las carreras en los que se integren materias en las cuales profesionistas y expertos en Inteligencia Artificial expliquen cómo aplicar esta tecnología en el mundo laboral.

En cuanto a capacitación laboral, explicó que las empresas deberán adaptar contenidos tecnológicos a las necesidades de los trabajadores con la utilización de recursos visuales e interactivos que motiven el aprendizaje, además de buscar formas de adecuar las nuevas herramientas tecnológicas en los sistemas de operación de las empresas.

Por otro lado, se dijo preocupada por la problemática ambiental que implica el uso de la Inteligencia Artificial, ya que el gasto de agua para enfriar los Centros de Datos de Inteligencia Artificial es abismal, utilizando hasta 25.5 millones de litros solamente para uno pequeño, por lo que aseguró que con su propuesta se busca establecer un límite para que las empresas de IA realmente reduzcan su huella de carbono al exigirles la ejecución de prácticas de cuidado ambiental, lo que beneficiaría al país en el control del crecimiento de esta tecnología.

Agregó que una de las mayores preocupaciones de la población es la inclusión de la IA en el ámbito artístico, bajo cualquier medio o método de expresión, ya que se utiliza arte ajeno para alimentar a modelos de IA, llegando al punto de que es muy complejo identificar cuáles creaciones han sido elaboradas con Inteligencia Artificial y cuáles no.

Señaló también que se requiere adoptar sistemas de diagnóstico asistidos por esta tecnología en hospitales públicos, permitiendo mejorar la precisión y rapidez en la detección de enfermedades a través del análisis automatizado de imágenes como radiografías, tomografías, y resonancias, principalmente en zonas donde hay poco personal médico especializado.

Finalmente, recalcó que su propuesta busca que todas las dependencias, organismos, e instituciones públicas que conforman a la Administración Pública Federal, así como todas las entidades privadas de nuestro país, contribuyan a la fomento, regulación, supervisión, y control del uso y aprovechamiento de la IA.

NECESARIO BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES: CORONA NAKAMURA

  • Se busca robustecer el marco jurídico y brindar mayor seguridad a las personas, familias y grupos en situación de vulnerabilidad, exclusión, discriminación, desplazamiento y movilidad que no se les discrimine una vez estando en suelo mexicano.
Con el propósito de promover la justicia social, la equidad y la inclusión, asegurando que todas las personas tengan acceso a condiciones dignas de trabajo, salud, vivienda y educación, especialmente los grupos vulnerables, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para que en la Ley General de Desarrollo Social se considere la atención integral de estos grupos a través de programas, políticas y presupuesto, para brindar servicios, oportunidades laborales, educativas, de salud o de vivienda a personas en situación de movilidad humana, desplazamiento, vulnerabilidad, exclusión, discriminación y marginación, independientemente de su nacionalidad, estatus migratorio o condición de refugio.

Señaló que en nuestro país se reconocen derechos sociales y humanos, incluyendo la libertad de tránsito, la no discriminación, la protección de la unidad familiar, acceso a la justicia, a la salud y a la educación, entre otros, sin embargo, las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad han sufrido exclusión, discriminación, marginación, movilidad o el desplazamiento, por lo que requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar.

Subrayó que uno de los grupos más vulnerables y discriminados son las personas migrantes en tránsito irregular por el territorio, así como las personas migrantes en retorno desde Estados Unidos, además de que, en ambos casos, las niñas, niños y adolescentes no acompañados son los más vulnerables.
Lamentó que las personas en situación de vulnerabilidad comparten problemas derivados de la discriminación estructural, como la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarias y funcionarios de todos los niveles de gobierno, la violencia de grupos criminales, detenciones arbitrarias, falta de acceso a servicios básicos como atención médica y acceso a la justicia, así como salarios inferiores a los que reciben personas no migrantes por hacer el mismo trabajo, entre otros.
En este sentido, insistió en que se debe garantizar que, toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tenga el derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja, por lo que con su propuesta se busca robustecer el marco jurídico y brindar mayor seguridad a las personas, familias y grupos en situación de vulnerabilidad, exclusión, discriminación, desplazamiento y movilidad que no se les discrimine una vez estando en suelo mexicano.
Por ello, detalló que los municipios, las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, deben formular y aplicar políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias, grupos sociales, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables.