- En 2023 se registraron más de seis mil reclamaciones por incumplimientos de aseguradoras; empresas como MetLife, GNP, BBVA Seguros y Axa encabezan la lista de quejas por negativas de pago e información engañosa en los contratos.
Ante el alarmante incremento de la inflación médica en México, que en lo que va del 2025 ha superado el 14 por ciento, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde, hizo un llamado urgente a las autoridades financieras a garantizar mayor transparencia en los contratos de seguros de vida y gastos médicos. Dijo que la falta de claridad en estos acuerdos deja a miles de asegurados en situación de vulnerabilidad financiera.
A través de un Punto de Acuerdo, la legisladora exhortó a la CONDUSEF y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) implementen mecanismos de supervisión estrictos para garantizar que todas las instituciones aseguradoras informen de manera clara y precisa sobre sus coberturas, exclusiones y costos adicionales, en cumplimiento con el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Además, exige sanciones a aquellas compañías que incurran en prácticas abusivas.
"El derecho a la información es clave en cualquier contrato, por lo que las aseguradoras tienen la obligación de explicar a los asegurados por qué aumentan los costos y bajo qué condiciones. Es por ello, que no podemos permitir que los ciudadanos sigan en la incertidumbre cuando más necesitan respaldo financiero y de salud", señaló la senadora.
Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en 2023 se registraron más de seis mil 100 reclamaciones por incumplimientos de aseguradoras, siendo las principales afectadas las pólizas de vida y gastos médicos.
“Empresas como MetLife, GNP, BBVA Seguros y Axa encabezan la lista de quejas por negativas de pago e información engañosa en los contratos”, comentó la legisladora por Tamaulipas.
Las entidades con mayor número de reclamaciones en materia de seguros de vida son: la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Entre las principales causas se encuentran la negativa en el pago de la indemnización, inconformidad con el tiempo de pago, falta de claridad en los contratos y el rechazo por siniestros excluidos o no cubiertos.
Explicó que la obligación de las aseguradoras no sólo se limita a ofrecer un producto financiero, sino a cumplir con la función social de brindar tranquilidad y respaldo económico a quienes confían en sus servicios.
“Por ello, solicitamos a las instituciones reguladoras intensificar su vigilancia y sancionar a las empresas que no cumplan con las normas de transparencia”, enfatizó Ortiz Domínguez.
- Se busca garantizar la seguridad y los derechos humanos de los connacionales que retornan al país.
- Cada año, más de 1 millón de mexicanos regresan desde EE. UU; muchos de ellos enfrentan extorsiones, asaltos y violencia en su trayecto.
Con el objetivo de fortalecer la protección de los mexicanos que retornan al país de forma temporal o definitiva, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Migración, la cual busca implementar programas permanentes que garanticen el respeto a sus derechos humanos, así como su seguridad personal y patrimonial, mediante una coordinación efectiva con los tres niveles de gobierno.
La propuesta modifica una fracción al artículo 20 de la Ley de Migración para otorgar al Instituto Nacional de Migración (INM) la facultad de establecer convenios con dependencias federales, gobiernos estatales y municipales para llevar a cabo acciones de seguridad y asistencia para migrantes repatriados, con el fin de protegerlos de los riesgos constantes a los que se enfrentan durante su trayecto, tales como extorsiones, robos y violencia física, entre otros.
Cada año, más de 1.4 millones de connacionales regresan a México desde Estados Unidos, principalmente en temporada decembrina. Sin embargo, muchos de ellos enfrentan extorsiones, asaltos y violencia en su trayecto.
“A pesar de estos números, las políticas de apoyo siguen siendo insuficientes, por lo que es momento de que el gobierno actúe con contundencia para proteger a quienes han contribuido al desarrollo de México, dentro y fuera de nuestras fronteras", añadió la legisladora.
Actualmente, más del 97 por ciento de los mexicanos que viven en el extranjero residen en Estados Unidos, lo que equivale a 11.7 millones de personas. Entre 2013 y 2018, alrededor de 870 mil mexicanos migraron al país vecino, pero 710 mil regresaron.
"No podemos permanecer indiferentes ante la vulnerabilidad de nuestros connacionales. Es responsabilidad del Estado Mexicano garantizar un retorno seguro y digno, así como promover su integración efectiva a la vida social y económica del país", afirmó la senadora Corona Nakamura al presentar su iniciativa ante el pleno del Senado.
- La transición hacia la movilidad eléctrica no solo es una necesidad ambiental, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos
El senador Gilberto Hernández Villafuerte presentó una iniciativa que busca establecer un marco normativo que impulse y regule la transición hacia la electromovilidad en México, garantizando su implementación efectiva a través de medidas que fomenten el uso de tecnologías limpias en el transporte público y privado.
Aseguró que la transición hacia vehículos eléctricos es indispensable para luchar contra la crisis climática, además de que la transición hacia vehículos eléctricos es una realidad inminente y una necesidad urgente para mitigar los riesgos asociados al aumento de gases de efecto invernadero (GEI), a los que dijo, el sector transporte contribuye significativamente con una cuarta parte de estas emisiones a nivel mundial.
Añadió que según el reporte de Electromovilidad de las Naciones Unidas de 2019, en Latinoamérica, el sector transporte es responsable del 22 por ciento de las emisiones contaminantes y del 15 por ciento de los gases de efecto invernadero, por lo que afirmó que “es necesario instrumentar una estrategia de electrificación de la flota y movilidad sustentable integral que contemple los distintos medios de transporte y se acompañe de una producción baja en carbono de electricidad e hidrógeno”.
Subrayó que “la transición hacia la movilidad eléctrica no solo es una necesidad ambiental, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos”., además dijo que la adopción de la electromovilidad no solo representa un avance en la reducción del impacto ambiental, sino que también conlleva beneficios económicos sustanciales, ya que con el desarrollo de la infraestructura de recarga y la reducción en los costos de producción de vehículos eléctricos, tanto consumidores como empresas pueden aprovechar ahorros en combustible, mantenimiento y operación.
Por ello, hizo énfasis en que se deben desarrollar estrategias para reducir la demanda de transporte, fortalecer la infraestructura peatonal y ciclista, ampliar la red de estaciones de recarga y fomentar el uso de transporte eléctrico tanto público como privado.
Explicó que su propuesta busca la creación de un marco jurídico sólido que garantice la implementación eficiente de la movilidad eléctrica; incentivos fiscales y no fiscales para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos y la renovación del parque vehicular; la expansión de la red de estaciones de recarga para hacer viable el uso masivo de vehículos eléctricos; y el impulso a la generación de energías limpias a precios competitivos.
