- Reforma busca frenar delitos ambientales en bosques y selvas del país.
- “La tala clandestina, el tráfico de especies, el cambio de uso de suelo y la presencia de grupos delictivos en zonas forestales están depredando el patrimonio natural”: Sen. Castrejón Trujillo.
La senadora Karen Castrejón Trujillo, vicecoordinadora del Partido Verde en el Senado, respaldó el dictamen que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que la Guardia Nacional coadyuve en la inspección y vigilancia de las áreas naturales protegidas terrestres.
Destacó que esta propuesta, surge de una iniciativa presentada por ella durante la pasada legislatura en la Cámara de Diputados, a la que calificó como relevante, porque enfrentará, desde el ámbito legal y operativo, los delitos ambientales ligados al crimen organizado que amenazan los bosques y selvas del país.
“Reconozco el gran trabajo que hicimos desde que se presentó esta iniciativa y reconozco el acompañamiento de muchas amigas y amigos de diversos grupos parlamentarios”, enfatizó.
Castrejón Trujillo dijo que México es un país megadiverso, con ecosistemas únicos y una riqueza biológica inmensa. Sin embargo, advirtió que esta herencia común enfrenta amenazas sin precedentes.
“La tala clandestina, el tráfico de especies, el cambio de uso de suelo y la presencia de grupos delictivos en zonas forestales están depredando el patrimonio natural”, indicó.
La legisladora recordó que los delitos ambientales están vinculados en gran parte con el crimen organizado, por lo que es indispensable fortalecer las capacidades institucionales para combatirlos.
Asimismo, destacó el trabajo heroico que realizan inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, precisó que a menudo se encuentran rebasados porque no sólo enfrentan infracciones administrativas, sino redes criminales que ven en los bosques un botín económico.
“No podemos pedirles que defiendan la selva sólo con una pluma y una libreta cuando del otro lado hay violencia e impunidad”, señaló.
Dijo que el dictamen busca otorgar certeza jurídica a fin de que la Guardia Nacional participe, mediante convenios y acuerdos, brindando seguridad para que las diligencias de inspección se realicen sin poner en riesgo la integridad de los funcionarios.
Castrejón Trujillo recordó que ya existen antecedentes exitosos, como la Gendarmería Ambiental, que logró reducir la tala ilegal en zonas críticas como la Reserva de la Mariposa Monarca.
La senadora ecologista aclaró que no se trata de militarizar la política ambiental, pues la rectoría seguirá en manos de las instituciones ambientales. “Aprobar el dictamen es un acto de responsabilidad con las futuras generaciones, ya que un medio ambiente sano es un derecho constitucional”, concluyó
- Se busca legislar por un internet seguro y con supervisión familiar.
- 127 mil menores denunciaron en 2022 la difusión de imágenes íntimas; en 2023, más de 606 mil sufrieron suplantación de identidad y agresiones digitales.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, destacó la aprobación del dictamen que reforma el artículo 101 Bis 1 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual busca reforzar la seguridad digital, protección y el acompañamiento para menores de edad que navegan en internet. Una propuesta que busca salvaguardar el interés superior de la niñez frente a delitos y riesgos en entornos digitales.
Corona Nakamura afirmó que el dictamen deriva de la iniciativa presentada por el también senador del Partido Verde, Virgilio Mendoza Mezcua, a quien reconoció y agradeció por impulsar una propuesta centrada en la protección de menores, el cual fue turnado a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.
Subrayó que se trata de un tema fundamental para madres y padres de familia, ya que muchas veces no existe conciencia plena de lo que hacen los menores en dispositivos digitales y de los peligros que pueden enfrentar al interactuar con personas desconocidas en línea.
Corona Nakamura advirtió sobre los riesgos que enfrentan los menores al interactuar con desconocidos en plataformas digitales sin supervisión adecuada, por lo que destacó la responsabilidad de padres y tutores para vigilar, prevenir e informarse sobre los riesgos digitales.
