- Con esta propuesta se busca que las escuelas puedan gestionar de manera efectiva las situaciones de violencia que afectan a la comunidad educativa.
Para atender los casos de violencia que ocurran dentro y fuera de las escuelas de nuestro país, los senadores Jasmine Bugarín, Karen Castrejón, Rocío Corona, Waldo Fernández, Ruth González, Juanita Guerra, Virgilio Mendoza, Jorge Carlos Ramírez y Manuel Velasco, presentaron una iniciativa para establecer áreas o centros de atención y apoyo en los centros educativos para proporcionar servicios de asesoramiento legal y apoyo psicológico.
Explicaron que con esta propuesta se busca que las escuelas puedan gestionar de manera efectiva las situaciones de violencia que afectan a la comunidad educativa, a través de un enfoque integral en la protección y bienestar de las y los estudiantes.
Apuntaron que la violencia en el entorno escolar no solo afecta la seguridad de los estudiantes, sino que tiene consecuencias a largo plazo en su bienestar psicológico, en su capacidad para aprender y en su desarrollo emocional y social.
Agregaron que, según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), estas acciones generan en los estudiantes repercusiones como depresión, ansiedad, falta de concentración, sueño y pensamientos suicidas, además de que se convierte en un factor decisivo para fomentar el abandono escolar y el bajo rendimiento académico.
Puntualizaron que según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el acoso escolar y el bullying son de las principales problemáticas que adolescentes y jóvenes enfrentan en el país.
Además, según el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA), en el 2023, cerca del 20.9 por ciento de la población de 12 años o más fue víctima de ciberacoso entre los meses de julio de 2022 a agosto de 2023.
También señalaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) recibió más de 6 mil quejas por maltrato y/o acoso escolar entre los años de 2014 a 2021 y recibió 16 mil 649 llamadas por acoso escolar en ese mismo periodo. Además de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que más del 50 por ciento de los estudiantes de educación básica han sido víctimas de algún tipo de maltrato y/o violencia escolar.
Ante estas alarmantes cifras, los legisladores ecologistas dijeron que esta propuesta también beneficiará a profesores y personal de las escuelas, ya que permitirá que los docentes mantengan comunicación con profesionales en áreas psicológicas, al mismo tiempo que contribuirá con los procedimientos y responsabilidades del personal administrativo en la gestión de casos de violencia, apoyando así, no solo a los estudiantes víctimas, sino a todo el personal académico.
- Hasta 28 millones de empleos potenciales a nivel mundial con Campos Solares Flotantes.
- Tecnología limpia que contribuiría a acelerar la transición energética y proteger el agua del país.
La senadora del Partido Verde, Jasmine Bugarín Rodríguez propuso reformar la Ley de Aguas Nacionales para la instalación de Campos Solares Flotantes (CSF) en cuerpos de agua del país, tecnología que contribuirá a fortalecer la transición energética, reducir las emisiones contaminantes, proteger los recursos hídricos y ampliar el acceso a energías limpias en nuestro país.
Bugarín Rodríguez destacó que los Campos Solares Flotantes (CSF) -que son paneles fotovoltaicos instalados sobre estructuras flotantes en lagos, presas o cuerpos de agua nacionales-, representan una solución eficiente para generar electricidad sin ocupar tierras agrícolas, habitables o de alto valor ambiental, lo que ha demostrado beneficios ambientales, sociales y económicos en diversas regiones del mundo.
Subrayó que esta tecnología no solo contribuye a mejorar la seguridad hídrica y ambiental; también contribuye a reducir los conflictos por uso de suelo, fomentar el empleo local y aprovechar cuerpos de agua artificiales e industriales como embalses, presas y lagunas de minas abandonadas, donde su instalación genera energía limpia sin desplazar actividades productivas.
