- Promueve el proyecto de Vinculación Universitaria para el Desarrollo Parlamentario, fortaleciendo el diálogo entre la academia y el Poder Legislativo.
- Más de 80 estudiantes morelenses se sumaron voluntariamente al Proyecto, del cual surgieron seis propuestas destacadas que fueron seleccionadas por su innovación e impacto social, y trabajadas junto con el equipo legislativo de la Senadora Juanita Guerra Mena.
En conferencia de prensa, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México, destacó la importancia de la colaboración entre el Poder Legislativo y la comunidad académica del estado de Morelos en el proyecto de Vinculación Universitaria para el Desarrollo Parlamentario, un innovador programa que busca integrar a las y los jóvenes universitarios en la construcción de leyes que respondan a las realidades sociales del país.
Acompañada por autoridades educativas y estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR), y la Universidad de La Salle en Cuernavaca, la senadora destacó que este proyecto nació con una convicción clara: escuchar a las y los jóvenes como protagonistas activos en la construcción de leyes.
Guerra Mena reconoció al doctor Jorge Morales Barud, rector de la UPEMOR; al maestro Martín Montes García de la UAEM; y al doctor Rodrigo García Martínez de la Salle Cuernavaca, por su disposición, apoyo y compromiso con la formación de jóvenes universitarios, así como al cuerpo docente y a los más de 80 estudiantes que participaron de manera voluntaria en este proyecto, del cual surgieron seis propuestas de ley.
El proyecto, explicó la senadora, incluyó un taller de práctica parlamentaria y técnica legislativa, donde los jóvenes aprendieron cómo elaborar y argumentar una iniciativa, comprendiendo los procesos para transformar una idea en ley.
Entre las iniciativas desarrolladas por los jóvenes se encuentran la Ley General para el Uso y Control de la Inteligencia Artificial (IA), que busca un desarrollo ético, responsable y seguro de esta tecnología; la Reforma a la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, enfocada en fortalecer los bancos de alimentos; y el Diagnóstico Cívico Nacional, para fomentar la educación cívica y la participación ciudadana.
Asimismo, se presentaron reformas a la Ley General de Educación, orientadas a incluir la educación financiera y la digitalización avanzada; Reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para fortalecer la transparencia en los contenidos mediáticos; y Reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que promueven la supervisión ambiental y la rendición de cuentas de las empresas.
Guerra Mena resaltó que este proyecto se fundamenta en el artículo 35, fracción séptima, de la Constitución, que otorga a los ciudadanos el derecho de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión.
Por su parte, el rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR), doctor Jorge Morales Barud, destacó la relevancia del proyecto impulsado por la senadora Juanita Guerra Mena, orientado a fortalecer la participación de la juventud universitaria en la creación de políticas públicas con impacto real en el país.
Expresó su reconocimiento y agradecimiento a la legisladora por el impulso brindado a la juventud morelense y su contribución a una participación ciudadana más activa y efectiva.
Iván Emiliano Vargas, alumno de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, subrayó la necesidad de fortalecer el civismo en las nuevas generaciones y de recuperar el respeto y los valores comunitarios como base de la convivencia social. Destacó la importancia de este tipo de ejercicios porque ayudan a darle voz a los jóvenes estudiantes.
Finalmente, Guerra Mena reiteró su compromiso de seguir impulsando espacios de vinculación entre el Senado y las juventudes, felicitando a los jóvenes que obtuvieron los primeros lugares en este ejercicio legislativo. "Estoy convencida de que este proyecto debe seguir creciendo, porque la política también se aprende con la práctica, con el diálogo y con la participación de la sociedad civil organizada", destacó.
- La creación de guarderías públicas para mascotas operadas por los municipios y entidades federativas representa una política preventiva y de salud comunitaria que atiende de manera directa el problema del abandono y mejora la calidad de vida, tanto de los animales como de las familias que conviven con ellos.
Con la finalidad de coadyuvar en el bienestar de animales de compañía, así como en la participación social en su protección, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que las entidades federativas y municipios establezcan y promuevan el registro de paseadores así como de cuidadores certificados de mascotas y de guarderías para mascotas.
