- La senadora insistió en que nuestro país necesita contar con sistemas propios y oficiales de monitoreo atmosférico, para dar seguimiento puntual a los fenómenos hidrometeorológicos que afectan el territorio nacional.
La senadora Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a fortalecer de manera integral las actividades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), frente a los efectos del cambio climático y al aumento de intensidad del fenómeno "El Niño".
La senadora explicó que debido a su ubicación geográfica y riqueza de recursos naturales, el territorio mexicano es altamente vulnerable a los diversos efectos del cambio climático, agregó que se ha comprobado que la temperatura media en México ha aumentado alrededor de 1.69°C con respecto a inicios del siglo XX, además de que la distribución temporal de la lluvia se ha vuelto más extrema, con periodos más largos de sequía y con eventos de precipitación cada vez más extremos.
Por otro lado, Castrejón Trujillo señaló que el cambio climático ha provocado alteraciones en el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que es uno de los principales patrones de interacción océano-atmósfera, debido a la influencia que ejerce sobre las condiciones climáticas a escala global.
Agregó que eI ENOS presenta tres fases: El Niño, La Niña y la fase Neutral/Normal. La fase cálida, conocida como "El Niño", se caracteriza por un calentamiento anómalo de la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico ecuatorial central y oriental, provocando cambios en la circulación atmosférica tropical.
Destacó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido que el fenómeno El Niño alcanzará una intensidad muy fuerte e incrementará el riesgo de que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos hasta 2027, mientras que las autoridades mexicanas han advertido que El Niño continúa fortaleciéndose, con una probabilidad mayor al 90 por ciento de alcanzar una intensidad muy fuerte durante el invierno 2026-27 en el hemisferio norte.
Por ello, la senadora insistió en que nuestro país necesita contar con sistemas propios y oficiales de monitoreo atmosférico, para dar seguimiento puntual a los fenómenos hidrometeorológicos que afectan el territorio nacional, con la finalidad de alertar a la población sobre posibles efectos catastróficos y desplegar las acciones de preparación y atención que sean necesarias.
En este sentido, destacó que los objetivos del SMN se concentran en la vigilancia continua de la atmósfera para identificar los fenómenos meteorológicos que pueden afectar las distintas actividades económicas y sobre todo originar la pérdida de vidas humanas, también realiza el acopio de la información climatológica nacional, y aseguró que en virtud de los desafíos climáticos globales, resulta necesario fortalecer las actividades del SMN, para que cuente con los recursos presupuestarios, humanos y materiales necesarios para cumplir con sus funciones de manera óptima.
Entre las acciones de fortalecimiento del SMN, la senadora destaca: Mayor coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil para el despliegue de acciones de prevención y alerta temprana; mayor producción y mejor difusión de avisos y materiales informativos al público sobre el desarrollo de huracanes y otros hidrometeorológicos extremos; optimización de la información meteorológica y climatológica; fortalecimiento de los estudios climatológicos o meteorológicos; y mejoramiento continuo del Banco Nacional de Datos Climatológicos.
- Esto bajo una lógica que privilegie la prevención y minimización de su generación, su correcta identificación y separación, la recuperación de materiales, su valorización y aprovechamiento circular, la trazabilidad de su manejo y la disminución progresiva de aquellos residuos que finalmente deban ser destinados a disposición final.
Con el propósito de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incorpore dentro de su propia gobernanza empresarial una política explícita de aprovechamiento responsable de los recursos y reducción de sus impactos ambientales, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde, presentó una iniciativa para incorporar en la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, una obligación para que la CFE y sus empresas filiales, gestionen integralmente los residuos de los que jurídicamente tengan el carácter de generadores.
Esto bajo una lógica que privilegie la prevención y minimización de su generación, su correcta identificación y separación, la recuperación de materiales, su valorización y aprovechamiento circular, la trazabilidad de su manejo y la disminución progresiva de aquellos residuos que finalmente deban ser destinados a disposición final.
Explicó que su propuesta parte de la idea ya incorporada en nuestra legislación de que un residuo no debe considerarse automáticamente como un material carente de utilidad, ya que determinadas corrientes pueden conservar propiedades físicas, químicas, materiales o energéticas que permiten incorporarlas nuevamente a procesos productivos, sustituir materias primas vírgenes o generar valor económico, siempre que sea ambientalmente adecuado, técnicamente factible, económicamente viable y jurídicamente permitido.
Detalló que en la Ley General de Economía Circular reconoce que los materiales deben mantenerse dentro de la economía durante el mayor tiempo posible y que, una vez generados los residuos, debe recuperarse su valor antes de recurrir a su disposición final, por lo que esta reforma debe entenderse como una medida de armonización con este nuevo marco jurídico nacional, y convierte un mandato general de economía circular aplicable a la Administración Pública Federal en una obligación corporativa concreta para la CFE.
Añadió que su propuesta precisa cómo debe materializarse dentro de su legislación especial: prevención y minimización; clasificación y separación; valorización, aprovechamiento circular; trazabilidad; reducción de la disposición final; objetivos; metas; indicadores; revisión por el Comité de Sostenibilidad y reporte al Consejo de Administración.
Explicó que la política de economía circular debe diferenciar claramente entre aquellas corrientes cuyo valor puede recuperarse y aquellas cuya peligrosidad exige prioritariamente su eliminación o tratamiento especializado. Detalló que si un residuo peligroso únicamente puede ser tratado por una empresa autorizada, esa obligación permanece intacta; si una corriente requiere plan de manejo, deberá mantenerlo; si la legislación local determina requisitos para residuos de manejo especial, éstos continuarán aplicándose; y los residuos radiactivos quedan fuera de la nueva disposición.
Finalmente, la senadora insistió en que la trascendencia de la reforma radica en que no se limita a ordenar que la empresa "maneje correctamente sus residuos", sino que plantea que CFE evite generarlos cuando pueda, que conozca y documente sus flujos, que conserve el valor de los materiales, que utilice materias primas secundarias cuando sea viable, que desarrolle mercados y alianzas para recuperar recursos, que reduzca progresivamente la disposición final y que mida públicamente su desempeño.
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