- El daño ambiental costó 1.3 billones de pesos en 2023 (4.2% del PIB), mientras la protección ambiental recibió solo 0.7% del gasto nacional.
Las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para establecer de manera explícita la responsabilidad ambiental como eje rector del desarrollo económico nacional, mediante la modificación del párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución.
La propuesta busca que todos los sectores productivos —público, social y privado— asuman de forma obligatoria su corresponsabilidad en la protección del medio ambiente, ante la crisis climática, la degradación de los ecosistemas y los altos costos económicos que estos daños ya generan en el país.
La iniciativa parte del reconocimiento de que el actual modelo de producción y consumo ha provocado impactos ambientales severos que comprometen el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
De acuerdo con cifras del INEGI, en 2023 los costos por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 1.3 billones de pesos, equivalentes al 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que el gasto público en protección ambiental representó apenas el 0.7 por ciento del PIB.
Ante este escenario, las y los senadores del PVEM consideran urgente que la Constitución establezca con claridad que el desarrollo económico debe observar criterios de responsabilidad social y ambiental.
Destacaron que el Estado mexicano ya reconoce el derecho a un medio ambiente sano; sin embargo, considera indispensable vincular de manera directa la política económica con la responsabilidad ambiental, para que este principio deje de ser optativo y se convierta en un mandato constitucional que oriente todas las decisiones de desarrollo.
Las y los legisladores advirtieron que, desde hace más de cinco décadas, la comunidad internacional ha alertado sobre la insostenibilidad del modelo económico actual, por lo que subrayaron la urgencia de que México transite hacia un nuevo paradigma de desarrollo, donde el crecimiento económico no se construya al margen de los límites ecológicos.
Finalmente, los legisladores señalaron que a pesar de los acuerdos multilaterales, como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el avance global ha sido insuficiente, lo que obliga a fortalecer los marcos jurídicos nacionales.
- Sin apoyo para transporte, miles de jóvenes abandonan la escuela por no poder pagar sus traslados, sobre todo en zonas rurales y marginadas.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado propuso una iniciativa para aplicar descuentos en el transporte público a estudiantes de educación media superior y superior, con el objetivo de garantizar su derecho a la educación y reducir la deserción escolar provocada por la falta de recursos para trasladarse a los centros educativos.
Señalaron que la movilidad escolar es un derecho que está vinculado con el derecho a la educación, consagrado en el artículo 3º constitucional; por ello, garantizar el acceso al transporte público constituye una medida de justicia social. “Las y los estudiantes no pueden ejercer plenamente su derecho si no cuentan con los medios para llegar a las aulas”, afirmaron.
Las y los senadores ecologistas subrayaron que, sin apoyos para el transporte, miles de jóvenes se ven obligados a abandonar sus estudios al no poder cubrir los gastos de traslado, una realidad particularmente crítica en comunidades rurales, marginadas o alejadas de los centros urbanos.
Destacaron que, de acuerdo con cifras recientes, el ciclo escolar 2023-2024 registró una matrícula de 34.8 millones de alumnos. Sin embargo, amplios sectores estudiantiles siguen enfrentando dificultades económicas, alimentarias y de movilidad que derivan en abandono escolar.
Los legisladores explicaron que, aunque las becas educativas han sido un apoyo fundamental, en muchos casos las familias deben destinar estos recursos a necesidades básicas, lo que refuerza la necesidad de brindar alternativas complementarias como apoyos al transporte.
“Esta medida permitiría que más jóvenes puedan continuar su educación y alcanzar una mejor calidad de vida, sin que el transporte sea una barrera”, subrayaron.
Comentaron que su propuesta reforma la fracción XII y adiciona una fracción XIII al artículo 9 de la Ley General de Educación, a fin de reconocer el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia y equidad. Asimismo, busca fortalecer la permanencia escolar y reducir la desigualdad educativa, promoviendo la coordinación interinstitucional para garantizar becas y descuentos en transporte para las y los estudiantes.
Finalmente, las y los senadores ecologistas afirmaron que invertir en la movilidad de los estudiantes es invertir en el futuro de México, y reafirmaron su compromiso con la construcción de un sistema educativo más justo, accesible y equitativo, en el que ningún joven abandone sus estudios por falta de recursos para llegar a su escuela.
- En su iniciativa de reforma a diversas leyes federales, Felipe Miguel Delgado Carrillo, planeta establecer sanciones de hasta 15 años de prisión a quien acceda, altere, copie o destruya esta información gubernamental.
El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso considerar como amenazas a la Seguridad Nacional cualquier acto dirigido a destruir, alterar, extraer, copiar, acceder o inutilizar, sin autorización, bases de datos poblacionales estratégicas bajo resguardo del Estado e imponer penas de hasta 15 años de prisión.
En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado del también diputado ecologista, Oscar Bautista y del experto en Tecnología, Martín Barragán, Delgado Carrillo, expuso que la propuesta que presentó ante el pleno el pasado 21 de enero, planeta considerar las bases de datos poblacionales estratégicas como infraestructura crítica y componentes de seguridad nacional. Dijo que hoy en día, las bases de datos se han convertido en un recurso estratégico que se maneja en instituciones públicas del Estado.
Señaló que, si una base de datos del gobierno es vulnerada, se vulneran los datos personales de la población por eso se propone darle este etiquetado para que sea considerado de seguridad nacional y también se incluyen elementos punitivos para sancionar a todos aquellos funcionarios que lucren con este tipo de datos de infraestructura crítica y también a personas físicas que lo hagan
En su oportunidad Martín Barragán, experto en el tema, comentó que uno de los activos más importantes que tenemos en la actualidad son las bases de datos que en muchos casos están subestimadas por la propia ciudadanía por lo que la iniciativa consiste en enfocar los esfuerzos para que cualquier persona que extraiga los datos o vulnera los sistemas de ciberseguridad tengan penas severas y eso ayude a inhibir este tipo de acciones. Comentó que países como Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania ya tienen este tipo de prácticas y hoy México se coloca a la vanguardia con esta iniciativa.
El diputado Oscar Bautista comentó que la iniciativa tiene el respaldo de toda la bancada del Partido Verde y dijo que la base de datos poblacionales puede ser tan importante como una carretera o como una vía de comunicación y sin duda se tienen que salvaguardar con esta iniciativa que le va a dar certeza a cada uno de los mexicanos.
De acuerdo con la iniciativa, se plantea modificar las leyes de Seguridad Nacional, la General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Penal Federal, a fin de que se consideren como delitos que atentan contra la seguridad nacional toda acción que se cometa contra las bases de datos de la población sin autorización.
Delgado Carrillo destacó que las bases de datos personales como el registro nacional de población, el padrón electoral y los registros de instituciones como el IMSS o el ISSSTE constituyen en los hechos la columna vertebral informativa del país, en ellas se concentra una base esencial de gobernabilidad de estabilidad institucional y de la confianza ciudadana
Ante ello, la propuesta contempla también sanciones de cinco a 15 años de prisión y multa de quinientos a mil días, a quien modifique, dañe, borre, destruya o inutilice información contenida en la base de datos o provoque la interrupción de su funcionamiento.
Asimismo, se sancionará con penas de hasta diez años de cárcel a quien descargue o copie información sin causar daños y hasta 12 años a quien comercialice, distribuya o difunda este tipo de información. Las sanciones se elevarán hasta en una mitad cuando se trate de servidores públicos y se le impondrá, además la destitución e inhabilitación para cargo público hasta por cinco años.
