- Las comisiones bancarias en México son hasta seis veces más altas que en Europa
- Buscar su regulación no es ir contra las instituciones financieras, sino hacer justicia para millones de familias mexicanas.
Con el propósito de proteger la economía de millones de usuarios, fomentar la inclusión financiera y fortalecer la competencia en el sistema bancario, las senadoras y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para fortalecer las atribuciones del Banco de México en materia de regulación de comisiones bancarias y promover un sistema financiero más justo, competitivo e incluyente.
De acuerdo con los senadores ecologistas, ocho bancos concentran casi el 85 por ciento de las ganancias del sector, y las comisiones cobradas en el país son hasta seis veces superiores a las de Europa. Esta situación, aseguraron, “demuestra la urgencia de generar mejores condiciones de competencia y evitar prácticas monopólicas que afectan directamente el bolsillo de millones de usuarios”.
Recordaron que, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el 30 por ciento de los ingresos de la banca en México provienen del cobro de comisiones, y en algunos casos, este porcentaje llega al 39 por ciento, lo que limita la inclusión financiera y afecta la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa también actualiza la legislación para incorporar a la Comisión Nacional Antimonopolio, organismo creado recientemente en sustitución de la extinta COFECE, con el objetivo de garantizar la libre competencia y prevenir acuerdos o prácticas que distorsionen el mercado financiero.
La propuesta, que reforma Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, busca frenar los cobros excesivos y las prácticas monopólicas de las instituciones financieras, así como recuperar el sentido social del sistema bancario, el cual debe servir al desarrollo nacional, fomentar la inversión y garantizar condiciones de equidad en el acceso al crédito.
Finalmente, destacaron que esta propuesta se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que promueve una economía con bienestar y humanismo, donde el sistema financiero contribuya al desarrollo nacional, fomente la inversión y garantice condiciones equitativas para todas y todos los mexicanos.
- El daño ambiental costó 1.3 billones de pesos en 2023 (4.2% del PIB), mientras la protección ambiental recibió solo 0.7% del gasto nacional.
Las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para establecer de manera explícita la responsabilidad ambiental como eje rector del desarrollo económico nacional, mediante la modificación del párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución.
La propuesta busca que todos los sectores productivos —público, social y privado— asuman de forma obligatoria su corresponsabilidad en la protección del medio ambiente, ante la crisis climática, la degradación de los ecosistemas y los altos costos económicos que estos daños ya generan en el país.
La iniciativa parte del reconocimiento de que el actual modelo de producción y consumo ha provocado impactos ambientales severos que comprometen el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
De acuerdo con cifras del INEGI, en 2023 los costos por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 1.3 billones de pesos, equivalentes al 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que el gasto público en protección ambiental representó apenas el 0.7 por ciento del PIB.
Ante este escenario, las y los senadores del PVEM consideran urgente que la Constitución establezca con claridad que el desarrollo económico debe observar criterios de responsabilidad social y ambiental.
Destacaron que el Estado mexicano ya reconoce el derecho a un medio ambiente sano; sin embargo, considera indispensable vincular de manera directa la política económica con la responsabilidad ambiental, para que este principio deje de ser optativo y se convierta en un mandato constitucional que oriente todas las decisiones de desarrollo.
Las y los legisladores advirtieron que, desde hace más de cinco décadas, la comunidad internacional ha alertado sobre la insostenibilidad del modelo económico actual, por lo que subrayaron la urgencia de que México transite hacia un nuevo paradigma de desarrollo, donde el crecimiento económico no se construya al margen de los límites ecológicos.
Finalmente, los legisladores señalaron que a pesar de los acuerdos multilaterales, como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el avance global ha sido insuficiente, lo que obliga a fortalecer los marcos jurídicos nacionales.
- Sin apoyo para transporte, miles de jóvenes abandonan la escuela por no poder pagar sus traslados, sobre todo en zonas rurales y marginadas.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado propuso una iniciativa para aplicar descuentos en el transporte público a estudiantes de educación media superior y superior, con el objetivo de garantizar su derecho a la educación y reducir la deserción escolar provocada por la falta de recursos para trasladarse a los centros educativos.
Señalaron que la movilidad escolar es un derecho que está vinculado con el derecho a la educación, consagrado en el artículo 3º constitucional; por ello, garantizar el acceso al transporte público constituye una medida de justicia social. “Las y los estudiantes no pueden ejercer plenamente su derecho si no cuentan con los medios para llegar a las aulas”, afirmaron.
Las y los senadores ecologistas subrayaron que, sin apoyos para el transporte, miles de jóvenes se ven obligados a abandonar sus estudios al no poder cubrir los gastos de traslado, una realidad particularmente crítica en comunidades rurales, marginadas o alejadas de los centros urbanos.
Destacaron que, de acuerdo con cifras recientes, el ciclo escolar 2023-2024 registró una matrícula de 34.8 millones de alumnos. Sin embargo, amplios sectores estudiantiles siguen enfrentando dificultades económicas, alimentarias y de movilidad que derivan en abandono escolar.
Los legisladores explicaron que, aunque las becas educativas han sido un apoyo fundamental, en muchos casos las familias deben destinar estos recursos a necesidades básicas, lo que refuerza la necesidad de brindar alternativas complementarias como apoyos al transporte.
“Esta medida permitiría que más jóvenes puedan continuar su educación y alcanzar una mejor calidad de vida, sin que el transporte sea una barrera”, subrayaron.
Comentaron que su propuesta reforma la fracción XII y adiciona una fracción XIII al artículo 9 de la Ley General de Educación, a fin de reconocer el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia y equidad. Asimismo, busca fortalecer la permanencia escolar y reducir la desigualdad educativa, promoviendo la coordinación interinstitucional para garantizar becas y descuentos en transporte para las y los estudiantes.
Finalmente, las y los senadores ecologistas afirmaron que invertir en la movilidad de los estudiantes es invertir en el futuro de México, y reafirmaron su compromiso con la construcción de un sistema educativo más justo, accesible y equitativo, en el que ningún joven abandone sus estudios por falta de recursos para llegar a su escuela.
