- Si bien la Constitución mexicana prohíbe la discriminación motivada por la edad, ésta sigue siendo un problema existente.
En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, celebrado el 1 de octubre, la senadora Rocío Corona Nakamura destacó la importancia de garantizar que este grupo etario conserve todos sus derechos humanos y viva libre de discriminación por edad; además de que la fecha plantea la necesidad de asegurar que una vida más larga transcurra con autonomía y participación.
La senadora dijo que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá sesenta años o más, y advirtió que los cambios asociados con la edad son diversos y no guardan una relación uniforme con los años cumplidos, por lo que recalcó que una política basada exclusivamente en la edad cronológica resulta insuficiente para distinguir necesidades de atención, capacidades funcionales y condiciones de vida.
Recordó que nuestro país cuenta con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores desde el 25 de junio de 2002, la cual reconoce la autonomía y la participación como principios de su aplicación. Además reconoce y protege en este grupo los derechos a la integridad personal, la atención preferente en salud y la asesoría jurídica gratuita en los procedimientos previstos por la propia ley. Agregó que esta ley distribuye responsabilidades entre autoridades y reconoce obligaciones familiares y sociales hacia una persona de edad
Apuntó que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la que México está suscrito, reconoce el derecho a elegir dónde y con quién vivir, así como a expresar el consentimiento informado en materia de salud. Prevé también un sistema integral de cuidados y medidas de apoyo a las familias y a quienes cuidan.
Por otro lado, reconoció que si bien la Constitución mexicana prohíbe la discriminación motivada por la edad, ésta sigue siendo un problema existente, que dificulta el ejercicio de sus derechos, además de que ocasiona estereotipos, prejuicios y conductas discriminatorias basados en la edad, principalmente en ámbitos como el trabajo y la atención sanitaria.
Finalmente, insistió en que el envejecimiento de la población modifica las necesidades de los servicios, mientras el reconocimiento de derechos fija los límites de su actuación, por lo que la asistencia a las personas de edad debe preservar su capacidad de decidir.
- Se debe identificar, priorizar, estructurar y promover el financiamiento y la asistencia técnica de proyectos prioritarios de seguridad hídrica, recuperación de volúmenes, rehabilitación de infraestructura, tratamiento y reúso del agua.
El senador Carlos Humberto Suárez Flores, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional del Agua para que, en coordinación con el Banco de Desarrollo de América del Norte, fortalezcan un esquema de coordinación técnica para identificar, priorizar, estructurar y promover el financiamiento y la asistencia técnica de proyectos prioritarios de seguridad hídrica, recuperación de volúmenes, rehabilitación de infraestructura, tratamiento y reúso del agua.
El legislador explicó que el agua es indispensable para la vida, la salud, la seguridad alimentaria, la protección de los ecosistemas y el desarrollo económico, pero su disponibilidad efectiva no depende exclusivamente de la existencia del recurso, sino también de la capacidad de los sistemas hidráulicos para captarlo, almacenarlo, conducirlo, distribuirlo, tratarlo, reutilizarlo y aprovecharlo.
Agregó que una parte de la solución a los actuales desafíos hídricos consiste en recuperar el agua que se pierde, reutilizar la que puede ser tratada y aprovechar de manera más eficiente la que se encuentra disponible, por lo que es necesario identificar pérdidas físicas y operativas, cuantificar volúmenes potencialmente recuperables y priorizar acciones de mantenimiento, rehabilitación, sustitución y modernización de infraestructura.
Dijo que se deben transformar las necesidades identificadas por autoridades en proyectos técnica, financiera y jurídicamente estructurados y susceptibles de acceder a mecanismos de asistencia técnica o financiamiento, pero muchos gobiernos locales y organismos operadores enfrentan limitaciones para realizar estudios de factibilidad, proyectos ejecutivos, diagnósticos técnicos, análisis financieros, modelos tarifarios, esquemas de recuperación de costos y demás elementos necesarios para estructurar proyectos, lo cual puede atenderse mediante acompañamiento técnico y coordinación institucional.
Por ello, insistió en la pertinencia de fortalecer la vinculación entre la planeación y gestión hídrica nacional, la cooperación internacional y los instrumentos de asistencia técnica y financiamientos disponibles.
Finalmente, recalcó que la coordinación entre estas capacidades puede facilitar que proyectos prioritarios lleguen a una etapa de estructuración que les permita ser evaluados conforme a los instrumentos y criterios para integrar una cartera de proyectos prioritarios de seguridad hídrica.
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