- El gobierno mexicano, los legisladores, la iniciativa privada y demás actores involucrados debemos construir una hoja de ruta que nos permita diseñar una política nacional para el desarrollo de esta importante industria, dijeron.
Los senadores del Partido Verde, Juanita Guerra, Karen Castrejón, Waldo Fernández, Ruth González, Virgilio Mendoza, Jorge Carlos Ramírez y Manuel Velasco, presentaron una iniciativa que busca impulsar el incremento de la productividad y la competitividad de la economía nacional, específicamente en la industria nacional de semiconductores.
Detallaron que esta propuesta pretende impulsar la inversión en infraestructura, investigación y desarrollo tecnológico en sectores e industrias estratégicas vinculadas a la innovación tecnológica, tecnologías de la información y la comunicación y la producción de semiconductores, superconductores y circuitos electrónicos integrados,
Apuntaron que, como materia de esta iniciativa, se destaca el fortalecimiento científico, tecnológico y la innovación con la creación del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores “Kutsari”, en el cual “científicos mexicanos de instituciones públicas de educación superior podrán desarrollar nuevos diseños de este tipo de dispositivos, los cuales podrán patentarse, de acuerdo con estándares internacionales que protejan la innovación”.
Explicaron que los “chips”, los semiconductores y superconductores, son esos componentes imprescindibles para el funcionamiento y operación en el entramado tecnológico de todos los sistemas ciberfísicos y la hiperconectividad.
Recordaron que durante la pandemia de COVID-19, se desató una crisis de semiconductores, que generó la escasez de chips y pérdidas a numerosas industrias, como la electrónica de consumo a la automoción o los electrodomésticos, lo que ocasionó que grandes empresas pararan su producción. Sin embargo, durante el primer trimestre de 2021 las ventas mundiales de ordenadores crecieron un 55 por ciento debido al teletrabajo, las clases en línea y el ocio digital provocado por el confinamiento.
Explicaron que esto impactó de manera positiva en un aumento en la demanda de dispositivos electrónicos y desde entonces sigue en aumento, ocasionando que la industria de los microchips se encuentre en pleno auge y demostrando la dependencia que tienen las industrias de estos componentes.
Apuntaron que los países desarrollados están trabajando arduamente para acelerar el desarrollo de la industria de los semiconductores y no depender de los países asiáticos que tienen un gran liderazgo, por ello aseguraron que “el gobierno mexicano, los legisladores, la iniciativa privada y demás actores involucrados debemos construir una hoja de ruta que nos permita diseñar una política nacional para el desarrollo de esta importante industria”.
Finalmente, se dijeron confiados de que “el Estado mexicano cuentecon instituciones sólidas, un sector empresarial con vasta experiencia para aprovechar todas las ventanas de oportunidad que hoy se nos presentan” e insistieron en que México no puede ni debe “seguir en la lista de los países que dependen de la tecnología, el conocimiento, la innovación y el capital humano, que hoy por hoy son los factores de crecimiento y desarrollo”.
- Van 40 explosivos hallados en Tamaulipas en lo que va de este año; algunos ya cobraron la vida de civiles y elementos militares.
- El manejo de estos artefactos ilegales, prohibidos por la ley, exige respuesta inmediata de las autoridades para detener su uso.
Las senadoras Juanita Guerra Mena y Maki Ortiz Domínguez exhortaron a las entidades federativas a coordinar esfuerzos con la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional para implementar acciones conjuntas y eficaces en la búsqueda, localización y decomiso de artefactos explosivos improvisados (AEI) utilizados por grupos delictivos en todo el país.
Mediante un Punto de Acuerdo, las legisladoras señalaron que estos explosivos, fabricados de forma artesanal y utilizados en enfrentamientos contra personal de instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, al quedar expuestos ponen en riesgo a los ciudadanos que habitan o transitan por las zonas donde ocurren estos incidentes.
En ese sentido, la senadora por Morelos, Juanita Guerra Mena señaló que el uso creciente de AEI se debe a su bajo costo y facilidad de fabricación, convirtiéndose en un desafío urgente para la seguridad nacional.
“El uso de estos explosivos ilegales —prohibidos por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos— requiere una respuesta inmediata, articulada y sostenida entre los tres niveles de gobierno”, subrayó.
Por su parte, la senadora Maki Ortiz señaló que, en Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Guanajuato -entidades con intensos conflictos entre grupos criminales- se han realizaron diversos decomisos de estos artefactos; sin embargo, para octubre de 2024 las autoridades ya habían detectado AEI en 25 de los 32 estados del país.
Las zonas más afectadas incluyen municipios como Buenavista (Michoacán), Santa María del Oro (Jalisco) y Aquiles Serdán (Chihuahua), donde los explosivos causaron múltiples bajas en operativos militares y policiales.
Comentó que en el caso particular de Tamaulipas se detectaron 40 artefactos explosivos en lo que va del año, algunos de los cuales causaron la muerte de civiles y militares.
Finalmente, las senadoras del Partido Verde destacaron que los artefactos de fabricación casera no solo ponen en riesgo la vida y la seguridad pública, sino también el desarrollo económico y social de las comunidades afectadas, por lo que insistieron en la importancia de una estrategia conjunta para la búsqueda, localización, rastreo y decomiso de estos artefactos.
- Para prevenir y mitigar los delitos ambientales se debe incrementar las sanciones, con la finalidad de incentivar una mayor responsabilidad e inhibir la comisión de éstos.
Con la finalidad de visibilizar la magnitud de las consecuencias derivadas de la pérdida de los recursos naturales, la degradación ambiental y, en general, cualquier tipo de afectación al ecosistema ocasionada por los delitos ambientales, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar diversos artículos del Código Penal Federal para incrementar las penas asociadas a estos delitos.
Agregaron que este incremento en las penas ambientales busca, además, reflejar la gravedad de los daños causados, que afectan no solo al entorno natural, sino también a la salud y el bienestar de los seres humanos.
Detallaron que los delitos ambientales no solo generan un daño directo al medio ambiente, sino que también tienen un impacto colectivo sobre la humanidad, además de que los recursos naturales son esenciales para la supervivencia humana, y cualquier alteración o destrucción de estos pone en riesgo nuestra existencia, por lo que los delitos ambientales, aunque en apariencia puedan parecer menores, afectan a la población en general e incluso pueden perjudicar la salud y la vida de las personas.
Aseguraron que los delitos ambientales suelen ser subestimados, y se minimizan tanto sus implicaciones como los costos derivados de los daños causados, los cuales son invaluables. Por ejemplo, hay delitos ambientales cuyos costos no pueden ser evaluados adecuadamente, debido a la magnitud de sus impactos inmediatos y las potenciales consecuencias a largo plazo, que pueden ocasionar daños irreversibles al ecosistema.
Por ello, insistieron en que para prevenir y mitigar estos delitos, las sanciones deben ser incrementadas con la finalidad de incentivar una mayor responsabilidad e inhibir la comisión de delitos que dañan el equilibrio ecológico y, en consecuencia, afectan directamente a la humanidad.
Reconocieron que México cuenta con diversas leyes que identifican las infracciones contra el ambiente, por ejemplo, en el Código Penal Federal se incluyen diversos delitos en esta materia para castigar con penas de prisión y sanciones económicas a quien o quienes cometan un delito contra el ambiente.
Sin embargo, aseguraron que a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades de los tres niveles de gobierno en conjunto con algunas organizaciones sociales, tanto para proteger y conservar los bosques, frenar la tala clandestina, prevenir y controlar los incendios forestales, el resultado no ha sido suficiente ya que los delitos continúan.
