- El daño ambiental costó 1.3 billones de pesos en 2023 (4.2% del PIB), mientras la protección ambiental recibió solo 0.7% del gasto nacional.
Las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para establecer de manera explícita la responsabilidad ambiental como eje rector del desarrollo económico nacional, mediante la modificación del párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución.
La propuesta busca que todos los sectores productivos —público, social y privado— asuman de forma obligatoria su corresponsabilidad en la protección del medio ambiente, ante la crisis climática, la degradación de los ecosistemas y los altos costos económicos que estos daños ya generan en el país.
La iniciativa parte del reconocimiento de que el actual modelo de producción y consumo ha provocado impactos ambientales severos que comprometen el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
De acuerdo con cifras del INEGI, en 2023 los costos por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 1.3 billones de pesos, equivalentes al 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que el gasto público en protección ambiental representó apenas el 0.7 por ciento del PIB.
Ante este escenario, las y los senadores del PVEM consideran urgente que la Constitución establezca con claridad que el desarrollo económico debe observar criterios de responsabilidad social y ambiental.
Destacaron que el Estado mexicano ya reconoce el derecho a un medio ambiente sano; sin embargo, considera indispensable vincular de manera directa la política económica con la responsabilidad ambiental, para que este principio deje de ser optativo y se convierta en un mandato constitucional que oriente todas las decisiones de desarrollo.
Las y los legisladores advirtieron que, desde hace más de cinco décadas, la comunidad internacional ha alertado sobre la insostenibilidad del modelo económico actual, por lo que subrayaron la urgencia de que México transite hacia un nuevo paradigma de desarrollo, donde el crecimiento económico no se construya al margen de los límites ecológicos.
Finalmente, los legisladores señalaron que a pesar de los acuerdos multilaterales, como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el avance global ha sido insuficiente, lo que obliga a fortalecer los marcos jurídicos nacionales.
- Sin apoyo para transporte, miles de jóvenes abandonan la escuela por no poder pagar sus traslados, sobre todo en zonas rurales y marginadas.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado propuso una iniciativa para aplicar descuentos en el transporte público a estudiantes de educación media superior y superior, con el objetivo de garantizar su derecho a la educación y reducir la deserción escolar provocada por la falta de recursos para trasladarse a los centros educativos.
Señalaron que la movilidad escolar es un derecho que está vinculado con el derecho a la educación, consagrado en el artículo 3º constitucional; por ello, garantizar el acceso al transporte público constituye una medida de justicia social. “Las y los estudiantes no pueden ejercer plenamente su derecho si no cuentan con los medios para llegar a las aulas”, afirmaron.
Las y los senadores ecologistas subrayaron que, sin apoyos para el transporte, miles de jóvenes se ven obligados a abandonar sus estudios al no poder cubrir los gastos de traslado, una realidad particularmente crítica en comunidades rurales, marginadas o alejadas de los centros urbanos.
Destacaron que, de acuerdo con cifras recientes, el ciclo escolar 2023-2024 registró una matrícula de 34.8 millones de alumnos. Sin embargo, amplios sectores estudiantiles siguen enfrentando dificultades económicas, alimentarias y de movilidad que derivan en abandono escolar.
Los legisladores explicaron que, aunque las becas educativas han sido un apoyo fundamental, en muchos casos las familias deben destinar estos recursos a necesidades básicas, lo que refuerza la necesidad de brindar alternativas complementarias como apoyos al transporte.
“Esta medida permitiría que más jóvenes puedan continuar su educación y alcanzar una mejor calidad de vida, sin que el transporte sea una barrera”, subrayaron.
Comentaron que su propuesta reforma la fracción XII y adiciona una fracción XIII al artículo 9 de la Ley General de Educación, a fin de reconocer el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia y equidad. Asimismo, busca fortalecer la permanencia escolar y reducir la desigualdad educativa, promoviendo la coordinación interinstitucional para garantizar becas y descuentos en transporte para las y los estudiantes.
Finalmente, las y los senadores ecologistas afirmaron que invertir en la movilidad de los estudiantes es invertir en el futuro de México, y reafirmaron su compromiso con la construcción de un sistema educativo más justo, accesible y equitativo, en el que ningún joven abandone sus estudios por falta de recursos para llegar a su escuela.
- Con esta figura jurídica se establece quién es el responsable y cuáles son sus obligaciones frente a los animales de compañía.
Con la finalidad de garantizar el bienestar de los animales de compañía, así como prevenir los impactos negativos de una tenencia irresponsable, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, propuso establecer la figura de tutor responsable de animales de compañía en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Explicó que los animales de compañía forman parte del entorno urbano y de sus flujos ecológicos, además de que su tenencia irresponsable produce impactos ambientales negativos como el aumento de colonias ferales, el abandono, la interacción conflictiva con fauna silvestre y riesgos sanitarios. De igual manera, genera costos públicos por captura, albergue y campañas de remediación de estas problemáticas.
Aseguró que la falta de una figura jurídica que establezca quién es el responsable y cuáles son sus obligaciones frente a los animales de compañía, genera vacíos normativos que dificultan la prevención del maltrato, el abandono y la negligencia.
Subrayó que su propuesta, además de definir jurídicamente la relación entre el tutor y el animal de compañía, detalla las obligaciones del primero para con el segundo, las cuales son alimentación adecuada, atención médico-veterinaria, no abandono, esterilización y vacunación, así como la colaboración con la autoridad.
El objetivo central de su propuesta es establecer esta figura de tutor responsable a nivel de ley general, para que éste tenga obligaciones exigibles, además de que plantea la creación del Registro Nacional de Tutores Responsables, como una herramienta de identificación animal que permita la interoperabilidad con sistemas locales, habilite la prevención, la vigilancia y la corrección oportuna de incumplimientos.
Dijo que este Registro Nacional puede implementarse mediante plataformas digitales, aprovechando infraestructura pública existente y estándares abiertos. Para monitorear resultados se proponen como indicadores: el número de tutores y animales de compañía registrados a nivel nacional y por entidad; la tasa de denuncias por abandono y maltrato asociadas a animales identificados; la cobertura de esterilización y vacunación en la población animal registrada; la reducción estimada de colonias ferales y de interacciones conflictivas con fauna silvestre; así como el tiempo de respuesta y resolución de verificaciones.
Finalmente, apuntó que esta reforma promueve el derecho a un ambiente sano y reconoce el valor intrínseco de los animales de compañía, articulando las responsabilidades que tienen sobre ellos los tutores; sin embargo, recalcó que no se buscan castigos desproporcionados, sino que se priorizan las medidas preventivas y de educación ambiental.