De acuerdo con datos recientes, al menos 127 mil menores denunciaron en 2022 la difusión no consentida de imágenes íntimas, equivalente al 1 por ciento del total de adolescentes del país. Asimismo, en 2023 más de 606 mil adolescentes fueron víctimas de suplantación de identidad utilizada para enviar contenido falso o agresivo.
Subrayó que una gran parte de las agresiones no se denuncian por vergüenza, lo que amplía la gravedad del problema. "Un menor sin acceso seguro está en desventaja y un menor expuesto a violencia digital está en riesgo", indicó.
La legisladora recordó que en diciembre de 2024 el Senado aprobó la adición al artículo 101 Bis 3 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), sobre internet libre de violencia. "Sin embargo, con este dictamen construimos un andamiaje legal, moderno, preventivo y centrado en el interés superior de la niñez, acorde al acelerado ritmo de las tecnologías emergentes y de la inteligencia artificial", expresó.
Finalmente, la senadora ecologista destacó que: "ningún avance tecnológico vale la pena si nuestras niñas y niños quedan desprotegidos; ningún adelanto digital es progreso si se le roba su tranquilidad; ninguna innovación es más importante que su bienestar".
- La nueva ley protege al pequeño productor, sanciona el desvío del recurso y pone fin a concesiones amañadas.
- Mientras familias viven con tandeos y compran pipas a precios abusivos, caciques concentran volúmenes equivalentes a ciudades completas.
El Partido Verde en el Senado respaldó la aprobación de la nueva Ley General de Aguas, al considerarla que garantiza el derecho humano al agua, cuyo objetivo es regular el acceso a este recurso y priorizar el consumo humano, establece obligaciones claras para autoridades de los tres niveles de gobierno, atiende demandas del campo y protege a comunidades vulnerables.
Legisladores del Verde subrayaron que el dictamen crea la Estrategia Nacional Hídrica, fortalece la captación pluvial, establece reglas claras para concesiones y tipifica delitos hídricos para sancionar el desvío y robo de agua, asegurando transparencia, uso eficiente y seguridad hídrica para sectores productivos y familias con menos recursos.
En ese mismo sentido, la senadora Rocío Corona Nakamura afirmó que la reforma hídrica es necesaria para acabar con el acaparamiento del agua convertido en negocio de unos cuantos, y señaló que mientras familias viven con tandeos y compran pipas a precios abusivos, caciques y redes políticas concentran volúmenes equivalentes a los de ciudades completas.
Asimismo, destacó la creación del Fondo de Reservas de Aguas Nacionales para distribuir los volúmenes recuperados y aseguró que la nuevaley protege al pequeño productor, sanciona el robo y desvío del recurso y pone fin a concesiones amañadas.
El senador Gilberto Hernández destacó que la reforma incorpora herramientas para prevenir contaminación, recuperar cuerpos de agua y asegurar concesiones con criterios ambientales reales. Asimismo, celebró que esta ley fortalece transparencia, participación social y conservación, asegurando un futuro sustentable para la biodiversidad y las comunidades del país
Por su parte, la senadora por Morelos, Juanita Guerra Mena, dijo que la reforma reconoce derechos para usuarios domésticos, agricultores e industria; y aseguró que el agua debe gestionarse con equidad, participación ciudadana y rendición de cuentas, priorizando la seguridad hídrica y una vida saludable para todas y todos.
La senadora Maki Ortiz Domínguez presentó una reserva al artículo 30 de la Ley de Aguas Nacionales para conocer qué se está descargando en los cuerpos de agua. Destacó que el registro arroja volúmenes de descarga, pero no incluye información sobre su composición, por lo que subrayó la importancia de transparentar estos datos para mitigar la contaminación del agua.
De igual manera, el senador por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó una reserva a la ley para que el Estado Mexicano sea el único responsable de regular el uso del agua, desaparezca el régimen de transmisión de derechos entre particulares y toda concesión que no se utilice para los fines autorizados regrese a la Conagua, así como garantizar una distribución y aprovechamiento del recurso justo, ordenado y bajo control público.
