La senadora por Guanajuato, Virginia “Kikis” Magaña, presentó un exhorto al INEGI para que el ámbito deportivo sea incluido en la próxima Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), con el objetivo de visibilizar y atender las violencias que enfrentan las mujeres en el deporte.
“El deporte debería ser un espacio de libertad y crecimiento. Pero para muchas mujeres también ha sido un lugar de silencios dolorosos, de acoso y violencia. Por eso propongo algo concreto: que el INEGI incorpore el deporte en la ENDIREH, con preguntas específicas sobre estas violencias”, señaló Magaña.
Actualmente, la ENDIREH —principal instrumento para medir la violencia contra las mujeres en México— no contempla el ámbito deportivo, lo que impide dimensionar la magnitud del problema y diseñar políticas públicas efectivas.
“Con esta información se podrá visibilizar lo que hoy se oculta, generar evidencia para políticas públicas y cumplir compromisos internacionales de México. El deporte puede reproducir desigualdades o convertirse en motor de transformación. Que el tiempo de las mujeres atraviese la vida de todas, también significa que atraviese las canchas, los gimnasios y las piscinas”, agregó.
Las mujeres que entrenan, juegan, arbitran o dirigen merecen espacios seguros. Incluir al deporte en la ENDIREH es un paso para que más mujeres puedan llegar sin miedo.
Desde la bancada del Partido Verde, la senadora Virginia “Kikis” Magaña, refrenda su compromiso de trabajar por todas las mujeres de México, impulsando leyes e iniciativas que garanticen su seguridad, igualdad y pleno desarrollo en cada ámbito de la vida.
- La iniciativa propone otorgar 15 minutos gratis en los estacionamientos y contribuir a liberar las calles de autos estacionados de forma irregular, reduciendo con ello el tráfico y la contaminación.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno del Senado una iniciativa que busca frenar los abusos en los cobros de estacionamientos públicos en todo el país, al establecer que las tarifas deberán calcularse únicamente con base en el tiempo exacto de uso, eliminando el cobro por hora o fracción.
Además, plantea otorgar a los usuarios un periodo gratuito de al menos 15 minutos y contribuir a liberar la vía pública de vehículos estacionados de manera irregular, lo que ayudaría a reducir tanto el tráfico y las emisiones contaminantes.
Corona Nakamura comentó que los cobros injustos en estacionamientos afectan directamente la economía familiar y contribuyen a la congestión vial. “Los usuarios pagan tarifas que no corresponden a lo autorizado por las autoridades, lo que genera un fuerte impacto en su economía y en la movilidad urbana”, advirtió.
Explicó que la movilidad en México requiere soluciones inmediatas y prácticas, por lo que regular de manera justa los estacionamientos públicos no solo beneficia a los usuarios, también mejora la circulación vial y protege el medio ambiente.
La legisladora dijo que actualmente existen graves irregularidades en la aplicación de las tarifas autorizadas, ya que, en muchos casos, los cobros superan los montos máximos establecidos por las autoridades locales. En la Ciudad de México, durante 2024, la tarifa máxima autorizada fue de 48.37 pesos por hora y la mínima de 25.36 pesos; sin embargo, los usuarios llegaron a pagar hasta 70 pesos por hora en algunos estacionamientos de centros comerciales y del Centro Histórico.
Destacó que la iniciativa contempla reformas a los artículos 10 y 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como al artículo 68 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Con estas modificaciones, se facultará a los gobiernos locales para garantizar un cobro justo y supervisar que los establecimientos cumplan con las normas de operación, seguridad y accesibilidad.
"Nuestra propuesta, no sólo busca frenar cobros excesivos, sino también contribuir a la reducción del tráfico, mejorar la movilidad urbana y evitar el uso indebido de la vía pública como estacionamiento improvisado", subrayó la senadora Corona.
PARTIDO VERDE IMPULSA REFORMA PARA QUE AGROINDUSTRIA Y MINERÍA PAGUEN LO JUSTO POR EL AGUA EN MÉXICO
- Propuesta corrige inequidades y fortalece la responsabilidad ambiental de los grandes consumidores.
- Agroindustria y minería deberán pagar hasta 20% más por el uso de agua y territorio nacional.
La senadora Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde, presentó ante el pleno del Senado una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos con el fin de establecer un esquema más equitativo en el pago por el uso del agua y actualizar las cuotas de concesiones mineras, corrigiendo un modelo que actualmente beneficia principalmente a los grandes consumidores y empresas extractivas, dejando en desventaja a los pequeños productores y a la sociedad en general.
La legisladora explicó que actualmente el sector agropecuario, pese a consumir alrededor del 81 por ciento del agua concesionada en el país, no paga por el uso del recurso, salvo en casos de excedente, donde la tarifa es de apenas 24 centavos por metro cúbico. Esta situación, señaló, genera un subsidio implícito a la agroindustria, desincentiva el ahorro e ignora los costos ambientales de la sobreexplotación hídrica.
Castrejón Trujillo señaló que su iniciativa plantea un incremento del 20 por ciento en las tarifas por hectárea minera y en la cuota base de agua para la agroindustria, lo que permitirá fortalecer la recaudación y destinar recursos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para ampliar la cobertura de dispositivos de medición y tecnificación en el campo, priorizando a los pequeños productores.
De acuerdo con la legisladora, este ajuste no introduce nuevos impuestos ni genera distorsiones abruptas, sino que corrige un esquema obsoleto y regresivo. “No se puede seguir subsidiando el uso indiscriminado del agua y el territorio en beneficio de unos cuantos. Esta reforma garantiza justicia social, responsabilidad ambiental y sostenibilidad para el futuro”, afirmó.
Además, plantea cuotas diferenciadas de acuerdo con el volumen consumido, la zona de disponibilidad y el tipo de fuente (superficial o subterránea). De esta forma, se busca incentivar la reducción de la demanda en zonas con alta presión hídrica y proteger a los pequeños productores, quienes quedarán exentos del pago mientras no rebasen su concesión.
Castrejón Trujillo explicó que la iniciativa está alineada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en particular el ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento. “Con esta reforma México da un paso firme para asegurar que los grandes consumidores paguen lo que corresponde y que esos recursos se reinviertan en la conservación y el manejo responsable del agua y el territorio nacional”, apuntó.
