- La iniciativa plantea un diagnóstico nacional anual para conocer capacidad, demanda, interrupciones y necesidades de estos servicios.
México no puede limitarse a saber cuántos bancos de leche humana existen; necesita conocer si funcionan adecuadamente, qué capacidad tienen y dónde persisten las necesidades de atención, planteó la senadora Ruth González Silva al presentar una iniciativa para fortalecer la planeación y evaluación de estos servicios.
“Desde 2016, la Ley General de Salud establece que debe existir al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa, en alguno de sus establecimientos de salud con servicios neonatales. Diez años después, conocer cuántos existen ya no es suficiente; necesitamos saber cómo están funcionando, qué capacidad tienen y qué condiciones enfrentan”, expresó.
De acuerdo con la información expuesta por la legisladora, en mayo de este año México contaba con 37 bancos de leche humana activos en 22 entidades federativas, pero no existe un diagnóstico federal público que concentre de manera periódica indicadores homogéneos sobre su operación, capacidad, demanda atendida, interrupciones y requerimientos.
"Los bancos de leche humana que ya existen por ley son de vital importancia, el siguiente paso es contar con herramientas que permitan evaluar cómo se cumple y conocer las condiciones en las que opera esta red en todo el país", planteó la legisladora por San Luis Potosí.
La propuesta mantiene la obligación de contar con al menos un banco por entidad federativa, pero incorpora criterios para evaluar su cobertura, entre ellos la capacidad de atención neonatal, la incidencia de prematuridad y bajo peso al nacer, la demanda existente, la distribución territorial de la población y las condiciones de accesibilidad.
La senadora por San Luis Potosí subrayó que este tema cobra especial relevancia ante las necesidades de atención de bebés prematuros. De acuerdo a datos citados en su intervención, en la República Mexicana nacen alrededor de 200 mil bebés prematuros cada año, mientras que entre 5 y 12 por ciento requiere cuidados intensivos neonatales.
Una parte fundamental de la propuesta es la publicación anual de un diagnóstico nacional sobre la cobertura y operación de estos servicios. Ese diagnóstico permitirá conocer dónde se encuentran los bancos, su condición operativa, la capacidad instalada y utilizada, los volúmenes de leche recolectada, procesada y distribuida, las interrupciones del servicio y sus causas, la demanda registrada que no haya podido atenderse y las necesidades de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y personal.
Ruth González Silva sostuvo que con esta iniciativa las decisiones sobre estos servicios de salud materno-infantil dejen de depender únicamente del número de establecimientos existentes y puedan sustentarse en información verificable que permita detectar brechas y orientar mejor los recursos y la planeación sanitaria.
- Propuso la creación del Diagnóstico Nacional de Eficiencia Física y Recuperación de Volúmenes de agua.
- También establece un plan de gestión eficiente y reúso del agua para proyectos productivos con alta demanda hídrica.
Con la finalidad de garantizar la seguridad hídrica en nuestro país, así como atender el derecho humano al agua, la seguridad alimentaria, la continuidad de las actividades productivas, la protección de los ecosistemas y la capacidad del país para atraer y consolidar nuevas inversiones, el senador Carlos Humberto Suárez, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de seguridad hídrica, eficiencia hídrica para las actividades productivas, reúso, recuperación de volúmenes y gestión integrada de cuencas transfronterizas.
Aseguró que la escasez de agua no significa que el agua no exista, significa que a menudo se pierde por fugas, por infraestructura deteriorada, por falta de almacenamiento, por deficiencias en la medición o por una gestión ineficiente del recurso.
Por ello, propuso la creación del Diagnóstico Nacional de Eficiencia Física y Recuperación de Volúmenes de Agua, que buscará identificar dónde se encuentran las principales pérdidas, qué infraestructura requiere rehabilitación y cuánto volumen puede recuperarse, “cada fuga reparada, cada canal modernizado y cada sistema rehabilitado representa agua que vuelve a estar disponible para las familias, el campo, la industria y los ecosistemas”, expresó.
También explicó que se busca utilizar el agua con mayor eficiencia, por lo que su iniciativa establece un plan de gestión eficiente y reúso del agua para proyectos productivos con alta demanda hídrica, promoviendo la eficiencia, la recirculación, el tratamiento y el reúso. Aseguró que no se trata de imponer cargas burocráticas, se trata de impulsar una cultura de responsabilidad, innovación y aprovechamiento eficiente del agua.
Agregó que su propuesta fortalece las acciones para promover el tratamiento, el reúso y la circulación del agua donde sea técnica, económica y ambientalmente viable. También reconoce que no basta con tratar el agua, se requiere infraestructura para almacenarla, conducirla y aprovecharla oportunamente.
Explicó que esta reforma no crea nuevos derechos de agua, ni modifica el régimen vigente de concesiones y asignaciones, no altera la prioridad del uso doméstico y público o urbano, ni afecta la seguridad alimentaria o la protección de los ecosistemas, además, mantiene plenamente los compromisos internacionales de México en materia de cuencas transfronterizas, pero busca “administrar mejor, medir mejor, recuperar más, reutilizar más, planear mejor, porque una fuga reparada es agua recuperada”.
Agregó que su propuesta incluye, entre otras cosas, el concepto de “disponibilidad efectiva”, entendido como un indicador técnico de gestión y planeación que permite determinar qué cantidad de agua, atendiendo a su disponibilidad física, calidad, infraestructura de captación, almacenamiento, conducción, distribución, tratamiento, reúso y demás condiciones técnicas y operativas, puede ser utilizada de manera sostenible para los usos previstos en la Ley.
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