Además, de generar beneficios sociales y económicos, como la creación de empleos directos e indirectos en manufactura, instalación, operación y mantenimiento. También, se podrían aprovechar zonas industriales abandonadas cercanas a infraestructura eléctrica, convirtiéndose en proyectos que revitalizan comunidades locales y promueven entornos más seguros y saludables.
De acuerdo con estimaciones internacionales, el mercado solar flotante de hasta 400 GW podría generar entre 2.8 y 28 millones de empleos a nivel mundial, derivados de las actividades de fabricación, instalación, operación, mantenimiento y servicios vinculados a esta industria emergente.
Países como Japón, China, Corea del Sur, Países Bajos, Singapur y Brasil ya utilizan estos sistemas con resultados comprobados. “Nuestro país debe dar un paso adelante para aprovechar esta innovación que ya transforma la generación de energía en otros países”, indicó la senadora.
La senadora Bugarín Rodríguez reiteró que su propuesta faculta a la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con las Secretarías de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para otorgar concesiones específicas para la instalación de Campos Solares Flotantes en el país.
Con esta reforma, el Partido Verde busca que México dé un paso decisivo hacia un futuro energético más seguro, limpio y competitivo, aprovechando tecnologías de última generación que fortalecen la resiliencia hídrica y reducen la dependencia de combustibles fósiles.
- Insistió en la urgencia de robustecer el marco jurídico para lograr que el maltrato y la crueldad en contra de los animales sea castigada.
Con la finalidad de brindar mayor protección, cuidado y bienestar para los animales, así como castigar todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor o que ponga en peligro la vida de los animales o que afecten gravemente su salud, la senadora Rocío Corona Nakamura propuso reformar el artículo 419 bis del Código Penal Federal.
Recalcó que su iniciativa busca que la reforma sea de carácter penal para garantizar que el Estado trate de reprimir esta conducta y sancionar a quien la cometa por cualquier vía o, de cualquier forma, incluso cuando se utiliza como pretexto que es por fines culturales o de tradición.
Recordó que en las leyes mexicanas, los animales son considerados organismos vivos con derechos y protecciones específicas para su conservación, manejo sustentable y bienestar, incluyendo la prohibición de actos de maltrato y crueldad.
Explicó que el maltrato animal, es todo aquello que produce un daño o sufrimiento a los animales, y que va más allá de provocarle un daño físico en el momento, ya que también se ocasiona con acciones como las de abandonarlos, mantenerlos en condiciones sanitarias deplorables, no brindarles espacios para su recreación o privarlos de alimentación, es decir, puede ser por negligencia, incapacidad o por no dotar de todo aquello que los animales requieren para su cuidado responsable.
Destacó que aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no cuenta con estadísticas específicas sobre el maltrato animal en 2025, reporta que anualmente mueren alrededor de 60 mil animales por esta causa en México. Además, algunas organizaciones civiles señalan que nuestro país ocupa el primer lugar en maltrato animal en Latinoamérica y el tercero a nivel mundial.
Señaló que actualmente siguen existiendo actos que no ayudan a la protección de los animales y en cambio fomentan una cultura de violencia y crueldad, como es el caso de la tauromaquia, las peleas de perros, gallos u otros animales, las cuales en algunos estados se celebran y se consideran patrimonio cultural, apelando a la tradición y a la economía que genera en la región. Sin embargo, recalcó que con estas actividades la población se desensibiliza hacia la violencia y a las repercusiones que sufren los animales.
Agregó que entre los años 2019 y 2020, las fiscalías de las entidades federativas recibieron 2 mil 490 denuncias por maltrato animal, pero sólo 101 personas fueron vinculadas a proceso, de los cuales, únicamente se dictaron 18 sentencias y cuatro de ellas no tuvieron como pena la privación de la libertad.
Ante este panorama, insistió en la urgencia de robustecer el marco jurídico para lograr que el maltrato y la crueldad en contra de los animales sea castigada y vaya acompañada del conocimiento de lo que implican estos hechos, con lo que se permitirá que avancemos y logremos el trato digno que merecen los animales.
