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IMPULSA KAREN CASTREJÓN REFORMA PARA RECONOCER NUEVAS ZONAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO

  • Se busca proteger al menos el 30% del territorio nacional antes de 2030, para cumplir con los compromisos internacionales como la Meta 30x30 del Convenio sobre Diversidad Biológica.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República, Karen Castrejón Trujillo, presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el fin de reconocer legalmente nuevas figuras de conservación conocidas como “Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas”, una figura clave para avanzar hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de biodiversidad.

La propuesta legislativa -respaldada por los diputados Joaquín Zebadúa Alva y Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, de Morena- busca armonizar el marco jurídico nacional con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Meta 30x30 del Marco Mundial Kunming-Montreal, que establece conservar al menos el 30 por ciento de las zonas terrestres, marinas y de aguas continentales para el año 2030.

Castrejón Trujillo destacó que la reforma contempla la creación del Registro Nacional de Otras Medidas Efectivas de Conservación (RENOM). Además, plantea adicionar nuevas disposiciones que permitan el reconocimiento, monitoreo y registro de zonas que, sin ser Áreas Naturales Protegidas (ANP), cumplan funciones clave para la biodiversidad, al tiempo que son gestionadas por comunidades locales, pueblos originarios y ejidos.

También plantea que quienes obtengan dicho reconocimiento puedan acceder a instrumentos económicos para impulsar la protección y restauración de sus territorios.

“Esta reforma representa un paso firme hacia un modelo más inclusivo y efectivo de conservación ambiental. Reconocer legalmente estas zonas permitirá fortalecer la protección de ecosistemas únicos y fomentar su gestión comunitaria con respaldo institucional”, afirmó Castrejón Trujillo.

La senadora subrayó que esta reforma busca armonizar el marco legal nacional con los compromisos internacionales y la jurisprudencia de la Suprema Corte que establece el derecho humano a un medio ambiente sano, así como la función ecológica de la propiedad.

“Con esta iniciativa se podrá complementar adecuadamente las estrategias de protección de los recursos naturales emprendidas por el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum en beneficio del pueblo mexicano y, por supuesto, de nuestros recursos naturales”, concluyó la legisladora ecologista.

MAYORES PENAS CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR SALUD, PIDE VERDE SENADO

  • Si bien existen tipos penales para sancionar los actos de corrupción, es indispensable implementar sanciones ejemplares con penas elevadas cuando se trate de delitos que afecten al sector salud para inhibir este tipo de acciones.

La corrupción en el sector salud no es un problema menor, es una amenaza directa a la vida, la salud y el bienestar de las personas, aseguraron senadores y senadoras del Partido Verde en el Senado de la República, quienes presentaron una iniciativa para establecer mayores penas contra estos actos.

Las y los senadores del Partido Verde, Jasmine Bugarín, Karen Castrejón, Rocío Corona, Waldo Fernández, Ruth González, Juanita Guerra, Virginia Magaña, Luis Armando Melgar, Virgilio Mendoza, Maki Ortiz, Jorge Carlos Ramírez, Luis Alfonso Silva y Manuel Velasco, presentaron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

Detallaron que algunas de las prácticas de corrupción comunes en nuestro país en el sector salud, son: el robo de medicamentos por los propios médicos, el uso de medicamentos caducos o que rompieron las cadenas de custodia para mantener su temperatura, la venta de medicamentos en el mercado negro, la mala práctica médica y los médicos que ejercen sin una cédula profesional, los cuales, afirmaron, atentan contra el derecho humano fundamental de la salud.

Subrayaron que según datos de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México), el impacto económico de la corrupción en nuestro país equivale a más de 500 mil millones de pesos anuales, lo cual representa aproximadamente el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Agregaron que uno de los sectores más afectados por la corrupción es el sector salud, en el que no existen cifras oficiales, pero “cuesta miles de vidas y compromete este derecho y el bienestar de los mexicanos”.

