En respuesta a la creciente crisis de salud mental y al aumento alarmante en el consumo de sustancias adictivas en menores, la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, propuso una iniciativa para incluir el cuidado de la salud mental como contenido obligatorio en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos impartidos por el Estado y particulares con validez oficial.
La legisladora explicó que la reforma busca cerrar la brecha entre la atención de adicciones y la salud mental, e impulsar una cultura de prevención desde las aulas. “El aula es el espacio donde podemos sembrar el cambio. Ahí coinciden maestros, estudiantes y padres, por lo que debemos empezar a formar generaciones emocionalmente fuertes”, afirmó
Corona Nakamura señaló que tras la pandemia por COVID-19, los problemas de salud mental y adicciones se han agravado dramáticamente, afectando a millones de mexicanos desde edades cada vez más tempranas.
Datos del Informe Nacional sobre Salud Mental y Consumo de Sustancias 2021 revelan que el 19.9 por ciento de la población mexicana padece algún trastorno mental, es decir, casi 25 millones de personas, sin embargo, más del 80 por ciento de estos casos no recibe tratamiento oportuno.
De acuerdo con la iniciativa, esta omisión, ya ha cobrado vidas, según datos del INEGI, en 2023 la mayor tasa de suicidios en mujeres se registró en adolescentes de entre 15 y 19 años. De forma alarmante, el 5.8 por ciento de los suicidios correspondió a niñas de entre 10 y 14 años.
En ese sentido, Corona Nakamura señaló que la edad promedio de inicio en el consumo de alcohol es de 11 años y en el tabaquismo es de apenas 13 años, lo que genera afectaciones severas e irreversibles en el desarrollo físico y mental de los menores.
“Estamos frente a una emergencia nacional silenciosa que se expresa en aulas, hogares y calles; si no actuamos desde la educación, seguiremos perdiendo vidas por causas prevenibles”, enfatizó.
La legisladora destacó que, la iniciativa que reforma la fracción XI del artículo 30 de la Ley General de Educación, establece que los planes educativos incluyan contenidos específicos sobre educación socioemocional y cuidado de la salud mental, al igual que se hace actualmente con la prevención de adicciones.
- La gentrificación no puede ser sinónimo de exclusión; urge frenar el desplazamiento de familias por el turismo digital.
- Necesario establecer mesas de diálogo con autoridades, sector privado y ciudadanía.
En respuesta al creciente fenómeno de gentrificación en zonas emblemáticas de la capital, como la Roma, Condesa e Hipódromo, senadoras y senadores del Partido Verde en el Senado de la República exhortaron al Ejecutivo Federal y al Gobierno de la Ciudad de México a implementar acciones que regulen la especulación inmobiliaria derivada del hospedaje turístico digital y atiendan de forma integral este fenómeno que afecta a múltiples zonas de la capital.
Mediante un punto de acuerdo presentado en la Comisión Permanente, señalaron que la llegada masiva de nómadas digitales y el auge de plataformas de renta turística han encarecido los servicios, las rentas y alterando con ello el tejido social de barrios tradicionales y vulnerando derechos básicos como el acceso a una vivienda adecuada.
De acuerdo con ONU-Hábitat el aumento del turismo y la expansión de plataformas digitales de hospedaje están contribuyendo a este fenómeno, fomentando la especulación inmobiliaria y desplazando a las y los habitantes tradicionales de sus barrios.
En ese contexto, los legisladores solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a la Secretaría de Turismo (SECTUR) y a la Secretaría de Economía (SE) a coordinarse con el gobiernocapitalino para diseñar políticas públicas que frenen la especulación y favorezcan el arraigo comunitario.
Asimismo, condenaron los actos de xenofobia ocurridos durante las recientes protestas antigentrificación en la capital del país, por lo que llamaron a erradicar discursos de odio, y respaldaron el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a combatir el fenómeno desde una perspectiva de cero discriminación.
“Manifestamos nuestra preocupación por el fenómeno de gentrificación que está ocurriendo en diversos destinos turísticos del país y particularmente, en la Ciudad de México. Se trata de un fenómeno complejo, que afecta diversos derechos humanos plasmados en la Constitución, como es el derecho a una vivienda adecuada”, subrayaron.
Finalmente, los integrantes de la bancada ecologista solicitaron la instalación de mesas de diálogo que incluyan a autoridades, ciudadanía y sector privado, con el fin de construir soluciones efectivas que ayuden a frenar esta problemática que amenaza la equidad, la diversidad y la vida urbana sostenible.
- Apuntaron que en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera al género femenino como sector vulnerable, con necesidad de apoyos de subsistencia, pero no reconoce la importante contribución de las mujeres en las actividades agropecuarias, ni fomenta el desarrollo de su potencial productivo.
Con el objetivo de impulsar a las mujeres productoras del campo, reconociéndolas como grupo prioritario o preferente en los criterios, programas y mecanismos de apoyo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las y los senadores Gilberto Hernández, Virginia Magaña, Karen Castrejón, Waldo Fernández, Ruth González, Juanita Guerra, Virgilio Mendoza Amezua, Jorge Carlos Ramírez y Manuel Velasco, presentaron una iniciativa para impulsar a las mujeres productoras del campo y dejar de considerarlas únicamente como sector vulnerable.
Explicaron que aunque la Ley de Desarrollo Rural Sustentable reconoce la equidad de género y la participación de las mujeres en el medio rural, “prevalece una visión incompleta, que considera al género femenino como sector vulnerable, con necesidad de apoyos de subsistencia, pero no reconoce la importante contribución de las mujeres en las actividades agropecuarias, ni fomenta el desarrollo de su potencial productivo”.
Recordaron que históricamente, las mujeres han sido obligadas a dedicarse al cuidado del hogar y de la familia, por lo que se ha obstaculizado su participación en la toma de decisiones en todos los niveles, incluido el ámbito rural, en el que muchas mujeres del campo no tienen acceso a la propiedad de la tierra, al control de recursos para proyectos productivos y a ejercer cargos directivos de organizaciones sociales, entre otras limitaciones.
En este sentido, apuntaron que según el Censo Agropecuario 2022, el 31.6 por ciento de las mujeres rurales de 15 años y más, se insertan en alguna actividad económica, sin embargo, el 13.6 por ciento de ellas no recibe ningún pago por su actividad. Agregaron que de las personas que poseen un certificado parcelario como ejidatarias o comuneras, solamente el 26 por ciento son mujeres y sólo el 7.2 por ciento de los más de 10 mil ejidos y comunidades son presididos por mujeres.
Ante este panorama, los legisladores ecologistas reconocieron el papel imprescindible que desempeñan las mujeres rurales para el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria de nuestro país, pero lamentaron que enfrentan grandes rezagos en los ámbitos laborales, de participación y empoderamiento, tanto social como económico.
Por ello, insistieron en que se requiere voluntad política para eliminar las barreras legales, administrativas e ideológicas que obstaculizan el pleno desarrollo de las mujeres e impulsar su participación plena y efectiva en la producción del campo.
Finalmente, agregaron que con esta iniciativa también se busca incorporar a la Secretaría de las Mujeres en la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.