Destacaron que de acuerdo con cifras del INEGI, hay alrededor de 80 millones de animales de compañía en nuestro país, de los cuales 43.8 millones son perros, 16.2 millones gatos y 20 millones de otras especies, de los cuales, su cuidado y bienestar constituye una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.
Afirmaron que aunque en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se reconoce la necesidad de que las autoridades promuevan el bienestar animal y la participación social en su protección, no se establecen mecanismos específicos que permitan atender a los animales de compañía en situaciones cotidianas que llevan al descuido o abandono, como la imposibilidad de sus dueños a brindarles atención durante sus jornadas de trabajo, viajes o emergencias, lo que ocasiona a veces maltrato, negligencia, e incluso abandono.
Explicaron que el aislamiento prolongado puede provocar diversos problemas de salud física y mental en los animales de compañía, tales como ansiedad por separación; deshidratación aguda, hipoglucemia y daño renal debido a la falta de acceso regular a agua fresca y alimento balanceado; infecciones urinarias, cálculos renales, estreñimiento y colitis por el retraso de su necesidad de orinar o defecar; obesidad, diabetes mellitus y enfermedades articulares por la inactividad y encierro por largos periodos sin estimulación física ni mental, entre otros.
Insistieron en que las mascotas no deben permanecer solas durante periodos prolongados, ya que esto pone en riesgo su bienestar físico, psicológico y social, por lo que “la creación de guarderías públicas para mascotas operadas por los municipios y entidades federativas representa una política preventiva y de salud comunitaria que atiende de manera directa el problema del abandono y mejora la calidad de vida tanto de los animales como de las familias que conviven con ellos”, señalaron.
Además, reconocieron que muchas familias hacen uso de servicios profesionales de cuidadores o paseadores de mascotas, sin embargo, se han conocido algunos casos donde los encargados de estos servicios no cumplen con el objetivo de dotar de bienestar a los animales, colocando en tela de juicio este tipo de actividades, por lo que hicieron énfasis en la urgencia de obligar a la autoridad a regular dicha actividad.
Finalmente, los legisladores aseguraron que esta medida no solo responde a una deuda social en materia de protección animal, sino que también fortalece el tejido comunitario, genera empleos especializados y promueve la convivencia armónica entre las personas y sus animales de compañía.
- México, entre los países con más asesinatos de defensores del medio ambiente.
- Hasta 50 años de prisión a quien prive de la vida a una persona por su labor en la defensa ambiental.
La senadora Maki Ortiz Domínguez, del Partido Verde, presentó una iniciativa que propone reformar el Código Penal Federal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para incluir la protección específica a defensores del medio ambiente y del territorio, así como establecer un nuevo tipo penal que sancione con hasta 50 años de prisión a quien prive de la vida a una persona por su labor ambiental.
Explicó que su propuesta incluye un nuevo Capítulo V Bis en el Código Penal Federal, que tipifica el delito de “homicidio en contra de defensores del medio ambiente”, con sanciones de 30 a 50 años de prisión, y agravantes cuando la víctima pertenezca a pueblos indígenas o comunidades afromexicanas, o cuando el agresor sea servidor público.
Según el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), México se encuentra entre las naciones con mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente, con 25 casos en 2024. Datos de Global Witness y Front Line Defenders, más de dos mil 253 defensores ambientales han sido asesinados o desaparecidos en América Latina desde 2012, siendo México el tercer país más peligroso para ejercer esta labor.
“La defensa de la tierra es también la defensa de la vida. Quienes alzan la voz por nuestros bosques, ríos y mares no sólo protegen al medio ambiente, sino el derecho humano a vivir en armonía con la naturaleza”, señaló la legisladora.
Ortiz Domínguez señaló que su propuesta reconoce por primera vez a las personas defensoras del ambiente como beneficiarias directas del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, amplía su estructura institucional e incorpora a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la Junta de Gobierno del mecanismo, reforzando así la coordinación interinstitucional.
Asimismo, propone la creación de una Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis, especializada en riesgos ambientales y territoriales, y la obligación de establecer protocolos de reacción rápida y sistemas de alerta temprana en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“No podemos permitir que quienes defienden la naturaleza sean silenciados por la violencia o la impunidad. México tiene el deber de proteger a quienes protegen la vida misma”, sostuvo la senadora Ortiz Domínguez.
