- Se busca exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, para que refuercen o elaboren los protocolos de seguridad y prevención dentro y en los alrededores de los diversos planteles educativos.
- También exhortar a la Secretaría de Educación de Morelos a evaluar la creación o designación de un organismo o mecanismo para supervisar, regular y dar seguimiento a estos protocolos de seguridad en los planteles educativos.
Con el propósito de prevenir situaciones de riesgo y garantizar la protección de la vida, la integridad y el bienestar de las y los estudiantes de todos los niveles educativos del estado de Morelos, la senadora Juanita Guerra Mena presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de dicha entidad para que refuercen o elaboren los protocolos de seguridad y prevención dentro y en los alrededores de los diversos planteles educativos.
En este mismo sentido, su Punto de Acuerdo busca exhortar a la Secretaría de Educación de Morelos a evaluar la creación o designación de un organismo o mecanismo para supervisar, regular y dar seguimiento a estos protocolos de seguridad en los planteles educativos, con especial atención en la prevención de la violencia.
Explicó que la seguridad en las escuelas es indispensable para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación, así como para asegurar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, lamentó que en las últimas semanas, en el estado de Morelos se han registrado casos que han generado preocupación entre la comunidad universitaria, las familias y la sociedad en general.
Puso como ejemplo la desaparición y posteriores presuntos feminicidios de dos alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); también recordó que recientemente se difundió un video de la escuela CBTA 190 "Leona Vicario Fernández" en el municipio de Ocuituco, Morelos, en donde tres alumnos, aparentemente dentro de las instalaciones de la escuela, consumían presuntas drogas.
Además, lamentó que en esta entidad actualmente no existe un organismo que supervise, regule o evalúe los protocolos de seguridad al interior de los planteles educativos, lo que dificulta la implementación de medidas de prevención y actuación ante situaciones de riesgo, por lo que destacó la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y reacción ante hechos que pongan en riesgo la integridad de las y los estudiantes.
Ante este panorama, la senadora Guerra Mena subrayó que de no existir protocolos de seguridad establecidos para los planteles educativos del estado, estos deben ser elaborados y puestos en marcha de manera inmediata.
Finalmente, recalcó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las autoridades educativas, las instituciones de seguridad pública y las universidades, con el fin de establecer protocolos claros, eficaces y permanentes que permitan prevenir hechos que vulneren la seguridad de las y los estudiantes.
- Iniciativa vincula el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias con la Ley de Migración para garantizar el cumplimiento de pensiones.
- En 2024 se registraron más de 28 mil denuncias por incumplimiento alimentario y sólo 38.6% de los divorcios se otorgó pensión.
Las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para impedir la salida del país a personas deudoras alimentarias inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el fin de asegurar que quienes incumplan con el pago de alimentos no puedan salir del territorio nacional, para proteger el derecho a alimentos de niñas, niños y adolescentes y asegurar su bienestar y sustento.
La propuesta, busca vincular el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) con la Ley de Migración para asegurar que el bienestar y el sustento de este sector poblacional se cubra de forma prioritaria y garantizar el acceso a una pensión alimenticia que cubra necesidades básicas como comida, vivienda, educación y salud.
Explicaron que las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, por incumplir con el pago de pensión, no puedan salir del territorio nacional, fortaleciendo así la coordinación entre autoridades y evitando vacíos legales.
Los legisladores señalaron que el derecho a alimentos es uno de los más vulnerados, ya sea por evasión de responsabilidades o por debilidad en los mecanismos de cumplimiento, lo que obliga a madres o personas cuidadoras a asumir la carga económica, profundizando condiciones de desigualdad.
Destacaron que la pensión alimenticia no es una prestación común, sino una medida de protección urgente que garantiza la supervivencia y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
En México, durante 2024 se registraron 28,148 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Ese mismo año, sólo en el 38.6% de los divorcios se otorgó pensión alimenticia, lo que evidencia una problemática persistente que afecta directamente a niñas, niños y adolescentes.
Aunado a ello, existen millones de mujeres que enfrentan la maternidad en condiciones de desventaja, muchas como jefas de familia.
Subrayaron que la iniciativa, que reforma la fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración, no vulnera derechos de terceros, sino que constituye una acción legítima para garantizar el bienestar de la infancia, romper ciclos de pobreza y fortalecer la corresponsabilidad parental.
Asimismo, destacaron la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades para cerrar vacíos legales y agilizar el intercambio de información, lo que permitiría una gestión más eficiente en el cumplimiento de obligaciones alimentarias.
Finalmente, las y los legisladores ecologistas urgieron a garantizar el interés superior de la niñez y evitar que el incumplimiento de obligaciones alimentarias siga afectando a millones de familias en el país.
- La accesibilidad debe ser efectiva y sostenida, y este dictamen garantiza dignidad, inclusión y derechos: Virginia Magaña.
- En México viven más de 9.5 millones de personas con discapacidad, quienes enfrentan diariamente obstáculos en su entorno inmediato: Rocío Corona.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República respaldó la reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para establecer verificaciones periódicas a condiciones de accesibilidad en espacios públicos, al considerar que es una medida necesaria ante barreras persistentes que enfrentan millones de personas en México.
La legisladora Virginia Magaña Fonseca señaló que construir rampas no es suficiente si nadie verifica que funcionen, por lo que esta reforma permitirá pasar del acto de inaugurar al compromiso de mantener.
Advirtió que la exclusión no solo es física, sino que limita el acceso a la escuela, al trabajo, al médico y al voto.
Dijo que en México más de 9 millones de personas viven con discapacidad y que, de acuerdo con el INEGI, una de cada tres identifica como principal obstáculo las condiciones del entorno. Subrayó que la discapacidad no reside en las personas, sino en las barreras sociales.
Explicó que la reforma al artículo 17 obliga a supervisar y mantener adecuaciones, alineándose con criterios nacionales e internacionales. Asimismo, indicó que la accesibilidad debe ser efectiva y sostenida, y que este dictamen garantiza dignidad, inclusión y derechos.
La senadora Rocío Corona Nakamura destacó que en México viven más de 9.5 millones de personas con discapacidad, equivalentes al 7.3% de la población, quienes enfrentan diariamente obstáculos en su entorno inmediato.
Señaló que las banquetas dañadas, las rampas inadecuadas y el transporte inaccesible evidencian que el problema va más allá de la norma; por ello, afirmó que no basta con inaugurar obras si no se les brinda mantenimiento, seguimiento y supervisión.
Corona Nakamura afirmó que este dictamen atiende esa omisión y refuerza políticas públicas de inclusión, alineadas con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso efectivo a los derechos.