Explicaron que si bien existen tipos penales para sancionar los actos de corrupción, es indispensable implementar sanciones ejemplares con penas elevadas cuando se trate de delitos que afecten al sector salud para inhibir este tipo de acciones.

Y es que apuntaron que “la corrupción en el sector salud no es un problema menor, es una amenaza directa a la vida, la salud y el bienestar de las personas”, por lo que insistieron en que es necesario que los delitos relacionados con la corrupción en este sector sean tratados con toda la fuerza del Estado.

Detallaron que los actos de corrupción en el sector salud implican desde el soborno para la asignación de contratos, hasta la falsificación de medicamentos o la malversación de recursos destinados al tratamiento de enfermedades, conductas que “no solo socavan el sistema de salud, sino ponen en riesgo la salud pública y, en el peor de los casos, pueden contribuir al aumento de enfermedades o muertes”, dijeron.

Finalmente, insistieron en que los actos de corrupción en el sector salud generan daños que van más allá de lo económico, afectan a la vida humana y a la dignidad de las personas, por lo que afirmaron que “es justo que quienes cometen estos delitos enfrenten sanciones proporcionales a la magnitud del daño causado a la colectividad”.

BOMBEROS DEBEN SER INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: PARTIDO VERDE SENADO

 
  • Se busca, además, el reconocimiento de la labor de los Heroicos Cuerpos de Bomberos como servicio público de alta especialización y no solo como cuerpo voluntario.

Ante la necesidad de incorporar a los Cuerpos de Bomberos de las Entidades Federativas a los mecanismos que regula el Sistema Nacional de Protección Civil y con el objeto de reconocerlos como servicios públicos de alta especialización, la senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa que propone modificar diversos aspectos a la Ley General de Protección Civil.

La senadora explicó que con su propuesta se busca, además, el reconocimiento de la labor de los Heroicos Cuerpos de Bomberos como servicio público de alta especialización y no sólo como cuerpo voluntario; la creación de Cuerpos de Bomberos en las 32 Entidades Federativas bajo la misma naturaleza legal, a fin de que los Congresos Locales puedan regular su actividad a partir del mismo modelo administrativo y legal; así como la creación por mandato de ley del Sistema de Profesionalización de los Heroicos Cuerpos de Bomberos.

Y es que la senadora lamentó que a pesar de que los Cuerpos de Bomberos son de las instituciones con mayor credibilidad ciudadana, ha sido evidente el abandono del Estado mexicano con respecto a su incorporación en el régimen legal, lo que ha generado que a la fecha, la actual Ley General de Protección Civil no lo menciona en una sola ocasión.

Aseguró que, consecuencia de este abandono, uno de los problemas más evidentes, es que no se encuentran insertos como participantes en el Sistema Nacional de Protección Civil, lo que genera que en las políticas, programas, acciones y definiciones en la materia no exista la obligación legal de considerar su experiencia, su opinión y su formal integración a este mecanismo.

Subrayó que en nuestro país, a los bomberos se les sigue viendo como una labor altruista o voluntaria, más que como una profesión, por lo que no se les incorpora en el desarrollo de políticas públicas en materia de gestión de riesgos, ni en la distribución de presupuesto, pues en muchos estados operan con donaciones y bajo mecanismos de voluntariado, por lo que no se han dimensionado correctamente sus necesidades de capacitación, de desarrollo profesional, de presupuesto y de equipamiento.

Recalcó que con esta propuesta se establecerían las bases para que los servicios que prestan los Cuerpos de Bomberos en los 32 estados se realicen de manera profesional, acorde a su realidad y circunstancias particulares, además de que se compensaría con este heroico cuerpo una deuda histórica pendiente, que si bien no se agota con esta iniciativa, “sienta las bases para encaminar a los Bomberos Mexicanos hacia mecanismos de profesionalización respetando su autonomía y vocación de servicio”, finalizó.